Mark Edward Williamson
Expediente 286/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Mark Edward Williamson
- Lilia Martínez Arvizu
Actuaciones
- Principal
se hace del conocimiento de los promoventes que cuentan con el plazo de noventa días para recoger USB, apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo señalado se ordenará la destrucción del mismo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL EL AUTO DICTADO EN NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LOS PROMOVENTES LILY y/o LILIA MARTINEZ ARVIZU y MARK EDWARD WILLIAMSON QUE EN LO CONDUCENTE DICE Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que los promoventes de amparo adjuntaron a la demanda de amparo un dispositivo de almacenamiento USB exhibida como prueba documental. Posteriormente, mediante proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, causó estado el auto que desechó de plano la demanda y se ordenó el archivo del expediente en que se actúa como asunto concluido. En atención a lo anterior, es inconcuso que resulta innecesaria la retención de tal dispositivo; en consecuencia, hágase su devolución previa constancia de recibido que se deje en autos; se hace del conocimiento de los promoventes que cuentan con el plazo de noventa días para recogerlo, apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo señalado se ordenará la destrucción del mismo. Notifíquese; y, personalmente a los promoventes. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ha causado Estado auto...se ordena archivo...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I, INCISO B) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LILY Y7O LILIA MARTÍNEZ ARVIZU, EL AUTO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Lily y/o Lilia Martínez Arvizu y Mark Edward Williamson, por propio derecho, por el cual promueven juicio de amparo, contra actos del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad y otras autoridades. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 286/2019 y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse del escrito inicial un motivo indudable y manifiesto de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. (.)" Del escrito inicial de demanda, se advierte que los quejosos reclaman lo siguiente: La citación a la audiencia inicial de formulación de la imputación por el delito de robo interpuesta por Mónica Gámez Grijalva, para las doce horas con treinta minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve. La omisión de integrar las carpetas de investigación de las querellas interpuestas por los aquí quejosos. Por lo que hace la orden de citación a la audiencia inicial se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista la fracción XXIII del precepto 61, en concordancia con la fracción V, del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los Demás cosos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" [.]". De los dispositivos transcritos, se infiere que para la procedencia de la acción de amparo en actos dentro del juicio, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al quejoso en la esfera sustantiva de derechos, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio es el interés jurídico a que se refieren las citadas porciones normativas, que no puede ser otra cosa sino la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior, porque la procedencia del juicio se actualiza cuando se acredita la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, sean de la naturaleza que sean, puesto que un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona física o moral al lesionar directamente sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y es entonces cuando nace precisamente el derecho a instar el juicio constitucional. Ciertamente, la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo sea promovido. Antes bien, para ello se requiere demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido este como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, como acontece en el caso en particular, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el quejoso, puesto que no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 690 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, correspondiente a la Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En mérito de lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que una persona puede promover el juicio, es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos sustantivos; y en el caso de un acto procesal como el que se pretende combatir por el quejoso debe afectar un derecho sustantivo. En el caso en concreto, como ya se dijo, el presente juicio resulta improcedente, ya que el acto reclamado no lesiona algún derecho sustantivo de los quejosos, pues el mismo consiste en la determinación de orden de comparecencia emitida por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad, el cual es una actuación meramente procesal. Para obtener la conclusión anterior, es dable evidenciar la naturaleza jurídica de tal proveído. Esto es, de los artículos 309, párrafo primero y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuna la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado y únicamente en el caso de que este no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial, conforme al citado numeral 310. Al respecto, el numeral 141, fracción I, del Código en consulta, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al numeral 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: 1. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no estos no se le hubieren informado con antelación. 2. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. 3. Se formulará la imputación. 4. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. 5. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. 6. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto adjetivo necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito; por lo tanto, no cabe duda que se trate de un acto meramente procesal que no afecta la esfera sustantiva de derechos de los participantes del juicio. En ese sentido, aun cuando la citación a la audiencia inicial constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es, que dicha citación no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos sustantivos de la parte quejosa, puesto que el trámite como el auto que ordena su citación, no han ocasionado alguna afectación en el derecho a la libertad o algún otro que implique la actuación de la autoridad de amparo en el trámite de un procedimiento. Ello es así, ya que la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, sino que simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial En efecto, el juez de control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado -quejosos- no se les causa un perjuicio de índole jurídico en la esfera sustantiva de sus derechos, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga agravio alguno, porque este se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o vincularlo a proceso, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público. Considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así, no puede estimarse que la citación a la audiencia inicial ocasione un perjuicio a la esfera de derechos sustantivos de los solicitantes del amparo, habida cuenta que esta solo se materializará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión en su contra o vincularlo a proceso, lo cual incluso se trata de actos futuros de realización incierta, ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Ante ese panorama, no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad a los solicitantes de la tutela constitucional, por lo que el acto que reclaman no incide en sus derechos sustantivos. Si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privarlo de la libertad. En otras palabras, el auto que ordena la citación a la audiencia inicial no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, puesto que ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar en su contra orden de aprehensión o bien, vincularlo a proceso. Por lo cual, considerar que la comparecencia transitoria del imputado a la audiencia inicial transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el juez de control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en el proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad, lo que no puede ser así, ya que lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Por tanto, opuestamente a lo que consideran los quejosos, la citación emitida por la autoridad responsable que tilda de inconstitucional, no le ocasiona perjuicio en la esfera sustantiva de sus derechos, toda vez que no puede de alguna manera, vulnerar derecho humano o garantía individual en su perjuicio, como se sostiene en la demanda. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de integrar las carpetas de investigación de las querellas interpuestas por los aquí quejosos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, tales dispositivos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Así, en el tema de que se trata conviene precisar que la primera etapa llamada preliminar o de investigación comienza a partir de la noticia criminis y se agota una vez concluido el plazo que conceda el juez de control para su complementación. No obstante, siendo una sola etapa, tiene dos fases o momentos destacados: 1. Antes de que el imputado quede a disposición del juez de control para la formulación de la imputación, a la que el Código Nacional de Procedimientos Penales denomina "investigación inicial"; y, 2. A partir de la formulación de la imputación y hasta que se haya cerrado la investigación, a la que se le llama "investigación complementaria". La investigación inicial tiene el objetivo principal de que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la acción penal de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Ahora, para procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejerza las funciones constitucionales de investigación, tiene las facultades y deberes que se encuentran contenidos en los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente disponen: "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones." "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." Así, de la interpretación de los preceptos transcritos, se colige que el Ministerio Público es quien constitucionalmente tiene la encomienda de la investigación de los ilícitos, y para ello tiene a su alcance no solamente los mecanismos que las leyes secundarias le otorguen, sino aquellos elevados a rango constitucional y los del ámbito internacional. Asimismo, que tan pronto el Ministerio Público reciba la noticia criminis, deberá dirigir la investigación penal de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, cuya actuación en todo momento debe ser acorde con los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia. Entendiéndose el primero de estos - lealtad- como aquel deber de informar de manera veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Mientras que la objetividad implica que tal investigación se refiera tanto a los elementos de cargo como de descargo, procurando recoger con urgencia los elementos de convicción y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo, con el fin de determinar, incluso, el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento y finalmente el de debida diligencia, definido propiamente por el numeral 212, segundo párrafo, del código en cita. De ahí que puede colegirse fundadamente que la carpeta de investigación está encaminada a demostrar que los hechos denunciados son o no constitutivos de algún delito y que la conducta está sancionada por la legislación penal, pero para ello, se exigen ciertas obligaciones de actuación de la representación social del conocimiento. Al respecto el artículo 20 Constitucional en su apartado C, fracción VII, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 109, fracción XXI, y la Ley General de Victimas en sus artículos 10, 11, 12, fracciones III, IV, V, VI, XI y XII y 14 disponen: Del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" De la Ley General de Víctimas: "Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación." "Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales." "Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: (.) III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; . XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y.". "Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia." El artículo constitucional y los diversos numerales legales transcritos revelan que la víctima tiene el derecho y el deber de impugnar ante la autoridad judicial los actos y las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, lo anterior en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional (Juez de Control) conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad. Por tanto, conforme al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo, no es otra cosa que el derecho y deber de la víctima a impugnar ante el Juez de Control los actos y las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, esto es, que en la etapa preliminar la víctima acuda ante el órgano jurisdiccional competente ante el desacato de los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de la representación social del conocimiento y por ende del artículo 17 de la Constitución Federal respecto de una impartición de justicia pronta y expedita. Sobre este