Marlenne Soto Moreno
Expediente 1077/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marlenne Soto Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual, solicita a este órgano jurisdiccional, informe el estado procesal que guarda el presente asunto, en virtud de que el proceso penal de origen se encuentra suspendido con motivo de la tramitación de este juicio constitucional. Al respecto, infórmese a la autoridad oficiante que por proveído de tres de julio del año en curso, se declaró firme la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, por la que se negó el amparo y la protección de la justifica de la unión a la parte quejosa, ordenándose el archivo del mismo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ésta ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es conservable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que el duplicado del incidente es destruible una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Notifíquese.
- Principal
V I S T O para resolver los autos del juicio de amparo 1077/2022-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el seis de septiembre siguiente por razón de turno al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, ******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, por el acto que se indicará en el considerando SEGUNDO. SEGUNDO. Conocimiento previo. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, radicó la demanda de amparo y la registró con el número 1020/2022-VI, asimismo, determinó remitir el asunto a este órgano jurisdiccional por considerar que se actualizaba el conocimiento previo del asunto. TERCERO. Trámite. Por acuerdo dictado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento previo planteado y admitió a trámite la demanda, misma que registró con el número 1077/2022-V, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se inició en términos del acta de trece de marzo de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso impugna actos de autoridad penal jurisdiccional residente dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: El auto de vinculación a proceso de catorce de agosto de dos mil veintidós, dictado en su contra en la causa de control 290/2022, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por su probable intervención en el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia moral, ilícito previsto en el artículo 287, 289, fracción II y 290 fracción I, inciso b), en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México, en agravio de Julieta Hernández Bullón. TERCERO. Existencia. La Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, al momento de rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por la Juez referida en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. No obstante, debe establecerse que, sustancialmente, la parte disconforme aduce que se violan en su perjuicio los numerales 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que: Los datos de prueba no eran suficientes para el dictado de la vinculación a proceso, pues no se acreditó su probable responsabilidad en el hecho delictuoso que se le imputa. El Juez responsable realizó una ilegal ponderación de los datos de prueba violando las reglas de la lógica, de los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. La diligencia de reconocimiento de persona no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no contaba con la firma de las personas que fueron confrontadas (distractores), ni del perito en criminalística que tomó fotografías de la diligencia, aunado a que el policía de investigación únicamente refirió que participó como testigo, pero no testificó que hubiera placas fotográficas de las personas confrontadas, por lo que dicha prueba debió excluirse por ilícita. La víctima no acreditó la preexistencia y falta posterior de lo robado. El acto reclamado no está suficientemente fundado y motivado. Se vulneró el derecho fundamental de igualdad en razón que el juez únicamente concedió valor probatorio a las pruebas aportadas por la fiscalía. Se vulneró el derecho fundamental de imparcialidad en razón que el juez es tendencioso en favor de los intereses de la fiscalía. Se vulneró el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley. Se vulneró el derecho a la presunción de inocencia. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término, resulta necesario verificar si el auto de vinculación a proceso satisface las exigencias a que alude el dispositivo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, se precisa que por cuestión de método y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos que debe cumplir el auto de vinculación a proceso impugnado, se dará contestación simultánea a los conceptos de violación que así lo ameriten. El marco jurídico que rige el auto de término constitucional se encuentra en los artículos 19, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la interpretación sistemática de los preceptos invocados se desprende que los requisitos procesales para dictar un auto de vinculación a proceso son: I. Que el Ministerio Público haya formulado imputación, en la que haga del conocimiento del imputado el hecho delictivo que le atribuye, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución; II. Que el indiciado esté asistido de defensor y se le hagan saber sus derechos; III. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, IV. Que la decisión sea emitida dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, para el caso que la defensa haya solicitado la duplicidad del plazo constitucional con la finalidad de incorporar algún dato o medio de prueba ante el Juez de Control, verificando que éste se haya desahogado. En tanto que los requisitos formales son los siguientes: I. Que el auto de vinculación contenga los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos de fondo para su dictado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa, además de que sea emitido tanto de manera oral como escrita. Y, por último, como requisitos de fondo es necesario: I. Que los antecedentes de la investigación realizada aporten datos suficientes para establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, II. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Comprobación de requisitos procesales. A fin de determinar si se reúnen los requisitos procesales indicados, es necesario resaltar que, de la reproducción de las videograbaciones remitidas por la responsable ordenadora, se aprecia que el diez de agosto de dos mil veintidós, se verificó la audiencia inicial para formulación de imputación, en la que la juez identificó a las partes, y luego de decretar un receso a efecto de que los imputados fueran presentados en el área de seguridad, corroboró que la quejosa conociera y entendiera los derechos que la ley otorga en su favor; y, atendiendo a ellos, le cuestionó si era su deseo señalar como defensora en esa diligencia a la licenciada María Leticia Alvarado Corona, a lo que la quejosa, respondió afirmativamente, por lo que dicha profesionista aceptó y protestó el cargo conferido en su favor. Luego, a manifestaciones de la defensora en el sentido de que no se estaba en posibilidad de verificar la audiencia de mérito, la juez verificó el estado procesal del juicio de amparo 185/2022 y su acumulado 356/2022, de éste índice, y atendiendo a que la sentencia ahí dictada no había causado ejecutoria, procedió con la celebración de la audiencia explicando primeramente a los imputados el objeto de la audiencia. Acto seguido, en términos de los numerales 307, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Agente del Ministerio Público formuló imputación, entre otro, contra ******************** por considerar que existe la probabilidad de que cometió o participó en el hecho que la ley señala como el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito previsto en el artículo 287 y sancionado por el 289, fracción II y 290 fracción I, inciso b), en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México, en agravio de la víctima de iniciales JHB. Además, precisó el cuadro fáctico de que derivó dicho ilícito, mismo que sucedió al tenor de la siguiente narrativa: El día trece de febrero de dos mil veintidós, siendo aproximadamente las diez horas, la víctima JHB, se dirigía hacia su trabajo, siendo que antes tenía que pasar al banco a realizar un depósito en el cajero automático y se encontraba precisamente en la avenida San Antonio Zomeyucan, esquina calle Valentín Gómez Farías, en la colonia Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, México, momento en que llegan tres sujetos del sexo masculino, entre ellos Allan Mora Godínez, así como una persona del sexo femenino, siento precisamente ******************** a bordo de un vehículo de la marca Nissan tipo Tiida, de color vino, del cual descienden los cuatro sujetos, rodean a la