Marleny del Rosario Caamal Cab
Expediente 1180/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marleny del Rosario Caamal Cab
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán; trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de este año se dio vista a la parte quejosa de lo informado con relación al cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables. Asimismo, en dicho proveído se apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó personalmente a la parte quejosa el cinco de octubre siguiente, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que fue otorgado para tal efecto, sin que la parte quejosa hubiera desahogada esa vista, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a la quejosa ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y al actuario de su adscripción, para los siguientes efectos: "1. La Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje: a) Deje sin efectos la determinación de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, sólo en la parte concerniente al señalamiento de fecha y hora para la continuación de la audiencia en su etapa de conciliación, demanda y excepciones y b) Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, señale fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual deberá notificar a las partes; 2. El actuario adscrito a la Junta responsable: c) De inmediato, lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada o, en su caso, señale la imposibilidad jurídica que tenga para ello." Mediante auto de veintidós de septiembre de este año, causó ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a las responsables el cumplimiento que otorgaron a ésta. Consecuentemente, mediante oficios 2978/2021 (promoción 15860) y 2979/2021 (promoción 15862), la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, informaron los actos que llevaron a cabo con el fin de atender el fallo protector y, al efecto, remitieron las constancias para acreditar sus manifestaciones. Así, de las documentales remitidas por las indicadas responsables, se aprecia lo siguiente: 1. Que el dieciséis de agosto de esta anualidad, el actuario responsable emplazó al juicio laboral ********************a las demandadas ********************, ********************y********************, todas ******************** (fojas 4, 8 y 15 del archivo digital remitido, promoción 15860) 2. Que el treinta de septiembre de este año se dictó un acuerdo en el juicio laboral ********************, en el cual la Junta responsable dejó insubsistente el acuerdo de fecha once de junio de este año únicamente en cuanto a la fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones se refiere y, con fundamento en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, señaló una nueva para las nueve horas con treinta minutos del día veintidós de octubre del año dos mil veintiuno para su verificativo; determinación que se ordenó notificar personalmente a las partes (foja 17, promoción 15860). Del análisis de los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y las actuaciones correspondientes que acreditan su cumplimiento, se advierte que las precitadas responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada por este órgano federal, pues así se desprende de dichas constancias remitidas, ya que atendieron cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices, bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. No se inadvierte que, respecto al emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen, el actuario responsable lo haya realizado con anterioridad (dieciséis de agosto de este año) al dictado de la sentencia amparadora (treinta y uno de agosto de la anualidad); sin embargo, ello no obstaculiza la determinación de considerarse cumplida la ejecutoria de amparo, al lograrse lo fines de ésta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es depurable, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes los oficios 2978/2021 y 2979/2021 de la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan las gestiones que realizaron con el fin de dar cumplimiento al fallo dictado en autos. Así, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido de los oficios de mérito y sus anexos, por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda respecto al cumplimiento de la sentencia. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada el treinta y uno de agosto de este año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las responsables Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 1180/2021-III-B, promovido por Marleny del Rosario Caamal Cab; y Resultando PRIMERO. Por escrito recibido el dos de julio dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el cinco de julio siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Marleny del Rosario Caamal Cab a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y al actuario de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de seis de julio de este año, se registró la demanda con el número 1180/2021-III-B, se admitió a trámite la misma; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y con base en las siguientes: Consideraciones PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: - El señalamiento para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del juicio laboral 424/2020, fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo; así como la falta de emplazamiento de la parte demandada. TERCERA. Son ciertos los actos reclamados a la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (promoción 12887) y al actuario de su adscripción (promoción 12888), pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Al respecto las responsables Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción señalaron que el presente juicio de amparo es improcedente en cumplimiento a la jurisprudencia con número de registro 2011580 del rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Pues aducen que el acto reclamado no constituye una violación autónoma al procedimiento natural, sino que se trata de una violación adjetiva que se presenta dentro de éste, lo que no produce una violación a sus derechos sustantivos y torna improcedente el juicio de amparo. Dicho criterio jurisprudencial refiere, de forma destacada, que la omisión de las autoridades jurisdiccionales de acordar promociones o proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como un acto de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, salvo que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso será procedente la acción constitucional. Así, al margen de que la autoridad responsable no realiza verdaderos argumentos lógico-jurídicos que concluyan el por qué se actualiza el motivo de improcedencia aducido, la propia jurisprudencia señala en su última parte que no es aplicable dicho criterio cuando del contenido de la demanda se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues ello torna procedente la acción constitucional. En efecto, respecto al señalamiento para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, debe decirse que la Junta responsable señaló esa diligencia a las diez horas del cinco de noviembre del año dos mil veintiuno, esto es, casi cinco meses a partir del dictado del auto de once de junio de este año; sin embargo, el juicio laboral, por su naturaleza social, se trata de un procedimiento breve, por lo que es evidente que dicha circunstancia actualiza una "abierta dilación", que hace procedente el presente juicio de amparo. Por otro lado, con relación al diverso acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento de la parte demanda, es necesario acotar que desde la fecha en que se ordenó llamar a juicio a los demandados (diecisiete de septiembre de dos mil veinte) y la presentación de la demanda constitucional (dos de julio de este año) han transcurrido un poco más de nueve meses, por lo cual también se configura la dilación excesiva a que hace alusión la jurisprudencia invocada al referirse como "abierta dilación", haciendo procedente la demanda de amparo intentada por la parte quejosa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, visible a página 1643, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Lo anterior, máxime que dichas consideraciones son precisamente la materia de estudio del presente juicio. En consecuencia, es infundado el motivo de improcedencia propuesto por las autoridades responsables. QUINTA. Analizadas todas las constancias que conforman este sumario constitucional sin que se advierta algún motivo diverso de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTA. Resulta fundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, el quejoso alega que se transgreden en su perjuicio los principios de prontitud y expeditez consagrados por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Junta responsable señaló fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera de los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo, sin que formule alegaciones respecto a la falta de emplazamiento de la parte demandada. Sin embargo, asiste razón a la parte quejosa y a efecto de evidenciar lo anterior, se estima necesario transcribir el artículo de mérito. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Federal, en lo conducente dispone: " Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". El dispositivo constitucional antes transcrito establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita, pues de su análisis se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, en relación con el tema que nos ocupa, es oportuno señalar que los numerales 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, en cuanto a la primera disposición legal, que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo y la segunda porción normativa reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Por su parte, los artículos 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." De la intelección de los dispositivos antes transcritos se aprecia la obligación de las autoridades jurisdiccionales en materia de trabajo, en lo que nos atañe, de llevar a cabo los actos procesales (como la fijación de la fecha para audiencia de conciliación, demanda y excepciones y el emplazamiento de la parte demanda) en breve término, con el fin de ponderar el principio de acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Esto, porque una de las característica esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se desarrollan sucesivamente cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, terminología empleada por la ley para referirse a la cercanía de tales actos en el tiempo; lo que, aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento, es el día, no deja lugar a dudas de la expeditez en la tramitación y resolución de los juicios laborales. Conviene establecer que, a la luz del artículo constitucional en estudio, en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. De esa forma, del análisis de la demanda de amparo y del contenido de los informes con justificación rendidos por las responsables, a las cuales se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2 de la propia ley. Se concluye que las autoridades responsables vulneraron en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental que consagra el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, y que la misma sea pronta y expedita. Se arriba a tal conclusión, en virtud de que de las copias certificadas remitidas por las responsables se advierte, por una parte, que la Junta responsable señaló la fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo de quince días que dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la cual fijó a las diez horas del cinco de noviembre del año dos mil veintiuno, esto es, casi cinco meses a partir del dictado del auto de once de junio de este año. Sin que obste que la determinación en la que señaló fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no se trate del auto de radicación en el que se tiene recibido el escrito de demanda como lo dispone el artículo 873 de la legislación federal invocada, sino del auto por el cual se difiere la misma, pues al no existir disposición expresa al respecto en la invocada normatividad, innegablemente se debe tomar como parámetro el término contemplado en esa porción normativa para fijar la referida diligencia. Y por otro lado, el actuario de su adscripción no llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del término de cinco días posteriores al auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte en el que se radicó la demanda, por lo que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (dos de julio de este año) han transcurrido un poco más de nueve meses sin que lo hubiere realizado, contraviniendo con ello lo dispuesto en el diverso ordinal 750 de esa normatividad. Esto, no obstante que mediante providencia de once de junio de esta anualidad haya ordenado de nueva cuenta el emplazamiento de la parte demandada, pues de igual forma desatendió el referido plazo para llevar a cabo esa diligencia. Por lo que, desde la presentación de la demanda laboral (ocho de julio de dos mil veinte) hasta la fecha en la que se emite esta sentencia, ha transcurrido más de un año sin que las autoridades responsables hayan tomado las acciones necesarias para proseguir de manera pronta y expedita con el juicio natural, esto es, gestionar en los términos y plazos que dispone la legislación federal del trabajo el emplazamiento de la parte demandada para así poder llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por todo lo anterior, la Presidenta de la Junta responsable y el actuario de su adscripción han incumplido con su obligación de vigilar que el procedimiento laboral de origen se lleve a cabo conforme a los plazos y términos que marca la ley, pues se insiste, la primera debió señalar fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días posteriores a la determinación en la que la fijó, y el segundo debió desahogar la diligencia de emplazamiento de la parte demandada en los cinco días ulteriores al auto que lo ordenó. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 5, Tomo XIX, Septiembre del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 188804, que establece: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLAS SE ADMINISTRARÁ NO ES LIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE EL TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecido por el legislador ordinario se apega a lo dispuesto en la norma fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que se derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En el entendido que independientemente de la carga de trabajo con que cuenten los entes del Estado, la Constitución y leyes secundarias en ningún momento eximen a las autoridades encargadas de administrar justicia, que lo hagan de manera pronta, completa e imparcial; pues al respecto, las responsables están obligadas a tomar las medidas necesarias para que, en el ejercicio de sus facultades, logren la economía procesal, concentración y sencillez del proceso, con el fin de cumplir con el mandato constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, visible a página 1283, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En consecuencia, al ser los actos reclamados, violatorios de los principios de prontitud y expedites en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para que, una vez que cause ejecutoria este fallo, realicen lo siguiente: 1. La Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje: a) Deje sin efectos la determinación de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, sólo en la parte concerniente al señalamiento de fecha y hora para la continuación de la audiencia en su etapa de conciliación, demanda y excepciones y b) Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, señale fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual deberá notificar a las partes; 2. El actuario adscrito a la Junta responsable: c) De inmediato, lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada o, en su caso, señale la imposibilidad jurídica que tenga para ello. En el entendido que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. De ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a la fijación de la fecha para la audiencia en su etapa de demanda y excepciones y el desahogo de la diligencia de emplazamiento o, en su caso, la razón del actuario en la que señale la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, con registro 2005150, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMA. Toda vez que la parte impetrante de amparo desde la presentación de la demanda, manifestó su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, lo cual fue acordado favorablemente en el auto admisorio de la misma. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A Marleny del Rosario Caamal Cab, contra los actos reclamados a la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y del actuario de su adscripción, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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