aspecto, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. (.)" Por su parte los ordinales 3, fracción VII, 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: (.) VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; (.)" "Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.)" Los preceptos transcritos revelan que el Juez de Control tiene competencia constitucional para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) Control sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control (artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto). b) Control posterior sobre detenciones realizadas por el Ministerio Público (artículo 16 Constitucional párrafo séptimo). c) Control sobre cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales en la fase de investigación artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto); Control sobre omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; resoluciones de reserva; no ejercicio de la acción penal; desistimiento de la acción penal; suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, y aplicación del criterio de oportunidad (Artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional). Ahora bien, el artículo constitucional y los diversos dispositivos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la competencia de los jueces de control del nuevo sistema de justicia penal, concediéndose al Juez de control la facultad para subsanar la violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Ley Suprema en relación con los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever el derecho y deber de la víctima de acudir ante la autoridad judicial para impugnar los actos y omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues al tratarse de la etapa de investigación, es justamente dicho órgano jurisdiccional el que controla dicha etapa como garante de la investigación. Así, el Juez de control es el contrapeso natural para el director de la investigación como es el Ministerio Público, sin importar si la autoridad ministerial depende del Ejecutivo, del Judicial o es un órgano autónomo. La dependencia o no a una rama del Estado no impide hablar de principios a ser observados durante el ejercicio de la función fiscal y el respeto a los derechos constitucionales durante el desarrollo de la investigación penal, o bien, de la necesidad de órganos de control y vigilancia de la actuación fiscal como es el caso de este juez. En esa tónica, analizadas en su conjunto las disposiciones constitucionales y legales, se obtiene que al Juez de Control corresponde en la etapa de investigación resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Luego, ante actos u omisiones de la representación social en la investigación de los delitos en el nuevo sistema de justicia penal, así como la omisión de determinar el resultado de ella, es necesario acudir ante las autoridades competentes para ello, que en este caso es el Juez de control, quien en su calidad de garante de la tutela judicial efectiva y conforme a los artículos 16, Párrafo décimo cuarto, y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velará por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. Una vez realizada la petición anterior ante el órgano jurisdiccional facultado para ello en términos de los artículos16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracción VII, 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control atendiendo a los principios rectores constitucionales estatuidos en el artículo 20 y a los diversos instituidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de los ordinales 52, 66, 44, 47, 48, 49 del antes citado ordenamiento convocará a una audiencia y en presencia de ambas partes (ministerio público y víctima) escuchará sus pretensiones, y con base en ellas decidirá de inmediato lo conducente de conformidad con los numerales 67, 68 y 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación la tesis II.2o.P.271 P (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Página: 1755, Décima Época, que dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. AL MARGEN DE LO AMBIGUO O INSUFICIENTE QUE UNA NORMATIVA (ESTATAL O FEDERAL) PUEDA RESULTAR, LOS JUZGADORES DE ÉSTE DEBEN REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Se genera un perjuicio al inculpado cuando la actuación de los Jueces, tanto de Control como de Juicio Oral, denota transgresión a sus derechos constitucionales derivada de un inadecuado desarrollo de las audiencias y, especialmente, de un comportamiento judicial contrario a los principios que rigen el sistema procesal penal acusatorio establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que más allá y por encima de cualquier opinión teórica o desarrollo dogmático de legislaciones ajenas, es el contenido constitucional en comento el único que puede servir de sustento a la actuación de las autoridades judiciales de este país. Por tanto, al margen de lo ambiguo o insuficiente que una normativa puede resultar (de carácter estatal o federal), el sistema procesal penal acusatorio debe regirse por los principios constitucionales reconocidos a partir de la citada reforma y, por ende, las obligaciones y facultades del juzgador, acorde con tales principios rectores, no se desvanecen, relajan o minimizan, pues dichos juzgadores deben, en su caso, interpretar su labor a la luz de tales contenidos, por cierto, configurables desde la perspectiva de la justicia constitucional que tiene la finalidad de fijar la definición y el alcance de los derechos fundamentales del debido proceso y el concerniente deber de actuar de los operadores del sistema." Ahora bien, cabe precisar que si los referidos preceptos anteriormente trascritos señalan el derecho que tiene la víctima u ofendido de impugnar ante el Juez de Control las omisiones del ministerio público en el desempeño de sus funciones de investigación, lo cierto es que tanto en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Carta Magna, como en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen disposiciones que prevén que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente, y que se transcriben a continuación: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;" "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera." "Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen." En esa tesitura, de una interpretación armónica del principio de igualdad procesal en materia penal, dado que dicho principio radica en que las partes deben tener los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, deriva a su vez de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político, se advierte que es razonable considerar al aquí quejoso con una calidad de víctima, con independencia de la que resulte, pues