Marlene Lucero García Herrera
Expediente 10/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marlene Lucero García Herrera
- Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
"...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 194 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO y, como consecuencia, con fundamento en el artículo 147 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan sin efecto las medidas decretadas en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido..."
- Principal
"...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de abril del año en curso, para que procediera a recoger los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio al tercero interesado... o en su caso, acreditara carecer de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, sin que lo hubiese hecho; por tanto, se provee: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. (.)". De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; es decir, en el caso de que no conste en autos el domicilio o el señalado resulte inexacto, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Esto es, el juez de distrito debe agotar las medidas de investigación para indagar el domicilio, antes de ordenarlo por edictos a costa del quejoso... En este sentido, el Juez de Distrito debe verificar si está o no en condiciones de atender la solicitud que hace la dependencia, para estimar que agotó totalmente las medidas de investigación para indagar el domicilio del tercero interesado, antes de ordenar su emplazamiento por medio de edictos, a costa del quejoso. En el caso, de que la búsqueda oficiosa haya sido infructuosa, y con esta se hayan agotado todas las medidas de investigación para indagar el domicilio del tercero interesado, el juez ordenará el emplazamiento por medio de edictos, a costa del quejoso. Acorde a eso, el emplazamiento del tercero interesado se realiza por medio de edictos, cuyo pago correrá a cargo de la parte quejosa, lo cual constituye una obligación para este. Ahora, la importancia del emplazamiento del tercero interesado, resulta ser una formalidad indispensable en el juicio de amparo, en virtud de la posición jurídica que guardan los terceros perjudicados, en relación con la subsistencia del acto reclamado, pues el emplazamiento garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. Es decir, ambos deben estar igualdad de posibilidades de ser oídos y actuar en el juicio de amparo respectivo, siendo de tal forma, que cualquier determinación que se adopte, pasando por alto dicha formalidad, puede llegar a afectar la esfera jurídica de éste; por lo que su emplazamiento a juicio, y que en el caso, el incumplimiento de la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, si no resulta posible llevar a cabo el emplazamiento por medio de edictos, por cuestiones atribuibles al quejoso, por no comparecer ante el órgano jurisdiccional a recoger los edictos y proceder a su publicación, con ello se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, pues el interés particular del quejoso no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que, en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos al tercero interesado... fue en atención a que la búsqueda oficiosa realizada con el propósito de ubicar su domicilio, resultó infructuosa. Por lo que mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se requirió a la quejosa a fin de que, en el término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, se presentara ante este juzgado a recoger los edictos; o bien, manifestara su insolvencia económica para sufragar los gastos de la publicación. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber comparecido a este Juzgado a recoger los edictos ordenados y ni aportar los elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, pues, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio del tercero interesado, era obligación de la parte quejosa o de sus autorizados, recoger los edictos y efectuar su publicación, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso C), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece y manifiesta que es de escasos recursos, y con ello está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos. Sin embargo, posterior a la fecha de la notificación, a saber, veintinueve de abril de dos mil veintiuno, del acuerdo de veintiocho del propio mes y año, donde se ordena la notificación de los terceros por edictos, no se advierte que en el plazo concedido, la parte quejosa o sus autorizados se hayan presentado a recogerlos, o hayan manifestado la imposibilidad económica para cubrir el costo de su publicación. En tales circunstancias, este órgano federal no está obligado a ordenar que el costo de las publicaciones corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; además es la parte quejosa quien debe manifestar y justificar tal circunstancia, pues resulta evidente la omisión y desinterés de su parte. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, pues por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tiene la tercera interesada a ser oída y a que se le respete su derecho de audiencia, a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, pues si se actuara de esta manera, se podría ocasionar un daño, incluso irreparable, al tercero interesado. Aunado que hasta el momento, no se advierte que la parte quejosa haya hecho saber a este juzgado, alguna imposibilidad que le haya impedido comparecer a recoger los edictos dentro del término establecido en auto de uno de octubre del año en curso; además de que nombró autorizados para que le tramitaran el presente juicio de amparo, por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Además, se considera que de sobreseerse este controvertido, la parte quejosa no quedaría en estado de indefensión porque una vez que tengan a su alcance la ubicación del domicilio de la parte tercera interesada o datos certeros en donde localizarla, podría instar un nuevo juicio de amparo indirecto, y entonces una vez emplazada aquélla, el Juez federal podría analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Se considera de esta manera, pues al tratarse de un sobreseimiento del juicio de amparo por no haberse cumplido un requisito procedimental, ello no implica pronunciamiento judicial sobre derecho sustantivo alguno; por tanto, este auto que pone fin a este juicio no constituye cosa juzgada para la promoción de una nueva demanda de amparo indirecto. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción II inciso b), 5, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO... Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Se instruye a la secretaría proceda a la cancelación de la hora y fecha fijada en la agenda de este juzgado..."
