Marlen Ramírez Rangel
Expediente 1011/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/05/2023
Partes del expediente
- Marlen Ramírez Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
El ocho de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el oficio D.J.1.0.6.1.2./4553/2023, remitido por el Coronel de Justicia Militar y licenciado Titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, así como con el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1011/2022-VIII. Conste. La Secretaria. Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de mayo de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y glósese al expediente el oficio D.J.1.0.6.1.2./4553/2023, remitido por el Coronel de Justicia Militar y licenciado Titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México; de su contenido se aprecia que solicita copia certificada del auto de once de enero del presente año, por el que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó este asunto (fojas 160 y 161); por tanto, expídasele lo anterior a la oficiante, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia constitucional terminada de engrosar el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías 1011/2022-VIII, promovido por ******************** (fojas 138 a 146); transcurrió para las partes de la siguiente manera: I) a la quejosa, del veintiocho de diciembre del año antes descrito al diez de enero de esta anualidad; y II) al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, del veintisiete del mes y año próximo pasado al nueve de los actuales, sin que hayan realizado manifestación alguna; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, no obstante que no se realice el cómputo del plazo para interponer recurso de revisión respecto de las autoridades responsables foráneas, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la citada ley, éstas sólo podrían interponer el medio de impugnación si el sentido del mismo afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dada la naturaleza del mismo en el presente juicio constitucional. Consecuentemente, se aprecia que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De igual forma, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente y toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1011/2022-VIII, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del doce de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Jesús Florentino González González, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
S e n t e n c i a . Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 1011/2022-VIII, promovido por Marlen Ramírez Rangel, contra actos del Almirante Secretario de Marina, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado vía electrónica el ocho de septiembre de dos mil veintidós, ante este tribunal (fojas 1 a 5), la agraviada de mérito solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados que se expresan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ciudad de México. 1) Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 2) Secretario de Marina. ACTO RECLAMADO: ". IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad responsable ordenadora la resolución dictada en fecha diez de agosto del año en curso, dentro del expediente número 420366, dictada dentro del recurso de reconsideración interpuesto por la suscrita. Acto que me fue notificado en fecha veintiocho de agosto del año en curso. Reclamo de las autoridades responsables ejecutoras, la ejecución del acto reclamado imputado a la responsable ordenadora." Segundo. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, registrándola en el libro de gobierno bajo el número 1011/2022-VIII (fojas 6 y 7), se ordenó la apertura de incidente de suspensión en virtud de haberse solicitado, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en su oportunidad, una vez integrado el asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede (fojas 136 y 137); y, C o n s i d e r a n d o : Primero. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe establecerse cuáles son los actos materia de estudio en este juicio. Lo anterior, obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad (fojas 1 a 5), sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente, sin cambiar su alcance y contenido; por lo que, además del fundamento antes invocado, tiene aplicación la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 181810 y visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, tanto de la transcripción de los actos reclamados, como del contenido de sus antecedentes y los conceptos de violación, se evidencia que la causa de pedir consiste en: La resolución de diez de agosto de dos mil veintidós [recaída al recurso de reconsideración interpuesto por la quejosa en contra de la diversa decisión de veinte de abril del año en curso], en el que se le otorgó el beneficio económico de compensación, dentro del expediente 420366, relativo al procedimiento administrativo de retiro por edad límite, instaurado a dicha doliente -en su calidad de Tercer Maestre del Servicio de Comunicaciones Navales, Escala Radio Operador, en la Primera Zona Naval Militar de la Armada de México, en esta ciudad- (fojas 57, 58, 72 a 74 y 119 