Marta Elena Macias Gallegos
Expediente 2032/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2032/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/12/2022
Partes del expediente
- Marta Elena Macias Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, a través del cual designa autorizados, solicita la consulta del expediente electrónico y proporciona correo; agréguese a los autos para que obre como corresponda. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, por contar con cédula profesional de abogado registrada en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación; y exclusivamente para oír notificaciones, aún las de carácter personal, e imponerse de autos, a Irma Yolanda Villa López por así haberlo solicitado. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con apoyo en el artículo 3 de la ley de la materia, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico al usuario ****, y se ordena que el Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera. Indíquese al Secretario encargado del trámite de este asunto que deberá velar por la debida integración del expediente electrónico y su exacta coincidencia con este expediente físico. Se conmina a los actuarios judiciales, para que las notificaciones sean capturadas oportunamente en el SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) a fin de integrar debidamente este juicio de amparo. CORREO ELECTRÓNICO Téngase a la parte quejosa señalando correo electrónico, el cual podrá ser utilizado únicamente para comunicaciones no procesales, toda vez que, la Ley de Amparo no lo contempla como un medio de comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual ***********, da cumplimiento a la prevención formulada por este órgano federal en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós. PROVEER DEMANDA Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por ************* y sus escritos aclaratorios; con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de estas disposiciones legales se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. De lo anterior, cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor evidencia, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sustentan lo anterior, las consideraciones que rigen la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de dos mil dos, página cuatrocientos cuarenta y ocho, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, el amparo deviene en improcedente al actualizarse causas que impiden su admisión y tramitación, las cuales son oficiosas por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Para demostrar lo anterior y para una mejor comprensión del asunto, los actos reclamados se separarán. En principio, del estudio integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se observa que la parte quejosa reclama, en esencia, la falta de llamamiento al juicio 1267/1996 del índice del Juzgado Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Sin embargo, de sus propias manifestaciones, realizadas bajo protesta de decir verdad, se advierte que la promovente asentó lo siguiente: "(.) En septiembre de 1996, fui demandada ante el Juez Décimo de lo Mercantil, por Banca Serfín, S.A. de C.V., dentro del Expediente 1267/1996, por el pago de la cantidad de $199,000.00 (Ciento Noventa y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) (.) Di contestación a dicha demanda, de la cual hubo actuaciones hasta el año 1998, sin que, hasta el día de hoy, hubiera recibido Resolución alguna de dicho asunto. (.)" Así las cosas, se advierte que contrario a lo que afirma, sí fue llamada al juicio del que emanan los actos reclamados, tanto así, que dio contestación a la demanda mercantil, por lo que no le reviste el carácter de tercera extraña. Y, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) --- VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". De la interpretación literal de la fracción VI, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio, cuando se pida por personas extrañas a dicho procedimiento. Por lo que, al realizar una aplicación, a contrario sensu, del artículo citado, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando quien lo promueve con ese carácter, en realidad, no es persona extraña al juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro dispone: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES." (Registro: 175910, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1827) En consecuencia, se actualiza el supuesto previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, porque la improcedencia del juicio deriva de otra disposición de la propia ley. Establecido lo anterior, importa destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2011, estimó que el carácter de tercero extraño se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, en el que no se ha dictado sentencia definitiva, aún sin la comparecencia del quejoso al proceso judicial, ya que textualmente, consideró lo siguiente: "(.) debe concluirse que la calidad de extraño a juicio por equiparación (en el preciso caso en que dicho juicio no se ha resuelto) se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, sin que sea un requisito adicional la comparecencia del quejoso a dicho proceso judicial." En consonancia con lo anterior, importa destacar el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." (Registro: 2004274, Época: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 729) De lo anterior, se colige que cuando la parte quejosa conoce de la existencia del juicio a pesar de no haber sido llamada al procedimiento, se desvirtúa su carácter de persona extraña, en tanto que se encuentra en posibilidad de acudir al juicio en defensa de sus intereses. En el presente caso, la parte quejosa sí fue emplazada al juicio del que emanan los actos reclamados, tan es así que manifiesta que compareció a contestar la demanda. Sin que por el hecho de que ésta no haya seguido al pendiente de la secuela procesal del expediente, se llegue al absurdo de considerar que se actuó a sus espaldas, pues la misma se encontraba emplazada a