víctima y es cuando Allan Mora Godínez, la amaga con un arma de fuego, con la mano derecha se la pone a la altura del estómago, mientras que ********************se coloca detrás de ella y le jala el cabello y le exige que le dé el dinero, diciéndole también que no gritara y que no hiciera nada, razón por la cual la víctima le hizo entrega al imputado ALLAN de un monedero de la marca Tous que traía en su ropa, a la altura de su pecho, posteriormente un sujeto desconocido Ie dice a la víctima que no se hiciera pendeja y que le entregara el dinero y el celular, motivo por el cual la víctima saca de la bolsa derecha de su pantalón siete mil pesos en efectivo, y se los entrega a Allan, posteriormente el otro sujeto la empieza a revisar y le saca de la bolsa un teléfono de la marca Apple, tipo iPhone, color negro, para después escapar a bordo del vehículo. De igual forma, se le hizo saber que la forma de intervención que se le atribuye, lo es como coautora material con dominio del hecho, en relación con la fracción I, inciso d), del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado de México, así como el nombre de la persona que depuso en su contra. Después, la juzgadora dio la voz a la defensa a efecto de que realizara aclaraciones, no obstante, ésta no adicionó nada al respecto; por lo que a las diecisiete horas con cuarenta y un minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, decretó la detención judicial, entre otros, de la quejosa ********************por lo que hace al ilícito ya apuntado; detención que se hizo retroactiva a partir de las doce horas del nueve de ese mes y año. Continuamente, la juez del proceso hizo saber a los imputados, entre ellos la quejosa, la prerrogativa consignada a su favor en el sentido de rendir declaración o abstenerse, por lo que, previo receso decretado a efecto de que tuvieran comunicación con sus defensores, la imputada -aquí quejosa- manifestó su deseo de rendir declaración, la cual fue en los siguientes términos: El día trece de febrero estuve lavando desde temprano en mi casa y hay testigos de que yo estaba ahí, uno de los testigos es Oscar Godínez Vilchis, otro Francisco Godínez Rodríguez y pues mis hijos, pero mis hijos no, entonces ese día estaba yo lavando desde temprano me puse a lavar, más o menos terminé de lavar como a la una de la tarde, ya me metí a bañar, me arreglé, bañé a mis hijos y salí a comprar algo, eso de la lavada fue casi desde las nueve de la mañana, pues si tenía varia ropa pues por mis hijos y la mía y por el trabajo pues no podía lavar entre semana, prácticamente estuve toda la mañana lavando, y esas dos personas son las que tengo de testigos que estaban ahí, otro testigo es una de mis amigas, se llama Alexa Uribe, ella también estuvo mensajeando conmigo durante todo el día que yo estuve lavando, incluso salí en la tarde con una de mis amigas, bueno con ella, con ella misma salí en la tarde, con ella y su hermana de ella y yo traía a mi bebé también, entonces pues no, no entiendo cómo fue lo del robo o así, porque yo toda la mañana estuve en mi casa y en la tarde ya me salí, pero ya fue más tarde cuando yo me salí de mi casa. Asimismo, la defensa solicitó formular diversas preguntas, mismas que se desahogaron al tenor siguiente: Pregunta: ¿El día trece de febrero de qué año? Respuesta: dos mil veintidós. Pregunta: Francisco Moreno ¿y el otro apellido? Respuesta: es Francisco Godínez Rodríguez. Pregunta: ¿y por lo que respecta a Oscar Godínez? Respuesta: Oscar Godínez Vichis. Pregunta: ¿Alexa me dijiste Godínez? Respuesta: No, Alexa Uribe, de ella no recuerdo el otro apellido. Pregunta: ¿y el nombre de su hermana de Alexa? Respuesta: No, no lo recuerdo tampoco. Pregunta: ¿número telefónico donde te estuviste mensajeando? Respuesta: no, no me lo sé, la verdad es que ya no lo recuerdo, pero era el de mi amiga. Declaración que se tuvo por rendida por el juez de la causa, sin que la quejosa deseara contestar a las preguntas de la representación social; con posterioridad a ello se desahogó la declaración del coimputado. Concluido lo anterior, el Agente del Ministerio Público formuló la solicitud de vinculación a proceso, lo que llevó a cabo exponiendo los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. Luego, la juez responsable hizo saber a los imputados su derecho de decidir el término en que se resolvería su situación jurídica, y al efecto, la quejosa habiendo platicado con su defensa, decidió acogerse a la duplicidad del término constitucional -ciento cuarenta y cuatro horas-, lo que fue confirmado por la defensa y autorizado por la juzgadora. Así, la defensora ofreció diversos medios de prueba para desahogar en la duplicidad, los cuales fueron acordados de conformidad, por lo que se señalaron las trece horas con treinta minutos del catorce de agosto de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial. Finalmente, la representación social solicitó pronunciarse respecto de la medida cautelar, solicitando que se impusiera la medida consistente en prisión preventiva oficiosa, exponiendo los motivos para ello, asimismo, la defensa solicitó que no se impusiera medida cautelar alguna atendiendo a la suspensión definitiva concedida en el juicio de amparo 185/2022 y su acumulado 356/2022, de éste índice, por lo cual, atendiendo a que la quejosa se encontraba a disposición de éste juzgado por cuanto hace a su libertad personal, la juzgadora determinó no imponer medida alguna, con lo que concluyó la audiencia. Una vez llegada la fecha de la audiencia de prórroga de plazo constitucional de catorce de agosto de dos mil veintidós, previa identificación de los intervinientes, se dio cuenta a la defensa de la imputada quejosa, con el oficio a través del cual el Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tomó conocimiento de la solicitud de presentación del Agente de la Policía de Investigación César Eduardo Hernández Hernández, como testigo (a solicitud de la defensa de la quejosa), indicándole que se encontraba dicho elemento en la sala de testigos. Así, se desahogaron los medios de prueba siguientes: Testimonio del agente de la Policía de Investigación César Eduardo Hernández Hernández. Testimonial a cargo de Oscar Godínez Vilchis. Testimonial a cargo de Francisco Godínez Rodríguez. Asimismo, se tuvo a la defensa por desistida de la testimonial a cargo de Alexa Uribe; desistimiento respecto del cual la imputada quejosa manifestó su conformidad. Una vez desahogadas las probanzas, previo receso decretado, el defensor del coimputado se desistió de diversos medios probatorios, y ante ello, se concedió el uso de la voz a la defensa, quien formuló sus argumentos no vinculatorios, así como a los del diverso defensor, lo que dio lugar a la réplica ministerial, y finalmente a la contestación de la defensa de la aquí quejosa; por lo que una vez concluido el ejercicio contradictorio, la rectora del proceso concluyó el debate y decretó un receso a efecto de resolver lo que en derecho correspondiera. Luego, una vez reanudada la audiencia, vinculó a proceso, entre otros, a la aquí quejosa ********************(resolución reclamada). Visto lo anterior, se tiene por satisfecho el primer requisito procesal atinente a la formulación de la imputación, a través de la cual se hizo del conocimiento de la imputada el hecho delictivo que se le atribuye, la forma de participación, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución. Lo que también acontece por lo que se refiere a la segunda exigencia procesal, toda vez que de la citada grabación se observa que, durante la audiencia de formulación de imputación, la sujeto activo estuvo asistida de su defensora y que la juez de control se cercioró de que conociera sus derechos. Por lo que se refiere al tercer requisito procesal, se obtiene que ********************rindió declaración por así ser su deseo. Y, respecto al cuarto de dichos requisitos, se advierte que la quejosa solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas; por lo que, si la referida imputada quedó a disposición de la juez de control a las doce horas del nueve de agosto de dos mil veintidós, y el auto de vinculación a proceso impugnado se dictó a las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos del catorce de agosto siguiente, es evidente que se resolvió oportunamente su situación jurídica. Comprobación de requisitos formales y de fondo. Una vez señalado lo anterior, procede abordar el estudio de la resolución de vinculación a proceso aquí impugnada, para corroborar si se observaron en su emisión los requisitos formales y de fondo exigidos para ello. Como quedó apuntado en párrafos que anteceden, tanto el artículo 19 de la Constitucional Federal, como el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los requisitos ya señalados y cubiertos, requieren que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que