a 121). Una vez precisados los actos combatidos, lo procedente es determinar su certeza o inexistencia. Tercero. Por cuanto hace al Almirante Secretario de Marina, a través de la Capitán de Navío, del Servicio de Justicia Naval, Jefa de la Unidad Jurídica de dicha Secretaría, con residencia en la Ciudad de México, del contenido de su informe justificado (fojas 33 y 34), se advierte que no son ciertos los actos que se le reprochan. Ello es así, pues la resolución reclamada no fue emitida por el Titular de la Secretaría de Marina, sino por una dependencia diversa, perteneciente al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por ello, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, únicamente por lo que concierne a los actos reprochados al Almirante Secretario de Marina, en la capital de la república, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. A las anteriores consideraciones, tiene aplicación el texto de la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perceptible con registro electrónico 917818 y que consta publicada en la página 236, del tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También, se invoca la tesis VI.2o.A.4K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con el símbolo de búsqueda 187728 y visible en la foja 903, del tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Cuarto. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad denominada Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a través del Almirante, Subdirector General y Secretario de dicha Junta, con residencia en la Ciudad de México (fojas 39 a 51 y 86 a 98), se advierte la certeza de los actos que se le reprochan, pues las manifestaciones que efectuó, así lo revelan. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas de constancias que remitió, derivadas del expediente 420366 de retiro forzoso por edad límite, seguido en dicho instituto a la aquí quejosa (fojas 52 a 82, 99 a 124, 126 a 128, 132 y 133); documentales que en su conjunto, revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. Consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, deben tenerse como ciertos los actos reclamados de la autoridad de mérito. Se cita la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 y que consta publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Previo al estudio de los conceptos de violación plasmados en la demanda (fojas 1 a 5), se analizan las causales de improcedencia [distintas a la examinada en el considerando tercero de este fallo], por ser de orden público y prioritario en el juicio de garantías, como lo establece el numeral 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; disposición que ha sido interpretada conforme al texto de la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro electrónico 394770 y visible en la página 553, del tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, la autoridad responsable denominada Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a través del Almirante, Subdirector General y Secretario de dicha Junta, con residencia en la Ciudad de México (fojas 39 a 51 y 86 a 98), invocó diversas causales de improcedencia, de las cuales este tribunal estima que concurre la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, que se pronunció en torno al recurso de reconsideración interpuesto por la aquí quejosa, en contra de la decisión de veinte de abril de dos mil veinte, modificándola sólo en cuanto al tiempo de servicios transcurrido y monto, otorgándole el beneficio de retiro por compensación (fojas 57, 58, 72 a 74 y 119 a 121); no tiene el carácter de definitiva, forma parte de las etapas, pero no es la última actuación que culmina el procedimiento de retiro forzoso por edad límite, pues la resolución definitiva lo será la orden de baja del activo y alta en situación de retiro, que dicte la Secretaría de Marina, residente en la capital del país, En efecto, se actualiza la causal en comento, conforme al numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y ." De los preceptos reseñados se advierte que contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que dicho acto emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. Además, debe estimarse que por procedimiento en forma de juicio debe entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho fundamental de audiencia. En el caso concreto que se analiza, el acto que en esencia aquí se reclama, es la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós [recaída al recurso de reconsideración interpuesto por la quejosa en contra de la diversa decisión de veinte de abril del año en curso], en el que se le otorgó el beneficio económico de compensación, dentro del expediente 420366, relativo al procedimiento administrativo de retiro por edad límite, instaurado a dicha doliente -en su calidad de Tercer Maestre del Servicio de Comunicaciones Navales, Escala Radio Operador, en la Primera Zona Naval Militar de la Armada de México, en esta ciudad- (fojas 57, 58, 72 a 74 y 119 a 121). Del análisis integral de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que el tres de enero de dos mil veintidós, se le inició trámite de retiro por edad límite con derecho a la compensación del Servicio