Martha Adriana Bustamante Gaona
Expediente 274/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martha Adriana Bustamante Gaona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2, se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Oficina de Correos de esta Ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo requerido en auto de dieciséis de octubre del año en curso, toda vez que ya obra en autos la pieza postal requerida. Atento a lo anterior, y atendiendo al estado que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, se resolvió: "PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando sexto de esta resolución, para los efectos precisados en el último de los considerandos." Causa ejecutoria Se declara que la resolución dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de cumplimiento de ejecutoria de amparo Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Subdelegada de Prestaciones y el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Morelos, para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del momento al en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo y realice lo siguiente: Deje sin efectos el oficio SP/SPSHT/0470/2022, de tres de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual se le informa a la quejosa que se encuentra en el supuesto de incompatibilidad de la pensión por viudez solicitada, toda vez que tiene el carácter de trabajadora en activo. Emita otra determinación en la que resuelva favorable el pago de la pensión por viudez. Reintegre a la inconforme en una sola exhibición y debidamente actualizada la totalidad de la cantidad que corresponda y que descontó del pago de su pensión por concepto de viudez con número 1914012-206, así como los que eventualmente hayan seguido descontando, en tanto no se trate de aquellos respecto de los cuales se haya actualizado la prescripción. En lo sucesivo pague a la parte quejosa, conforme a derecho corresponda, la pensión por viudez a la que tiene derecho. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se harán acreedoras a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las citadas autoridades, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se les hace saber que seguirán teniendo responsabilidad, aunque dejen su respectivo cargo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita se declare que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; ahora, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se tenga la totalidad de las constancias de notificación practicadas a las autoridades responsables. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que aún no obra la constancia de notificación del oficio 19028/2023, derivado de la sentencia de veinticinco de septiembre del presente año, dirigido a la autoridad responsable TITULAR DE LA DIRECCIÓN NORMATIVA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. En consecuencia, a efecto de que el presente expediente se encuentre debidamente integrado, requiérase al Jefe de la Oficina de Correos de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este proveído, remita a este Juzgado Federal el acuse de recibo del oficio antes precisado, o en su caso, informe el estado en que se encuentra el trámite realizado para la obtención del mismo, para lo cual, se le deberá remitir copia de la factura correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término que se le concede, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 274/2023, promovido por Martha Adriana Bustamante Gaona, por propio derecho, contra los actos que reclama del Delegado Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, por considerarlos violatorios del derecho humano a la seguridad social. I. TRÁMITE [1] PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés (foja 2 a 20), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, remitido el veintiocho siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Martha Adriana Bustamante Gaona, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y el acto que se transcribe a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "A).- CIUDADANO DELEGADO ESTATAL EN MORELOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, con domicilio oficial bien conocido en Avenida Morelos Sur número 110, Esquina Jalisco Colonia las Palmas en Cuernavaca, Morelos. B).- CIUDADANA SUBDELEGADA DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, con domicilio oficial bien conocido en Avenida Morelos Sur número 110, Esquina Jalisco Colonia las Palmas en Cuernavaca, Morelos. C).- CIUDADANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, con domicilio oficial bien conocido en Avenida Morelos Sur número 110, Esquina Jalisco Colonia las Palmas en Cuernavaca, Morelos. (.) 1).- CIUDADANO NOTIFICADOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN MORELOS, con domicilio oficial bien conocido en Avenida Morelos Sur número 110, Esquina Jalisco Colonia las Palmas en Cuernavaca, Morelos." ACTOS RECLAMADOS "A).