Marta Egla Aguilar Hopman
Expediente 346/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2017
Partes del expediente
- Marta Egla Aguilar Hopman
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de julio de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 70/2017, promovida por ********************, contra el proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ********************" Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe trámite pendiente de realizar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI, del Acuerdo citado. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto 1/2009; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, a través del cual la Actuaria adscrita al del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, informa el auto de veintiocho de marzo del año en el curso, en el cual informa que registró el recurso de revisión promovido por la parte quejosa, bajo el número 98/2017; circunstancia de la que este juzgador toma conocimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II.Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión civil 49/2017, el juicio de amparo 1936/2015 y un tomo de copias certificadas del expediente 521/2012, promovido por Juan Eliseo Gutiérrez Pérez, en contra de la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, cuyo punto resolutivo es: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovida por Juan Eliseo Gutiérrez Pérez, por propio derecho, en contra de los actos que reclamó a las autoridades responsables que han quedado precisadas en el resultando primero de la presente ejecutoria." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Por otra parte, a las autoridades responsables, devuélvansele las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe trámite pendiente de realizar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI, del Acuerdo citado. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III). 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de demanda promovido por Marta Egla Aguilar Hophman, por propio derecho contra actos de la Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 346/2017-III. Ahora, de conformidad con el artículos 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Tomo VII, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, la parte quejosa, reclama en la presente vía de amparo: El infundado acuerdo de de ocho de febrero de dos mil diecisiete dictado por la autoridad responsable, en relación a su escrito referente a la demanda incidental relativa al pago de bienes distintos a la tierra, específicamente a las construcciones y obras existentes en el predio de la quejosa, el cual se le codena a restituir a el poblado o comunidad indígena de San José Malacatepec o cabecera de Indígenas Municipio de Villa de Allende, Estado de México, ello en alcance a la sentencia dictada en el juicio agrario número 502/2001, con fecha de doce de septiembre de dos mil cinco, dictada por ese Tribunal Unitario Agrario, acuerdo que señala lo siguiente; "agréguense a sus autos el escrito de cuenta, al respecto en atención a su contenido del estado procesal que guardan los presentes autos, no ha lugar a tener por presentado el incidente de pago de bienes y construcciones distintos a las tierras, dentro del juicio agrario en que se actua, por no existir sustento legal alguno para ello; por tanto, se deberá a estar a la sentencia dictada en autos, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Agraria, este Tribunal debe ejecutarla en sus términos", acuerdo que por si mismo, carece de fundamento al no contener mayor disposición legal que lo sustente y que si en cambio, deja en estado de indefensión a la suscrita. Del texto integral del escrito de demanda, este juzgado federal estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, pues se actualiza en el caso, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez, el numeral 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)." En principio es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia; éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa, son reclamables en juicio constitucional. Es decir, el juicio de garantías biinstancial, procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, aquélla que declara cumplida la sentencia o convenio, o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla y, acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden laboral, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada, actos que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia. Al caso se cita, la jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV, del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y, pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, que el espíritu del legislador de amparo es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. La anterior relación colige que el acto reclamado en la presente vía de amparo, consistente en El infundado acuerdo de de ocho de febrero de dos mil diecisiete dictado por la autoridad responsable, en relación a su escrito referente a la demanda incidental relativa al pago de bienes distintos a la tierra, específicamente a las construcciones y obras existentes en el predio de la quejosa, el cual se le codena a restituir a el poblado o comunidad indígena de San José Malacatepec o cabecera de Indígenas Municipio de Villa de Allende, Estado de México, ello en alcance a la sentencia dictada en el juicio agrario número 502/2001, con fecha de doce de septiembre de dos mil cinco, dictada por ese Tribunal Unitario Agrario, acuerdo que señala lo siguiente; "agréguense a sus autos el escrito de cuenta, al respecto en atención a su contenido del estado procesal que guardan los presentes autos, no ha lugar a tener por presentado el incidente de pago de bienes y construcciones distintos a las tierras, dentro del juicio agrario en que se actua, por no existir sustento legal alguno para ello; por tanto, se deberá a estar a la sentencia dictada en autos, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Agraria, este Tribunal debe ejecutarla en sus términos", acuerdo que por si mismo, carece de fundamento al no contener mayor disposición legal que lo sustente y que si en cambio, deja en estado de indefensión a la suscrita., actuación que en modo alguno es la última dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, y con las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, la referida determinación dictada en la etapa de ejecución de lo sentenciado, y que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no le reviste la característica de ser la última actuación dentro de ese procedimiento, pues se encuentra dentro de la fase de cumplimiento forzoso de la sentencia, relacionado precisamente con obtener su cumplimiento; por ende, tal determinación no puede ser estudiada a través del amparo biinstancial, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria de esa etapa ejecutiva, momento en el cual válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Corolario a lo expuesto, la razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de amparo contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que en relación con los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procede únicamente contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, momento en el cual se pueden reclamar, en la misma demanda, las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, lo cual tiene su razón de ser en el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Sobre el particular se cita, la tesis I.8o.C.21 K, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." En la parte conducente, la tesis publicada en la página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Y, la diversa Jurisprudencia IX.1o.J.11, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, visible en la página 85, que al tenor literal establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada se la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe que con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." También sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 publicada en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, la jurisprudencia I.9o.T.J/34, publicada en la página 668, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, con número de registro 194820, de rubro y texto. "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. De conformidad con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no es la última dictada en ejecución del laudo ni está encaminada a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Marta Egla Aguilar Hophman, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito nueve. Como la certificación de cuenta evidencia que Juvenal Olivares Baltazar, no se encuentra, registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Por otra parte, en conformidad con en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Con sustento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
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