Marly del Carmen Cortes Gómez

Expediente 920/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
920/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Marly del Carmen Cortes Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio de cuenta, signado por el secretario de acuerdos de juzgado en funciones de Juez Primero Especializado en Materia Burocrática, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado y exhibe constancias. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos la comunicación y anexo de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable oficiante, en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Con fundamento en los numerales 119 y 123, de la ley de la materia, se admite la prueba documental adjunta, consistente en copia certificada del laudo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 457/2020 (antes 336/C/2018), la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, la cual será valorada en su oportunidad. En ese tenor, se cuenta con los medios de prueba suficientes para resolver el presente asunto. Así, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral número 457/2020, antes 336/C/2018, se estima que este juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en él, por actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo que se acreditará a continuación. En esas condiciones, de la interpretación a los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo: obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Luego, se tiene que, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) Un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de los derechos humanos; negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, en el proceso constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho constitucional violado; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, del rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 457/2020, antes 336/C/2018. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a las que conforme con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; se obtiene que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictó el laudo correspondiente, como se corrobora con la documental atinente. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de dictar el laudo de mérito. Empero, lo anterior fue subsanado con la actuación de la autoridad jurisdiccional burocrática señalada como responsable, es decir, con la resolución definitiva (laudo) de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Así, el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violados. Sustento lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del más alto tribunal, visible a foja 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 193758: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital número 196820, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable, Juez Primero Especializado en Materia Burocrática, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional en este sumario, que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA; Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil veintiuno. REGISTRO Vista; la demanda de amparo indirecto promovida por Marly del Carmen Cortes Gómez, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 920/2021-IX y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y se admite a trámite la demanda de cuenta. AUTORIDAD RESPONSABLE En acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido por los artículos 146, fracción I y 157 de la Ley de Amparo, en la especie, el quejoso señala con tal carácter a la siguiente autoridad: Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. ACTO RECLAMADO. De la demanda de cuenta se advierte lo siguiente: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 457/2020, antes 336/C/2018. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado por la quejosa en su escrito inicial de la demanda. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, dese la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el numeral 115, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá en la sentencia respectiva multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. IX. PREVENCIONES. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que su denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de la autoridad responsable. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les exhorta transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. X. TERCERO INTERESADO. Se tiene con tal carácter al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con copia simple del escrito de la demanda de cuenta y de este auto, por oficio y por conducto del actuario adscrito, emplácesele a este sumario. XI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en 4ª Calle Poniente Norte, 775, en Tuxtla Gutiérrez. Se tienen como autorizados a Jorge Solís Chanona y Juventina Durante Meza, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral donde la quejosa, en su calidad de trabajadora, es la parte actora; además de así haberlo solicitado. XII. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicará por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XIII. PRUEBAS. Del escrito de la demanda de cuenta no se advierte medio de prueba ofertado ni exhibido por la accionante de los derechos fundamentales. XIV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Conforme con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. XV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

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