Marlene Ruiz Martínez
Expediente 293/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marlene Ruiz Martínez
Actuaciones
- Principal
"(...)Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. (...) Notifíquese."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Marlene Ruíz Martínez, contra actos del 1. Juzgado de Control y Proceso Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, Sala "D", con sede en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. Regístrese con el número 293/2023-III. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la demanda de amparo y sus anexos, se desprenden los siguientes antecedentes formulados, bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa: - El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se le dejó citatorio para que acudiera el tres de marzo del año en curso, a declarar en relación a la carpeta de investigación BCR/DXVI/F1/1294/2022, del índice de la Fiscalía de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en Boca del Río, Veracruz. - En la data mencionada, compareció ante el ente ministerial junto con su defensora, para conocer el motivo de la denuncia. Solicitó copias de toda la carpeta para producir su defensa, se las negaron al momento. Le indicaron le serían entregadas el siete de marzo de dos mil veintitrés. Acudió el siete y diez de marzo siguiente, sin que le entregaran dichas reproducciones. - El quince de marzo de dos mil veintitrés, se le notificó a través de su defensora Arianna Nathaly Vásquez Ríos, el auto de ocho de marzo, dictado por el Juez de Control responsable. Se le comunica la radicación del proceso penal 153/2023 y cita con el carácter de investigada para las diecisiete horas del quince de mayo de dos mil veintitrés a fin de llevar a cabo la audiencia de imputación en libertad. Lo anterior, sin otorgarle el tiempo razonable para presentar su declaración. Aunado a que no se le expidieron las copias de la carpeta de investigación relativa, a fin de realizar una defensa adecuada. En relación con esos antecedentes y lo plasmado en el apartado de acto reclamado, se observa la dolencia constitucional consiste en: -La citación para comparecer a la audiencia inicial de formulación de imputación, en el proceso penal v. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en el presente sumario, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la orden de citación a la audiencia inicial no se trata de un acto privativo de la libertad. Razón por la cual, en su contra no procede el amparo indirecto. Es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se trata de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de requerir la presencia de la persona investigada para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y formular la imputación respectiva. Sin que obste el hecho que conforme a la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa. Es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a la inasistencia de la persona buscada sin justificación y la solicitud de la representación social para que se ordene su presencia mediante la fuerza pública. Sirve de apoyo, por su obligatoriedad, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común y Penal, página 239, Décima Época, registro 2018828, siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido la quejosa refiere no se le han otorgado las copias de la carpeta de investigación correspondiente. La interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que la persona imputada y su defensa podrán tener acceso a los registros de la investigación, obtener copia o fotografías de éstos, cuando se encuentre detenida, sea citada para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeta de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Y el diverso precepto 219 establece la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación. De manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad. Por lo que en caso de que no se les otorguen podrán acudir al Juez de Control para que resuelva lo conducente. Cobra aplicación, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, octubre de 2019, Tomo I, página 994, Registro digital 2020891, Décima Época, Materias Penal, de voz: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." En razón de lo anterior, no ha lugar duda que la parte quejosa debe acudir primeramente ante el Juez de Control, a efecto de que resuelva lo conducente a la entrega de copias de la carpeta de investigación. Máxime que, en el caso, como lo refiere, compareció ante la Fiscalía correspondiente para conocer el motivo de la denuncia. No se actualiza motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XVIII -principio de definitividad-, de la Ley de Amparo. Además, atento al diseño de la ley adjetiva penal, las partes -indiciada y fiscal- están bajo la potestad del Juez de Control. Por tanto toda petición relacionada con el acceso a la indagatoria cuando se está en alguno de los supuestos del artículo 218 antes invocado debe realizarse ante el mismo, quien tiene el deber legal de actuar con prontitud. Sin que este órgano federal pueda sustituirse al juzgador del orden común. Aunado a lo anterior, se tiene como hecho notorio, conforme al comunicado de prensa 113/2023, publicado en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de marzo de dos mil veintitrés, la Primera Sala de ese Tribunal analizó un caso en el cual policías acudieron al domicilio de una persona para solicitarle acudiera al Ministerio Público. De esta forma, tuvo conocimiento estaba siendo investigada. Acudió a la Fiscalía General de la República y solicitó le fuera permitido el acceso a los registros para conocer las razones de la investigación. Sin embargo, el Fiscal lo negó porque no había sido formalmente acusada. Derivado de esa actuación de la autoridad, presentó demanda de amparo indirecto, en la que reclamó la inconstitucionalidad de las normas en las cuales la Fiscalía sustentó su decisión (artículos 113, fracción VIII, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Al resolver, la Primera Sala estableció que, conforme a los preceptos reclamados, las personas tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación cuando se encuentren detenidas, sean citadas para comparecer como imputadas, o bien, cuando la autoridad lleve a cabo actos que afecten los derechos del particular con motivo de la investigación. Estimar lo contrario, vulneraría el derecho a una defensa adecuada. De ahí que es posible una persona, aun no siendo formalmente imputada, tiene derecho a acceder a los registros de la investigación cuando es la misma autoridad la que genera actos de molestia en su contra. En el caso concreto, la narrativa de la demanda y documentos anexos a la misma, ponen de manifiesto la falta de entrega de copias de la carpeta de investigación no es una situación aislada relacionada únicamente con la Fiscalía. Si no que esa indagatoria ya se encuentra judicializada, al haber solicitado el ente ministerial se fijara hora y fecha para llevar a cabo audiencia inicial y formular imputación. Lo cual fue concedido por el órgano jurisdiccional responsable. De ahí que no se actualice la hipótesis jurídica sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es, como se dijo, en términos del artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del Juez de Control que se soliciten copias de la carpeta de investigación relacionado con el proceso penal de donde emana el acto aquí reclamado. Por lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "ary.vqz". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a las personas que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Se toma nota del correo electrónico y número de teléfono proporcionados. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación de cuenta, se tienen como personas autorizadas a Juan Daniel Calderón González, Arianna Nathaly Vásquez Rios y Daniela Ruiz Rivas con las facultades amplias que establece el arábigo 12 de la Ley de la materia. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese; personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, electrónicamente a la parte quejosa.
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