Marlene Jiménez García

Expediente 2667/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2667/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Marlene Jiménez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por XXXXXXXXXX en su carácter de Secretaria General del Sindicato Nacional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en representación del personal de confianza de esa Comisión, por el cual realiza manifestaciones y exhibe las credenciales originales a nombre de diversas personas expedidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, relativas al servicio médico subrogado en su favor, así como copias simples de las mismas e impresiones de estados de cuenta de dicho servicio médico y solicita se requiera a las autoridades responsables den cumplimiento a la suspensión otorgada a los quejosos en el presente asunto, puesto que XXXXXXXXXXX, siguen sin recibir el beneficio consistente en servicio médico subrogado; atento ello, no ha lugar a acordar favorablemente su petición en atención a los siguientes razonamientos: Cabe precisar que la suspensión definitiva concedida mediante resolución interlocutoria de diez de mayo de dos mil diecinueve, fue para el efecto de que: "(.) En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138, de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva a Beatriz Adriana Soto Berumen, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Nacional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (SINACONDUSEF), en representación del personal de confianza que integra dicha institución, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se aplique en su perjuicio el decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve, es decir, que continúen recibiendo sus remuneraciones -ingresos monetarios, prestaciones y beneficios- en la forma en que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor de las normas generales que por esta vía reclaman. En ese sentido, las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán abstenerse de aplicar las normas reclamadas, incluso para efectos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve. . R E S U E L V E . SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a Beatriz Adriana Soto Berumen, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Nacional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros SINACONDUSEF), en representación del personal de confianza que integra dicha Institución, respecto del acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. ..." Por su parte, en la resolución interlocutoria de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en la que se declaró fundado el incidente de incumplimiento de suspensión, se señaló que los quejosos: XXXXXXXXXXX, recibían percepciones por los conceptos de Sueldo, Ayuda de Transporte, Compensación por desarrollo y capacitación, Deportivo, Vales de comida, Vales de despensa, Prima Quinquenal, Aguinaldo y Prima de Antigüedad y que no se les estaba pagando la totalidad de ellas, puesto que ahora sólo se les cubría Sueldo y Prima quinquenal, por lo que en esa resolución se determinó que los trabajadores enunciados anteriormente no han recibido las mismas prestaciones en el lapso correspondiente a la primera quincena de junio de dos mil dieciocho y la de dos mil diecinueve y se requirió el cumplimiento de la suspensión. De lo anterior, se advierte que el concepto de Servicio Médico Subrogado que ahora pretenden incorporar los quejosos al requerimiento de cumplimiento de suspensión, no fue materia de pronunciamiento en la interlocutoria de incumplimiento referida, de ahí que no se pueda requerir a la autoridad responsable para que, en su caso, en cumplimiento a la suspensión sea cubierto; aunado a ello, no se advierte de manera alguna que esa prestación hubiese sido retirada a los solicitantes de amparo con motivo de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y que con ello se contravenga la concesión de la suspensión otorgada en autos. Finalmente por lo que hace a las credenciales originales exhibidas por la parte quejosa, cabe precisar que no fue exhibida ninguna a nombre de José Leobardo Alva Morales y en contrario se ofreció la de Ángeles Yobana Rocha Vazquez y de los menores L.G.A.R. y C.Y.A.R.; documentales que en su totalidad se dejan a disposición de la parte quejosa para que comparezca a recogerlas, previa toma de razón y copia certifica da que se deje en autos, mientras ello ocurre manténganse en una mica trasparente debidamente glosada al presente incidente. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y en atención a su contenido, infórmesele al juzgado oficiante que mediante proveído de veintiséis de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 1991-VI, al que se acompañó el juicio de amparo 1600/2018 de su índice y un legajo de pruebas, el cual se registró con el número de expediente 1235/2019; además de que el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se engrosó la sentencia correspondiente; y por el diverso de veinticinco de septiembre del mismo año, causó ejecutoria y se proveyó respecto su archivo. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y en razón que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción II, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III del punto Vigésimo del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Ciudad de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta su conformidad con la planilla de liquidación remitida por la autoridad responsable, por el monto liquido de *****, por concepto de pago de diferencias de aguinaldo de dos mil dieciocho. En ese orden, y atendiendo a lo manifestado en el escrito que se provee, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo y 197, de la Ley de Amparo vigente, REQUIÉRASE al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, en su carácter de vinculada, otorgue la suficiencia presupuestal a favor del quejoso por la cantidad previamente descrita. Sustenta la consideración anterior la jurisprudencia 1ª./J.97/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Septiembre de 2011, Tomo XXXIV, página 134, con rubro: "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO DE LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES LOCAL PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES OTORGUE SU VISTO BUENO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES." Apercibido que de no llevar a cabo tales actos, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al: 1) Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como superior jerárquico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto y del Director General de Recursos Humanos, ambos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Para que dentro del término de tres días acrediten ante este Juzgado, haber ordenado al personal bajo su mando el cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibidos que de no llevar a cabo tales actos, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. Prevéngase a las autoridades directamente obligadas y a sus superiores jerárquicos que de mostrar una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el diverso 193 de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para que elabore el proyecto de separación del cargo para los efectos del numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. No obstante, entérese a las autoridades, que aun cuando dejen sus respectivos puestos, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional y 193 de la citada legislación. Notifíquese.

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