tendrá las mismas posibilidades de acudir al control judicial respecto de los actos u omisiones que emanen de la carpeta de investigación de origen. Lo anterior es así, ya que el principio de igualdad de las personas ante la ley constituye uno de los principios generales de derecho a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política, pues dentro de la garantía de debido proceso legal que permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva está implícita la igualdad procesal, ya que ese acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos debe realizarse en condiciones de igualdad procesal, esto es, las partes en el proceso deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno. Por ende la prohibición de que se produzca indefensión constituye una garantía que implica el respeto del esencial principio de contradicción, de modo que los contendientes en posición de igualdad dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimen conveniente, lo que significa que en todo proceso debe respetarse el derecho de defensa contradictorio de las partes contendientes mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses. Cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 141/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, página 2103, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la misma índole - ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación". Por tanto, toda vez que el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, se deben conceder iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión. En ese sentido, es de advertirse que en el caso que nos ocupa y, de acuerdo al principio de igualdad procesal de conformidad con el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, igual que el imputado, tiene el derecho de impugnar ante el Juez de Control, los actos y omisiones del Fiscal investigador en el ejercicio de sus funciones, por lo que sin importar la calidad que le resulte al impetrante del amparo, es que está en aptitud de acudir ante el juez de control a defender los derechos que estime vulnerados durante la fase de investigación. En atención a lo anterior, los promoventes del amparo tiene la obligación de impugnar ante el Juez de control competente las actuaciones u omisiones del Fiscal responsable, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr su pretensión. En efecto, si conforme a la norma fundamental como la ordinaria, se establece que la víctima u ofendido (también imputado) debe acudir primeramente ante el Juez de Control, ello es acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente, tiene la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Asimismo, como ya se dijo, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde a los artículos 16 Párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los actos u omisiones del Agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, y un Juez de Distrito no puede realizar funciones que originalmente se encuentran conferidas constitucionalmente a favor del Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo anterior es así, dado que los Jueces de Control están constitucionalmente facultados por el Poder Reformador para ejercer un control preventivo y complementario en la etapa de investigación, lo que hace que el juicio de amparo bi-instancial devenga improcedente contra las actuaciones u omisiones del Agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos en una carpeta de investigación, por ser un control de legalidad inmediato al Ministerio Público. Por ende, es previsible que los reclamos por infracción a derechos fundamentales sean reparados por el juez de control, sin que se soslaye que de manera subsidiaria resulte procedente el juicio de amparo, cuando la violación al derecho fundamental no haya quedado reparada ante la potestad de los jueces de control. Cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 118/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 17, Novena Época, del, que es del tenor siguiente: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Además, de no considerarlo así, se desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del nuevo sistema de justicia Penal, con el establecimiento de la figura de Jueces de control, lo que implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o actuación que perjudique a las partes involucradas en determinada carpeta de investigación, el ofendido o victima e imputado, acudirían al juicio de amparo a hacer valer cuestiones de mera legalidad y por consiguiente el juicio de amparo sustituiría el control estatuido por dicha reforma y el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran constitucionalmente y legalmente reservadas al Juez de Control. Aunado a que establecer que el juicio de amparo indirecto sea procedente respecto de actos u omisiones de la representación social en la fase de investigación, sin pasar por el escrutinio del Juez de control, impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; pues ante el juez de control, luego de una audiencia, éste resolvería lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional bi-instancial, con la dilación que ello conlleva, para llegar eventualmente, al mismo resultado. Máxime que no estimarlo así, desnaturalizaría el juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdiccionales establecidas en la ley. Sirve de apoyo, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/1 P (10a.), emitida por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, página 974, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO. Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Morelos, entre las cuales se encuentra la de abstenerse de investigar los delitos u otras omisiones, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control, a través de la queja, en términos del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado. Por tanto, si en el juicio de amparo se señala como acto reclamado la omisión u abstención del representante social de integrar la carpeta de investigación, sin que previamente se haya interpuesto ese medio ordinario de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sostener que es innecesario interponer ese medio ordinario de impugnación -queja- previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que una omisión del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle General Piña número 155, esquina con Tabasco, colonia San Benito, de esta ciudad. No ha lugar a tener por autorizado el correo electrónico para oír y recibir notificaciones, toda vez que no proporciona el número de usuario correspondiente. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Notifíquese personalmente..."
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