Marlon Rodrigo Gonzalez Luna y Otros.
Expediente 2564/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2564/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marlon Rodrigo Gonzalez Luna y Otros.
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vistas las copias de la demanda de amparo; como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el expediente principal, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2000/2022-V, promovido por Flavio Bastian Espinoza y Lucia Vázquez Santiago, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; en consecuencia, con apoyo en lo establecido por los artículos 138 fracción III, del citado ordenamiento legal, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda. Se señalan las NUEVE HORAS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo anterior, sin perjuicio de presumir ciertos los actos reclamados, únicamente para los efectos del presente incidente. Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá efectos legales desde la emisión de esta medida y se considerará desacato en caso de incumplimiento a esta determinación, a partir de que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Por otro lado, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la desposesión física y jurídica del bien inmueble que refiere es de su propiedad. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 151 de la Ley de Amparo, y toda vez que se reúnen los requisitos que se señalan en el primer numeral citado, pues como lo solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de ejecutarse los actos reclamados se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que no se ejecuten actos tendentes a la desposesión del bien inmueble, materia de la litis en el referido juicio, así como tampoco se aplique ninguna medida de apremio al quejoso, que tenga como finalidad la entrega de dicho bien; suspensión que surte sus efectos desde este momento, y hasta en tanto las responsables reciban la notificación de lo que se determine en la resolución interlocutoria que resuelva el presente incidente de suspensión. Lo anterior, al satisfacerse los requisitos a que se contrae el citado artículo 128 de la ley de la materia, a saber: pues existe petición de la parte agraviada y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público, toda vez que el acto que se reclama, en su caso, sólo se afecta derechos personales de la parte quejosa; además, no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además que, de negarse y ejecutarse el acto reclamado, se causarían a la parte quejosa, perjuicios de difícil reparación, toda vez que al ejecutarse el acto reclamado, provocaría violaciones en su esfera jurídica personal, que posteriormente, de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada. Lo anterior, sin perjuicio de que al momento de resolver la suspensión definitiva se cuente con mayores datos y en su caso, se pueda determinar en un sentido distinto. Siendo importante destacar que el sentido de la presente determinación tiene sustento en las afirmaciones que bajo protesta de decir verdad ha efectuado la parte quejosa en su demanda de amparo, esto es, se desprende que es parte material en el juicio natural (demandada), por ser el único medio probatorio al que se tiene acceso en este momento procesal y sin que esto comprometa el criterio jurídico de este Juzgador en cuanto a la suspensión definitiva, que se determinará contando con mayores datos de prueba. Se hace del conocimiento tanto de la parte quejosa, como de las autoridades responsables, que la presente suspensión no surtirá ningún efecto si los actos ya fueron consumados o son diferentes al que por esta vía se reclama. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no exhibe a disposición de este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, garantía por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el tercero interesado, en caso de que la quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio principal, lo que deberá exhibir en cualquiera de las formas establecidas en la ley, cantidad que se fija de forma discrecional de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda de amparo, no se advierte cantidad alguna que sirva como base. Es aplicable al tema precedente, la tesis III.3o.C.J/3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." Así como la diversa tesis II.2o.C.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto." A fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, como lo solicita, expídase por duplicado copia certificada de esta determinación a la parte quejosa, recabándose la razón de recibo correspondiente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes
- Marlon Enrique Reyes Benitez2125/2022
- Marlon Ernesto Monterosa1254/2022
- Marlon Guidel Paiz1271/2021
- Marlon Joel Martel Bautista y Otros.1606/2022
- Marlon Nectali Isem De León1895/2022
- Marlon Raul Gonzalez1204/2022
- Marlyn Janitza Diaz Aguilar3171/2022
- Marlyn Nineth Tally Juarez3441/2022
- Marsin Janeth Flores De Ramírez1320/2022
- Marta Gloria Serrano Vásquez114/2023
- Marta Leticia Ixcaquic Gracia1290/2021
- Marta Lidia Gómez Machdo2324/2022