Activo de la Armada de México (fojas 76 y 99); el veinticinco de febrero del año en curso por oficio D.C.YP.E.L.:/44/2022, se emitió declaración de procedencia de retiro por edad límite para que se le dictaminara beneficio económico (fojas 101 a 103). Por ello, la responsable mediante decisión de diez de abril de esta anualidad, concedió a la quejosa el beneficio económico de compensación (fojas 53 a 56, 104 y 105); contra dicho dictamen, la agraviada interpuso recurso de reconsideración mediante acuse de recibo de notificación y escrito de seis y dieciséis de mayo del año que transcurre (fojas 61 a 71 y 106 a 118). El acto que aquí se pretende combatir a través del juicio de garantías, es la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós (fojas 57, 58, 72 a 74 y 119 a 121), que recayó al recurso de reconsideración interpuesto por la doliente, dentro del expediente 420366, donde se le concedió a la doliente Marlen Ramírez Rangel el beneficio económico de "Compensación"; al efecto, la responsable estableció que dicho beneficio es el que por derecho le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción I, 12 fracción lll, 18 fracción III, 21 párrafo quinto, 22 fracción I, 23, 24 fracción I, 25 fracción I, 31 fracción II, 36 fracción I, 37, 48, 175 fracción III, 176, 181, 182 y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Bajo esa óptica, el acto reprochado es una actuación intermedia que forma parte de las fases del procedimiento administrativo para colocar a una integrante de la Secretaría de Marina en situación de retiro por edad límite. En los numerales 4 fracción IX, 21, 24 fracción I, 25 fracción I, 186, 187, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se describe, entre otras cuestiones, el procedimiento del que deriva el acto reclamado: "Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: . IX. Declaración de Procedencia de Retiro, el documento que le expide al militar la Secretaría de origen, para trámite de retiro, a fin de que la Junta Directiva determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio, el cual es provisional al inicio del trámite administrativo y definitivo a su término; ." "Artículo 21. Retiro es la facultad que tiene el Estado y que ejerce por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para separar del activo a los militares al ocurrir alguna de las causales previstas en esta Ley. Situación de retiro es aquella en que son colocados, mediante órdenes expresas, los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija esta Ley, al ejercer el Estado la facultad que señala el párrafo anterior. Los militares con licencia ilimitada para ser retirados deberán presentar su solicitud ante las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso. Haber de retiro es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que fija esta Ley. Una vez integrado el haber de retiro en los términos del artículo 31 de la presente Ley, será considerado como un solo concepto para todos los efectos legales. Pensión es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares en los casos y condiciones que fije esta Ley. Compensación es la prestación económica a que tienen derecho los militares y sus familiares, en una sola exhibición, en los términos y condiciones que fije esta Ley." "Artículo 24. Son causas de retiro: I. Llegar a la edad límite que fija el artículo 25 de esta Ley; ." "Artículo 25. La edad límite de los militares para permanecer en el activo es la siguiente: Años I. Para los individuos de tropa 50 ." "Artículo 186. En los casos de retiro forzoso, las dependencias encargadas del manejo del personal militar en las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, informarán a la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros que corresponda, los casos en que se estime comprobada una causa de retiro proporcionando la documentación comprobatoria. Cuando no se proceda de oficio, los interesados podrán solicitar su retiro en la forma antes establecida para el retiro voluntario. Los militares que se encuentren gozando de licencia ilimitada, formularán su pliego de solicitud de retiro ante la Secretaría que corresponda y acompañarán la documentación comprobatoria de sus derechos." "Artículo 187. Al recibirse las solicitudes o informes especificados en el artículo anterior, las Secretarías respectivas ordenarán el cómputo de servicios del interesado, la obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la formulación del extracto de antecedentes." "Artículo 188. Con apoyo en las pruebas reunidas, la Secretaría de que se trate declarará la procedencia del retiro, por estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en el activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. De lo contrario, declarará la improcedencia del retiro fundándola y motivándola debidamente. Estas declaraciones se notificarán al militar, dándosele a conocer, en su caso, el cómputo de sus servicios y el grado con el que serán retirados, para que dentro de un plazo de quince días hábiles manifiesten su conformidad o formulen su inconformidad expresando objeciones, las cuales sólo podrán referirse a la procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser retirado el