Marlon Avalos García
Expediente 1088/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marlon Avalos García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1088/2023-III, promovido por ********************por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre del año en curso en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, se recibió la demanda de amparo presentada por ********************por propio derecho, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que consideró violatorios en su agravio del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Procedimiento. Una vez desahogada la prevención decretada, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se requirió el informe con justificación a la autoridad responsable; se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, que fue emplazado el seis de octubre siguiente; se hizo del conocimiento de las partes que podían oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el quince de noviembre de dos mil veintitrés se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerandos Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en términos del Acuerdo General 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto, promovido en contra de actos derivados de una controversia de arrendamiento, tramitado ante un juzgado civil con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que la parte quejosa reclamó esencialmente lo siguiente: Del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la orden de lanzamiento respecto del inmueble ubicado en ********************, así como todo lo actuado, derivado de la falta de llamamiento al juicio de origen. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable al rendir su informe justificado manifestó que eran ciertos los actos reclamados, cuestión que en la medida de sus actuaciones, se corrobora con las constancias de la controversia de arrendamiento, expediente ********************, con lo que se formó un cuaderno auxiliar y gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de las que se deduce que el quejoso no es parte en el juicio de origen; lo que se tomará en consideración al resolver el presente asunto en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Cuarto. Procedencia. El análisis de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo previsto el precepto 62 de la Ley de Amparo. Al respecto esta juzgadora considera que se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para probar la eficacia jurídica de la propuesta, debe tenerse presente que según dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Ahora es importante determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVII, enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170500, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". Entonces para pedir amparo el quejoso debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio citado se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, lo que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que tal aspecto se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el solicitante de amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En el caso, el quejoso acude a este juicio de amparo en su carácter de tercero extraño al procedimiento de origen y reclama la orden de lanzamiento respecto del inmueble ubicado en ********************, así como todo lo actuado, derivado de la falta de llamamiento al juicio de origen. Inmueble respecto del cual la sentencia definitiva que entre otras cuestiones declaró la rescisión del contrato de arrendamiento y condenó a la entrega del bien arrendado. Al efecto se ostentó como poseedor de dicho bien raíz con motivo del contrato de comodato que exhibió y, sostiene que no se respetó su derecho de audiencia, esto es, a ser oído y vencido. Entonces, es indispensable que el solicitante de amparo acredite la afectación de los derechos en que sustenta su reclamo constitucional. Por tanto, el promovente debe demostrar fehacientemente ser titular de algún derecho sobre el bien materia del procedimiento de origen que pretenden defender, en virtud que la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que esta prerrogativa derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, registro 1002427, del rubro "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS". En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó el desposeimiento de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico, pues sólo así se consideraría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En el caso, el quejoso no cumplió con la carga de exhibir pruebas idóneas para acreditar fehacientemente el derecho a poseer sobre el inmueble ubicado en ********************. Puesto que pretende defender el derecho a poseer dicho inmueble en la presente instancia constitucional; sin demostrarlo pues no ofreció elemento de convicción conducente para ello. Se afirma lo anterior porque ofreció como prueba el contrato de comodato, celebrado aparentemente entre ******************** como comodante y ********************como presunto comodatario, que ostenta fecha de veintidós de enero de dos mil veinte. Probanza a la que no se puede otorgar valor probatorio pleno, en virtud de que es un documento de fecha incierta. Lo anterior, porque si bien el artículo 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone que los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, como en el caso, en la celebración de un acto jurídico que otorga el derecho a poseer un bien, también es cierto que esto es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por el Alto Tribunal. Se afirma lo anterior, porque para otorgar valor probatorio pleno los documentos deben ser de fecha cierta, al efecto es conveniente citar el artículo 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, que analógicamente aporta elementos sobre dicho tema y literalmente dice: "Artículo 2034. La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes: (.) III. Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio". Del precepto citado, se desprende que un documento privado adquiere fecha cierta y con ello eficacia plena, en los siguientes casos: a) Cuando se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) Por la muerte de alguno de los que los que lo firmaron. En ese orden de ideas, la documental ofrecida por el solicitante de amparo carece de fecha cierta anterior a la instauración del juicio de origen, pues la orden de lanzamiento forzoso se emitió el veintidós de agosto de dos mil veintitrés y si bien, el contrato ostenta fecha de veintidós de enero de dos mil veinte, no se advierte que haya sido presentado ante fedatario público, ni hay prueba de su inscripción en un registro público, o bien, que haya muerto alguno de los firmantes, por lo que el documento contractual referido no es apto ni suficiente para demostrar el derecho a poseer que aduce tener sobre el inmueble materia del procedimiento de origen. En ese tenor, el contrato que presenta no es oponible a las partes del juicio de origen al no ser de fecha cierta anterior al inicio del procedimiento de origen, de manera que el quejoso no demostró su interés jurídico en relación con los actos que combate. Tal situación imposibilita determinar con veracidad, sobre el derecho a poseer el bien Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 329, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020978, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." En ese orden de ideas, la sentencia definitiva, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, gozan de valor probatorio pleno, pero no apoyan a la presunción del quejoso, porque solo se acredita que es ajeno a la controversia y no hay probanza que demuestre el derecho que aduce defender. Bajo esa óptica, el quejoso no acreditó el derecho a poseer el inmueble que pretende defender y por ende, su interés jurídico para ocurrir a la presente instancia constitucional a combatir los actos que menciona. Cabe precisar que aun cuando el solicitante de amparo afirmó bajo protesta de decir verdad que tiene la posesión del bien materia del procedimiento natural, ello es insuficiente para justificar su interés jurídico, dado que no aportó prueba fehaciente para demostrar tal circunstancia. Lo señalado, pese a que la narración de antecedentes de los actos reclamados y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, pues dichas manifestaciones no llegan al extremo de demostrar el interés jurídico, en razón de que, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso constituyen presunciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 229, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 207221, de rubro "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". No es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia de los actos reclamados de la autoridad responsable con las constancias remitidas como anexo a su informe justificado, pues ello no releva al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que se ostenta como tercero extraño a juicio. En ese contexto, de tener el promovente un interés legítimamente tutelado, el juez responsable estaría obligado a abstenerse de ordenar cualquier acto de molestia sobre el bien inmueble citado; sin embargo, al no existir tal interés, no tenía impedimento alguno para actuar como lo hizo y tampoco por qué llamarlo al procedimiento primigenio, pues no demostró el derecho a poseer el inmueble señalado. Desde esa perspectiva, como el quejoso carece de interés jurídico, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el numeral 61, fracción XII, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior hace innecesario el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, pues cuando se acredita una causa de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no ocasiona agravio alguno la resolución que deja de ocuparse de los argumentos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales, lo que atañe al problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 239006 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, dado el sentido del presente fallo, resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre los argumentos expresados por el tercero interesado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el presente fallo. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable. MESA* III
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual comparece al juicio en que se actúa el tercero interesado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. y autorizados. Notifíquese. MESA* III
- Incidental
Vista la certificación y cuenta que anteceden, de las que se advierte que el quejoso, no exhibió dentro del plazo concedido el monto de la garantía fijada en la resolución de seis de octubre del año en curso; en consecuencia, como lo solicita el apoderado del tercero interesado, gírese oficio a la autoridad responsable para hacerle de su conocimiento lo anterior e infórmesele que ante la omisión indicada, la suspensión concedida ha dejado de surtir efectos, Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. MESA* III
- Principal
se difiere la audiencia constitucional señalada y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese. MESA* III
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