Marlon Estuardo Mazariegos Lima
Expediente 1432/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1432/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2018
Partes del expediente
- Marlon Estuardo Mazariegos Lima
- Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los cuales se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por * , contra actos del Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1432/2018-III. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos dictados en procedimientos de remate, que no constituyan la resolución en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se retrasen los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución de remate, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio contra el ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento mencionado; en la especie, la determinación que ordena otorgar la escritura de adjudicación o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. Tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en el proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio * , del índice de la autoridad responsable relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por * , endosatario en procuración de * , en contra de * , mediante el cual requirió a los demandados hicieran entrega del bien inmueble adjudicado a la parte actora, ubicado en * . Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente, pues el acto reclamado no constituye el último acto de ejecución para efecto de la procedencia de este medio de control constitucional, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, y a su vez, no constituye la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de remate, pues aquélla será la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. En síntesis tratándose de procedimientos de remate, el último acto será aquella resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; siendo ese el momento en que pueden controvertirse todas aquellas violaciones procesales que se estimen se suscitaron en tal etapa, para que sean analizadas en el amparo indirecto que en su oportunidad se promueva. En ese orden, debe afirmarse que si el acto reclamado se dictó en la etapa de remate, como en la especie ocurre, evidentemente éste no constituye, de manera alguna, la última resolución en dicha etapa de ejecución de sentencia; lo cual hace improcedente la acción constitucional intentada. De lo expuesto, se insiste, que la resolución que por esta vía se combate no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues resulta evidente que en el caso el acto reclamado fue dictado en esa etapa. Así, cuando se reclama un acto dictado en etapa de remate, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Supuesto normativo que no se actualiza en relación con el acto reclamado en este juicio, en virtud de que la resolución que se reclama, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Además, el acto reclamado no guarda autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de ejecución, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que está vinculado con el procedimiento de ejecución de sentencia cuyo cumplimiento se pretende, que no es ajeno a la cosa juzgada. Aunado a lo anterior, este juzgador advierte que en el caso en concreto también se advierte la siguiente causal de improcedente prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa que regula la ley del acto reclamado. Ahora, aun y cuando del contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, no se advierte la cuantía del asunto; debe decirse que, en este asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, debió hacer valer contra el auto combatido en esta instancia constitucional el recurso de apelación o revocación correspondiente. Luego, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el multicitado auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el auto dictado en el juicio ejecutivo mercantil * del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual requirió a los demandados hicieran entrega del bien inmueble adjudicado a la parte actora, ubicado en * , proceden los medios de impugnación mencionados, por virtud de los cuales pueden ser revocados dichos actos, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Al respecto, el Código de Comercio en sus artículos 1340 y 1341, establece lo siguiente: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $593,712.73 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un graven que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone". Por su parte, el Código de Comercio señala que los autos y decretos que no se encuentren en el supuesto de ser impugnados a través del recurso de apelación, por exclusión serán revocables, medio de defensa que se integra tal y como lo establecen los numerales 1334 y 1335 del cuerpo normativo invocado, los cuales disponen: "ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "ARTÍCULO 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso". Así las cosas, conforme al cuadro normativo señalado, se aprecia que los autos que causen un gravamen irreparable a las partes en un procedimiento mercantil, sólo podrán ser impugnados a través del recurso de apelación, pero dicha regla tiene una condición imperativa que prevé el numeral 1340 del Código de Comercio, la cual consiste en que la apelación no procederá cuando la cuantía del negocio (suerte principal), sea inferior a $ * ( * moneda nacional), suma que cada año se actualizará acorde al contenido del artículo 1339 de la legislación mercantil en cita. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, registro electrónico 163734, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS". Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial 70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 1, tomo I, diciembre de 2013, página 401, registro electrónico 2005047, de contenido siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)". De igual forma, no pasa desapercibido que el acto reclamado pudiera tener una ejecución de imposible reparación, sin embargo, se reitera ello no implica una excepción al principio de definitividad, pues la ley que rige el acto contempla un recurso por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que ahora se reclama; el cual debió agotar la parte quejosa previamente a comparecer a la instancia constitucional. Establecido lo anterior, se reitera, el acto reclamado consiste en el auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil * del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual requirió a los demandados hicieran entrega del bien inmueble adjudicado a la parte actora, ubicado en * . En consecuencia, como de la demanda de amparo se obtiene que el aquí quejoso es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil * ; resulta claro que estaba en facultad de interponer algún recurso, es decir, apelación en asuntos cuya cuantía es mayor a $* ( * moneda nacional), por concepto de suerte principal, o bien, recurso de revocación cuando el monto sea inferior; y, por ende, al no haberlo hecho así, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el multicitado auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil * del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual requirió a los demandados hicieran entrega del bien inmueble adjudicado a la parte actora, ubicado en * , no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el citado auto proceden los medios de impugnación mencionados, por virtud de los cuales puede ser revocado, modificado o confirmado dicho acto. No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en este asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Tampoco pasa desapercibido para este juzgador, que el acto reclamado pudiera ocasionarle algún perjuicio de difícil reparación al quejoso; pues, con independencia de ello, para que proceda el amparo, previamente debe interponerse el medio ordinario de defensa. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro X, tomo 1, página 729, julio de 2012, registro electrónico 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". A mayor abundamiento, debe señalarse que no se deja en estado de indefensión a la quejosa, pues el hecho de que se haya declarado ejecutoriada la sentencia es una declaración meramente informativa, ya que ello, no le impide de manera alguna si lo desea impugnar mediante un medio de defensa constitucional la sentencia que resolvió el recurso de apelación respectivo y solicitar la suspensión del acto reclamado. Es aplicable por identidad de razón y en lo conducente la tesis de jurisprudencia 49/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, octubre de 2014, tomo I, página 35, registro 2007548, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DECLARADAS EJECUTORIADAS, SALVO QUE LA DECLARACIÓN RELATIVA SE REALICE CON POSTERIORIDAD A LA INTERPOSICIÓN OPORTUNA DE AQUÉL O ANTES DE QUE FENEZCA EL PLAZO PARA ELLO". Por consiguiente, y al ser estas unas causales de improcedencia notorias, manifiestas e indudables, las cuales quedaron plenamente demostradas en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a * . HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.
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