Marlon Alexis Rodríguez Gutiérrez
Expediente 279/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marlon Alexis Rodríguez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, primero de julio de dos mil veintiuno. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de queja, previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo, dictado en el presente juicio, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintidós de abril de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Marlon Alexis Rodríguez Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la Capital y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 279/2021-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad número 17, en Michoacán. El consentimiento de dicho traslado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y XX, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Luego, como ya se acotó, se reclama el traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad número 17, en Michoacán. Sin embargo, dichos actos previo a ser reclamados por la vía constitucional, deben ser impugnados ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas no obstante señale la parte quejosa como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones de la capital, pues manifiesta la parte quejosa que no se le dio intervención algún juez darles intervención a Juez alguno para que autorizara el traslado, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. Traslados de las personas detenidas; en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su capítulo V del título segundo, distingue tres tipos de traslados. Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: Los traslados voluntarios, previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante, conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas; esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, con base en lo expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, el quejoso previo acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al enterarse de la orden de traslado reclamada tenía la posibilidad de reclamarla ante el Juez de Ejecución o Control según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Máxime, debe establecerse que respecto de los actos reclamados no se puede considerar que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo que señala: Artículo 61. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Lo anterior es así, no obstante que el amparista aduzca de manera genérica que la orden de traslado impugnada carezca de fundamentación, así que como, que arguya que esta produce violaciones directas a la constitución, en su perjuicio. Supuestos de excepción a la causal de improcedencia en estudio que no se configuran en el caso, porque como ya quedó establecido en párrafos precedentes, las hipótesis para la procedencia de los medios ordinarios de defensa en análisis, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro de correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese sentido, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la Contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, se itera, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 de su índice, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Además, la impugnación de la orden reclamada, emitida por una autoridad administrativa, se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en un reglamento, el cual constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional; con ello se satisface el requisito de que el medio de defensa sea legal, esto es, que se encuentre contemplado por ley. Asimismo, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad inexcusable revocar, nulificar o modificar todo hechos, actos u omisiones relacionados con las órdenes de traslado ya sean voluntarios, involuntarios, excepcionales o urgentes emitidas con control judicial, previo o posterior a su ejecución; lo que implica que tales medidas de traslado puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la persona privada de libertad o en virtud de un control de legalidad ejercido de manera oficiosa por la autoridad judicial. Aunado a que la propia norma prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses del recluso; lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa. Aunado a ello, al considerarse la viabilidad de la suspensión respecto de una cuestión de carácter urgente, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, tal como lo disponen los artículos suspensión respecto de una cuestión de carácter urgente, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, tal como lo disponen los artículos los artículos 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de oficio o a petición de parte, el juez de ejecución de forma inmediata suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la controversia, así como los efectos que tuviere, en aras de salvaguardar la subsistencia de la materia del recurso hecho valer, hasta en tanto resuelva en definitiva la legalidad de la medida de traslado que ahí se impugne, se pone de manifiesto que se satisface plenamente la exigencia señalada en la causal de improcedencia en análisis. De igual forma, para el caso de que el autoridad Judicial ya se hubiera pronunciado sobre la calificación del traslado, procede a desechar la demanda de amparo respecto a la resolución que en su caso calificó de legal el traslado del quejoso Marlon Alexis Rodríguez Gutiérrez, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, donde se encontraba interno, al Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad número 17, en Michoacán; y su ejecución, esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. Ahora bien, como se dijo, en el caso concreto el juicio de amparo es improcedente toda vez que en contra de las resoluciones del Juez de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, consintió y/o calificó de legal el traslado, entre otros, del aquí quejoso verificado, procede el recurso de apelación, en términos del penúltimo párrafo del artículo 52 y del diverso 132, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales literalmente disponen: Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Énfasis añadido. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: Desechamiento de la solicitud; Modificación o extinción de penas; Sustitución de la pena; Medidas de seguridad; Reparación del daño; Ejecución de las sanciones disciplinarias; Traslados; Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y Las demás previstas en esta Ley." Énfasis añadido. Como se puede apreciar, existe disposición expresa de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el sentido de que toda resolución en la que un juez del orden penal califique la legalidad de la determinación administrativa de traslado ordenada por una autoridad penitenciaria, será recurrible a través del recurso de apelación. En ese orden, el quejoso reclama del Juez responsable que consintió y/o calificó como legal el traslado ejecutado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno al quejoso Marlon Alexis Rodríguez Gutiérrez, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad número 17, en Michoacán; y su ejecución. Por tal motivo, si la resolución reclamada calificó como legal la orden administrativa de traslado emitida en contra del aquí impetrante, resulta inconcuso que esa determinación, es recurrible a través del recurso de apelación, previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, al no haberse agotado dicho recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se estima que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. No pasa inadvertido para quien ahora resuelve el hecho de que el artículo 52, en su párrafo penúltimo de la citada legislación, en su redacción señala que "se podrá interponer el recurso de apelación", utilizando el vocablo "podrá"; sin embargo, ello no implica que se trate de una situación potestativa para el quejoso en relación a agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues dicha locución no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino a la posibilidad que tiene de recurrir o no la resolución aquí reclamada; de ahí la exigencia de agotar tal medio de impugnación previo al ejercicio de la acción de amparo. Finalmente, debe destacarse que en este caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exentos de agotar el medio de impugnación aludido en esta determinación, antes de acudir al juicio de amparo. Se estima lo anterior, pues los actos que se reclaman no se encuentra dentro del catálogo de actos establecido en los artículos 22 constitucional y 15 de la ley de la materia; tampoco se trata de alguno que implique una afectación a la libertad del quejoso en virtud de que, como ya se dijo, el recurrente se encentra interno en un centro de reclusión desde antes de que se llevara a cabo el traslado del que se duele, tampoco se trata de un auto de vinculación y, finalmente, el solicitante del amparo no comparece a esta instancia como tercero extraño al procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada, por ser él quien detenta el carácter de sentenciado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. No se debe soslayar que de las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo se aprecia que el aquí quejoso, refiere haber sido víctima de actos de tortura, así como de otros tratos crueles, ya que indica: QUINTO. Al ingresar a los dormitorios los elementos de gobierno, comenzaron a maltratarnos y a destruir todas nuestras cosas SEXTO. Transcurridas, las horas entre detonaciones armas de fuego, golpes e insultos y amenazas de todo tipo, los elementos de diversas corporaciones fueron retomaron el control de la situación. SEPTIMO. Ya una vez que fui sometido me esposaron y me vendaron el rostro me mantuvieron en los patios del CERESO, sin saber yo de que se trataba, ya que nadie me informó el por que (sic) de lo que estaba sucediendo En ese contexto, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, es obligación del Estado Mexicano atender los casos en los que se hacen valer actos de tortura, así como garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en los que se encuentra el principio interpretativo pro homine. Así, conforme a tales preceptos, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito, pues en atención al principio interpretativo precitado, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad. Se invocan como sustento de lo anterior los criterios jurisprudenciales siguientes: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito". "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla". En tal virtud, se ordena dar vista con lo expuesto por el citado quejoso al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que a su vez, dé vista a la autoridad investigadora que corresponde, o bien si está dentro de sus funciones, con base en lo dispuesto en el numeral 21 constitucional, de considerarlo pertinente, ordene la investigación de los hechos expuestos y promueva todas las acciones inherentes a su función persecutoria, esto es, si en el caso existe o no la comisión del delito que se menciona -tortura-, así como quién o quiénes resulten probablemente responsables, entregándole para tal efecto, copia de la demanda y transcripción de este proveído; cuya determinación inicial se deberá informar a este juzgado de Distrito, para la constancia legal correspondiente. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como Juicio en Línea. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado Servicios Jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los licenciados Osccar Reyes Aguilar, Ermilo de la Rosa, José Luis García, Alfredo Vargas Camarillo y José Damián Canizales, en atención a que no proporcionan los datos de la cédula profesional que los autoriza a ejercer la profesión de licenciados en derecho y abogados, tal y como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Isidro Labrador, número cuatro (4), colonia Francisco Herrera, en Zacatecas, Zacatecas. Asimismo, se le tiene señalado el correo electrónico, que proporciona en su escrito, para los efectos que establece el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo De La Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Notifíquese personalmente.
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