establezcan: (1) Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; (2) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, (3) Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una causa de exclusión del delito. Ahora, para determinar si en el caso se colman tales extremos, debe recordarse que el auto de vinculación a proceso fue dictado contra el impetrante por su probable comisión o participación en el hecho que la ley señala como el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia. Dicho ilícito se encuentra previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción II y 290 fracción I, inciso b), en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima de iniciales JHB. Asimismo, la forma de intervención que se le atribuye, lo es como coautora material con dominio del hecho, en relación con la fracción I, inciso d), del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado de México. En ese contexto, el juez responsable, después de dar lectura al cuadro fáctico, determinó tener por acreditada la conducta típica por la cual se investiga a la imputada, así como los elementos que la configuran y la probable participación de éste en el hecho delictivo, atendiendo a los siguientes datos de prueba aportados por la representación social: Entrevista de la víctima Julieta Hernández Bullón de trece de febrero de dos mil veintidós, en la que manifiesta que se encontraba parada en la calle San Antonio Zomeyucan, esquina con calle Valentín Gómez Farías, en la colonia San Antonio Zomeyucan, Municipio de Naucalpan, Estado de México, ya que se dirigía a su trabajo, momento en que iba a pasar antes al cajero automático a realizar un depósito de siete mil pesos, momento en que llegan tres sujetos del sexo masculino y uno del sexo femenino, entre ellos la hoy investigada y el investigado, a bordo de un vehículo de la marca Nissan tipo Tiida, de color vino, el cual se detiene y ella pensaba que iban a una tienda, sin embargo, descienden los cuatro sujetos del vehículo, la rodean y es cuando le indica el masculino que trae tatuajes en los brazos, sacó de entre sus ropas una pistola a la altura de su cintura y la amaga, y le indica que le entregara todo, por lo cual, posteriormente la investigada se le para en la parte de atrás le jala el cabello y le dice que le dé el dinero, por lo cual ella, al verse amagada y al estar en peligro su integridad, le entrega el monedero al investigado, mas sin embargo posteriormente otro sujeto le indica que no se hiciera pendeja, que le entregara el dinero y el teléfono, por lo cual saca la cantidad de siete mil pesos en efectivo, que era el dinero que iba a depositar y se los entrega al hoy investigado, posteriormente la despojan de su teléfono celular y es como se retiran del lugar posteriormente. Entrevista de testigo de nombre Sergio Zepeda Mora, quien, entre otras cosas, manifiesta que se presenta a petición de Julieta Hernández Bullón, a quien conoce desde hace aproximadamente cinco años ya que él es un empleado de ella, ya que ella tiene un negocio de venta de artículos y alimentos para mascotas, y él sabe y le consta que ella tiene la capacidad económica para tener la cantidad de siete mil pesos, asimismo, sabe que ella tenía un teléfono de la marca Apple, tipo i phone, de color negro ya que con él se mensajeaban y le llamaba por teléfono y ella todos los días lo ocupaba ahí en su trabajo, asimismo, manifiesta que sabe y le consta que el monedero de la marca Tous de color negro también era de su propiedad, asimismo, haciendo referencia que un día anterior, el doce de febrero, ella le dijo que iría al banco Banamex a depositar la cantidad de siete mil pesos para comenzar a ahorrar, ya que quería hacer un viaje a mitad del año. Ampliación de entrevista de la víctima Julieta Hernández Bullón, de quince de febrero, en la que, entre otras cosas, manifiesta: que se encontraba en su domicilio el día catorce de febrero, aproximadamente a las veintidós horas con diez minutos, recibe una llamada telefónica por parte de un elemento de la policía de investigación de nombre César Eduardo Hernández Hernández, quien entre otras cosas, le manifiesta que como ella a su vez en su entrevista rendida, dio la media filiación de los sujetos que le robaron, el elemento de investigación le manifiesta que tenían a varias personas detenidas y que coincidían con la media filiación que había proporcionado en su entrevista del día trece de febrero, motivo por el cual le solicitaba se presentara en la agencia del ministerio público para hacer un reconocimiento. Ampliación de entrevista de la víctima Julieta Hernández Bullón, de quince de febrero, en la que se lleva a cabo un reconocimiento en presencia de un defensor, en donde la víctima, al ponerle a la vista al coimputado, en presencia de otros tres sujetos de similares características, con ropas similares, en donde lo identifica precisamente, en donde al investigado le ponen el número 3, de izquierda a derecha; en donde ella precisamente lo identifica como el sujeto que la amagara con el arma el día trece de febrero de dos mil veintidós. Ampliación de entrevista de la víctima Julieta Hernández Bullón, de quince de febrero, en la que, formula su denuncia, precisamente en contra de quien ahora ya sabe responde al nombre de Allan Mora Godínez, después de haberlo reconocido. Ampliación de entrevista de la víctima Julieta Hernández Bullón, de quince de febrero, en la que le ponen a la vista a la hoy investigada junto con otras tres personas del sexo femenino, de características similares y con ropas similares, en donde le colocan el número tres de izquierda a derecha y en donde también la reconoce como la persona que le jalara el cabello el día trece de febrero. Ampliación de entrevista de la víctima Julieta Hernández Bullón, de quince de febrero, en la que, después de haberla reconocido, realiza denuncia formal en contra de Marlenne Soto Moreno. Inspección ocular del lugar de los hechos practicada por el elemento de la policía de investigación César Moctezuma..., mediante el cual se traslada al lugar de los hechos, ubicado e..., lugar donde corrobora la geo localización del lugar y describe dicho lugar el cual coincide con los datos narrados por la víctima en el momento de los hechos. Informe rendido por parte del elemento de la policía de investigación, manifiesta que recibe una boleta de ingreso al área de seguridad de los hoy investigados, por el hecho delictuoso de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas, en una carpeta diversa, en donde al revisar la media filiación, coincide con la media filiación emitida por la víctima en fecha trece de febrero, motivo por el cual procede a llamarle a la víctima para que se traslade a la agencia. Copias autentificadas de una carpeta de investigación por el delito de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas, en la cual, se establece que los hoy investigados se encontraban puestos a disposición en sede ministerial por hecho diverso, y en donde se justifica su presencia para poder realizar la confronta respectiva. Diligencias de reconocimiento de persona de quince de febrero. Asimismo, se contó con los siguientes datos de prueba ofertados por la defensa en la dilación constitucional: Testimonio de agente de la Policía de Investigación César Eduardo Hernández Hernández. Pregunta: ¿a qué se dedica? Respuesta: soy agente de la Policía de Investigación. Pregunta: ¿dónde desempeña sus labores? Respuesta: en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Pregunta: ¿cuánto tiempo tiene trabajando en la Fiscalía? Respuesta: año y ocho meses aproximadamente. Pregunta: ¿Cuáles son sus funciones? Respuesta: realizar puestas a disposición, inspecciones, levantamientos, cateos. Pregunta: ¿para realizar sus funciones cuenta con alguna experticia? Respuesta: he tomado cursos. Pregunta: ¿Qué cursos ha tomado? Respuesta: el de formación inicial, otro de adiestramiento policial y uno de protección a funcionarios. Pregunta: ¿sabe por qué motivo se encuentra en esta juzgado? Respuesta: sí, por una diligencia en la que participé. Pregunta: ¿Cuándo se realizó esa diligencia? Respuesta: el quince de febrero del veinte veintidós. Pregunta: ¿a qué hora se realizó esa diligencia? Respuesta: no recuerdo la hora exacta, fue en la madrugada. Pregunta: ¿En qué consistió esa diligencia? Respuesta: en un reconocimiento de persona. Pregunta: ¿me puede explicar qué fue lo que pasó en esa diligencia? Respuesta: fue realizada por el Agente del Ministerio Público Francisco Javier Frausto Martínez, en la cual participó la víctima, el defensor privado de la imputada, la imputada y otras tres personas más, con características similares, yo participé como testigo ocular. Pregunta: ¿nos puede decir cómo son las características físicas de la que señala como víctima? Respuesta: no recuerdo. Pregunta: ¿Por