Marlenne Guadarrama Carbajal

Expediente 470/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
470/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Marlenne Guadarrama Carbajal
  • Directora del Centro Penitenciario Federal Número 16 "Cps Morelos" Con Residencia En Coatlan del Río

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el cinco de agosto de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración, en atención a que se concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa en el presente asunto. Transferencia del sumario En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales presentados, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 470/2022, promovido por R***************** en su carácter de defensor particular de *************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 2 a 16). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 17 a 26). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El cinco de abril de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 35). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 4 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 6). QUINTO. Audiencia Constitucional. El dieciséis de junio de dos mil veintidós; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", consistente en la omisión de brindar atención médica a la persona privada de la libertad M************************** De la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, el acto consistente en la omisión de tramitar la controversia que promovió vía electrónica el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, relacionada con el derecho a la salud de la aquí impetrante directa. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado negó la certeza del acto a ella reclamado (fojas 36 a 38), pues el cuatro de abril de dos mil veintidós, -fecha de presentación de la demanda que nos ocupa- ordenó el trámite de la controversia planteada por el defensor de M*************, contra la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", mediante el envío, por conducto de la oficialía de partes, al Juez habilitado con carácter de ejecución, como lo acordó en proveído de esa fecha en la CONTROVERSIA: ************** de su índice, como consta en el propio acuerdo que contiene el informe con justificación en análisis. Lo que se corrobora, además con las constancias remitidas en copia certificada por la citada autoridad penitenciaria responsable, en las que aparece que el cinco de abril de dos mil veintidós se radicó la referida controversia relacionada con las cuestiones de internamiento y se dio el trámite correspondiente bajo el expediente 2**********, por parte de la Jueza Karla Montes Ortega, Jueza de Distrito Especializada en Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, habilitada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fungir como Jueza de Ejecución, según la Circular ********, de diecinueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 92 a 97), documentales de ambas autoridades responsables a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", consideró que al tratarse el acto reclamado de cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento contenidas en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no se agotó el principio de definitividad. Lo que es fundado. En efecto, acorde con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de Amparo, del análisis integral de la demanda se desprende que la impetrante se duele de cuestiones relacionadas con sus condiciones de internamiento, específicamente, de la omisión de brindarle atención médica respecto del dolor que padece en la cadera que le impide caminar y acostarse, ocasionado por la actividad física realizada. Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Acorde con lo preceptuado en el dispositivo transcrito, se constata la omisión por parte de la peticionaria de agotar el principio de definitividad previo a instar el juicio de amparo, actualizando de esa manera la causa de improcedencia referida, porque con antelación a la presentación de la demanda, la quejosa debió agotar los procedimientos que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales proceden cuando se reclamen por parte de personas privadas de su libertad, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneren sus derechos, incluyendo la omisión de brindarle atención médica requerida por los dolores que dijo presentar. En efecto, la referida legislación prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento, en el que se reglamenta que las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. Régimen disciplinario, en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del comité técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la legislación especial en análisis. La legislación especial prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados -familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil-, tienen la posibilidad de formular peticiones a las autoridades administrativas penitenciarias, respecto de actos, hechos u omisiones que puedan afectar las citadas condiciones de internamiento, como es la omisión de brindarle atención médica requerida por los dolores ocasionados por la actividad física realizada por su ella, en términos de lo que establece el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 107 a 115 que a la letra señalan: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta ley, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la sustanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Cuando los Jueces de Ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." De lo anterior se advierte la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de la libertad, para proteger la afección de sus condiciones de vida digna y segura reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en caso urgente, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera se especifica que las peticiones referentes a la afectación de derechos de las personas en reclusión deben efectuarse por escrito y sin formalidad, ante el director del centro donde estén internas, en el entendido que, en el escrito se podrá aportar la información pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida digna y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad cuando se lo soliciten, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. En igual sentido, la aludida legislación establece la forma en que deben sustanciarse las peticiones al