Marlon Giovanni Flores Olvera
Expediente 1899/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1899/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/12/2016
Partes del expediente
- Marlon Giovanni Flores Olvera
Actuaciones
- Principal
II. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que mediante proveído de uno de los cursantes, se ordenó reenviar el oficio dirigido a la autoridad responsable denominada por la parte quejosa como Titular del Sistema Penitenciario Federal, para el efecto de que este en aptitud de rendir su informe justificado en la presente instancia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior y evitar alguna violación intraprocesal en relación con las reglas esenciales que norman el procedimiento, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del veinte de enero de dos mil diecisiete, para su verificativo.
- Principal
I.-Se tiene por recibido el oficio recibido vía correo electrónico, signado por el Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia de la Procuradora General de la República, mediante el cual informa que después de realizar una búsqueda en su respectiva área, no se localizó antecedente o dato alguno del quejoso. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, téngase por cumplido el requerimiento de que se trata y se deja sin efectos el apercibimiento con el que fue conminada la autoridad de referencia. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que este Juzgado Federal se reservó acordar lo conducente respecto del oficio sin número signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, hasta en tanto se contara con el informe de cuenta, ocurrido lo anterior se provee: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio sin numeró signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el cual solicita se tenga por no presentada la demanda que dio origen al presente sumario dada la imposibilidad de obtener dato objetivo y cierto que identifique a la persona y domicilio del quejoso, máxime que en la institución a la que pertenece no existe denuncia por el delito de desaparición forzada en la persona del quejoso. En primer lugar cabe precisar que en observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmado por México el seis de febrero de dos mil siete y ratificado el dieciocho de marzo de dos mil ocho) y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (firmado por México el cuatro de mayo de dos mil uno y ratificada el veintiocho de febrero de dos mil dos), que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también rigen el orden jurídico de nuestro país conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano de control constitucional, oficiosamente ordenó tanto a las autoridades señaladas como responsables como a diversas practicaran las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del quejoso y les requirió toda la información para ello, de igual forma se solicitó a diversas dependencias, las cuales tienen cuentan con facultades para tener en su poder los domicilios de los gobernados, proporcionaran datos sobre el lugar en que se pudiera localizar tanto al quejoso como los promoventes, tal como se advierte de las actuaciones que integran el presente sumario, obteniendo un resultado negativo, pues dichas responsables adujeron: 1. No tener privado de la libertad al quejoso. 2. No contar con facultades para retener o privar de la libertad a persona alguna. 3. Que en su base de datos no contaban con domicilio de las personas. También cabe precisar que algunas autoridades si proporcionaron datos del lugar en que se podía encontrar tanto al promovente como al quejoso, pero al acudir a los mismos se obtuvo como respuesta el que no se conocía a los buscados. Lo anterior evidencia como ya se dijo que este juzgador efectuó todas las diligencias necesarias a fin de dar con el paradero del quejoso. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, la citada Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido; en este contexto, el derecho a conocer la verdad en casos de desaparición forzada de personas, implica el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos; el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento. Bajo lo cual, los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses; dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. Para lo cual, el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la víctima u ofendido de un delito, tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Así, el requisito de la ratificación de la demanda en estos casos no es una formalidad que impida ejercer el derecho humano a la verdad, pues se insiste los familiares o personas que resientan perjuicio con los actos precisados en el ocurso derechos humanos tienen expedito su derecho para realizar las denuncias correspondientes. En ese orden, en el caso no obstante la investigación emprendida por este juzgador no se logró localizar a los quejosos, a las personas que promovieron a su favor ni se tiene dato alguno de familiar que pudiera dar noticia del promovente, además de que, según informe de la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no existe denuncia en cuanto a los hechos materia del presente juicio de amparo. De lo anterior, se concluye que en el caso no se actualiza la figura desaparición forzada, pues como ya se expuso no existe dato de la existencia del quejoso, del promovente ni de algún familiar, pues lo lógico es que, ante los hechos que se precisaron en la demanda, los familiares del quejoso estuvieran al pendiente de la misma o en su defecto hubiesen realizado la denuncia respectiva y hasta la fecha de la emisión de la presente determinación ninguna persona ha comparecido para aportar datos ni para preguntar por el trámite del presente sumario. En ese orden, se estima que en el caso no se está en la hipótesis establecida en los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es suspender el procedimiento y esperar a que transcurra un año para tener por no interpuesta la demanda, pues como ya se precisó no existe dato real que conduzca a evidenciar que en la especie se trata de una desaparición forzada. En razón de lo anterior, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo.