interesado y al cómputo de sus servicios. Si lo estimare pertinente, en el mismo escrito de inconformidad ofrecerá pruebas, las cuales se recibirán en un plazo de quince días siguientes a la terminación del plazo anterior." "Artículo 193. En los casos en que los militares y los familiares de éstos hubieran formulado objeciones a las declaraciones pronunciadas por la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría que corresponda, o a los cómputos de servicios, dicha Dirección formulará dentro de los 45 días hábiles siguientes, su declaración definitiva en la cual resolverá las objeciones aceptándolas o rechazándolas, y haciendo pormenorizada valorización de las pruebas y cuestiones alegadas. También será notificada a los interesados esta declaración. Si los militares o los familiares manifestaron su conformidad a las declaraciones provisionales o dejaren transcurrir el primer plazo señalado en el artículo 188 de esta Ley -lo que se considerará como una aceptación tácita-, se tendrá como definitiva dicha declaración. "Artículo 194. Cuando en las declaraciones de la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, respectivamente, se reconociere la procedencia del retiro del militar interesado, o se tuviere por probada la personalidad militar de la persona de que hacen derivar sus derechos los peticionarios, y el hecho de que su muerte haya ocurrido en el activo o en situación de retiro, se remitirá el incidente de retiro y el expediente militar al Instituto. En los casos en que la declaración fuere adversa, se notificará ésta a los interesados, dando aviso al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público." "Artículo 196. Al recibir el Instituto la documentación proveniente de la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría de que se trate, realizará el estudio de los antecedentes y formulará un dictamen, dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la procedencia del beneficio, su naturaleza y su monto, pudiendo solicitar los datos aclaratorios necesarios a la Dirección remitente, a la autoridad que corresponda o al militar o familiares peticionarios. En caso de que el Instituto advierta que la Dirección remitente ha omitido formalidades de procedimiento que le corresponda y que pudieran dar lugar a reclamaciones ante los tribunales, devolverá la documentación del caso a dicha Dirección para que se proceda legalmente. La Junta Directiva, con vista del dictamen y toda la documentación relativa, dictará resolución dentro de 45 días hábiles siguientes concediendo o negando el beneficio, especificando en el primer caso, su naturaleza, su cuantía y demás particularidades del mismo. El otorgamiento o la negativa se basarán en los hechos y circunstancias que aparezcan probados, hubieran sido o no alegados o impugnados por los promoventes, pero se hará referencia a todas las cuestiones planteadas y se valorará cada una de las pruebas presentadas por los interesados. La Junta del Instituto, en sus resoluciones, acatará las declaraciones definitivas de la Dirección de la Defensa Nacional o de Marina, en cuanto reconozcan personalidad militar, determinen jerarquías en el activo o para efectos de retiro, precisen específicamente la causa o causas del retiro acreditadas y fijen situaciones dentro del activo o de retiro. También se sujetará a los cómputos de servicios formulados en dichas Direcciones." "Artículo 198. Al notificarse la resolución anterior, que tendrá carácter de provisional, los interesados podrán ejercitar dentro de un plazo de quince días el recurso de reconsideración, contando con quince días para la presentación de pruebas si las ofrecieran precisamente en el escrito con que interpusieron el recurso. El recurso de reconsideración a que se refiere este artículo, se rechazará de plano en lo que se refiere a lo ya resuelto por la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros respectivamente, de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso. Si dentro del primer plazo manifiestan su conformidad o dejaren que transcurra en silencio, lo que significará una aceptación tácita, se tendrá como definitiva la resolución de la Junta." "Artículo 199. Si los interesados interpusieran el recurso de reconsideración, se tramitará éste, y la Junta del Instituto dictará resolución definitiva, en que se ratificará, modificará o revocará la anterior, refiriéndose solamente a las cuestiones planteadas en el recurso y valorando las pruebas aportadas en el mismo o las ya existentes que hubieren sido impugnadas por los recurrentes. "Artículo 200. Agotado el procedimiento a que se refieren los artículos precedentes, para el efecto de su sanción, y a fin de que puedan ser ejecutados, el Instituto remitirá de oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los acuerdos de la Junta Directiva que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o las compensaciones. Para que los acuerdos mencionados puedan ser ejecutados, es indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los sancione. Si a partir de la fecha de la sanción a la baja del militar se generan nuevos derechos, el militar retirado o sus beneficiarios podrán solicitar la modificación del acuerdo de la Junta Directiva y de