Marta Alviso Orta
Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Marta Alviso Orta
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Marta Alviso Orta, contra actos de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, hoy denominada Instituto Nacional del Suelo Sustentable y de otra autoridad, con copias y anexo que se acompañan. Vista la demanda de que se trata, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama: ?La omisión de regularizar y expedir escritura pública respecto del predio rústico identificado como lote 33 de la manzana 5, ubicado en el poblado Arroyos, San Luis Potosí, San Luis Potosí, que adquirió la quejosa por contrato de cesión de derechos de posesión y litigiosos celebrado con Eleazar Maya Aguilar, así como su inscripción en el Instituto Catastral y Registral del Estado. En concepto de esta juzgadora, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución. Ahora bien, para resolver si los actos que se reclaman en este asunto, son o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fueron emitidos o no en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto u omisión sobre la esfera jurídica del usuario. Sobre esa premisa, resulta que la decisión de no cumplir con un hacer (la escrituración de un inmueble), pactado en la asamblea celebrada el doce de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que se aprobó por unanimidad que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, llevaría a cabo la regularización de los lotes de terreno que tienen los posesionarios del poblado de mérito, así como la falta de respuesta, se advierte que sin duda alguna están inmersos en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la quejosa, que el incumplimiento de la regularización de que se trata, es violatorio de algún derecho de alguna de las contratantes, ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez de amparo. En tales condiciones, resulta claro que la omisión de cumplir con la regularización que se reclama de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy llamada Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, no tiene el carácter de acto u omisión de autoridad para efectos del amparo, al derivar de una relación de coordinación entre aquélla y la parte quejosa (que en todo caso daría origen a un incumplimiento de lo contratado y eventualmente responsabilidad civil). Por lo cual el juicio constitucional no es procedente en su contra, en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, Constitucional; y, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, respecto de la omisión reclamada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo anterior es acorde con los criterios reiterados que han sustentado el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al estimar que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable) no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se reclama la omisión de dar trámite a la escrituración de un predio y que dicha circunstancia puede examinarse desde el auto inicial por constituir una causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que refiere, por no haber proporcionado los datos relativos a que encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través de los usuarios que se proporcionan. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Marissa Lorena Silva Ontiveros492/2018
- Marlen Tomas Ramirez725/2019
- Marlene Noriega Flores1063/2018
- Marlene Saavedra Martinez589/2023
- MARLETH DEL MAR MORALES GARCIA y Otros.846/2017
- Marlin del Carmen Salgado Jiron1088/2019
- Marta del Carmen Pérez Góngora330/2020
- Marta Elvia Campos Jaramillo294/2021
- Martha Alicia Arriaga Silva949/2018
- Martha Alicia Arriaga Silva967/2018
- Martha Alicia Mani Zapata408/2023
- Martha Alicia Rodriguez Lozano816/2019