Marta Arredondo Renteria

Expediente 561/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
561/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Marta Arredondo Renteria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    ...CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de las autoridades responsables, en razón de que así lo manifestaron al rendir su informe previo. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados; ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público (MATERIA PARA LA SUSPENSIÓN). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la quejosa solicita que se conceda la medida cautelar, medularmente, para que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y no se causen daños y perjuicios con la designación ilegal de tutriz del interdicto. Sobre esa base, se considera que el acto en estudio (falta de emplazamiento) no resulta ser paralizable en los términos solicitados, pues esa circunstancia implicaría que se den efectos similares a la revocación del acto impugnado, tales como ordenar que la responsable llame al juicio de origen a la aquí quejosa. En efecto, resulta claro que con la medida cautelar no se pretende la conservación de algún derecho que dicha inconforme hubiera tenido constituido previo a la presentación de la demanda, sino lo que se pretende es que se devuelva al quejoso en el goce de la garantía que considera transgredida y que se constituya un derecho, esto es, que se ordene su llamamiento a juicio, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Situación que no corresponde a los fines suspensivos de la medida cautelar, pues se reitera que tales efectos implican la constitución de un derecho, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal, dado que la naturaleza del juicio de amparo es restitutoria; por tanto, los efectos de los que se ocupa cuando se concede el amparo es volver las cosas al estado que se encontraban y, en su caso, otorgar el derecho de audiencia que solicitó ante la responsable; lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, que establece que el otorgamiento de la suspensión en ningún caso podrá tener como efecto constituir derechos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda. Como se ve, de concederse la medida definitiva que se solicita para los efectos señalados, se estaría restituyendo a la quejosa en el goce de la garantía que estima violada; lo que podría implicar resolver en el incidente la materia de fondo del asunto y vaciar de contenido y efectos la sentencia de amparo, quedando implícitamente sin materia una eventual concesión. Así, se concluye que los efectos solicitados corresponden a la materia de análisis del fondo del juicio principal del que deriva la presente incidencia, por lo que, de conceder la suspensión se darían efectos constitutivos que son propios del juicio de amparo, pues podría implicar que se den efectos similares a la revocación del acto impugnado. Por tanto, en el caso en especificó, no es posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho que aduce como violentado, mientras se dicta la sentencia definitiva en el juicio principal del que deriva el presente incidente, esto, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, respecto a la manifestación de la quejosa en el sentido de que se conceda la medida cautelar respecto a la designación ilegal de tutriz del interdicto, no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Sobre esa base, por lo que hace a los fines que pretende la parte quejosa con la medida cautelar, esto es, para que se suspenda la designación de tutriz del interdicto, no se encuentra satisfecho el requisito en estudio. Se afirma lo anterior, pues es de interés social que el cuidado de la persona declarada interdicta y la administración de sus bienes quede bajo el encargo de su tutor. En efecto, de otorgar la suspensión en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público y el interés social, en detrimento al numeral 128, fracción II y 129 fracción VIII , ambos de la Ley de Amparo, pues la colectividad está interesada en que se sigan las normas que establezcan las medidas de protección de la persona declarada interdicta y de sus bienes, a fin de que no quede bajo el cuidado y administración de quienes no hayan sido declarados como tutores por mandato judicial. De considerar lo contrario, implicaría impedir al tutor que pueda llevar a cabo el cuidado del interdicto, en detrimento de la protección de sus bienes y derechos; lo que evidentemente, trastocaría el orden público e interés social. Así, dado el interés social que subyace en ello, la substanciación de un procedimiento judicial en que se diluciden circunstancias sobre la procedencia de la remoción del cargo de tutor, no puede considerarse, por si misma, como generador de afectación al interés jurídico de la quejosa, pues en el caso, no se advierte que su derecho particular sea oponible al interés general que tiene la colectividad en que se observe el cumplimiento de las resoluciones o sentencias que se emitan para la protección y conservación de la persona declarada interdicta, así como de sus bienes y derechos, como en el caso acontece. En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 144 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *********, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones aludidas en el considerando quinto de la presente interlocutoria.

