Mark Richard Nelligan y Otros.

Expediente 1385/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1385/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Mark Richard Nelligan y Otros.
  • Mark Richard Nelligan

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto por el que se desechó demanda de amparo; archívese como asunto totalmente concluido; se dispone destrucción de este expediente trascurrido el plazo correspondiente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, suscrito por la Jueza de Partido Tercero Civil de San Miguel de Allende, Guanajuato, a través del cual remite sin diligenciar el despacho *** del propio índice, enviado a fin de notificar a los quejosos *** y ***, ambos de apellidos ***, el auto de veintiséis de septiembre del actual. En tales condiciones, conforme a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena que dentro del juicio de amparo en que se actúa, todas las notificaciones sucesivas, aun las de carácter personal, se les practiquen por medio de lista que se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como en el tablero de avisos que se encuentra en el acceso principal del edificio en que tiene su sede este juzgado. En ese tenor, se instruye a la sección de actuaría, para que de manera personal notifique a la parte quejosa, el citado proveído (de veintiséis de septiembre del actual), en los términos precisados en el párrafo que antecede. CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN EL TABLERO DE AVISOS QUE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO EN QUE TIENE SU SEDE ESTE JUZGADO, PROVEÍDO QUE EN SÍNTESIS DICE: "RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** y ***, ambos de apellidos *** , contra un acto de la Dirección de Centro Histórico y Patrimonio del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, que a su consideración es violatorio de derechos humanos. Regístrese en los libros de control concernientes de este Juzgado, bajo el número 1385/2023-II-B que por orden le corresponde, y acorde a las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. --- Por tanto, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración de ese expediente en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales, no puedan digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría respectiva de este órgano jurisdiccional. --- Asimismo, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente asunto, para que en el ámbito de las labores que corresponden a sus puestos, verifiquen que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento -oficialía de partes-, auto, resolución -personal operativo y secretarios de mesas de trámite- y constancia de notificación respectiva -actuarias y personal operativo a su cargo-, a fin de que coincidan en su totalidad, con la salvedad indicada previamente. --- DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. --- Del análisis integral del libelo accionario, se sigue que el acto que la parte quejosa reclama, es el siguiente: --- El requerimiento dictado en el procedimiento ----, que vía oficio le fue notificado el once de agosto de dos mil veintitrés, relativo a que tape los vanos en colindancia, en un inmueble de su propiedad, respecto del cual, en ese procedimiento, previamente ya se le había tenido desde el dieciséis de junio del citado año, por terminada su obra de construcción, con base en la licencia y planos que tenía autorizados. --- Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 4323, de rubro y texto siguientes: --- "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". --- Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el particular, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: ---"Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) --- . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. --- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ---Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" --- En efecto, uno de los principios fundamentales que rige el juicio de amparo, es el principio de definitividad, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado, establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio de impugnación, si no lo interpone la parte quejosa, el amparo será improcedente. --- El principio de que se habla, se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, pues al ser éste un medio de defensa extraordinario de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones desplegadas por los tribunales federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos los medios comunes u ordinarios de invalidación del acto reclamado, el que sólo se podrá atacar directamente por el juicio constitucional, cuando la legislación que lo norma no brinde al afectado ningún medio legal de reparación. --- De estimar lo contrario, esto es, que existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con toda claridad se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa. --- Es por lo anterior que el principio a que se alude, implica la obligación del agraviado, de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos lesivos; en el entendido, desde luego, que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. --- Ahora bien, como se puso de relieve, la parte quejosa se duele del requerimiento dictado en el procedimiento ***, que vía oficio le fue notificado el once de agosto de dos mil veintitrés, relativo a que tape los vanos en colindancia, en un inmueble de su propiedad, respecto del cual, en ese procedimiento, previamente ya se le había tenido desde el dieciséis de junio del citado año, por terminada su obra de construcción, con base en la licencia y planos que tenía autorizados. --- Lo que en el caso deviene jurídicamente relevante, ya que contra dicho acto de autoridad, procede el juicio de nulidad, conforme a los artículos 226, 227 y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato2 , que prevén su procedencia contra los actos y resoluciones administrativas dictadas, entre otras autoridades, por las dependencias y entidades de la administración pública de los municipios del Estado de Guanajuato. --- Amén, que de lo dispuesto en esos numerales en comento, no se sigue la necesidad de realizar una interpretación adicional y, menos aún, una integración jurídica de normas, para concluir la procedencia de los medios ordinarios de defensa que prevén para combatir actos de autoridad como el que ahora se pretende reclamar ante esta sede. --- Además, de las manifestaciones que la parte quejosa asentó en su libelo accionario, se advierte que no es tercera extraña al procedimiento en que se emitió el acto reclamado. --- En esas condiciones, es inconcuso que ese acto de autoridad del que se duele, es