qué no lo recuerda oficial? Respuesta: son muchas personas, se realizan a diario muchas confrontas. Pregunta: ¿Por qué refiere que eran de características similares? Respuesta: porque coincidían en algunos rasgos. Pregunta: ¿Cómo cuáles? Respuesta: la tez, la estatura. Pregunta: ¿usted sabe los requisitos que debe de llevar a cabo para realizar una diligencia de reconocimiento? Respuesta: no. Pregunta: ¿usted sabe si las personas que realizan ese reconocimiento de persona, las que intervienen, tienen que firmar? Respuesta: no, yo nada más participé como testigo ocular. Pregunta: ¿y usted sí firmó en esa diligencia? Respuesta: no recuerdo. Pregunta: ¿si se le pusiera a la vista esa diligencia que usted dice realizó, reconocería usted su firma? Respuesta: sí. -la defensa solicita que se ponga a la vista del testigo la diligencia a efecto de que la reconozca- Pregunta: ¿Esa es su firma? Respuesta: sí, sí es. Pregunta:¿únicamente su función fue ser testigo? Respuesta: sí, en esa diligencia sí. Pregunta: ¿recabó alguna otra información en esa diligencia? Respuesta: obviamente hice mi informe y se lo entregué al ministerio público, de dicha diligencia. Pregunta: ¿En qué consistió ese informe? Respuesta: en hacer una síntesis de las personas que participaron en dicho reconocimiento. Testimonio de Oscar Godínez Vilchis Pregunta: ¿por qué motivo se encuentra en este juzgado? Respuesta: me encuentro aquí ya que le notificaron a mi mamá Andrea Vilchis Ramos, que viene siendo la tutora legal de ******************** que tenía que venir de testigo porque yo estaba en mi domicilio prácticamente desde la mañana hasta las cuatro de la tarde del domingo doce de febrero, trece de febrero, perdón, trece, entonces pues aquí estoy presente para mi declaración. Pregunta: dice que fue el domingo trece de febrero, ¿de qué año? Respuesta: de este año. Pregunta: dice que estuvo en su domicilio ¿en qué municipio se ubica su domicilio? Respuesta: en Naucalpan de Juárez. Pregunta: ¿qué pasó ese día? Respuesta: bueno, pues yo estaba dormido, la verdad ya bastante tiempo tiene desde ese día, no recuerdo si yo salí el sábado a alguna fiesta a alguna convivencia, pero yo no me levanté a desayunar como todos los domingos, vivimos en la misma casa pero cada quien tiene su cuarto, prácticamente; vive mi abuelita, varios primos, la hermana de mi mamá, mi tía, entonces cada quien tiene su lugar de dormir; entonces yo no me levanté ese día a almorzar, no me hablaron tampoco pero exactamente a las tres veintisiete, soy muy objetivo en eso, tres veintisiete recibo una llamada del número de Marlenne, a mi número personal 55 13 98 93 63, si le ayudaba a sacar la moto, la moto es de mi propiedad, está debajo de una escalera y le hicimos como un pequeño corral por seguridad, pero hay un auto de los vecinos que impide que la moto salga arrancándola y dando la vuelta para salir debajo de la banqueta, entonces la tenemos que cargar, no recuerdo el nombre del fierro que está atrás de las motos, pero la tienes que cargar y ella no la aguantaba, entonces me pidió ayuda, quiero ser claro que no le hablaba a ella porque le habían prestado un celular porque ella no contaba con uno y lo necesitaba en su trabajo porque les mandaban muchas evidencias de los autos chocados, de las diligencias que tenía que hacer de su trabajo que le llamaban "body" a la agencia de Hyundai Lomas Verdes, entonces necesitaba un celular con whatsapp y le prestaron uno, mi primo, y pues ya después cuando mi primo salió del anexo, porque estaba anexado, le piden el teléfono y ella no sabía la contraseña del chip, entonces había confusión, y le dije para qué agarras las cosas, muchas cosas más le comenté, entonces pues ya, a las tres veintisiete me llamó para lo de la moto, le ayudé y ella se fue en dirección, las calles de Naucalpan son subidas, bajadas, se fue hacia abajo de donde nosotros vivimos, se fue hacia abajo con su hijo menor, se llama Emiliano, tiene cuatro años actualmente, en ese entonces pues todavía tenía tres, y se fue, yo salí con una amiga y ya no la vi hasta en la noche que regresé, como a las nueve, pero desde que yo me levanté, yo vi que ella salió de la casa, o sea, yo no pude haber visto si ella salió antes porque yo estaba en mi cuarto pero tenemos una ventana pequeña tapada con periódico para pues que no vean hacia adentro, pero hay un pequeño hoyito, por ahí se puede ver cuando entran, cuando salen, y para entrar a mi casa, su casa, baja las escaleras y está la puerta, tiene vidrios un poco polarizados para que no vean de afuera hacia adentro, pero obviamente de adentro hacia afuera se ve y podemos detectar quién entra, quién sale, todo el tiempo, incluso cuando estamos dormidos la puerta se escucha, la puerta de la calle, entonces en cuanto a eso, ella no pudo estar en un lugar distinto adonde ella acudió, ahora, ella se dirigió en la moto con una amiga, Alexandra se llama, me parece, se dirigió con ella a Izcalli Chamapa, no conozco muy bien la ubicación exacta pero la acompañó el bebé Emiliano, Neri Alexandra, la hermana de esta muchacha y ella, Marlenne, entonces se fueron a un anexo a ver a la pareja de la otra chica, regresaron a la casa, porque es lo que yo platiqué con mi mamá Andrea Vilchis Ramos, y después acudió con mi mamá a unas canchas, ahí estaban pues más niños, más familiares de nosotros, de mi mamá y estaban ahí, pero le reitero que yo ya no la vi porque yo ya me fui a otro lado, pero si le comento que a las tres veintisiete ella me marcó a mi celular para pedirme ayuda sobre la moto, entonces a esa hora considero yo que salió de la casa, no antes ni después, a las tres veinte ya salió, pues yo en mi cuarto sí escuché ruidos, por ejemplo de que "ciérrale a la llave del agua porque se va a tirar", no sé si iba a lavar, desconozco, pero pues prácticamente como trabajaba todos los días, de lunes a sábado, los domingos eran los únicos días pues para hacer labores de casa ¿no?, sería todo. Preguntas de la Fiscalía: Pregunta: Tú manifestaste que el día trece de febrero te levantaste tarde ¿a qué hora te levantaste? Respuesta: levantarme levantarme de mi cama, a las once de la mañana, pero no bajé, mi cuarto está en un segundo piso y para salir al patio donde vivimos todos hay que bajar, entonces yo me desperté diez y bajé al baño pero no salí de mi casa pues, de mi cuarto y volví a subir, hasta que ella me llamó, yo ya estaba cambiado pero estaba en mi celular, redes sociales, mensajes, y un juego muy famoso, el free fire, ahí estaba yo jugando pero no bajé al patio hasta que ella me llamó a esa hora, tres veintisiete fue cuando yo salí prácticamente a la calle a ayudarle para lo de la moto. Pregunta: manifestaste que no te llamaron para almorzar ¿A qué hora almuerzan normalmente? Respuesta: pues la mayoría de domingos va mi papá, mi mamá, ella, como comenté mi mamá es su tutora desde los tres meses, hago ahí ese pequeño detalle, entonces prácticamente está siempre con nosotros, la mayoría de veces entre once y media o doce, ya muy muy exagerado a las doce y media porque por ejemplo yo no me levanto, o me están hablando, no es que me esperen pero bajamos al tianguis, así le decimos, bajar, reitero son bajadas y subidas, entonces el tianguis está debajo del domicilio, ese día no me llamaron porque pues no, no me despierto, cuando ellos saben que yo salgo o se dan cuenta que salgo, yo obviamente, al rato regreso, no pido permiso, yo solo aviso que me voy y ese día pues alamejor sí, le soy honesto, no me acuerdo si yo salí, tiene medio año, no me acuerdo si yo salí ese sábado, pero si no me llamaron pues, puedo entender que piensan que estaba crudo, tal vez borracho o simplemente tengo sueño porque a veces sí no me despierto, no me levanto, no salgo, entonces quiero pensar que sí salí y por eso no me llamaron, porque la mayoría de veces es entre once y media y doce y media, no hay una hora más temprana ni más tarde Testimonio de Francisco Godínez Rodríguez Pregunta: ¿nos puede decir por qué motivo se encuentra en esta juzgado? Respuesta: para decir lo que yo vi, lo que yo sé. Pregunta: ¿Qué fue lo que usted vio y sabe? Respuesta: el domingo trece de febrero de dos mil veintidós, como todos los domingos, me levanto ocho y media a hacer el aseo de mis mascotas, darles de comer, limpiarles, lavar sus cobijas, como a las diez, diez y cuarto por ahí, veo a Marlenne Soto, con sus niños almorzar, estuvieron almorzando, yo seguí con mis cosas de mis mascotas, después ella, bueno acabaron de almorzar y se puso a lavar su ropa, ya después de ahí, de haber terminado con su ropa, se puso a bañar a sus niños y ya de paso ella también y como a eso de las tres, tres y media, tres treinta y cinco, la vi salir con uno de ellos, el menor y de ratito escuché ruidos, subo, hay una ventana que da a la calle, y escuché que estaban sacando la moto, entonces dije "ah pues se