  2. Principal

    ...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Civil de Partido y Jefa de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes, ambos con sede en Valle de Santiago, Guanajuato (fojas 70 y 29), pues al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado . Además, su existencia se corrobora con las constancias que acompañó el referido Juez responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copias certificadas del juicio **********; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se analizará la litis constitucional, debido a que se advierte la existencia de una causa de improcedencia. En efecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo 61 de la Ley de Amparo y fracción indicada; los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, o bien, que se advierta de algún medio de convicción ofrecido en juicio, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado la demanda que dio origen a éste después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se corrobora de las constancias que acompañó el juez responsable en apoyo a su informe de ley, las cuales consisten en copias certificadas del juicio **********; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, acorde a lo establecido en el considerando anterior. Así es, pues la quejosa acude a esta instancia constitucional con el carácter de tercera extraña, doliéndose de la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio **********, sobre declaración de estado de interdicción de **********, del índice del Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato. Luego, en la demanda de amparo, la quejosa manifestó que se dio cuenta del acto reclamado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, cuando el comisariado ejidal de la comunidad de **********, le informó de manera verbal que ********** se ostentó como tutora o tutriz definitiva del interdicto ********** (foja 4 de autos). Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- ********** promovió el sumario sobre la declaración del estado de interdicción de ********** (fojas 1 a 7, cuaderno de pruebas I). 2.- El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se notificó a la quejosa **********, el auto de veinticuatro de ese mes y año, donde le hacían de su conocimiento la tramitación del juicio (foja 77, cuaderno de pruebas I). 3.- Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho ante el juzgado responsable, la aquí quejosa y otra, interpusieron recurso de apelación contra los autos emitidos el cinco y siete de noviembre de esa anualidad; y en diverso ocurso presentado el veintiocho siguiente, acudió a interponer recurso de denegada apelación (fojas 140 a 145 y 167 a 169, cuaderno de pruebas I). 4.- En escrito presentado el once de diciembre de dos mil dieciocho ante el juzgado responsable, la aquí quejosa y otra, interpusieron recurso de revocación contra la resolución de veintisiete de noviembre del mismo año (fojas 201 a 204, cuaderno de pruebas I). 5.- A través del ocurso presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, la quejosa, acudió a desahogar una vista otorgada por el juez de origen en acuerdo de catorce de ese mes y año; y en diverso escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecinueve, la ahora inconforme, acudió a solicitar, en esencia, se regresara al presunto interdicto a su lugar de origen y nacimiento (fojas 280 a 282 y 292 a 293, cuaderno de pruebas II). Ahora, como se dijo, la quejosa asevera que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de agosto de dos mil veinte. Sin embargo, es evidente que dicha aseveración queda desvirtuada con las constancias exhibidas por el juez responsable, antes relatadas, pues se encuentra acreditado que la quejosa tenía conocimiento del juicio del que emana el acto reclamado, desde al menos el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, cuando interpuso en el juicio **********, recurso de apelación contra los autos emitidos el cinco y siete de noviembre de esa anualidad. Lo anterior, si bien, se aprecia que el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se le hizo del conocimiento el juicio de origen, lo cierto es que, hasta la data indicada en el párrafo anterior, acudió al respectivo sumario. Así, es claro que el juicio de amparo se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues de las actuaciones apenas relatadas se demuestra que tuvo conocimiento del juicio del que emana el acto reclamado, al menos, desde el veinte de noviembre de dos mil dieciocho; momento a partir del cual pudo acudir a reclamar el acto de que se duele; por tanto, la citada fecha se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veintiuno de noviembre al once de diciembre de dos mil dieciocho, sin incluirse los días veinticuatro y veinticinco de noviembre, uno, dos, ocho y nueve de diciembre, todos de dos mil dieciocho, por ser sábados y domingos, inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, es evidente que la parte quejosa consintió el acto reclamado, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de septiembre de dos mil veinte), transcurrió evidentemente el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan promover el juicio de amparo. Robustece lo anterior, por las consideraciones que contiene, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Contradicción de tesis 57/2008-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de junio de 2010. Mayoría de siete votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Encargada del engrose: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 115/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil diez. En mérito de lo anterior, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de septiembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad (foja 3 de autos), resulta claro que el presente juicio de amparo, como se dijo, se encuentra fuera del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que ese acto debe considerarse consentido tácitamente. En consecuencia, queda actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia referida, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por otro lado, no se desconoce que mediante escrito presentado ante este Juzgado el once de noviembre del año en curso, la tercera interesada ********** haya formulado alegatos (fojas 78 a 79 de autos); sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo.

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Civil de Partido con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 764/2020 (1037/2020) del índice de este juzgado, que se envió a fin de emplazar a los terceros interesados ********** y **********; lo que aconteció el nueve y doce de noviembre del presente año, respectivamente. Esta última notificación la que se constató a través de la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, relativa al citado órgano jurisdiccional, correspondiente al doce de noviembre del año en curso, de la que se apreció el emplazamiento por lista efectuado al tercero interesado indicado en segundo término. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente la referida comunicación. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a José Manuel Arredondo Rentería, en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que realizara manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, por lo que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán mediante lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm? pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. Finalmente, por lo que hace a la diversa tercera interesada María Guadalupe Arredondo Rentería (nombre completo y correcto de la tercera interesada), en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se le tuvo por apersonándose al juicio de amparo en que se actúa, señalando domicilio y realizando manifestaciones a manera de alegatos; por lo que, resulta innecesario emitir diverso pronunciamiento respecto a ésta.

  4. Principal

    ...Téngase por recibido el escrito signado por la tercera interesada *** nombre correcto y completo de dicha parte, pues se señaló como *** atento a su contenido, se le tiene por apersonada al presente sumario constitucional con dicho carácter. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. Luego, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como sus autorizados, en términos restringidos de dicho numeral a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene realizando manifestaciones a manera de alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia de ley, y en su caso, considerados en el momento de emitir la resolución correspondiente. Finalmente, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno y sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) del nombre correcto de la citada tercera interesada...

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