- LA DETERMINACIÓN DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE DECRETAR LA INCOMPATIBILIDAD DE PENSIÓN POR VIUDEZ A QUE TENGO DERECHO PERCIBIR POR EL DECESO DE MI CONYUGE LUIS NÉSTOR HERNÁNDEZ GARCÍA. De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, le reclamo la NOTIFICACIÓN QUE SE ME HIZO DEL OFICIO NÚMERO SP/DPSHT/0470/2022, DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, la cual se me notificó con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés." SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite de la demanda. Previa prevención debidamente desahogada, por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió a trámite la demanda, requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción por oficio y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por aclarada la denominación correcta de las autoridades responsables Delegado Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Notificador adscrito, teniéndose como tal, al Jefe de la Unidad Jurídica de la Representación Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social. CUARTO. Ampliación de demanda. En acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda respecto de la Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado respecto del acto reclamado consistente en la determinación de tres de febrero de dos mil veintitrés, contenida en el oficio SH/DPSHT/0470/2022 de decretar la incompatibilidad de la pensión de viudez. QUINTO. Ulteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión de los actos reclamados en el presente juicio, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Materia, Común. Página: 705, Décima Época, Registro, 2010982 de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama: I. Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. II. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. III. Lenin Barboza Díaz, Jefe de la Unidad Jurídica de la Representación Estatal en Morelos. IV. Verónica Alejandra Curiel Sandoval Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente: a) La determinación de tres de febrero de dos mil veintitrés, contenida en el oficio SP/DPSHT/0470/2022 de decretar la incompatibilidad de pensión por viudez. b) La notificación del oficio SP/DPSHT/0470/2022, de tres de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Actos inexistentes. Previamente al estudio de la inexistencia del acto reclamado, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]". El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el objetivo del juicio de amparo es resolver toda controversia que se origine por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, al analizar el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos 1º, fracción I, y 75, se advierte, sin lugar a dudas, que los actos reclamados deben estudiarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis 133, con registro 1002199, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, de la octava época, materia común, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, pagina 156, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Al momento de rendir sus informes justificados, Lenin Barboza Díaz, Titular de la Unidad Jurídica (fojas 86 a 89) y la Dirección Normatividad de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través la Subdirectora de lo Contencioso, en representación de la Dirección Jurídica del citado instituto en su correcta denominación (fojas 119 y 120), negaron la existencia de los actos que se le reclaman. Lo anterior es así, toda vez que refieren que el oficio SP/DPSHT/0470/2022, de tres de febrero de dos mil veintitrés, fue emitido por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del citado instituto. Asimismo, el Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su artículo 26, inciso a), fracciones II y III, establece que los Subdelegados de Prestaciones tienen la función de dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones derivadas de la Ley y sus reglamentos, además de resolver y dar seguimiento a las peticiones, recursos administrativos y judiciales de su competencia, dentro de los términos concedidos, así como supervisar el registro de información en el sistema de vigencia de derechos de los pensionados y, en el caso de las Delegaciones Estatales, su guarda y custodia; numeral que establece: "Artículo 26. Los Subdelegados de Prestaciones además de las funciones previstas en el artículo 19 del Reglamento, tienen las siguientes: A. En materia de prestaciones económicas: (.) II. Dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones derivadas de la Ley y sus reglamentos, además de resolver y dar seguimiento a las peticiones, recursos administrativos y judiciales de su competencia, dentro de los términos concedidos, así como ejercer las atribuciones conforme a lo establecido en el artículo 60, fracción XXII, del Estatuto Orgánico; III. Supervisar el registro de información en el sistema de vigencia de derechos de los pensionados y, en el caso de las Delegaciones Estatales, su guarda y custodia;". Consecuentemente, al no demostrar la quejosa, la existencia de los actos reclamados a dichas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de tales autoridades. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Subdelegada de Prestaciones y el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos (fojas 54 a 56); al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistente en el oficio SP/DPSHT/0470/2022, de tres de febrero de dos mil veintitrés y su notificación, a través del cual se le informa a la quejosa que se encuentra en el supuesto de incompatibilidad de la pensión por viudez solicitada, toda vez que tiene el carácter de trabajadora en activo, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 12 fracción II inciso C de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio relativo. Lo anterior, además se corrobora con el original del citado oficio, y demás constancias exhibidas por la quejosa y las autoridades responsables (fojas 21 a 34 y 58 a 76), que obran en autos, las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por ende, se tienen por plenamente probados los actos que de las autoridades de mérito se reclaman. QUINTO. Causales de improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La Subdelegada de Prestaciones y el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Morelos, refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que