Marta Cárdenas Uribe

Expediente 791/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
791/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Marta Cárdenas Uribe

Actuaciones

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO CON ANEXO. Jueza Único Menor Mixto con residencia en Doctor Mora, Guanajuato, remite diligenciado el despacho enviado por este juzgado a efecto de notificar a la quejosa *** el proveído de dos de diciembre de dos mil veinte. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En tales condiciones, se declara que el proveído de dos de diciembre de dos mil veinte ha causado estado, previas las anotaciones correspondientes, se ordena el archivo de este expediente. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. se estima que este expediente es susceptible de destrucción. AUTORIZACIÓN A ACTUARIO. a efecto de que elabore y firme el oficio respectivo. dos de diciembre de dos mil veinte

  2. Principal

    SE ORDENA REEXPEDICIÓN DE DESPACHO. Ahora bien, puesto que aún no se cuenta con las constancias relativas a dicha comunicación, se ordena reexpedir el despacho *** al Juez Único Menor Mixto, con sede en Doctor Mora, Guanajuato, a efecto de que notifique a la quejosa el proveído de dos de diciembre de dos mil veinte. FIRMA ELECTRÓNICA. se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE PIEZA. Vista la pieza postal del despacho 199/2020 (387/2020), dirigido al Juez Único Menor Mixto, con sede en Doctor Mora, Guanajuato, en cuyo reverso se desprende una leyenda que dice "CAMBIO DE DOMICILIO 23/DIC/2020". REEXPEDICIÓN DE DESPACHO. Se ordena agregar a los autos el sobre que contiene el despacho aludido para que obre como corresponda, y con fundamento en el numeral 27, fracción II de la ley de la materia, se ordena reexpedir la comunicación de referencia al domicilio respectivo, para los efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA. Notifíquese.-

