Marlon Gallardo Salazar

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Marlon Gallardo Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    IV... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente se considera susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia. Por otra parte, devuélvanse a la responsable, las constancias que acompañó a su informe justificado, sin que sea necesario que acuse recibo de éstas, al no tratarse de actuaciones originales.

  2. Principal

    IV... Naucalpan de Juárez, Estado de México; trece de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, rindiendo su informe justificado; con su contenido y anexos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con sustento en el quinto párrafo, del citado numeral y 119 del mismo ordenamiento jurídico, se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las documentales que se remiten. Dado lo voluminoso de las constancias, fórmense los tomos I al V. Ahora bien, se hace del conocimiento de las partes que una vez que el secretario encargado de la mesa al que corresponde este asunto acuda a este juzgado, se hará el escaneo del acto reclamado y de aquellas constancias que se hayan utilizado para su dictado, quedando a su disposición los referidos tomos para ser consultados íntegramente de forma física (en el entendido que, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra a su disposición el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias). Lo anterior debido a que por su volumen el escaneo se debe realizar con baja resolución pues el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) limita la capacidad de carga y almacenamiento, lo que disminuye la calidad y genera que al visualizarlas en el expediente electrónico estén ilegibles; aunado a que de conformidad con el acuerdo 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, con relación al periodo de vigencia, el personal que acude a este órgano de forma presencial y el horario de permanencia está limitado, lo que no permite realizar las funciones jurisdiccionales de forma habitual. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la parte quejosa en su escrito de demanda, en esencia, reclama: La omisión de la Junta responsable de girar los oficios a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, que le fueron solicitados mediante diligencia de embargo de veinticinco de enero de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, de la interpretación del contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En atención a lo anterior, de las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto el acto reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, es evidente que en este juicio se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, en razón de lo siguiente. a) La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, remitió copia certificada de las constancias del proceso natural, respecto de las cuales se advierte que el veinticinco de abril del año en curso, ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que informara a dicha junta el número de cuentas bancarias e instituciones bancarias que se encuentren registradas a nombre de los demandados Consultores Legales y en Tecnología de la Información, sociedad anónima de capital variable; asimismo obra el acuse del comprobante de envío del oficio 2061/686/2022, con folio JLCAEMEX4TEXCUA/2022/000002 dirigido a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores con fecha de envía nueve de mayo de dos mil veintidós. b) El acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, toda vez que la demanda se presentó el veintiocho de abril de dos mil veintidós y el oficio fue enviado el nueve de mayo siguiente; y, c) El acto reclamado quedó destruido absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, pues al cesar los efectos de la omisión impugnada, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, debe indicarse que la cesación de efectos del acto reclamado se surte en dos hipótesis: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza, como ya se precisó, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se verifica por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Bajo esa óptica, se advierte que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco de girar los oficios a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, que le fueron solicitados mediante diligencia de embargo de veinticinco de enero de dos mil veintidós. Así, de la constancia referida se aprecia que el acto reclamado en el presente asunto cesó en sus efectos, ya que con el comprobante de envío del oficio a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores de nueve de mayo de dos mil veintidós, se restituyó a la quejosa en la garantía que alegó violada; por tanto, durante la secuela del presente juicio desapareció por completo el acto que la solicitante de amparo combatió en esta instancia constitucional; por tanto, los efectos del acto reclamado dejaron de agraviar su esfera jurídica. En esa tesitura, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del uno de junio de dos mil veintidós.

  3. Principal

    IV... Visto el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que se encuentra pendiente el perfeccionamiento del cuestionario al tenor del cual se deberá desahogar la prueba pericial en topografía ofrecida en autos y pruebas señaladas por el tribunal de alzada. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del uno de junio de dos mil veintidós. Por otra parte, visto el estado procesal de autos se advierte que la parte quejosa no ha desahogado la vista concedida en autos; en consecuencia, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso K) de la Ley de Amparo, mediante notificación personal dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días con la imposibilidad material que tiene el Director General de Asuntos Jurídicos en representación de la Dirección del Archivo General Agrario del Registro Agrario Nacional, para remitir el plano donde se advierta la ubicación exacta de la parcela que refiere, así como con las constancias que adjuntó las cuales ofreció como pruebas de su parte, para que manifieste lo que a su derecho legal convenga.

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