no se agotó el principio de definitividad, al no promoverse en contra de los actos reclamados, juicio contencioso administrativo. En ese sentido, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, aun sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resulta improcedente. Dicho principio responde indiscutiblemente a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. El reconocimiento constitucional del principio en comento, responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Se debe señalar, que ese principio no es absoluto; por el contrario admite excepciones, algunas de ellas legalmente previstas y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales legalmente facultados para hacerla. Resulta ilustrativa en ese sentido, la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página ciento cincuenta y seis, del tomo XII correspondiente al mes de julio del dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 191539, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". En tal sentido, se advierte que en el presente asunto la impetrante impugna el oficio SP/DPSHT/0470/2022, de tres de febrero de dos mil veintitrés, únicamente haciendo valer violaciones directas a la constitución respecto de tal acto reclamado, argumentando en esencia la transgresión de los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que, opera una excepción al principio de definitividad que desde luego exime a la quejosa de acudir ante el tribunal administrativo, para combatir ese acto; por lo que, deviene infundado lo alegado por la responsable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, Séptima Época, Registro 237480, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." De igual forma, ilustra lo anterior, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1984, Décima Época, Registro 2003011, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. Conforme al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", se advierte que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de garantías, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En ese sentido, y toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1o., y del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, se ha conformado un nuevo control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, en el que se reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es válido admitir, como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, dado que en el sistema jurídico actual no existe una jerarquización en materia de derechos humanos, sino su integración y reconocimiento, independientemente de la fuente que los contenga." Sin más causales que estudiar, ni advirtiéndose de oficio la actualización de alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula el solicitante de protección en la demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Es aplicable la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la parte quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000. Materia Común. Página: 38, Registro 191384, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." En su tercer concepto de violación, la parte quejosa plantea los argumentos siguientes: -Refiere que el acto de autoridad que se combate es un acto privativo de sus derechos contemplados en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XI, inciso a), ello porque no se le puede restringir o reducir su garantía social, respecto del goce del derecho generado por su extinto esposo (pensión por viudez), al no ser incompatible con el hecho de que ella se encuentre como trabajadora activa e incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues tales prestaciones tienen origen diverso. Asimismo, es importante precisar que el estudio de dicho concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, se efectuará desde la óptica de la suplencia de la quejosa, dado que el acto reclamado está fundamentado en normativa que ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de sustento, la Jurisprudencia número P./J. 105/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 13, Novena Época, registro 170583, de rubro y sinopsis siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO). La suplencia de la queja deficiente en el caso de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no sólo se actualiza con respecto a la ley viciada (en amparo indirecto), sino también en cuanto a sus actos de aplicación reclamados (tanto en amparo indirecto como en directo). Esto es, para que opere en ambas vías, la suplencia de la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación, únicamente se requiere que el juicio de amparo sea procedente respecto a dicho acto, por lo tanto es viable: 1) sin que sea necesario reclamar la ley respectiva; 2) sin importar que, en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en general, sin necesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha norma legal; y, 3) sin importar que el quejoso haya expuesto planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. De tal suerte que tanto en el amparo indirecto como en el directo, es posible el estudio de constitucionalidad de la ley aun cuando ésta haya sido consentida o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello sólo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación, más aún cuando éstos han sido impugnados en tiempo, y en consecuencia no han querido ser tolerados por el agraviado." Bajo ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que la quejosa pretende impugnar el referido acto al considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de seguridad y previsión social, previstos en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, que