susceptible de ser combatido mediante el medio de defensa ordinario ya referido; por lo que, al ser así, antes de acudir al juicio de amparo, ineludiblemente debió haber agotado dicho medio de impugnación que la ley que rige el acto reclamado le concede, pues a través de su instauración podía obtener su modificación, revocación o nulificación. --- Máxime, que en el caso la legislación que rige el acto reclamado, prevé la suspensión del mismo, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, tal como se desprende del análisis de los numerales 268 al 272 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. --- Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Libro 17, Abril de 2015, página 1536, de que reza: --- "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo.". --- Igualmente es aplicable por su relevante contenido ilustrativo en relación al tema, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 1107, que señala: --- "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL. --- Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados". --- Lo anterior, aunado a que en el presente asunto no se está en el supuesto normativo de excepción establecido en el penúltimo párrafo de la invocada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, referente a que no existe obligación de agotar el medio de defensa ordinario cuando solamente se aleguen violaciones directas a la Constitución, pues en relación con esto, debe destacarse que de la lectura integral y sistemática del libelo accionario de la parte peticionaria del amparo, se aprecia que, entre otras cosas, medularmente alega que la determinación de la que se duele, le irroga perjuicio, porque se le requiere para que tape los vanos en colindancia, en un inmueble de su propiedad, pese a que previamente ya se le había tenido por terminada la obra de construcción, con base en la licencia y planos que tenía autorizados. --- Lo que en el caso deviene jurídicamente trascendente, ya que a fin de dilucidar lo atinente a ese motivo de inconformidad, inexorablemente se tendría que confrontar el acto impugnado, con la licencia de construcción y los planos con los que arguye la parte peticionaria que ya se le había tenido por concluida la construcción en el inmueble de mérito, lo que desde luego implicaría un estudio de legalidad y, en esa medida es dable concluir que no solamente alega violaciones directas a la Constitución, sino también indirectas. --- Sirve de apoyo a lo anterior, por su relevante contenido en relación al tema, la tesis cuyo rubro y texto se cita a continuación: --- "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN CUANDO SE CUESTIONA LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO PARA DETERMINAR SI DEBE O NO CUMPLIRSE CON ESTE PRINCIPIO. No existe obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto cuando se promueva contra actos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal; ahora bien, para establecer si se está en esa hipótesis cuando se cuestiona la competencia de la autoridad emisora del acto deben distinguirse dos supuestos, a saber: A) El de la competencia constitucional, que es la derivada directamente de los mandatos de la Carta Magna; y, B) La competencia que asigna el resto del marco jurídico normativo. En ese entendido, si la competencia que se cuestiona es de la precisada en primer término, que para determinarla basta analizar el texto de la propia Constitución sin necesidad de acudir a otro ordenamiento secundario, se estará frente al caso de una violación directa a aquélla; mientras que si para resolver el planteamiento de competencia se requiere realizar el estudio respectivo con base en el cuadro normativo de la legislación secundaria, se estará, entonces, frente a un problema de legalidad en el cual sí rige el principio de definitividad.".3 Lo resaltado no es de origen. -- En igual sentido, se destaca que, la parte quejosa es categórica en indicar, que en la emisión del acto reclamado, la autoridad responsable se apoyó en lo dispuesto por el artículo 843 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, por lo que en el particular no se está frente a un acto con carencia absoluta de fundamentación y motivación; por ende, tampoco se surte ese supuesto de excepción al principio de definitividad del que se habla. --- Sin que ello constituya mayor pronunciamiento por parte de este juzgado, respecto de la debida fundamentación o no, de la que pudiera estar revestido el acto reclamado en comento. --- Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio al que se contrae la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: --- "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. --- Como una 3 Tesis VIII.4o.8 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible a página 1041, Tomo XIX, Febrero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 182213. de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. --- Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. --- En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. --- El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.". Lo destacado no es de origen. --- De ahí que si de las constancias que conforman el juicio de amparo en que se actúa, no se advierte que previo a la promoción del amparo, la parte impetrante haya agotado el medio ordinario de defensa que la ley que rige el acto reclamado prevé; entonces, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se ha hecho mención, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. --- Aunado a lo anterior y solo a guisa de mayor abundamiento, debe decirse que aun y cuando se estimara que no era menester que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa tenía que instar el medio ordinario de defensa que al respecto prevé la ley 4 Jurisprudencia 449, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a pagina 298, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, con registro 394405. que rige el acto del que se duele; de cualquier manera, en el particular, resultaría improcedente el juicio de garantías que pretende promover contra dicho acto. --- Es así, porque como se expondrá a continuación, en el caso también se actualiza de manera manifiesta e indudable, la diversa causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los arábigos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Cierto, dichos numerales establecen: --- "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. --- En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. --- Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" --- "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: --- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; --- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; --- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; --- IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. " Lo destacado no es de origen. --- "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". --- Como se adelantó, de lo dispuesto por el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se sigue que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tiene que desecharla. --- Acorde con lo anterior, la ley obliga al Juez a estudiar si la parte peticionaria del amparo ha cumplido con los requisitos de procedibilidad, entre los que se encuentra el término de la presentación de la demanda, a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. --- Ahora bien, de lo dispuesto por el citado numeral 17, se colige que el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, siempre y cuando no se encuentre dentro de alguno de los supuestos de excepción a que se refiere dicho precepto normativo; además, se estatuye por el ordinal 18 del mencionado ordenamiento, que tal término deberá computarse, según el caso: 1) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso, del acto reclamado; o bien, 2) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo; y, 3) En el caso de la fracción I del artículo 17, se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma autoaplicativa reclamada. --- Con base en lo anterior, se sostiene que existen tres supuestos para el cómputo referido, los cueles son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; sin soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión. --- Bajo esa línea de estudio, en el caso se estima que la presentación de la demanda de amparo de trato resulta notoriamente extemporánea, toda vez que, la parte peticionaria es categórica en indicar que el acto reclamado le fue notificado mediante oficio, desde el once de agosto de dos mil veintitrés. --- En esa medida, es inconcuso que si el aludido acto de autoridad del que se duele, le fue notificado desde esa mencionada data (once de agosto del actual), notificación que surtió sus efectos el catorce siguiente; entonces los quince días que tenía como plazo para la presentación de la demanda de amparo de trato, transcurrieron del quince de agosto al cuatro de septiembre del año en curso. --- Sin embargo, como es de verse del sello que obra en la parte superior izquierda de la primera foja del escrito de demanda, esta fue depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, hasta el veinticinco de septiembre del año que transcurre, lo que desde luego patentiza su extemporaneidad. Además, debe precisarse que el acto que reclama en dicha demanda, cuya procedencia aquí se analiza, no encuadra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, en sus fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, pues no se refiere a la aplicación de una norma general autoaplicativa, a un procedimiento de extradición, ni constituye una sentencia condenatoria definitiva que se hubiese emitido en un procedimiento penal, así como tampoco implica ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. De igual manera, no se está frente a un acto reclamado tendente a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal; ni se trata de un acto que engaste en cualquiera de los restantes supuestos contemplados en la fracción IV del citado numeral, a saber: que implique peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco que implique la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. --- En ese tenor, si la presentación de la demanda en estudio se realizó fuera del término que para tal fin establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en las fracciones I a IV de dicho numeral; entonces, es inconcuso que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los arábigos 17 y 18 de la citada ley de la materia. --- Corolario de lo anterior, ante la actualización de las invocadas causas de improcedencia, se DESECHA DE PLANO la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. DESIGNACIÓN DE DOMICILIO. --- Ahora bien, toda vez que la parte promovente tiene su domicilio en ***, Guanajuato, con fundamento en los artículos 27, fracción II, y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento DESPACHO al Juez de Partido Civil de turno, con sede en dicha municipalidad, para que en auxilio de la justicia federal, ordene a quien corresponda, que NOTIFIQUE a los promoventes el presente acuerdo, en el inmueble ubicado en ***, de dicha ciudad. Requiriéndoles para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad capital; con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. --- AUTORIZADOS. Ténganse como autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por no encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni haber proporcionado los datos necesarios para estar en aptitud de constatar en el Registro Nacional de Profesionistas, de la Secretaría de Educación Pública, que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a. VIII/2020 (10a.), cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO.".5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial respectivo, en términos de la fracción I del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. --- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 5 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 07 de agosto de 2020, en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2021840. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, segundo párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales previa promoción en tal sentido."

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece Si la presentación de la demanda en estudio se realizó fuera del término que para tal fin establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en las fracciones I a IV de dicho numeral; entonces, es inconcuso que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los arábigos 17 y 18 de la citada ley de la materia. Corolario de lo anterior, ante la actualización de las invocadas causas de improcedencia, se DESECHA DE PLANO la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. Gírese atento DESPACHO al Juez de Partido Civil de turno, con sede en dicha municipalidad, para que en auxilio de la justicia federal, ordene a quien corresponda, NOTIFIQUE a los promoventes el presente acuerdo.- Requiriéndoles para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad capital; con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista.- Ténganse autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo.- Se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales previa promoción en tal sentido.

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