va a ir en una motoneta", y sí, ya se salieron y como a las, iban a ser yo creo las seis, cuando ella regresa, y pues ya. Pregunta: ¿Nos puede decir en qué municipio vive? Respuesta: En Naucalpan, Estado de México. Pregunta: ¿nos puede decir quién más se encontraba en su domicilio ese domingo trece de febrero? Respuesta: pues estaba mi hijo, mi cuñada, mi suegra, mi cuñado, pues de momento nada más recuerdo a ellos. Pregunta: ¿Cómo se llama su hijo? Respuesta: Osar Godínez Vilchis. Pregunta: ¿y su cuñada? Respuesta: Luz María Rivero Ramos. En ese contexto, los datos probatorios, analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos de los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como lo sostuvo la juez responsable, resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para sustentar el planteamiento fáctico de la fiscalía. Es así, ya que se estima correcto que la juez responsable tuviera por conculcado el bien jurídicamente protegido por la ley, así como por actualizada la calificativa agravante de la conducta y la probabilidad de que la imputada, hoy quejosa, y otras personas, intervinieron en los hechos delictuosos en examen. Lo anterior, en razón que de los datos señalados se desprende que la conducta se desplegó por parte de los sujetos activos, misma que consistió en el desapoderamiento de bienes ajenos a través de conductas corporales voluntarias, con uso de violencia moral. En relación con ello, para la acreditación del hecho se tomó en cuenta inicialmente el deposado rendido por la víctima JHB (prueba 1), el cual efectivamente constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para dar cuenta del hecho delictuoso sujeto a examen, dado que fue emitido por quien resintió de manera directa el actuar atribuido a la imputada quejosa, esto es, el desapoderamiento de diversos bienes muebles, así como de numerario de su propiedad con el uso de violencia moral, esto es, a través de amagos con un arma de fuego; deposado a través del cual se pusieron de manifiesto las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los activos, desplegaron los actos corporales idóneos para ello. Asimismo, consideró robustecido dicho dato de prueba con la ampliación de entrevista de la víctima JHB, de quince de febrero de dos mil veintidós, en la que manifestó que el catorce de febrero, aproximadamente a las veintidós horas con diez minutos, recibió una llamada telefónica por parte de un elemento de la policía de investigación de nombre César Eduardo Hernández Hernández, quien le manifiesta que se encontraban varias personas detenidas que coincidían con la media filiación que había proporcionado en su entrevista, motivo por el cual le solicitaba se presentara en la agencia del ministerio público para hacer un reconocimiento (prueba 3) De igual forma, a fin de tener por acreditadas las circunstancias de lugar, tomó en consideración la inspección ocular del lugar de los hechos practicada por el elemento de la policía de investigación César Moctezuma Pérez (prueba 8), quien se trasladó al lugar de los hechos, ubicado en avenida San Antonio Zomeyucan, esquina calle Valentín Gómez Farías, en la colonia San Antonio Zomeyucan, Municipio de Naucalpan de Juárez, lugar donde corrobora la geo localización del lugar y describe el mismo; diligencia que se considera idónea para acreditar la existencia material del lugar a que hizo referencia la víctima. De igual forma, en relación con los objetos del delito, la juez responsable consideró la diversa entrevista del testigo Sergio Zepeda Mora (prueba 2), persona que compareció a efecto de dar cuenta de la existencia de los bienes muebles desapoderados, esto es, de un monedero y un celular; de igual forma, testificó que la quejosa cuenta con la capacidad económica para contar con la cantidad de siete mil pesos, e incluso que un día antes de los hechos ilícitos, ésta le manifestó que al día siguiente iría a realizar un depósito de siete mil pesos, para un viaje que deseaba realizar; testimonio que, en efecto, tal como lo consideró la juez de origen, se considera suficiente para acreditar tanto la preexistencia de lo robado -pues incluso se argumentó que el testigo de mérito señaló que tres años atrás había acompañado a la víctima a comprar el equipo de telefonía en mención-, como la propiedad de la quejosa sobre dichos bienes, considerando lo previsto en el numeral 5.36, del Código Civil para la entidad, el cual estipula, en lo que interesa, que: "Artículo 5.36.- La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario.". Por lo que hace al valor de lo robado, la responsable determinó tomar únicamente en cuenta para efecto de las hipótesis contenidas en el artículo 289, del Código Penal Vigente en la entidad, el numerario desapoderado; ello en atención a que no existía hasta ese momento probanza alguna que acreditara el valor intrínseco de los objetos señalados; determinando, en consecuencia, aplicable la fracción II, del citado numeral, hasta en tanto existiera medio de prueba idóneo para acreditar el valor referido, lo que resulta acertado, pues, en efecto, no existe un dictamen técnico en el que se establezca el valor de los objetos. Aunado a ello, es correcta la actualización de la fracción citada, considerando que el valor de la Unidad de Medida y Actualización en ese momento se encontraba en $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), por lo cual, el numerario desapoderado (siete mil pesos), se encuentra dentro del rango establecido en la fracción normativa -más de treinta ($2,886.60) y menos de noventa unidades de medida y actualización ($8,659.80)-. Asimismo, para acreditar la ausencia de consentimiento se advierte que tomó en consideración la denuncia presentada por la víctima JHB, ya que ésta nunca manifestó haber otorgado su aquiescencia para que los sujetos activos se apoderaran de los bienes de su propiedad, y por el contrario, presentó su denuncia a efecto de que se iniciaran las investigaciones correspondientes (pruebas 5 y 7). Con base en los datos de prueba anteriormente narrados, el juez responsable correctamente tuvo por acreditada la conducta dolosa, la existencia del lugar, la existencia y propiedad de los bienes sustraídos, así como la dinámica de hechos, en los cuales se ejerció violencia a través de un arma de fuego, con la cual se venció la resistencia de la denunciante a efecto de desapoderarle de los bienes muebles que ya han quedado establecidos. Es así, dado que la calificativa agravante consistente en utilizar violencia sobre las personas, se acreditó con base en la propia dinámica de hechos, en donde los activos del delito hicieron uso de un arma de fuego para amagar a la quejosa, así como de palabras altisonantes e incluso refiere que la quejosa la jaló del cabello, aunado a que es evidente que existe superioridad numérica, elementos que evidentemente contribuyeron a vencer la resistencia de la pasivo del delito. Máxime que, hasta el momento procesal en que fueron ponderados dichos datos de prueba, no se probó parcialidad o animadversión de la pasiva frente a los activos o algún motivo por el cual aquella falseara sus manifestaciones atribuyéndoles un hecho en el que no intervinieron. Ante lo narrado, se estiman infundados los argumentos del quejoso en el sentido de que la Juez realizó una ilegal ponderación de los datos de prueba, violando las reglas de la lógica, de los conocimientos científicos y de las máximas de la experiencia (concepto de violación b), así como que la víctima no acreditó la preexistencia y falta posterior de lo robado (concepto de violación d), pues tal como se aprecia de los razonamientos vertidos por ésta, tomó en consideración el cúmulo probatorio a efecto de determinar, en un primer lugar, la existencia de la conducta delictiva, para posteriormente, tener por acreditada la existencia del lugar de los hechos y los objetos del delito, por lo que, en efecto, se considera que los datos probatorios son suficientes, al menos hasta este momento, para acreditar el tipo y la dinámica de hechos. Es así, dado que tal como lo señaló la responsable, se advierte que: La víctima fue desapoderada de bienes muebles por parte de los sujetos activos sin su consentimiento ni de quien legalmente pudiera disponer de él (artículo 287). Que en dicho acto hicieron uso de violencia sobre la persona de la víctima, esto es, amagando a la pasivo con un arma de fuego, y además, intimidándola con el fin de que no opusiera resistencia (290, fracción I, inciso b). Que en el hecho ilícito se advierte la intervención de dos o más personas, quienes se distribuyeron las acciones delictivas, pues la imputada es reconocida por ser la persona que junto con tres sujetos masculinos, la desapoderó de diversas pertenencias, así como de numerario que tenía en su poder, mientras un sujeto la amagaba con un arma de fuego, existiendo un