Marta Gomez Gomez
Expediente 832/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marta Gomez Gomez
- Juez Cuarto Civil de Partido En la Ciudad de Celaya, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por la secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, por el cual notifica que ha quedado firme el proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, por medio del cual desechó por improcedente la demanda de amparo promovida por ***. De lo que este juzgado toma conocimiento para los fines legales conducentes.**** ? Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****? Archivo. En consecuencia, debido a lo resuelto por la superioridad, archívese este expediente como asunto concluido.**** ? Destino del expediente.**** ? Documentos originales. Sin realizar pronunciamiento sobre la devolución de documentos originales, ya que del análisis del presente juicio se desprende que no se adjuntó constancia alguna que se encuentre en la hipótesis prevista por el ordinal 3, fracción XX1, del acuerdo general citado.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que desechó por improcedente el recurso de revisión 294/2023 interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de desechamiento. De lo que este Juzgado toma conocimiento para los fines legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. II. En razón de lo anterior, solicítese turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital; para lo cual, adjúntese el escrito de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro. III. Luego, infórmesele al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital al que haya sido turnado el recurso que nos ocupa, que se encuentra a disposición el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que se encuentre en posibilidad de imponerse de las constancias que integran este sumario, para la substanciación y resolución del recurso de queja interpuesto, como se desprende de la siguiente captura: IV. Además, solicítese respetuosamente al tribunal de alzada que, de estimar necesarias las constancias físicas para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, le serán remitidas. V. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber a la superioridad que es cierto que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo que se impugna, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la parte quejosa.
- Principal
Visto lo de cuenta, glósese al expediente el escrito firmado por la quejosa ***** por el que cumple con la prevención que se le hizo en auto de diez del mes en curso, lo que se tiene por hecho para los efectos conducentes. Por ello, la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el toca ****del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; en el cual se tuvo por indebidamente admitido el recurso de apelación instado en contra del auto de veintiuno de marzo del año en curso. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. **** Definitividad. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Esta causa de improcedencia contiene varias excepciones, las cuales dan posibilidad de acceder al juicio de amparo sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinario. Estas excepciones son, a grandes rasgos, cuando el acto reclamado sea de aquéllos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; cuando se trate de ataques a la libertad fuera de procedimiento; cuando se trate de personas extrañas a juicio; y, finalmente, cuando se reclame el auto de vinculación. Medios de impugnación en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato. De acuerdo con el principio de impugnación, que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos; la normatividad procesal debe establecer los medios de impugnación a través de los cuales puedan enmendarse los errores y vicios en que se haya incurrido, atendiendo a la naturaleza del acto y la clase de funcionario que los dicte. Así, la legislación citada -como las de la mayoría del país- consagra diversos medios de impugnación para combatir las resoluciones de los sujetos encargados de la administración de justicia, para buscar ya sea invalidez, modificación o revocación, cuando tienen deficiencias, errores o son ilegales; a saber: Incidentes. Éstos constituyen procedimientos que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal; en otras palabras, a través de ellos se ventilan todos aquellas cuestiones distintas de la principal, suscitadas durante la sustanciación del juicio y que hace necesaria una resolución previa o especial; verbigracia, la nulidad de actuaciones o de notificaciones. Por otro lado, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en su Título Sexto, Capítulos del I al III, establece los recursos siguientes: a) revocación, b) apelación y, c) denegada apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de apelación confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados; y, para su procedencia están los numerales posteriores. Es importante hacer notar que, en los diversos 243, 244, 245 -en lo que interesa- que: i) son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los jueces de Partido como por los Menores; ii) las sentencias que fueran apelables lo serán en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo; y, iii) los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga el Código en consulta, si además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten, la apelación en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. Finalmente, la revocación con base a lo establecido en el arábigo 232, dispone los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.*** Solución del problema jurídico. Sentadas las premisas anteriores, conviene ahora analizar si la resolución reclamada puede ser impugnada a través de algún medio de impugnación citado. Así, se desprende que si la parte solicitante del amparo señala como acto reclamado la resolución de doce de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca *** del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que inadmitió el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, dentro del juicio sumario civil hipotecario, es indudable que en su contra procede el recurso de revocación. Lo anterior, ya que la Sala responsable en un auto declaró no apelable el acto sujeto a apelación; por tanto, como se mencionó, el ordinal 232 establece -en lo que interesa- que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por la persona juzgadora que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio y, al ser el acto reclamado un auto que no es apelable es incuestionable que será revocable. En ese orden de ideas, si el acto en estudio es impugnable en vía de revocación, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la codificación de la materia, es decir, a través del cual podía modificarse o revocarse, lo que sería en beneficio de los intereses de la parte quejosa.***** Además el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza civil y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b). Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio le reviste el carácter de parte dentro del juicio de origen, que puede hacer valer las acciones que estime pertinentes para defender sus intereses. Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. *** Además, sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Protesta de ley. ******** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. **** Precedente judicial.****.
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