consagra el derecho a la pensión por viudez para los beneficiarios de los trabajadores. Esto es, el acto reclamado conculca en su contra derechos sociales, eliminando la obligación del Estado de otorgar los beneficios de seguridad social a los familiares de los trabajadores, al no recibir el pago de la pensión por viudez que le corresponde, dado que refiere que no es incompatible con el hecho de que la quejosa se encuentre como trabajadora activa e incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues tales prestaciones tienen origen diverso, además de que la determinación reclamada a las autoridades responsables se sustenta en un artículo declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para dar respuesta a los planteamientos relativos, es importante tener en consideración lo que disponen los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción II, inciso C), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a saber: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." (.) "Artículo 44. El derecho al goce de las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el Trabajador o sus Familiares Derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para ello." (.) Artículo 12.- Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: (.) II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con: (.) c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En lo que aquí interesa, tales preceptos establecen que las pensiones a que se refiere dicho capítulo, son compatibles con otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se puede deducir que la pensión de viudez es incompatible con el desempeño de un trabajo remunerado que implique la incorporación a dicho régimen. De lo anterior surge que, si la pensión de viudez es incompatible con un trabajo remunerado, y si el pensionado por viudez que desempeña un cargo, empleo o comisión remunerados que implique la incorporación al régimen de la ley, tiene obligación de avisar al instituto; entonces, la incompatibilidad entre la aludida pensión y un trabajo remunerado será tal, siempre que éste implique incorporación al régimen de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Siendo éste el sentido jurídico del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En este tenor, se aprecia que dichas disposiciones restringen el derecho a la pensión por viudez para los beneficiarios de los trabajadores, en virtud de que éstos limitan el pago íntegro de la pensión que corresponde, dado que la pensión por viudez sólo es compatible con el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen obligatorio de dicha ley, eso significa que el desempeño de un trabajo remunerado que conlleve la incorporación a tal régimen es incompatible con la pensión por viudez, circunstancias que ponen de relieve la restricción del goce de la garantía social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, consistente en que los beneficiarios del trabajador muerto tienen derecho a recibir diversas pensiones. Ahora bien, del oficio reclamado se desprende que la responsable informó a la quejosa que se encontraba en el supuesto de incompatibilidad, de conformidad con los artículos 44 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción II, inciso C), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que la quejosa es trabajadora activa y se encuentra incorporada al régimen de dicho Instituto. Ahora bien, el problema de constitucionalidad planteado ya fue objeto de análisis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 129/2016 (10a.), en el cual señaló que el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil nueve, posee un vicio de inconstitucionalidad, al contravenir el derecho de seguridad social, contenido en el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que los beneficiarios del trabajador muerto tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez, y seguir desempeñando al servicio del Estado un empleo remunerado aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege el bienestar de los beneficiarios del trabajador o pensionado muerto, en virtud que ese fue el espíritu del poder reformador de la Carta Magna al crear tal apartado, pues en el proceso legislativo quedó de manifiesto que las garantías sociales en ningún caso se pueden restringir. Esto lo consideró así, toda vez que estos derechos no son antagónicos ni excluyentes con el derecho de la viuda a desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en primer lugar, porque ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión de viudez surge por la muerte del trabajador, ya sea que hubiere estado en activo o pensionado, es decir es una prestación establecida a favor de la esposa o concubina y no del extinto trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre éste y la entidad gubernamental respectiva. En segundo término, porque el hecho de que la viuda pensionada desempeñe un cargo que conlleve la incorporación al régimen obligatorio y, por ende, acceder por cuenta propia a los beneficios de seguridad social derivados de ese régimen no excluye de manera natural ni se contrapone a que siga recibiendo el pago de la pensión por viudez, sino por el contrario, la conjugación de los derechos derivados del nuevo empleo y de la pensión de referencia coadyuva a hacer efectiva la garantía social de mérito, orientada a garantizar la tranquilidad y el bienestar de los familiares del trabajador o pensionado muerto, pues con ello se mejora el nivel de vida de la viuda pensionada. En tercer lugar, la pensión de viudez no es una concesión gratuita o generosa, sino que ese derecho se va gestando durante la vida del trabajador con las aportaciones que hace por