acuerdo previo entre los activos que permitió llevar a éxito el delito (artículo 11, fracción I, inciso d). Que la quejosa tenía conciencia y voluntad al momento de llevar a cabo el hecho, lo que permite establecer que su conducta es dolosa (6, 7, 8 fracciones I y III). Que no fue hecha valer ni se advierte probada causa de justificación, de extinción de la acción penal o una de exclusión del delito, lo que incluso se robustece de las propias manifestaciones del quejoso al momento de proporcionar sus generales. Lo que guarda armonía con los datos de prueba que tomó en cuenta la juez responsable para dictar el auto de vinculación a proceso, de los que se advierte la posible participación, entre otros, de la hoy quejosa en el hecho delictuoso; pues de un examen de los datos de prueba relatados conforme a un grado de razonabilidad, analizados por la juez, atento a la narración que de ellos le expuso el fiscal, permiten arribar a la conclusión que, como lo dijo, son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para justificar (1) la actualización de un hecho circunstanciado delictivo, (2) la actualización de circunstancias que agravan dicha conducta, (3) la calidad de la quejosa como coautora material para llegar al resultado de la conducta atribuida, consistente en desapoderar de diversos bienes muebles, así como de numerario a la pasiva con uso de violencia, datos que, en efecto, son jurídicamente suficientes y eficaces para considerar demostrado el hecho delictuoso imputado al impetrante. Tiene aplicación al respecto, la tesis 1a. LXXIV/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1320, registro digital 2020480, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la falta de prueba. A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión." Ahora bien, respecto a la probable participación de la quejosa, ésta se ve soportada principalmente en razón de que la imputada fue reconocida por ser quien, junto con tres sujetos masculinos, se posicionó detrás de la quejosa le jaló el cabello y le dijo que le diera el dinero. Ahora, se destaca que la detención del quejoso se origina a partir de la posible comisión del delito de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas, mismo que se investiga en la diversa indagatoria TLA/FNC/NAU/060/043172/22/02 (prueba 10); sin embargo, dado que la denuncia de los hechos materia de este asunto ya se había llevado a cabo y se advirtió que los rasgos físicos de los detenidos coincidían con los señalados por la víctima en la denuncia, ello permitió suponer a la representación social una posible relación de los ahí detenidos con la carpeta de investigación iniciada con motivo de los hechos que ahora se estudian, por lo cual, se realizó una llamada a la víctima JHB, a efecto de que compareciera para llevar a cabo una diligencia de reconocimiento de persona (prueba 3) Ahora, en el concepto de violación c), la parte quejosa indica (1) que la diligencia de reconocimiento de persona no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues (2) no contaba con la firma de las personas que fueron confrontadas (distractores), ni del perito en criminalística que tomó fotografías de la diligencia, aunado a que (3) el policía de investigación únicamente refirió que participó como testigo pero no testificó que hubiera placas fotográficas de las personas confrontadas, por lo que dicha prueba debió excluirse por ilícita. A fin de dar contestación a dicho argumento, debe decirse que, en efecto, la declaración de la víctima no da cuenta de la intervención de la quejosa como sujeto activo del delito, pues en ella no se hace una imputación directa a ésta, de igual forma, la participación de la quejosa no se desprende del resto de pruebas hasta aquí analizadas; sin embargo, resulta de relevancia para tener por acreditada la probable participación de la imputada, la existencia de la indagatoria TLA/FNC/NAU/060/043172/22/02, seguida por el diverso delito de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas, entre otros, contra la aquí quejosa, en donde, al advertir que los ahí detenidos guardaban similitudes físicas con los rasgos proporcionados por la denunciante del delito que nos ocupa, es evidente que se actualizaron indicios que hacían razonable presumir la relación de los sujetos ahí investigados, con el delito materia de este asunto, por lo que se procedió a llamar a la víctima para el verificativo de la diligencia de confronta. Ahora bien, debe traerse a recuerdo que el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor." Así, de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, se dio cuenta que la diligencia relativa se llevó a cabo por el Agente del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación TLA/FNC/NAU/060/043172/22/02, sin embargo, ello no se considera incorrecto, pues no es dicho ministerio público quien conduce la indagatoria de la que derivan los actos reclamados, es decir, no es quien, a partir de su teoría del caso, integra la indagatoria por el delito de robo. Tal consideración encuentra soporte en la tesis XVII.2o.2 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, página 2099, registro 2019735, de rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE PERSONAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA EXIGENCIA DEL PÁRRAFO TERCERO DE DICHO PRECEPTO, RELATIVA A QUE DEBE REALIZARSE POR UNA AUTORIDAD MINISTERIAL DISTINTA A LA QUE DIRIGE LA INVESTIGACIÓN, SE REFIERE A QUE NO DEBE SER EL RESPONSABLE DE ESTABLECER LA DIRECCIÓN QUE HABRÁ DE SEGUIR ÉSTA, CONFORME A SU PROPIA TEORÍA DEL CASO, QUIEN REALICE LA DILIGENCIA. Para dar una connotación adecuada a la exigencia de que dicho acto de investigación se realice por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación, es necesario ahondar en la naturaleza del reconocimiento de personas, entendido como un acto formal, en virtud del cual se intenta conocer la identidad de una persona, mediante la intervención de otra, quien al verla entre varias afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias. Se trata de un medio de prueba cuyo resultado puede ser un dato positivo o negativo, según se logre o no la identificación. Pero en ambos casos el dato será un reconocimiento y habrá aportado un elemento de convicción. Además, el componente psicológico que implica todo acto de reconocimiento, donde se intercala la imagen que queda en la memoria del momento del hecho, con la que se percibe en la propia diligencia, hace que sea concebido dentro de aquellos medios de prueba que la doctrina ha denominado "irreproducibles". En este sentido, es entendible que el reconocimiento de personas deba realizarse por autoridad ministerial distinta de la que dirige la investigación, pues con ello se garantiza que la diligencia se desarrolle bajo un criterio puramente objetivo, que permita obtener un resultado confiable, ya sea en favor o en contra del inculpado, independientemente de las líneas de investigación establecidas por el responsable de la carpeta. Sin embargo, debe hacerse énfasis en que lo que prohíbe el Código Nacional de Procedimientos Penales es que sea el responsable de establecer la dirección que habrá de seguir la investigación, conforme a su propia teoría del caso, quien realice la diligencia. Entonces, la mención de otros actos dentro de la indagatoria, en los que intervino la misma autoridad ministerial que llevó a cabo el reconocimiento, no es, por sí sola, motivo suficiente para estimar ilegal esa actuación, pues no debe perderse de vista que en todo momento la institución del Ministerio Público debe actuar con diligencia para integrar las investigaciones, evitando dilaciones que puedan derivar en la pérdida de indicios, por lo que la posibilidad de que otro agente intervenga en la misma carpeta dependerá de las circunstancias específicas que se presenten. Bajo ese contexto, para constatar el cumplimiento del requisito a que se ha hecho alusión, debe atenderse a la posición que guarda la autoridad ministerial que practica la diligencia con relación a la carpeta de investigación y las causas que motivaron su intervención, pero sobre todo, a que el órgano ejecutor se conduzca objetivamente y evite cualquier tipo de inducción o confusión, para lo cual, deberá velar por la fiel observancia de las demás formalidades a que alude la legislación adjetiva, como es la presencia del defensor del imputado, en respeto a su derecho de defensa, al igual que su presentación en conjunto con otras personas con características físicas similares, con lo que se podrá garantizar un resultado objetivo y confiable." Por otra parte, se hizo patente que la imputada quejosa se encontraba debidamente asistida de defensor, quien aceptó y protestó debidamente el cargo conferido ante las autoridades ministeriales, circunstancias que se corroboraron en el ejercicio contradictorio ante la juez