caso: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. - Una vez admitida, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. - El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - En casos urgentes, la citada ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). - Hipótesis en que la mencionada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que, cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Con lo anterior se pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, diseñado para atender las solicitudes de todas aquellas personas que se encuentren privadas de su libertad, y que consideren que se vulneran sus condiciones de internamiento, como lo es la omisión de brindarle atención médica general, nutriológica y psicológica, que no existe una adecuada separación entre procesadas y sentenciadas, la falta de alimentos y la consulta con su defensor y el trato que le dan las otras personas privadas de la libertad que califica de inhumano y discriminatorio, -bajo el entendido de que no se trate de una cuestión que ponga en riesgo la integridad de la persona privada de la libertad ni su vida-, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de dicha prerrogativa, incluso, de carácter urgente. Aunado, la referida legislación prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. De igual manera, la persona privada de su libertad también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Por tanto, cuando en el juicio de amparo se reclaman hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, como en la especie ocurre, es imperativo previamente agotar el procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y, en el caso de no resultar favorable a sus intereses, que se haya acudido ante el Juez de Ejecución, pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que se rige, entre otros principios, por el de definitividad. No es óbice a lo anterior que el reclamo de la parte quejosa se refiera a la omisión de la autoridad responsable en brindarle atención médica sin especificar que pudieran requerir atención urgente, puesto que la legislación aludida también regula la atención de ese tipo de casos apremiantes, por lo cual no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo pues, como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que, en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto motivó de la petición, así como sus efectos hasta tanto se resuelva en definitiva. Además, sobre el tema particular existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cobra exacta aplicación al caso concreto, con Registro digital 2018548, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Criterio jurisprudencial de observancia obligatoria que cobra exacta aplicación al caso concreto, ya que el acto reclamado por la parte quejosa encuadran en lo relacionado a las condiciones de internamiento, entendidas, según se estableció en la ejecutoria que dio lugar a dicho criterio, como cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de la libertad dentro del centro de reinserción social, en contra de las cuales procede el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, bien sea a través de una petición de carácter no urgente ante la autoridad penitenciaria, o de naturaleza urgente ante la autoridad judicial, con la posibilidad, en el último supuesto, de suspender los actos reclamados con los efectos ya descritos. Esto, porque las consideraciones que hace la parte quejosa para considerar que se vulnera su derecho a la salud se identifican plenamente con las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, de conformidad con los artículos 2, 9, fracción II y 30 de la ley en cita: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y en esta ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: [.] II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el centro penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establezca la ley." "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia que aquí se aplica, analizó la procedencia del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, considerando que debe agotarse en contra de las "omisiones inherentes a las condiciones de internamiento", que abarca actos de carácter positivo o negativo, dentro de los cuales se encuentran las cuestiones relacionadas con atención médica, incluso de carácter urgente, verbigracia, aquellas que puedan poner en grave riesgo su salud o su vida. Máxime, si durante el trámite del presente juicio se acreditó la tramitación simultánea de la controversia relacionada con cuestiones de internamiento de la aquí quejosa promovida por su defensor particular, bajo el expediente 213/2022, del índice de la Jueza de Distrito Especializada en Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; habida cuenta que en ese procedimiento serán objeto de análisis los aspectos cuestionados en el presente amparo. Bajo ese panorama, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con el diverso 63, fracción V, de esa ley. Finalmente, por lo que ve al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, es innecesario realizar mayor pronunciamiento, dado que lo resuelto en esta ejecutoria da cabal respuesta a lo ahí planteado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO de esta sentencia, por las razones expuesta en el TERCERO y CUARTO de ellos. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio enviado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, informa que ********************, es defensor particular de ********************, en la causa penal ********************; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la a audiencia constitucional se encuentra señala para hoy; sin embargo, no es posible su desahogo en razón de que las constancias que obran no resultan suficientes para resolver en definitiva este sumario. Por tanto, en atención a que este órgano se encuentra obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para resolver la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridad federal Centro de Justicia Penal Federal de Cuernavaca, para que dentro del término improrrogable de tres días, contados a partir de su legal notificación, informe si Ricardo Sánchez Bautista, es el defensor particular de Marlenne Guadarrama Carbajal, en la causa penal ******** de su índice. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia prevista y, en su lugar, se fijan las doce horas con diez minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Notifíquese.

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