juicio y por ende, facultada para imponerse de autos y verificar el estado procesal en el que se encontraba el juicio. Por otra parte, la promovente reclama la diligencia de lanzamiento efectuada el catorce de septiembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio mercantil 1267/1996, del índice del Juzgado Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Por lo que el amparo también es improcedente respecto de dicho acto, ello en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Por su parte, el artículo 107, constitucional, fracción III, inciso b) dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] - - - III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] - - - b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" De dichas disposiciones legales, se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. En ese tenor, el principio de definitividad, rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe encontrarse colmado al promoverse la demanda constitucional, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija a los actos reclamados, salvo las excepciones que establezca la misma Ley de Amparo. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1340, en relación al diverso 1334, ambos del Código de Comercio, se colige que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Asimismo, que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal. Es decir, el recurso de revocación es un medio de impugnación a través del cual un auto emitido en un juicio mercantil cuya cuantía sea inferior a la señalada puede ser revocado, modificado, o nulificado. Es así, porque el artículo 1339 párrafo primero, de la referida codificación, dispone que el recurso de apelación sólo procede en asuntos cuyo valor exceda de $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Además, en tratándose de los "autos" debe tomarse en cuenta lo que dispone el referido numeral 1334 del Código de Comercio, en el sentido de que en contra de los que no sean apelables procederá la revocación. Apoya a lo dicho la jurisprudencia que dice: "Novena Época Registro: 163734 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Septiembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 59/2010 Página: 157 REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación.". En la especie, de la ampliación de antecedentes narrados por la promovente en su escrito aclaratorio de demanda, se desprende que en el juicio mercantil de origen se reclamó el pago de la cantidad de $199,000.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal, la cual es inferior a la establecida en los numerales 1339 y 1340 del Código de Comercio, vigente. De modo que, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, era necesario que la parte quejosa agotara contra el auto reclamado el recurso de revocación contemplado en dicha codificación, pues dicho medio de impugnación es el idóneo para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el acto reclamado pudiese ser considerado de imposible reparación o autónomo en la fase de ejecución de sentencia, ya que ello de ninguna manera implica que se exente de cumplir con el principio de definitividad, pues el hecho de que un acto tenga la naturaleza de irreparable para efectos de la procedencia del amparo, o bien, que guarde autonomía en la ejecución de sentencia, no se traduce en una excepción a dicho principio. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro: 2005039 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Página: 350 DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por otra parte, la quejosa también reclama la falta de notificaciones de las actuaciones dictadas dentro del aludido juicio mercantil 1267/1996 del índice del Juzgado Décimo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Ahora, debe decirse que la parte quejosa contra la diligencia de catorce de septiembre de dos mil veintidós, también pudo interponer incidente de nulidad de actuaciones (medio ordinario de defensa). En efecto, los numerales 1349, 1350, 1351, 1352, 1353 y 1357, del Código de Comercio, establecen que son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal; que los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Al igual, que los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito; que son incidentes verbales los que se suscitan durante el desarrollo de alguna audiencia, en relación con los actos sucedidos en la misma; que cualquier otro tipo de incidentes diferente a los verbales, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo. Asimismo, en tal incidente deberán proponerse las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas, que de ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del plazo de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. En consecuencia, a través de dicha incidencia, pudo nulificar en concreto, la diligencia reclamada, ya que es la idónea para dejar insubsistente la diligencia reclamada. Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2020845, que señala: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." Asimismo, por identidad de razones, la jurisprudencia VI.2o.C. J/243, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro digital 180570, que señala: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Al margen de lo anterior, este juzgado de Distrito estima que también se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se verán. Los preceptos en cita, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la lectura atenta del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre: 1) Los actos de ejecución de sentencia (dentro de éstos cabe integrar el caso especial del lanzamiento); y, 2) Los que no se dictan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia y, por tanto, gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. En relación con los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Esta precisión fue definida incluso en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación (que enseguida se transcribe) como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Asimismo, que en el caso del procedimiento de ejecución específico de remate, la resolución definitiva, lo es la que lo aprueba o desaprueba. Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J. 32/2001, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". (Énfasis añadido) Pero además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, pues no soslaya la posibilidad de que en ocasiones, la parte vencedora pudiera tener interés en que la sentencia no sea ejecutada rápidamente. Por esa razón, se consideró que también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal, se encuentra contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 36/2004, localizable en la página setenta y cinco, del tomo XX, julio de dos mil cuatro Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Efectivamente, al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Apoya a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 6/98, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, visible en la página sesenta, del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dispone: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.- La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Igualmente cobra aplicación la tesis aislada, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos cincuenta y seis, del tomo XLIXm, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MEDIOS DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR UNA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LOS.- El arresto no puede ser considerado propiamente como un medio para ejecutar el fallo en un asunto civil, pues deben distinguirse los casos en que hay que hacer cumplir una simple determinación judicial, de aquellos en que se trata de ejecutar una verdadera sentencia, ya que para lo primero es para lo que el legislador ha establecido las medidas de apremio, en tanto que para lo segundo, ha dictado disposiciones relativas a ejecución de sentencia, previendo en ellas, dentro de lo posible, todos los obstáculos o dificultades que pudieran presentarse, para que tengan la debida solución." Bajo este orden de ideas, es válido colegir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. La anteriores premisas, encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a.J. 23/2005, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa.". La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Bajo esta teleología, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Así, en virtud de un principio de economía, cualquier alegación referida al procedimiento podrá hacerse valer en este momento. En el caso, del análisis íntegro de la demanda de amparo, puede colegirse que la quejosa también reclama el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio mercantil ordinario 1267/1996, del índice del Juzgado Décimo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, en el cual se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia y, por ende, el lanzamiento forzoso y la entrega inmediata de la posesión del bien materia de la ejecución en dicho juicio y, en consecuencia, la diligencia de ejecución de catorce de septiembre de dos mil veintidós. Asimismo, es dable puntualizar que el juicio de origen, según los antecedentes narrados y constancias allegadas, se encuentra en ejecución de sentencia y, la condena fue para el efecto de que se efectué la entrega de los bienes materia de la ejecución en dicho juicio, entre otras cosas. En ese sentido, el acto reclamado se encuentra directamente ligado a la ejecución de la condena, pues a través de este, se pretende poner en posesión a la parte actora respecto del bien inmuebles que fue condenado, lo cual constituye precisamente la condena y, por medio de la citada diligencia se ejecutó el auto reclamado. Es decir, los actos reclamados no son autónomos ni independientes a la ejecución de la condena, pues tiene una relación directa e indisociable con ésta, pues en la sentencia precisamente se ordenó la entrega del bien materia del juicio; lo cual hace improcedente el amparo. Orienta al caso la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro digital 178405, que señala: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo.". De modo que, las violaciones cometidas durante la etapa de ejecución de sentencia que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, deben reclamarse a través del juicio biinstancial, hasta que la autoridad responsable emita la última resolución en la fase ejecutiva, que deberá entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, ahora reproducida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, que ésta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la diversa fracción III del mismo precepto, que establece como regla autónoma, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no a la inversa. Así, concluyó que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En este orden de ideas, las violaciones que aduce la parte quejosa, pueden ser reparadas con posterioridad por el órgano sancionador o en amparo, precisamente porque tal determinación podrá ser materia de estudio al analizar lo relativo al cumplimiento de la sentencia. De ahí, que no se está en el supuesto de excepción considerado por el Pleno del Máximo Tribunal de País, porque los actos reclamados no afectan de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Así se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver al Contradicción de tesis 215/2009, que creó la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible a página seis, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que por rubro y texto dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese; y, por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que, se encuentra transcurriendo termino a la partes, para interponer recurso en contra del proveído de diez de noviembre del año en curso, en el que se dictó la resolución interlocutoria respecto el incidente de falta de personalidad promovido en autos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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