del procedimiento, por lo que no se advierte violación a los derechos de la imputada en ese aspecto. Asimismo, se hizo constar que la imputada fue presentada con otras tres personas femeninas, asignándosele el número tres, de quienes se asentaron sus características físicas, así como la similitud en su vestuario, haciéndose constar que la víctima señaló de forma directa a la aquí quejosa, reconociéndole como la persona que se ubicó detrás de ella al momento del latrocinio, y quien la jaló del cabello y le dijo que entregara el dinero. De igual forma, se hizo constar que obraba en dicha diligencia la firma de la imputada, de su defensor, del testigo ocular, así como del ministerio público, no así la de las mujeres confrontadas (distractores), ni la del perito en materia de criminalística, del cual tampoco obraba el dictamen respectivo. Atendiendo a tal argumento, debe decirse que se considera infundado el concepto de violación esgrimido, pues no se consideran omisiones de entidad suficiente para calificar de ilícita la prueba y, como consecuencia, ordenar su desincorporación; es así, dado que, en efecto, el numeral 277 del código adjetivo penal no establece como requisito que obren las firmas de un perito, pues incluso tampoco contempla que deba dejarse registro pericial de la diligencia, pues únicamente dispone que, tratándose de personas menores de edad o de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional, para lo cual deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Es decir, de lo anterior se advierte que la designación de peritos en dicha diligencia es un derecho que asiste a las víctimas de los delitos ahí enumerados, o bien, de menores de edad, no así en favor de los imputados, por lo cual, en todo caso, el negarse tal derecho correspondería a una violación en perjuicio de las víctimas, no del imputado. No obstante ello, puede prescindirse de la práctica del dictamen pericial en criminalística, pues si éste se ordena por el ministerio público, es con la finalidad de darle mayor certeza a la diligencia (aun cuando para dicho efecto se prevea la presencia de un testigo ocular), sin embargo, el hecho de que no se realice -el dictamen-, no implica que deba restarse valor o idoneidad de la prueba, por lo cual, el hecho de que en la diligencia no obrase la firma del referido experto, no constituye una causa de invalidez del acto de investigación. Igual circunstancia acontece respecto de la firma de las personas que participaron en la confronta (distractores), pues el aludido numeral tampoco establece como requisito que éstas estampen su firma en la diligencia relativa, pues como se dijo, el elemento que da certeza a la prueba es el testigo ocular, así como la presencia del defensor y de la autoridad ministerial, pues los distractores pueden ser imputados en diversa investigación, o bien, personas que se encuentren en el momento de la realización del acto de investigación, por lo cual, no siempre se va a contar con la firma de éstas, sin que sea dable hacer depender la validez del acto de investigación de la voluntad que tengan o no para signar el acta relativa. De ahí, que no se advierta que haya existido una violación a derechos fundamentales como aduce la quejosa, pues se advierte que la diligencia cumple con los extremos contenidos en el artículo 277 ya citado, por lo que no se advierte razón alguna para que ésta no fuera valorada por la Juez del conocimiento; asimismo, es de considerarse que de haberse presentado alguna irregularidad en cuanto a las características físicas de los distractores, el defensor asistente se encontraba en posibilidad de manifestar lo conducente. Aunado a lo anterior, la ley exige que las características de los sujetos confrontados sean similares, no iguales, pues no es materialmente posible encontrar a personas idénticas ni de rasgos totalmente parecidos, además, no se desprende que se haya ocultado la apariencia de los distractores o de la quejosa, ni que éstos se encontraran disfrazados, aunado a que se asentó acta de dichos actos de investigación. En efecto, de la diligencia aportada por la representación social, se desprende que la víctima al tener a cuatro personas femeninas frente a ella, señaló de forma clara y específica a la hoy investigada, atribuyéndole incluso conductas concretas el día de los hechos, lo que atribuye un grado de certeza considerable a la probanza, aunado a que de acuerdo a la dinámica de los hechos, es claro que los activos del delito, al momento de su comisión no se encontraban con los rostros cubiertos, lo que hace evidente que la víctima los pudieron observar, y por tanto, reconocer; además, dicho acto de investigación tuvo lugar solo dos días después del acto delictivo, lo que también da fiabilidad al dicho de la víctima. En consecuencia, son infundados los argumentos en estudio toda vez que si bien dicha diligencia dio pie a la vinculación de la imputada con la carpeta de investigación de la que derivaron los actos aquí reclamados, lo cierto es que tal vinculación derivó de una diligencia llevada a cabo en términos de ley, de la que puede advertirse que la víctima que resintió directamente los hechos delictivos, señaló a la impetrante de forma directa y libre, sin que se adviertan vicios en su manifestación o en la realización de la propia diligencia, por lo que fue debidamente conducida a la presente investigación. Bajo ese contexto, debe indicarse que no tiene sustento el motivo de disenso propuesto por la impetrante relativo a que no se acreditó su probable responsabilidad (concepto de violación a), pues tal como se ha estudiado, el acto de investigación sobre el cual descansa la acreditación en grado de probable de su intervención, fue practicado correctamente. Así, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el auto de vinculación a proceso puede ser dictado si de los antecedentes de la investigación se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, siendo que debe efectuarse dicho análisis de forma razonable. De lo que se obtiene que la ley no exige que se acredite fehacientemente la participación y responsabilidad, sino únicamente que existan datos que hagan razonablemente probable la participación del investigado, asimismo, la redacción actual del artículo 19 constitucional, revela claramente la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Ilustra en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Bajo ese contexto, debe indicarse que no tiene sustento el motivo de disenso propuesto por la impetrante relativo a que la determinación reclamada viola en su perjuicio el derecho a la presunción de inocencia (concepto de violación i), pues de los datos de prueba que conforman los antecedentes de la investigación, se desprende que el auto de vinculación a proceso se encuentra suficientemente apoyado en los datos aportados, sobrepasando el estándar probatorio necesario para este estadío procesal, sin que el quejoso o su defensa hayan incorporado medio de prueba que resultara suficiente en la audiencia inicial para desvanecer los ofertados por la representación social, por lo cual el auto de vinculación fue dictado con los elementos que le fueron aportados a la juez responsable, sin que se desprenda una determinación arbitraria o irracional, por los motivos que se han razonado a lo largo de la sentencia. Sin que le asista la razón al quejoso en el sentido de que la autoridad únicamente concedió valor probatorio a los elementos aportados por la fiscalía, así como que existió parcialidad en favor de ésta (conceptos de violación f) y g), sin embargo el suscrito advierte que la juez sí valoró y ponderó cada uno de los medios de prueba aportados por la defensa, pues incluso estableció las razones por las cuales consideró que éstos no beneficiaban en grado alguno la hipótesis fáctica sustentada por la defensa, lo que se considera acertado y se comparte por este juzgador. Es así, en razón que las testimoniales aportadas por la defensa, no permiten en grado alguno desvanecer el cuadro fáctico planteado por la fiscalía, pues ninguna de éstas es concluyente en señalar qué se encontraba realizando la quejosa al momento de los hechos delictivos, pues el ateste Francisco Godínez Rodríguez, dice haber visto a la quejosa en un horario posterior al en que tuvo lugar el hecho delictivo, sin que le constaran de momento a momento las actividades de la imputada, es decir, de dicha declaración no se desprende con certeza lo realizado en ese día por la imputada, asimismo, el diverso ateste Oscar Godínez Vilchis, refiere haber estado acostado en su cuarto, siendo que tuvo contacto con la quejosa hasta las tres veintisiete de la tarde, incluso señalando que no pudo haber visto si ella salió antes de esa hora, esto es, el testigo desconoce lo que la imputada realizó a la hora de la comisión del delito. Aunado a ello, el