Marlette Yanira Vera Duarte

Expediente 776/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
776/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Marlette Yanira Vera Duarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó la demanda, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso a), del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 776/2021-I, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda por comparecencia. El treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno, compareció en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, *******, en representación de *******, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Agentes adscritos a la Secretaría Pública Municipal y Juez de Barandilla (Estaciones Babícora y Universidad) adscritos a la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, todos en esta ciudad, de quienes reclamó ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos violentados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de referencia con el número de juicio 776/2021-I; se concedió la suspensión de plano y se mandó ratificar. Tras constituirse la actuaria el propio treinta y uno de octubre del año en curso, alrededor de las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos en la Estación de Seguridad Pública Municipal denominada Universidad, en esta ciudad, y en presencia de la directamente agraviada *******, ratificó la demanda presentada en su representación. Atento a lo anterior, mediante auto de tres de noviembre del año en curso, se admitió a trámite, se solicitaron los informes con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los cuales se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes de suspensión de plano y justificados la Jueza Cívica en Turno dependiente de la Dirección del Sistema de Justicia Cívica del Municipio de Juárez, adscrita a la Estación de Policía Distrito Universidad y Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal y de los agentes de la policía municipal, todos con sede en esta ciudad, negaron los actos consistentes en la incomunicación, malos tratos, así como la detención por parte de la Jueza Cívica en Turno dependiente de la Dirección del Sistema de Justicia Cívica del Municipio de Juárez; sin que la quejosa, hubiere controvertido dicha negativa. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto a los actos reclamados a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de acto reclamado. Por su parte el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal y de los agentes de la policía municipal, convino en la existencia del acto reclamado consistente en la privación de la libertad de la directamente agraviada en Alcaldía Universidad, el domingo treinta y uno de octubre del año que transcurre, por el Delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, únicamente mientras se hacían los trámites correspondientes y presentarla ante la autoridad competente. De modo que, se tiene por existente dicho acto. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura, hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto al acto reclamado por la quejosa a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y agentes adscritos a esta, consistente en la privación de la libertad de la directamente agraviada, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] De la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos del acto reclamado, a saber: a) Por revocación y, b) Por sustitución. En el caso se actualiza la del inciso b), ya que se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por ese motivo, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse dicha hipótesis, y aunque materialmente sigan produciéndose consecuencias semejantes a las derivadas del acto reclamado, ahora éstas tienen su origen en el nuevo pronunciamiento, en razón de que la determinación de la situación jurídica depende de la decisión en este caso de la Fiscalía General de la República. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis (V Región), 5º.19p (10ª), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1946, Décima Época, con número de registro 2022439, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. PARA QUE SE ACTUALICE DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN SU CONTRA, LO REVOQUE O MODIFIQUE Y DECRETE AUTO DE LIBERTAD. De la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos del acto reclamado, a saber: a) Por revocación y, b) Por sustitución. El segundo supuesto se actualiza cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por ese motivo, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la segunda de las hipótesis respecto del auto de formal prisión dictado por el Juez de primera instancia, cuando éste, a su vez, se impugna a través del recurso de apelación, que previo al amparo lo resuelve el tribunal de alzada, cuyo sistema recursivo permite pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo de primera instancia. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia, lo que impide decidir la constitucionalidad del auto de formal prisión inicialmente reclamado. Así, para considerar que cesaron los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, es innecesario que el tribunal de alzada tenga que decretar auto de libertad, pues aun cuando se confirme o modifique el de primera instancia, los efectos del acto cesan, en razón de que son cancelados jurídicamente, y aunque materialmente sigan produciéndose consecuencias semejantes a las derivadas del acto reclamado, ahora éstas tienen su origen en el nuevo pronunciamiento, en razón de que la determinación de la situación jurídica depende de la decisión de segunda instancia, la cual dio firmeza a la anterior, y la sustituyó. Sin que ello implique un cambio en la situación jurídica de la persona, pues sigue teniendo la misma que ostentaba, aunque ahora con carácter de definitiva. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal y de los agentes de la policía municipal, esto es que la directamente agraviada ******* fue detenida el domingo treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno, en flagrancia, por su probable participación de hechos constitutivos del Delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, quedando bajo su guarda y custodia en los separos de la Alcaldía Universidad, únicamente mientras realizaban el trámite correspondiente para presentarla ante la Fiscalía General de la República; lo que acredita con las documentales que acompaña a su informe, a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Sin embargo, en el caso se estima que operó una cesación de efectos, al advertirse que la situación jurídica de la detención reclamada por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal, cesó al haber sido puesta la quejosa a disposición de la Fiscalía General de la República. En virtud de lo anterior, si la quejosa *******, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, para la integración de una carpeta de investigación, es evidente que su libertad personal y su situación jurídica se constriñe ahora por un acto diverso al originalmente reclamado (privación ilegal de la libertad por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal), lo cual imposibilita el estudio constitucional de ésta. Es así porque el sistema penal acusatorio se conforma por diversas etapas secuenciales; en donde al término de una fase se apertura otra, como es el caso de que agentes de policía realicen la detención en flagrancia de una persona y, posteriormente, la pongan a disposición de diversa autoridad, como en este caso específico, de la Fiscalía General de la República; dependencia que a su vez de estimarlo pertinente la pondrá a disposición del Ministerio Público, quien en el plazo constitucional de cuarenta y ocho horas, decidirá si pone a la persona a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación respectiva, o bien, decreta su libertad. Aunado a lo anterior, se estima que tal determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que de ser el caso se pusiera a disposición del Juez de Control, ello traerá como consecuencia que este último analice la legalidad de la detención, en donde se analizará si la detención de la aquí quejosa se encuentra o no apegada a derecho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en el presente juicio de garantías, se impone decretar el sobreseimiento por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 776/2021-I, promovido por *******, en representación de *******, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de diciembre de dos mil veintiuno. Alegatos Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. En consecuencia, téngase al representante social de la federación formulando los alegatos contenidos en el escrito de cuenta, mismos que, serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, y de ser procedente se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Solicitud de copias Por otro lado, respecto a las copias certificadas que solicita, con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.MGCJ/Marc

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia de la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública Municipal y Agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad; de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, con su contenido y así como el de la documental que lo acompaña, dese vista a las partes a fin de que estén en posibilidad de realizar las manifestaciones legales que a su interés convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Prueba Ahora, respecto a la prueba que anexó a su informe, la misma se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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