Marla Lillian Estrella Oviedo
Expediente 1380/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Marla Lillian Estrella Oviedo
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años al haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese sin mayor determinación el informe justificado rendido por el director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua y en representación del director General del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, toda vez que el dieciséis de octubre de año en curso, se resolvió el presente sumario. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y ocho minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales, así como la presuncional en su doble aspecto -legal y humana- e instrumental de actuaciones ofertadas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1380/2023; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Por proveído de ocho de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo en el que se hace valer el derecho de petición contemplado en el numeral 8 de la Constitución Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, el siguiente: Omisión de dar contestación al escrito que la parte quejosa presentó el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón del Agua de la Comisión Nacional del Agua. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto que se reclama del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua y del director de Administración del Agua del referido organismo, ambos residentes en esta ciudad, ya que fueron omisos en rendir su informe justificado, pese haber sido notificados oportunamente para su rendición; en consecuencia, con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les atribuye. Es aplicable de forma puntual el contenido de la jurisprudencia VI.2°.J/241 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO. No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo". Análisis de procedencia. Conforme a la técnica del juicio de derechos humanos y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar, en su caso, la improcedencia de este juicio. En el presente caso, este Juzgado concluye que de oficio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria. En efecto, el artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Asimismo, por su parte el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la acción de amparo, la existencia del interés jurídico de la parte quejosa. Tal interés jurídico se genera al ser afectado el particular en su esfera de derechos por la actuación de autoridad, de lo cual emana su legitimidad para reclamar ante la potestad federal algún acto de autoridad justamente porque estime que lesiona sus garantías individuales o derechos sustantivos protegidos por las normas legales. En efecto, la promovente de la demanda de amparo no demostró conforme lo establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, que ante las autoridades responsables Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua y del director de Administración del Agua de dicho organismo, ambos residentes en esta ciudad, hubiere presentado el escrito de petición del cual indica que se ha omitido emitir una respuesta. Se asevera lo anterior, pues de la documental que anexó a su escrito de demanda, se advierte que fue presentado en línea por medio del Buzón del Agua, en la página electrónica de la Comisión Nacional del Agua; de ahí que se pueda tener la certeza que formuló la petición relativa a la transmisión de derechos de título, con folio BZNA/13523/2022. No obstante, la circunstancia de que las responsables pertenezcan a dicho organismo operador, no es concluyente para determinar que corresponde a estas emitir la respuesta, así como que la referida petitoria fue turnada a ellas. Lo relatado con antelación, permite concluir que la quejosa no acreditó su interés jurídico, esto es, en virtud que omitió demostrar que formuló la petición ante las autoridades aquí señaladas como responsables; se itera, en virtud de que solo allegó al sumario la solicitud electrónica formulada a la Comisión Nacional del Agua, a través del Buzón del Agua. Resulta ilustrativa al caso, en sentido contrario, el criterio contenido en la tesis I.2o.A.1 CS (11a.), sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. EL REQUISITO DE FORMULARLO POR ESCRITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO DEBE CONSIDERARSE INCUMPLIDO SI LA SOLICITUD SE REALIZA POR CUALQUIER OTRO MEDIO, YA SEA DIGITAL, TELEFÓNICO O VERBAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CONSTANCIA MATERIAL DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD. Hechos: Una persona física solicitó vía telefónica, a través del sistema "Infonatel" del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la aclaración de la existencia de un crédito hipotecario a su nombre y, ante la omisión de respuesta, promovió juicio de amparo indirecto. Al rendir su informe justificado, el instituto citado argumentó que para que opere el derecho de petición, es requisito indispensable que ésta se formule por escrito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el requisito de que el derecho de petición se formule por escrito, previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe considerarse incumplido si la solicitud se realiza por cualquier otro medio, ya sea digital, telefónico o verbal, siempre y cuando exista constancia material de su recepción por parte de la autoridad, debiendo analizarse, en cada caso, si los medios de soporte de la comunicación crean convicción al respecto. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 8o. constitucional garantiza el derecho humano a recibir una respuesta de parte de la autoridad a quien se ha dirigido una petición, lo que en realidad se traduce en una obligación positiva que ésta debe cumplir. En este sentido, todas las gestiones que realizan los particulares frente a la autoridad se encuentran protegidas por esta prerrogativa constitucional. Ahora, si bien es cierto que los derechos humanos no son absolutos y que pueden ser sometidos a limitaciones o condiciones de ejercicio por el legislador, en términos de los artículos 1o. de la Constitución General, XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 32, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", también lo es que la restricción al derecho de petición, relativa a que se formule por escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa, no impide que sea interpretada favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, con base en el principio pro persona, para preferirse la interpretación más acorde con la seguridad jurídica de los particulares de que, por ser el fin de la solicitud por escrito que exista la plena convicción de que fue recibida por la autoridad, ese requisito no debe considerarse incumplido si la petición se formula por cualquier otro medio, siempre y cuando exista constancia material de la recepción por parte de la autoridad, debiendo analizarse si los medios de soporte de esa comunicación crean convicción de dicha recepción, como ocurre con el sistema "Infonatel", que es un servicio de línea telefónica o call center creado por el Infonavit, donde los acreditados pueden solicitar información y orientación acerca de sus créditos activos (aportaciones, pagos y saldo) sin que tengan que acudir a las oficinas del instituto." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que las autoridades responsables hayan omitido rendir su informe justificado, dado que ello no permite arribar a la conclusión de que se actualiza el supuesto que establece el artículo 75 de la Ley de Amparo, el cual obliga al juzgador a recabar oficiosamente pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obran en autos y se estiman necesarias para la resolución del asunto, puesto que tal hipótesis no se actualiza cuando existe omisión por parte de la responsable de rendir su informe justificado, ya que el artículo 117 de la referida legislación, no fue reformado en la parte en que establece la carga de la prueba por parte del quejoso, bajo el supuesto en cita. A mayor abundamiento, cabe señalar que la obligación de la parte quejosa de allegar las pruebas con las cuales por una parte acredite su interés jurídico y, por otra, funde la inconstitucionalidad del acto que se reclama, deriva precisamente de que la autoridad que dio origen al acto sea omisa en rendir su informe justificado, como en el caso ocurre. Entonces, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio. Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada con antelación, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es que debe sobreseerse en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado en el apartado II, de este fallo, por las razones expuestas en el considerando IV, de la presente resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Marla Lillian Estrella Oviedo, en contra de los actos reclamados a la Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con treinta y ocho minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dichos informes copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de incumplir con lo anterior en el lapso fijado, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto que se les reclama. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida y actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete. 10. Tercero interesado. Debido a la naturaleza del acto reclamado no existe tercero interesado. 11. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. 13. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 14. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 15. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documental anexas al escrito que se atiende, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto -legal y humana-, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. 16. Comunicación a las responsables de las resoluciones que se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10a.), de título: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 17. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 18. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 19. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 20. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 21. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 22. Copia de constancias del expediente electrónico. Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la representación social de la adscripción y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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