juzgador debe valorar la declaración de las víctimas como elemento preponderante, con el resto del caudal probatorio a efecto de corroborar su verosimilitud, o bien, su posible falsedad, circunstancia, ésta última, que deberá ser probada de forma suficiente demostrando las razones por las cuales los deponentes atribuyeron al imputado una conducta que no realizó, sin que sea suficiente para dicho efecto el hecho de que comparezcan testigos de descargo y aseguren circunstancias diversas a las relatadas por la víctima, sobre todo cuando confrontando esas versiones con las imputaciones de cargo y otros indicios, no logran desvirtuar a estas últimas. Así, de la revisión de la audiencia relativa, se desprende que la juez responsable sí llevó a cabo dicha ponderación, pues hizo referencia a las testimoniales de descargo rendidas por los atestes aportados por la defensa sin que alguna de ellas hubiese sido suficiente para desvirtuar lo señalado por la víctima, o bien, para probar la animadversión que ésta pudiese tener con la imputada, ello con independencia del número de atestes aportados. Al efecto, se considera oportuna la cita del criterio jurisprudencial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, registro 2010041, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1828, de rubro y texto: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LAS IMPUTACIONES DE CARGO PREVALECEN SOBRE LAS DE DESCARGO -CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE LAS EMITAN Y DE QUE CONTRADIGAN LA IMPUTACIÓN HACIA EL INCULPADO-, SI ÉSTAS NO JUSTIFICAN LA POSIBLE ANIMADVERSIÓN O MOTIVO POR EL CUAL LOS TESTIGOS DE CARGO HABRÍAN DE SEÑALAR A UNA PERSONA DISTINTA DEL VERDADERO CULPABLE O AUTOR DEL HECHO IMPUTADO, SOBRE TODO SI LA VERSIÓN DE LAS VÍCTIMAS SE CORROBORA CON EL RESTO DE LAS PRUEBAS. La cantidad de testigos, por sí, no determina la mayor veracidad de sus testimonios, en función del elevado número de personas que declaren, pues el hecho de que se presenten a declarar varios testigos que afirman un hecho de forma idéntica no implica, necesariamente, que los eventos hayan acontecido de la manera en que lo refieren, sobre todo cuando confrontando esas versiones con las imputaciones de cargo y otros indicios, no logran desvirtuar a estas últimas, pues es válido comprender que la aparición posterior de una versión contraria a la de los declarantes de cargo (que incluso fueron víctimas), lleva implícita también la afirmación de los deponentes, en el sentido de que las víctimas que imputan el hecho mienten o no dicen la verdad y, ello, a su vez, implicaría admitir la pretensión dañada de perjudicar deliberadamente al inculpado; por tanto, quien pretende controvertir en esas condiciones a las imputaciones de cargo, deberá no sólo limitarse a sostener una versión opuesta (con las citadas derivaciones implícitas), sino justificar, además, la posible animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo habrían de señalar a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado; no obstante, si sólo se allegan testimonios de descargo (independientemente de su número) que se limitan a contradecir la imputación, pero sin aportar, además, dato alguno del porqué los imputadores pudieran mentir o tener razones para inculpar equivocada o indebidamente al enjuiciado, es claro que de la ponderación y confronta de ambos tipos de narrativa, deben prevalecer aquellos que provienen de las víctimas, sobre todo cuando la versión de éstas se corrobora con el resto de las pruebas, tales como periciales, documentales, huellas materiales, vestigios o, en general, todo aquello que siendo legalmente incorporado a los autos converja en prueba indiciaria o circunstancial que así lo establezca." De igual forma, se advierte que las manifestaciones que planteó ante la juez de control fueron, a juicio del suscrito, debidamente aclaradas por la fiscal y resueltas por la juez responsable. Asimismo, no se observa que la juez de control haya incurrido en imparcialidad, pues durante las audiencias se respetó el principio de igualdad de armas, dado que se concedió a cada una de las partes el uso de la voz para contrarrestar lo expuesto por su contraria y también la oportunidad de plantear su teoría del caso sin que se haya incurrido en parcialidad a favor de alguna de las partes. Por lo anterior, no puede decirse que se incurrió en violación al principio de igualdad procesal, como tampoco que se haya otorgado al órgano persecutor de delitos alguna ventaja procesal y que con ello se dejara en estado de indefensión a la solicitante de amparo. En apoyo a la consideración anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 141/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, página 2103, con número de registro digital 160513, que dice: "PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la misma índole -ofrecidos por ambas partes tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación." Cabe hacer mención de que, atinadamente la juez de la causa fundamentó y motivó cada momento procesal de la diligencia, pues refirió los preceptos aplicables y explicó al imputado los requisitos que debía colmar el auto de plazo constitucional, por lo cual, no se desprende falta de fundamentación ni motivación en la determinación reclamada, ni se advierte contradicción entre los fundamentos y afirmaciones vertidas por la resolutora responsable (concepto de violación e). Lo anterior, en términos de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual expresa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De lo expuesto se tiene, como se dijo, que ese cuadro procesal permite, objetiva y fundadamente, desprender datos, que por ahora, involucran a la hoy quejosa como probable interventora en los hechos que la ley señala como ilícitos y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente exonerarla de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos probatorios que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores elementos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos convictivos expuestos sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga y exista la probabilidad de que el imputado o imputados lo cometieron o participaron en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias de autos, se actualiza. Sin que en el caso se advierta una violación al principio de exacta aplicación de la ley como lo refiere la parte quejosa en el propio concepto de violación h), pues no refirió qué ley le fue aplicada de forma inexacta, ni el suscrito advierte violación a dicho principio, pues tal como se estableció, la conducta que se consideró actualizada sí encuadra en la hipótesis normativa planteada por la fiscalía, por lo cual, dicho argumento resulta infundado. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************contra el auto de vinculación a proceso de catorce de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la causa de control ******************** Negativa que se hace extensiva a la ejecución del auto de vinculación a proceso reclamada a la autoridad penitenciaria, por no haberse reclamado por vicios propios. Cobra aplicación por igualdad jurídica sustancial la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Materia Común, página 784, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades de quienes emana el acto, debe negarse también respecto de las que lo ejecutan o pretenden ejecutarlo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** por propio derecho contra el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando SEGUNDO, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO de esta resolución. Notifíquese; personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida, así como a la representación social de la adscripción, por lista a la tercero interesada y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público tercero interesado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. De autos se advierte que la parte quejosa no ha sido notificada de manera personal en el centro en el que guarda reclusión, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), notifíquese personalmente a la quejosa en el Centro de Reclusión, los autos de veintisiete de septiembre y siete de octubre de dos mil veintidós, así como los de nueve, veintitrés y veinticinco de enero de dos mil veintitrés, por los cuales se tuvieron rendidos los informes justificados, información remitida por una de las responsables y se tuvieron emplazados a los terceros interesados, asimismo, deberá corrérsele traslado con los informes de mérito y oficio en alcance, los cuales fueron agregados en los primeros tres autos en cita. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese y personalmente a la quejosa en el centro de reclusión (********************).
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