Marta Lopez Bahena

Expediente 592/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
592/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Marta Lopez Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de veintidós de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio sin número del Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, por el que remitió copia certificada de diversas constancias en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo; en el que entre otras cosas hizo del conocimiento que había señalado las once horas del catorce de mayo de dos mil veintiuno, para que la parte quejosa compareciera a las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de esa población, por conducto de quien ostentara la representación legal de la persona moral quejosa, a efecto de que le fuera notificado que se había dejado sin efectos el inicio del proceso de recisión de contrato, como se ordenó en la sentencia de amparo y a su vez se le notificaría el inició del procedimiento resarcitorio del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado CTTO/SJBC/RG23/FFI/4047-N/2017, circunstancia con la cual, la parte quejosa manifestó su conformidad. Requerimiento a la parte quejosa En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, manifieste si compareció a la diligencia señalada para las once horas del catorce de mayo de dos mil veintiuno, para que le fuera notificado que se había dejado sin efectos el inicio del proceso de recisión de contrato, como se ordenó en la sentencia de amparo y a su vez se le notificaría el inició del procedimiento resarcitorio del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado CTTO/SJBC/RG23/FFI/4047-N/2017, debiendo exhibir las constancias con las que acredite su dicho, a fin de estar en condiciones de requerir a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, le serán atribuibles las consecuencias legales que ello implique y en ese sentido se analizará el cumplimiento que pretende realizar la autoridad responsable o en su caso se declarara la imposibilidad del cumplimiento de la sentencia. Requerimiento a la autoridad responsable. No obstante lo anterior, a fin de determinar si está cumplida o no la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Síndico Municipal Constitucional del Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, por su propio derecho y como representante legal de ese Ayuntamiento, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, informe si la parte quejosa "Emulsiones y Pavimentos del Pacificó", compareció a la diligencia señalada para dar cumplimiento a la sentencia (once horas del catorce de mayo de dos mil veintiuno), debiendo al efecto remitir en el mismo plazo copia certificada de las constancias que acrediten su dicho o en caso de que no hubiera comparecido, informa las determinaciones que dicten al efecto; lo anterior para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia Federal. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supralíneas, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,962.00 moneda nacional (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, cero centavos, moneda nacional) que resulta de multiplicar los días multa en cita por $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos) que constituye la Unidad de medida referida; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. Finalmente, se instruye al Actuario encargado de notificar este expediente, así como a la oficial encargada de la correspondencia, para que remitan el oficio que al efecto se genere, por la vía más expedita a fin de evitar retrasos excesivos en la notificación de los oficios que se emitan en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO

  2. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Marta López Bahena, contra actos del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y otra(s) autoridad(es); de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 592/2021. Integración expediente electrónico Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Desechamiento Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala en esencia el siguiente acto reclamado: CTO RECLAMADO: De ambas autoridades responsables les estamos reclamando la falta de contestación a nuestros escritos presentados en las referidas Delegaciones con fecha once y doce de mayo, ambos del presente año, solicitando la información requerida de los mismos. Asimismo, refiere en sus antecedentes lo siguiente: Con fecha once de mayo del presente año, hice entrega en la oficialía de partes de la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, de un escrito dirigido al Delegado en el que solicite información valiosa de la comunidad indígena a la que pertenezco y respecto de la cual se encuentra en problemas, proporcionando un correo electrónico, número telefónico y domicilio, para poder recibir por cualquier medio la información requerida fundamentándolo en el artículo 8° Constitucional, solicitando textualmente que se me diera contestación a mi escrito" Con fecha doce de mayo del presente año hice entrega en la oficialía de partes de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales en Oaxaca (SEMARNAT), de un escrito dirigido al Delegado en el que solicite información valiosa de la comunidad indígena a la que pertenezco y respecto de la cual se encuentra en problemas, proporcionando un correo electrónico, número telefónico y domicilio, para poder recibir por cualquier medio la información requerida fundamentándolo en el artículo 8° Constitucional, solicitando textualmente que se me diera contestación a mi escrito. En ambos escritos se solicitó información por escrito, ya derivado de una apertura ilegal que se estaba realizando en mis terrenos comunales como en los de mis vecinos, me vi en la necesidad de solicitar información al respecto. Pero sucede que las autoridades responsables no han emitido ninguna contestación por escrito ya sea en el correo electrónico que proporcionamos o en el domicilio que señalamos para recibir la misma, violando claramente mis derechos humanos, en concreto el consagrado en el artículo 8° Constitucional, por ese motivo acudo a esta autoridad federal para demandar el amparo y protección de la justicia de la unión. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico... "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. " De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que la quejosa reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de las responsables, con motivo de la falta de contestación a sus escritos presentados el once y doce de mayo del año en curso, en la que solicita información valiosa de la comunidad indígena a la que pertenece la quejosa, por encontrarse en problemas. Ahora, el artículo 8 de la Constitución Federal dispone: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por su parte, los numerales 16, fracción X, y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establecen: "Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: [...] X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley." Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. Ahora, conforme a los preceptos invocados, la autoridad debe dar contestación a lo peticionado por el solicitante en el plazo de hasta tres meses -noventa días-; de manera que si las peticiones aludidas por la parte quejosa se presentaron el once y doce de mayo del año en curso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de mayo de dos mil veintiuno), es inconcuso que las autoridades administrativas se encuentran dentro del plazo legal para analizar y resolver lo correspondiente a las solicitudes de la parte promovente y hacerle de conocimiento lo determinado. Así al resultar que la demanda de amparo presentada por Marta López Bahena es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado; se le tiene autorizando únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Esteban Martínez Campos, dado que no se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 y 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Ahora, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente y su autorizado para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. . En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido, previa cita que agende. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO.

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