la sanción en el término de dos años; transcurrido ese término, el acuerdo y la sanción mencionadas quedan firmes para todos los efectos legales y no podrán ser modificados." "Artículo 201. La aprobación o denegación será comunicada de inmediato al Instituto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la de Marina, en su caso, así como al militar o a los familiares del militar, tanto la resolución definitiva de su Junta Directiva, como la aprobación o negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, devolviendo a la Secretaría de origen la documentación enviada." "Artículo 202. La Secretaría de origen, al recibir la notificación a que se refiere el artículo anterior, girará las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar, cuando así proceda." De los dispositivos antes reseñados, se desprende en esencia que: * La declaración de procedencia de retiro es el documento que la Secretaría de Marina emite para el trámite de retiro de un elemento, a fin de que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio económico de retiro. * Retiro es la facultad que el Estado ejerce, por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para separar del activo a los militares, al ocurrir alguna de las causales previstas en la ley. * Situación de retiro es en la que son colocados los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley, al ejercer el Estado la facultad de retiro. En caso de retiro forzoso [como en el caso que nos ocupa, por edad límite], las dependencias encargadas del manejo del personal militar en la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina informarán a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros, los casos en que se estime comprobada una causa de retiro, proporcionando la documentación comprobatoria. * La Secretaría respectiva ordenará el cómputo de servicios del militar, la obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la formulación del extracto de antecedentes. * La Secretaría, en el caso, de Marina, con las pruebas recabadas, declarará la procedencia del retiro, al estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. * La declaratoria de procedencia de retiro se notificará al militar, dándole a conocer el cómputo de sus servicios y el grado con el que será retirado, para que dentro de un plazo de quince días hábiles manifieste su conformidad o formule su inconformidad, que sólo podrá referirse a la procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser retirado y al cómputo de sus servicios. * En el mismo escrito de inconformidad, el militar podrá ofrecer pruebas, que se recibirán en un plazo de quince días siguientes al fenecer el plazo anterior. * La Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros formulará, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación de la inconformidad, la declaración definitiva resolviendo las objeciones, aceptándolas o rechazándolas; dicha resolución será notificada a los interesados. * Cuando se reconozca la procedencia del retiro del militar, se remitirá el incidente de retiro y el expediente militar al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. * El citado instituto realizará el estudio de antecedentes y formulará un dictamen dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes, sobre la procedencia del beneficio económico de retiro, su naturaleza y monto. * Visto el dictamen, la Junta Directiva del instituto dictará resolución en un plazo igual al anterior, concediendo o negando el beneficio económico de retiro. * La Junta Directiva, en su resolución, acatará la declaración definitiva de retiro de la Dirección de la Defensa Nacional o de Marina, en cuanto a la personalidad militar, las jerarquías en el activo y la causa o causas de retiro. * La resolución de la Junta Directiva tendrá el carácter de provisional y podrá ser recurrida en reconsideración, en el plazo de quince días siguientes a su notificación, pudiéndose ofrecer pruebas. * El recurso de reconsideración será rechazado de plano, cuando se refiera a lo resuelto por la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros. * Interpuesto el recurso de reconsideración, la Junta Directiva dictará resolución definitiva en la que ratificará, modificará o revocará la provisional [en esta fase del procedimiento de origen, se ubica el acto aquí reclamado]. * Agotado el procedimiento, el instituto remitirá de oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los acuerdos de la Junta Directiva que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o compensaciones, para su sanción y para que puedan ser ejecutados. * La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificará de inmediato al instituto la aprobación (sanción) o denegación del beneficio económico de retiro. * A su vez, el instituto notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, así como al militar o familiares del militar, la resolución definitiva de la Junta Directiva y la aprobación o negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. * La Secretaría de origen (de la Defensa Nacional o de Marina) girará las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro, una vez que reciba la notificación del instituto y cuando así proceda [esa será