determinado número de años de trabajo productivo y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte, entre los cuales se encuentra la esposa o concubina. En cambio, el recibimiento de un salario por el empleo o cargo desempeñado por la pensionada y su inscripción al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son contraprestaciones recibidas por el trabajo que desempeña para el Gobierno, sin que ambas prestaciones se opongan o excluyan entre sí; luego, bajo ninguna óptica se pueden considerar incompatibles. Motivos por los cuales concluyó que el artículo el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, posee el mismo vicio de inconstitucionalidad, de la fracción II, inciso c), párrafos antepenúltimo y último, del artículo 51, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tales consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 129/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1033, Décima Época, registro 2012981, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. El precepto citado, al prever que la pensión por viudez sólo puede coexistir con el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viola el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez, así como a seguir desempeñando, al servicio del Estado, un empleo remunerado, aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege su bienestar. Ello es así, porque el artículo 12, fracción II, inciso c), referido niega el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario, a recibir la pensión mencionada derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea el caso, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio aludido por considerarlo incompatible con dicha pensión, sin atender a que tiene características diversas, toda vez que la pensión por viudez surge con la muerte del trabajador en favor de su beneficiario; quien pretende esa pensión se encuentra desempeñando un cargo incorporado al régimen obligatorio, accediendo por cuenta propia a los derechos que de éste deriven; y la pensión indicada no es una concesión gratuita, ya que se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido, mientras que la percepción de un salario es una contraprestación que recibe el trabajador por el trabajo que desempeña para el Gobierno Federal, que conlleva la obligación de ser inscrito en el régimen de la ley invocada; de lo que se concluye que las prestaciones no se oponen ni excluyen entre sí, por lo que son compatibles. Asimismo la tesis 2a. XXIX/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 562, Novena Época, registro 172715, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), Y PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL. El citado precepto legal al prever que la pensión por viudez sólo puede coexistir con el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, transgrede la garantía social derivada del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas la de viudez, así como a seguir desempeñando al servicio del Estado un empleo remunerado aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege su bienestar, en virtud de que ese fue el espíritu del Poder Reformador de la Constitución al crear el referido apartado B, además de que en el proceso legislativo que originó su creación se manifestó que las garantías sociales en ningún caso pueden restringirse. Ello es así, porque el artículo 51, fracción II, inciso C), y párrafos antepenúltimo y último, de la Ley citada limita el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario, a recibir la pensión mencionada derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea el caso, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio aludido, por considerarlo incompatible con dicha pensión." De igual forma, apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1525, Undécima Época, Registro 2024507, que dice: "PENSIÓN POR VIUDEZ PARA BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN COMO TRABAJADORES EN ACTIVO. EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN XII, INCISO 2), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, QUE IMPIDE DE MANERA TOTAL EL DISFRUTE DE TAL DERECHO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR LESIONAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Hechos: A una persona se le negó el pago de la pensión por viudez, pues la autoridad de seguridad social estimó que, debido a que se encontraba desempeñando un trabajo remunerado e incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no podía gozar simultáneamente del pago de la referida pensión y de las prestaciones derivadas de su propia situación laboral, acto que fue emitido con fundamento en los artículos 6, fracción XII, inciso 2), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En la primera instancia del juicio de amparo se concedió formalmente la protección constitucional en relación con ambas disposiciones, sin embargo, únicamente se realizó el estudio correspondiente respecto de la norma reglamentaria. