Marta Lugo Nava
Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Miguel Ángel Ruiz Lugo
- Marta Lugo Nava
- Marta Lugo Nava y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que el impetrante ********************, haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del quince de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Se deja sin efectos la suspensión de plano decretada a favor del impetrante, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 18 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Sin que haya lugar a ordenar devolución de documentos originales en virtud de que las partes no los exhibieron. Finalmente, previo desglose y certificación que obre en este expediente, se ordena devolver al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Alarcón y Aldama, el disco óptico de audio y video que remitió con su informe. Solicítese el acuse de recibo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luz María Serrano Alejandro, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios del Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación Regional Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero y Director General Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ambos con sede en Chilpancingo, Guerrero. Atento a su contenido, téngaseles rindiendo informe con relación a la suspensión de plano otorgada al quejoso ******************** ********************; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luz María Serrano Alejandro, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios del Fiscal Regional en la Zona Norte; Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Hidalgo; Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Alarcón y Aldama; y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación Regional Zona Norte, todos con sede en esta ciudad. Atento a su contenido, téngaseles rindiendo informe con relación a la suspensión de plano otorgada al quejoso ******************; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Tocante a los anexos que remite la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Alarcón y Aldama, de conformidad con el numeral 119 de la normativa de la materia, se le tiene como pruebas las documentales que allega, mismas que se ordena glosar a los autos, así como el disco óptico de audio y video. Sin que exista necesidad de reproducir su contenido en una audiencia especial, de conformidad la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, tomo I, agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Por otra parte, visto el estado que guarda este expediente, así como la demanda de amparo promovida por ******************, en representación de su hijo ***************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Alarcón y Aldama, y otras autoridades. Al respecto, atendiendo las constancias allegadas por las autoridades responsables se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistente en este momento toda vez que así se advierte de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación al quejoso debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí, que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, de las constancias que obran en el juicio de amparo en el que se actúa, se advierte que los actos reclamados son: la ilegal orden de incomunicación, tortura y privación ilegal de la libertad del directo quejoso ****************************. De esta forma, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observase conjeturas sobre una posible ilegal orden de incomunicación, tortura y privación ilegal de la libertad y no así un acto real, actual e inminente que se pretenda materializar en su contra. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sin durante la tramitación del juicio". Lo anterior, toda vez que de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa y las diversas allegadas por las autoridades responsables, se advierte que no existe ilegal orden de incomunicación ejercida en contra del directo quejoso *************************, pues de la razón actuarial del once de noviembre realizada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, se advierte que al constituirse en el Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad, tuvo a la vista al quejoso de referencia, quien le informó que se encontraba recluido en dicho centro penitenciario por el delito de violación equiparada, y que no se encontraba incomunicado en virtud de que ya había entablado comunicación con su abogado. Por otro lado, se aprecia que el impetrante del juicio de garantías no fue víctima de tortura, puesto que de la misma razón mencionada en el párrafo anterior, se aprecia que el actuario judicial al dar fe del estado físico del quejoso, advirtió que éste no presentó lesiones a simple vista. Asimismo, no existe una privación ilegal de la libertad del quejoso *****************, pues de las constancias enviadas por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Alarcón y Aldama, se observa que éste se encuentra privado de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social debido a que a las diecinueve horas con cinco minutos en la carpeta judicial C-265-2022, se libró orden de aprehensión en contra del quejoso por la probabilidad de haber cometido el hecho que el Código Penal del Estado de Guerrero, señala como delito de violación equiparada agravada, previsto en el artículo 178, 179 fracción I, en relación con el 182 fracción IV, del citado código. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Finalmente, sin que exista necesidad de agotar el plazo otorgado al quejoso en auto de once de los actuales, por las razones expuestas con anterioridad. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luz María Serrano Alejandro, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por ****************, en representación de su hijo ******************************, contra actos que reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Alarcón y Aldama, y otras autoridades; en tales condiciones, fórmese el expediente relativo bajo el número 323/2022-III, del libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales". El artículo 22 constitucional proscribe en su primer párrafo las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En el caso concreto, toda vez que la promovente *****************, señala como actos reclamados la ilegal orden de incomunicación, tortura y privación de la libertad de su hijo *************************. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que son actos que afectan la libertad personal fuera de procedimiento; por tanto, se concede la suspensión de plano, para los siguientes efectos: Para que la incomunicación del impetrante ********************************, cese de inmediato y las autoridades se abstengan de realizar los actos reclamados. Lo anterior, comuníquese sin demora a las autoridades señaladas como responsables, por los medios que permitan lograr su inmediato cumplimiento. Lo antes determinado es sin perjuicio de que quede el directo quejoso en el lugar en que se encuentre, a disposición de la autoridad ministerial o judicial correspondiente, para el único y exclusivo efecto de la continuación del procedimiento que en su caso se le esté instruyendo, toda vez que dicho procedimiento es de orden público. Se apercibe a las autoridades responsables, a cumplir con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo, incurrirán en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la legislación invocada; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos conducentes; debiendo informar a este juzgado, dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copias certificadas de las constancias conducentes. Se requiere a las autoridades responsables para que informen a este juzgado, dentro del mismo lapso indicado, contado a partir de que les sea notificado este acuerdo, si el impetrante se encuentra a su disposición o bajo su custodia por virtud de alguna disposición legal que les autorice a detenerlo. Ahora bien, toda vez que del contenido de la demanda de amparo que se provee, se advierte que probablemente el justiciable *********************************** podría encontrarse en las instalaciones que ocupa la Coordinación de la Policía Ministerial de esta ciudad, con fundamento en el artículo 27, de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en las instalaciones que ocupa la Coordinación de la Policía Ministerial de esta ciudad, y previa localización del quejoso **************************, le notifique este proveído y dé fe de su estado físico; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la legislación invocada. Asimismo, para que lo requiera a efecto de que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor por *************************, y lo prevenga que de no hacerlo en la forma y lapso concedido, ésta se tendrá por no presentada, dejándose sin efectos las providencias decretadas; levantando la razón correspondiente, así como de la entrega de los oficios derivados de este acuerdo. Se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en este sumario constitucional. En el entendido de que para la práctica de las notificaciones personales, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Finalmente, con apoyo en el numeral 278 del código supletorio a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada que solicita. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luz María Serrano Alejandro, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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