- Principal
I.-Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo 1334/2015-I, copia certificada de la causa penal 4/2013 en cuatro tomos, así como copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el uno de los actuales, en el amparo en revisión 203/2016, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Reyes Ortiz Nava, contra la reclamada determinación de la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, en los términos y efecto precisado en la parte final del último apartado considerativo de esta ejecutoria." Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo al tribunal revisor, glósense al expediente las actuaciones originales que obran en el cuadernillo de antecedentes y procédase a la destrucción de las copias del mismo. Ahora bien, el efecto de la ejecutoria de amparo es para que la juez responsable invalide su reclamada determinación de tres de agosto de dos mil quince, pronunciada en la causa 4/2013 instruida al aquí quejoso Reyes Ortiz Nava, enseguida, dicte otra donde admita tal incidencia y se pronuncie en torno a su trámite y resolución; en el entendido de que habrá de atender las premisas atinentes a que actualmente se distingue el sistema procesal penal tradicional y el actual de corte acusatorio y oral, en el primero puede afirmarse que la prisión preventiva era la regla y en el diverso apuntado es la excepción, pues ahora lo que se privilegia es la libertad de la persona imputada, siempre y cuando la naturaleza y aspectos diversos vinculados a la comisión del hecho presuntamente delictivo lo permita; esto es, en el proceso penal tradicional la reclusión preventiva del inculpado está determinada por la naturaleza grave del delito de que se trate, de manera que si el ilícito atribuido no está considerado como grave el encausado estará en condiciones de acceder a su libertad, claro está, siempre y cuando ello sea legalmente factible; en tanto que, en el actual sistema procesal penal acusatorio y oral, se identifica la prisión preventiva oficiosa que responde a ciertos hechos tipificados como delitos comprendidos en el catálogo inmerso en el artículo 19, párrafo segundo, Constitucional, pero asimismo puede decretarse la reclusión justificada en circunstancias específicas que atienden propiamente a las características y circunstancias de ejecución de la comisión delictual. En ese tenor, córrase traslado a la autoridad responsable constreñida al cumplimiento de la ejecutoria amparante, con copia autorizada de ésta y de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita las constancias que así lo acrediten. Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como segundo y tercero transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le hace saber que las penas a las que se hará acreedora en caso de incumplimiento, serán las previstas en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo e injustificado a la ejecutoria de amparo, no la exime de responsabilidad, como lo prevé el artículo 195 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." Hágase saber a la autoridades constreñidas a acatar la sentencia de amparo, que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se situaría en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y el diverso 192, de la Ley de Amparo, relativos a las responsabilidades en que incurren las autoridades ante la desobediencia cometida al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y que aun cuando dejen el cargo que actualmente ostentan, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuviera al frente de él, de manera que podrán ser consignadas, aunque dejen de ser titulares obligados. Finalmente, devuélvase a la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, las copias certificadas de la causa Penal 4/2013 en cuatro tomos, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
I.ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN PRIMERA, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y haciendo del conocimiento de este órgano de control constitucional que aceptó la competencia declinada. Glose de cuadernillo. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión que derivo del presente sumario. Destino del expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en las hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que únicamente se sobreseyó el juicio. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Destino de los incidentes de suspensión. Por otro lado, el original del incidente de suspensión es depurable, ya que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, por lo que se conservará la demanda, el proveído respectivo y la interlocutoria correspondiente, en atención a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción III, del considerando vigésimo primero del capítulo quinto del referido acuerdo; empero, el duplicado del incidente es destruible conforme a la fracción III, del considerando vigésimo del señalado capítulo quinto, por tanto, una vez que transcurran más de seis meses, procédase a su destrucción. Devolución de billete. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que una vez que fenezca el plazo de seis meses estipulado en el artículo 156 de la Ley de Amparo, cuenta con un plazo de dos años, a fin de acudir al local de este Juzgado de Distrito, a recoger el billete de depósito N318805, que ampara la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió en el incidente de suspensión, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo a favor del Erario Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 36 de la Ley de la Tesorería de la Federación (en el entendido de que ha de ser el propio quejoso quien comparezca con identificación oficial y vigente a recibirlo, previa toma de razón que se levante para debida constancia legal). Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la resolución que sobreseyó el juicio, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Protección de datos. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia, no deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto."
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