la última etapa y culminación del procedimiento de origen]. En ese tenor, se aprecia que el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro a un militar [en el caso, a una integrante de la Secretaría de Marina, por edad límite], se conforma de cuatro etapas, a saber: declaración de procedencia de retiro, otorgamiento del beneficio económico de retiro, sanción del beneficio económico de retiro otorgado y orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. De tal forma, que la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós aquí reclamada, no tiene la característica de ser definitiva, pues es una decisión intermedia en cuanto al monto de compensación que la quejosa percibirá cuando esté en retiro, pero aún falta que culmine la última fase del procedimiento de origen, que en el caso lo será la orden de baja que emita la Secretaría de Marina; con lo cual se pondrá fin al procedimiento de retiro forzoso por edad límite iniciado a la impetrante. En efecto, la determinación reclamada atiende a un recurso ordinario que hizo valer la quejosa dentro del expediente de origen, pero no concluye dicho procedimiento. Por lo que, en ese contexto es improcedente el juicio de amparo promovido por la quejosa, dado que el acto de autoridad en estudio sólo constituye una actuación intermedia, emitida dentro de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pero no es la última resolución, pues culminará con la orden de baja en activo y alta en retiro que dicte la Secretaría de Marina. Sobre el particular, en sus aspectos estrictamente aplicables, se cita la jurisprudencia 2ª./J.154/2013 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2005147 y visible en la página 698, del libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Materia Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉLLA NO ES LA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR A UN MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO. De acuerdo con los artículos 4o., fracción IX, 21, 186 a 188, 193, 194, 196 y 198 a 202 de la citada ley, el procedimiento administrativo para poner a un militar en situación de retiro se integra de 4 etapas, a saber: 1) declaración de procedencia de retiro; 2) otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3) sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, 4) orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. En consecuencia, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la resolución dictada en la inconformidad prevista en el citado artículo 188, en la que el Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional declara la procedencia de retiro del militar, que constituye únicamente la satisfacción de la etapa 1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, toda vez que dicha resolución no es la definitiva en el procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro, porque éste culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda. En ese sentido, el hecho de que el militar no combata, a través del juicio de amparo indirecto, la resolución dictada en el recurso de inconformidad, no significa que esté consintiendo la declaración de procedencia de retiro, la cual podrá impugnar al momento de promover amparo contra la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, con la que culmina el procedimiento." En ese contexto, serán hasta cuando se dicte la última resolución en el procedimiento administrativo de mérito, que la agraviada podrá reclamar todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de origen o en la propia resolución definitiva de baja. En sus aspectos estrictamente conducentes, se cita la jurisprudencia 2a./J.22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 184435 y localizable en la página 196, del tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que establece: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Pues como se dijo y ahora se reitera, la decisión combatida no puede reclamarse en este juicio de amparo indirecto, pues no es el fallo definitivo y en su momento, las violaciones de derechos que se esgrimen, podrán ser combatidas en contra de la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento natural, en caso de que resulten adversa a los intereses de la quejosa, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En tal razón, concurre la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y se decreta el sobreseimiento en este juicio de garantías promovido por Marlen Ramírez Rangel, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable denominada Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México; en términos del ordinal 63, fracción V, de la citada legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 77, 79, 215 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e . Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Marlen Ramírez Rangel, en contra de los actos reprochados a las autoridades responsables, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, terminada de engrosar hasta el día de hoy, veintidós de diciembre de dos mil veintidós, quien actúa asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, secretaria que autoriza y da fe.
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