Marlen Mora Santiago

Expediente 166/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
166/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Marlen Mora Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Juicio de amparo 166/2023.. Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que se desechó de plano la demanda de amparo planteada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO ACTUAL, QUE ESTABLECE... Visto; el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa Marco Alejandro Sánchez Escuer para que compareciera ante este juzgado federal a recoger el título de crédito número 3745 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, valioso por $6,951.16 (seis mil novecientos cincuenta y un pesos 16/100 M.N.) de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, expedido a su nombre, el cual fue remitido por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin que lo hubiere hecho. Por tanto, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que le surta efectos la notificación del presente auto, comparezca a este órgano a través de la persona que tenga la facultad para recoger el citado título de crédito; apercibida que de no hacerlo así dentro de dicho plazo, este órgano jurisdiccional procederá a devolverlo a la autoridad responsable correspondiente, para que ante esa dependencia realice las gestiones necesarias con motivo de su entrega y se procederá a declarar cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: JUICIO DE AMPARO 166/2023. Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Desahoga prevención. Visto; agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual desahoga la prevención de veinte de febrero de dos mil veintitrés y en ese sentido, bajo protesta de decir verdad, manifiesta los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. En consecuencia, se le tiene por desahogada la prevención formulada por este juzgado federal y se provee con relación a la demanda de amparo. Desechamiento de demanda. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda. En ese tenor, en lo que interesa, la parte quejosa reclama la determinación contenida en auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Bajo esa óptica, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de la materia, ya que el acto que se reclama constituye una afectación que no se produce de forma independiente, sino dentro de un procedimiento jurisdiccional que no tiene una ejecución de imposible reparación. En efecto, los citados preceptos legales respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De conformidad con la fracción V, del artículo 107, trascrita, el amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Dichos actos son aquéllos que afectan directamente derechos sustantivos públicos de las partes, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Lo anterior fue motivo de pronunciamiento por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, en la jurisprudencia 37/2014, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De acuerdo con lo sustentado por el alto tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, a saber: a) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Pues bien, en el caso en estudio, como ya se dijo, la parte quejosa reclama la determinación contenida en auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés dentro del juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por virtud de la cual no se admitió a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de cuatro de noviembre anterior que no proveyó de conformidad lo solicitado en relación a tener por justificados los motivos por los que el perito no estuvo presente en la audiencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Acto que a criterio de esta juzgadora, no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso y se ubica con meridiana claridad en un supuesto análogo al analizado por la corte en la jurisprudencia supracitada. Lo anterior se asume así ya que el acto reclamado por su naturaleza es meramente de carácter intraprocesal, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, y tienen relación con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental -ya que la única consecuencia sería que el juicio natural continuara hasta el dictado de la sentencia, misma que incluso puede serle favorable. Lo que es así, ya que, por regla general, no procede el juicio de amparo en su modalidad indirecta, contra las violaciones procesales suscitadas a lo largo del juicio, las que únicamente son susceptibles de impugnación -como tales, cuando hubieren trascendido al resultado del fallo- en el juicio de amparo directo en que se señale en la sentencia como acto reclamado. Pues bien, atento a lo expuesto, se advierte que el acto reclamado podría ser combatido en el amparo directo en el que se impugne en la sentencia pronunciada, pudiendo reclamar allí todas las violaciones cometidas durante su sustanciación o en el propio fallo, a condición de que esas violaciones trasciendan al resultado obtenido. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por notoriamente improcedente. Notifíquese; personalmente a la quejosa. ... NOTIFIQUESE.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 114/2021. ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. VISTA LA CUENTA; SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO DEL JEFE DE OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ZONA COMERCIAL CENTRO SUR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, ALLEGA LA IMPRESIÓN DE PANTALLA OBTENIDA DEL SISTEMA COMERCIAL SICOM, QUE CORRESPONDE AL HISTORIAL DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PARTE QUEJOSA, LAS CANTIDADES DETERMINADAS Y ENTERADAS RESPECTO DEL SERVICIO 323 190 100 077, DEL CUAL SE ADVIERTE EL COBRO Y FECHAS DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO. POR TANTO, REMÍTASE COPIA SIMPLE DEL OFICIO QUE SE PROVEE Y DE LOS ANEXOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO, A FIN DE QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, INFORME EL CUMPLIMENTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. SE LE APERCIBE QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA DE CIEN DÍAS DEL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE A LA FECHA QUE EN SU CASO SE HAGA EFECTIVO DICHO MEDIO DE APREMIO; LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LOS ORDINALES 237, FRACCIÓN I, 238 Y 258 DE LA LEY DE AMPARO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. ADEMÁS, COMUNÍQUESELE QUE EL INCUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA TIPIFICADO COMO DELITO CONFORME AL PRECEPTO 267 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AMPARO, AMÉN DE QUE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EN CASO DE SER NECESARIO DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA SU INVESTIGACIÓN, QUIEN DETERMINARÁ SI LA CONDUCTA ES CONSTITUTIVA O NO DE UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD REQUERIDA.

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