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 6, fracción XII, inciso 2), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es inconstitucional por resultar sobreinclusivo, al establecer una limitación constitucionalmente inválida que restringe de manera total el acceso a una pensión por viudez por contar con diversos derechos de seguridad social propios. Justificación: La disposición referida, en la porción normativa que establece: "Que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta ley", es inconstitucional por su carácter sobreinclusivo, pues comprende un universo tan amplio que obstaculiza el ejercicio pleno de derechos de seguridad social, como el disfrute de una pensión por viudez de forma simultánea a las prestaciones que se originan de la situación laboral de orden personal. La previsión es sumamente amplia en relación con los requisitos que deben observar los familiares derechohabientes para el acceso a todas las prestaciones que pueden derivar de la relación del trabajador y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluyendo en su universo la incompatibilidad total de derechos propios con todos los seguros, prestaciones y servicios contemplados en la ley en comento. Asimismo, su inconstitucionalidad también deriva del estrecho vínculo que guarda con la norma reglamentaria, en donde se describieron y desarrollaron los supuestos de compatibilidad de las pensiones que otorga el Instituto en términos prácticamente idénticos, constituyendo de tal manera un sistema normativo que repercute negativamente en el adecuado ejercicio de los derechos propios de la seguridad social; máxime que el artículo 12, fracción II, inciso c), del reglamento citado, ya fue declarado inconstitucional por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 129/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.". Consecuentemente, las dos situaciones jurídicas (el carácter de beneficiario de una pensión por viudez y las prestaciones derivadas del propio empleo), son plenamente compatibles y pretenden hacer efectiva la protección del bienestar de los familiares del trabajador o pensionado fallecido y mejorar su nivel de vida." Sobre esa base, se evidencia que asiste razón a la parte quejosa, al sostener que el acto impugnado consistente en la determinación de tres de febrero de dos mil veintitrés, contenida en el oficio SH/DPSHT/0470/2022 de decretar la incompatibilidad de la pensión de viudez, es inconstitucional por transgredir los derechos de seguridad y previsión social consagrados en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso A), de la Constitución Federal, ya que la pensión por viudez, y el derecho de seguir desempeñando al servicio del Estado un empleo remunerado aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, constituyen derechos sociales que no se pueden restringir y que además son compatibles. De ahí que el acto reclamado resulte inconstitucional. En consecuencia, la concesión debe hacerse extensiva a los actos subsecuentes que deriven del mismo. Sin que sea necesario el estudio del resto de los conceptos de violación, en razón de que ya no se lograría mayor beneficio para la quejosa que el obtenido con el que se estima fundado en la presente sentencia, que resulta suficiente para conceder la protección constitucional. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Cuarta Parte, Página 72, Registro 240348, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Finalmente, no se desconoce que la parte quejosa formuló alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional entrar al estudio de las afirmaciones que se realizan en esa vía, pues la contienda constitucional en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la jurisprudencia P./J. 27/94, con registro 205449, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la octava época, Núm. 80, agosto de 1994, materia común, página 14, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. OCTAVO. Efectos del amparo. Atento a lo anterior, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para el efecto de que la Subdelegada de Prestaciones y el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Morelos, realicen lo siguiente: a) Dejen sin efectos el oficio SP/DPSHT/0470/2022, de tres de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual se le informa a la quejosa que se encuentra en el supuesto de incompatibilidad de la pensión por viudez solicitada, toda vez que tiene el carácter de trabajadora en activo. b) Emita otra determinación en la que resuelva favorable el pago de la pensión por viudez. b) Reintegre a la inconforme en una sola exhibición y debidamente actualizada la totalidad de la cantidad que corresponda y que descontó del pago de su pensión por concepto de viudez con número 1914012-206, así como los que eventualmente hayan seguido descontando, en tanto no se trate de aquellos respecto de los cuales se haya actualizado la prescripción. c) En lo sucesivo pague a la parte quejosa, conforme a derecho corresponda, la pensión por viudez a la que tiene derecho. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por MARTHA ADRIANA BUSTAMANTE GAONA, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARTHA ADRIANA BUSTAMANTE GAONA, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando sexto de esta resolución, para los efectos precisados en el último de los considerandos. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2, se agrega a los autos el escrito de cuenta, signado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa mediante el cual realiza diversas manifestaciones, atento a lo anterior, se provee: Por lo que hace a su petición de subir nuevamente el telegrama por el cual la Dirección Normatividad de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rindió su informe justificado, dígase que debido al escaneo de la hoja en que se imprime el telegrama, la imagen que obra en el sistema es la más nítida que pudo obtenerse; sin embargo hágase del conocimiento de la promovente que puede consultar el acuerdo de diez del mes y año en curso en el que físicamente fue recibido el informe justificado de dicha autoridad el cual es idéntico al rendido vía telegráficamente, el cual puede consultar en el expediente electrónico. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas sus manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
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