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO. Vista la demanda de amparo, promovida por *****, contra actos del Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad Penal, con sede en San José Iturbide, Guanajuato y otras autoridades responsables. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 791/2020. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que no contiene firma electrónica de la promovente. En tal sentido, las personas dentro de los procedimientos, expresan por escrito su voluntad a través de la firma; formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego, pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. En el caso, la demanda fue presentada electrónicamente en el módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, no se encuentra firmada electrónicamente por la promovente Marta Cárdenas Uribe, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que, si ésta no se encuentra suscrita por el peticionario del amparo, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad, por tanto la demanda resulta improcedente, deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta y a los anexos por haber sido presentados sin firma electrónica (evidencia criptográfica). En efecto, se reitera, las promociones que carecen de firma electrónica, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, este Juzgado Federal se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda; además, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALORACIÓN DE LAS. DLas copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido ordenamiento adjetivo. En consecuencia para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma codificación legal y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas". En ese orden de ideas, ante la falta de firma electrónica no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Igualmente, es de precisarse que no se está en presencia del caso de excepción de la obligatoriedad de contar con un registro de usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marta Cárdenas Uribe, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado de la ocursante a *****, puesto que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA. Se ordena girar atento despacho al Juez Único Menor Mixto, con sede en Doctor Mora, Guanajuato, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, por conducto de quien corresponda, notifique el presente acuerdo a la quejosa *****, en el domicilio ubicado en calle ***** de la localidad, *****, código postal ****, de dicho municipio. REQUERIMIENTO DE DOMICILIO A LA QUEJOSA. En la inteligencia de que, deberá requerir a la quejosa para que, en el acto de la diligencia o bien dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, designe domicilio para oír notificaciones en esta ciudad, y la aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal federal. AUTORIZACIÓN AL JUEZ DESPACHADO PARA EFECTO DE QUE HABILITE DÍAS Y HORAS PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN. SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE. Se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL TRÁMITE DEL ASUNTO "EN LÍNEA". Notifíquese, de manera personal a la quejosa mediante despacho. Despacho No. 199/2020 (387/2020) Juez Único Menor Mixto, con sede en Doctor Mora, Guanajuato. En el juicio de amparo 791/2020, promovido por Marta Cárdenas Uribe, se dictó el siguiente auto: "Guanajuato, Guanajuato, a dos de diciembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Vista la demanda de amparo recibida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por Marta Cárdenas Uribe, contra actos del Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad Penal, con sede en San José Iturbide, Guanajuato y otras autoridades responsables, los cuales considera violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 791/2020. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que no contiene firma electrónica de la promovente. Así, el dispositivo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Así, resulta procedente analizar las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61, de la ley de la materia, en relación con la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página noventa y cinco, Tomo VII, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado, salvo en excepción de que se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. En ese sentido, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas anteriormente mencionadas. En tal sentido, las personas dentro de los procedimientos, expresan por escrito su voluntad a través de la firma; formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego, pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Así, es de precisarse que el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. En ese sentido, el artículo 3 de la Ley de Amparo, indica que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se estima como un aspecto relevante precisamente para brindar mayor certeza a los justiciables y permita el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que, si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; entonces sucede lo mismo respecto a la firma electrónica que produce ese efecto. En el caso, la demanda fue presentada electrónicamente en el módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, no se encuentra firmada electrónicamente por la promovente Marta Cárdenas Uribe, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que, si ésta no se encuentra suscrita por el peticionario del amparo, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad, por tanto la demanda resulta improcedente, deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. En ese contexto, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta y a los anexos por haber sido presentados sin firma electrónica (evidencia criptográfica). En efecto, se reitera, las promociones que carecen de firma electrónica, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, este Juzgado Federal se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda; además, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia Común, registro 2019715, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno del Tribunal, materia común, Décima Época, publicada el once de enero de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2018943, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/354 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 86-1, Febrero de 1995, página 46, Materia Común, Octava Época, con registro 208988, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALORACIÓN DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido ordenamiento adjetivo. En consecuencia para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma codificación legal y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas". De igual forma, es aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, página 494, Materia Civil, Octava Época, con registro 219413, que dice: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente". En ese orden de ideas, ante la falta de firma electrónica no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, página 314, Materia Común, Octava Época, con registro 218141, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una 'irregularidad' de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". Cobra aplicación también, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, página 315, Materia Común, Octava Época, con registro 218142, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, página 508, Materia Común, Octava Época, con registro 225017, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Igualmente, es de precisarse que no se está en presencia del caso de excepción de la obligatoriedad de contar con un registro de usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, según lo establecido en el Acuerdo General ya señalado, en específico en los numerales 65 y 69, que a la letra dicen: "Artículo 65. El registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que el usuario se registre en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación." "DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Artículo 69. El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello bastará que se ingrese el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionar a través de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional; de igual manera, deberá ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, podrá utilizar el formato preexistente o el texto en blanco que se encontrarán a su disposición, capturar un código de seguridad y enviar su escrito de demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo electrónica los archivos que contengan documentos anexos." Supuestos que en el presente caso no se surten para que opere dicha excepción, toda vez que de la demanda en comento se desprende que la promovente destaca como acto reclamado la orden restrictiva de la libertad atribuida a juzgadores de control y su ejecución. En efecto, las ordenes privativas de libertad no ejecutadas y atribuidas a juzgadores de control, necesariamente deben emitirse dentro de procedimiento, por lo que no se surte el supuesto en el que se deba dar trámite a la demanda de amparo promovida por vía electrónica sin firma electrónica, es decir, no se trata de actos previsto en el artículo 15 de la ley de la materia, a saber, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). En esas condiciones, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marta Cárdenas Uribe, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZADO. En términos de la primer parte del segundo párrafo del ordinal 12 de la ley de la materia, se tiene como autorizado de la ocursante a Gilberto Sandino Paredes Calderón, puesto que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA. Con apoyo en lo establecido por los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27, fracción ll de la Ley de Amparo, se ordena girar atento despacho al Juez Único Menor Mixto, con sede en Doctor Mora, Guanajuato, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, por conducto de quien corresponda, notifique el presente acuerdo a la quejosa Marta Cárdenas Uribe, en el domicilio ubicado en calle Luis Pasteur sin número de la localidad, Loma de Buena Vista, código postal 37960, de dicho municipio. REQUERIMIENTO DE DOMICILIO A LA QUEJOSA. En la inteligencia de que, deberá requerir a la quejosa para que, en el acto de la diligencia o bien dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, designe domicilio para oír notificaciones en esta ciudad, y la aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, conforme lo señalado por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; ello sin necesidad de previo acuerdo. AUTORIZACIÓN AL JUEZ DESPACHADO PARA EFECTO DE QUE HABILITE DÍAS Y HORAS PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN. Se autoriza al Juez despachado, para efecto de que habilite días y horas inhábiles para la práctica de la notificación que se encomienda, e incluso para que si el actuario se entera de un diverso domicilio en el cual pueda ser notificada la quejosa, se constituya en dicho lugar y lleve a cabo la diligencia de mérito, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de los medios electrónicos en términos de lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto tiene aplicación la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, foja 1830, Tomo II, abril de 2015, Décima Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 2008986, que dice: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL TRÁMITE DEL ASUNTO "EN LÍNEA". En atención a la contingencia se exhorta a las partes a que de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea", en uso de la firma electrónica conocida como "FIREL"(Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial) o "e.firma" (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL). Lo anterior, en atención a las directrices trazadas en el artículo 2° del Acuerdo General 8/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, debido a que tales pautas agilizarán la tramitación de este asunto y en beneficio de la parte quejosa, numeral que señala: "Artículo 2. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". En caso de que un asunto calificado como urgente sea promovido físicamente, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho, exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, en razón de la circular SECNO/7/2020 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en la respuesta dada a la pregunta 7, este acuerdo se firma de manera electrónica; por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa. Notifíquese, de manera personal a la quejosa mediante despacho. Así lo acordó y firma el Juez José Alfredo Sánchez García, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, asistido de la Secretaria Maribel Ávila Ríos, que firma y da fe..". Rúbricas. Lo que transcribo a usted para su conocimiento y en vía de atento despacho, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este tribunal federal, se sirva diligenciar en sus términos lo ordenado en el auto inserto. A t e n t a m e n t e. El Juez Segundo de Distrito. José Alfredo Sánchez García La Secretaria del Juzgado Maribel Ávila Ríos

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