- Principal
".... Visto el estado de autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su desahogo en virtud de que en proveído de veintiocho de los cursantes, se ordenó realizar el emplazamiento del tercero interesado *-*-**-*-*-*-*-*, por medio de edictos, para lo cual se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para recogerlos. Por tanto, para no vulnerar algún derecho de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia de mérito y se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para tal efecto..."
- Principal
En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "1", con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de dos de diciembre de dos mil veinte, y al efecto, manifiesta que no cuenta con algún domicilio registrado en la dependencia a su cargo como del tercero interesado *-*-*-*-*-; por tanto, se acuerda: De una revisión de constancias que obran en autos, se advierte que se ha agotado la búsqueda oficiosa emprendida por este juzgado de distrito en proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, con el propósito de localizar un domicilio en donde pueda ser emplazado el tercero interesado -*-*-*-*-*-*-*, a esta instancia constitucional, sin obtener éxito; por lo que resulta evidente que se han agotado todos los medios para lograr el emplazamiento de la tercera, sin obtener éxito. Bajo ese panorama, es imprescindible destacar que el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. [.]" La citada hipótesis normativa prescribe que si no consta en autos el domicilio de los terceros interesados o de persona extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para recibir notificaciones, el actuario deberá levantar razón en ese sentido y dará cuenta con la misma al titular del órgano de control constitucional, quien tendrá que dictar las medidas pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos señalados en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tanto, se ordena emplazar a Lugardo García Herrera, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, ya que a pesar de la investigación oficiosa ordenada en autos, se desconoce su domicilio. Cabe señalar que los edictos contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de conformidad con lo estatuido en el arábigo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia. En dicho edicto también se hará saber a los terceros interesados que deberán apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación, así como que queda a su disposición, en la Secretaría de este juzgado copia de la demanda de amparo. Del mismo modo, en acatamiento a lo ordenado por el invocado artículo, se ordena fijar en los estrados de este órgano de control constitucional una copia íntegra del edicto, por todo el tiempo del emplazamiento. En ese aspecto, con la finalidad de establecer las obligaciones que genera a la parte quejosa el emplazar por edictos a la parte tercera interesada, así como los términos en que se deberá realizar dicho llamamiento a juicio, es necesario señalar que a la orden de emplazar por edictos a los terceros interesados le siguen tres distintos momentos y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, que son: Recoger los edictos; Pagar su publicación; y, Exhibir ésta última. De tal suerte que el solicitante del amparo debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que primero recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, de conformidad con el imperativo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Concluyendo que no pueda exigirse a la parte quejosa que, en un solo término procesal, cumpla con las tres obligaciones a su cargo, pues podrá recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, de la legislación federal supletoria, requiérase a la parte quejosa para que: a. En el término de tres días recoja los edictos correspondientes para emplazar a la nombrada tercera interesada. b. Dentro de otro plazo de veinte días, que se computará a partir del día siguiente al que se entreguen los edictos, acredite haber realizado las gestiones necesarias para su publicación; y, c. Respecto a la obligación de exhibir las publicaciones, se acordará lo conducente hasta en tanto se colmen los dos requisitos anteriores y transcurra la periodicidad legalmente prevista para ello. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento de que, de no ser observado en el orden y dentro de los plazos legalmente establecidos, y atendiendo a las particularidades del asunto en concreto, se acordará lo procedente. En la inteligencia que de incumplir dentro de los plazos que al efecto se le conceden, se sobreseerá el presente juicio biinstancial. Apoya lo anterior, la tesis XVII.1o.C.T.18 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1320, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Materias Constitucional y Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). Hágase del conocimiento a la parte quejosa que en caso de no contar con los recursos económicos para sufragar los gastos de publicación de los edictos, deberá acreditarlo con las constancias correspondientes para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Por otro lado, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna. Notifíquese como corresponda, en virtud que el artículo 21 del Acuerdo General autoriza para hacer por lista electrónica las notificaciones y el artículo 23 de la Ley de Amparo establece que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.
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