Mark Edward Oliver
Expediente 448/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Mark Edward Oliver
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vistos los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de la materia y las documentales existentes en el presente asunto. De las constancias de autos se advierte que mediante sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a la parte quejosa (fojas 95 a 100), para que la Junta responsable, Sentencia que causó ejecutoria mediante proveído de veintiséis de mayo dos mil veintidós, al no haber sido recurrida por las partes. En acatamiento a la referida ejecutoria, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó que el seis de junio de dos mil veintidós dentro del juicio laboral número 2767/2019-III, señaló el quince de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la celebración de la Audiencia desahogo de Pruebas, por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa con su contenido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, aduce dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a las constancias de autos.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el auto de 16 de junio de 2022, por medio de lista de conformidad con los artículos 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, toda vez que no compareció en el recinto oficial de este Juzgado, no obstante el aviso que se le dejó para tal efecto según lo establecido por el artículo 27, fracción I, c.
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 448/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito depositado el uno de abril de dos mil veintidós en el buzón judicial y recibido ese día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "[.] / / "[.] Segundo. Trámite. En proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de que se trata, la cual se registró en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 448/2022-III; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1º, fracción I, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se desprende que el acto efectivamente reclamado, se hacen consistir en: El auto de ******************** dictado en el juicio laboral ******************** en el que se fijó el ********************para el desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado admitió su existencia. De la afirmación contenida en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que en el juicio laboral de que se trata la autoridad responsable efectivamente dictó un auto el ******************** en el que celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, asimismo señaló el ********************para el desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas. Dicho acto, habrá de analizarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional de conformidad con la tesis XXII. 2º.10K, consultable en la página 1343, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se hace constar que no se advierten de oficio causales de improcedencia que se actualicen en el presente asunto, ni las partes invocaron ninguna, ello de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Ausencia de transcripción de conceptos de violación. Es innecesario reproducir los motivos de disconformidad por no causar perjuicio a la parte ni existir disposición legal que obligue a ello; además, los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia se cumplen cuando se estudian los conceptos de violación y se da respuesta, según establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, cuyo contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación que hace valer el peticionario de amparo, el que, en parte se suple de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, así como en la tesis 2a./J. 39/95 jurisprudencial, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 333, Tomo II, Septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS." En esencia, aduce que la junta responsable no cumple con las disposiciones legales que se le imponen como obligación de procurar un procedimiento expedito señalando las fechas para cada una de las etapas dentro de los términos que la ley de la materia les señala en su articulado especialmente en los 878 y 883. Lo anterior al haber señalado fecha tan lejana como la que fue programada para el ********************por lo que transgrede sus derechos fundamentales ya que no se respetan los plazos establecidos en la Ley Laboral y en la Constitución para obtener un juicio rápido. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, establece en su párrafo segundo, lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" El numeral constitucional antes citado, contiene entre otros derechos fundamentales, la relativa al acceso a la impartición de justicia, que consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En ese sentido, la demora en la duración de una controversia, sin justificación, no sólo mantiene al gobernado en un estado de incertidumbre sobre su resolución, sino también en una situación de afectación vinculada directa e indirectamente con la vigencia o reconocimiento de los derechos en litigio, lo que se debe evitar a fin de salvaguardar el derecho fundamental de impartición de justicia que el Estado Mexicano se encuentra obligado a proporcionar. Así, se puede afirmar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de establecer los mecanismos necesarios a fin de que una controversia que se someta a su consideración se tramite y resuelva en un plazo razonable, es decir, en un tiempo prudente y justificado, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Aspecto que se corrobora con el contenido del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a las prerrogativas judiciales, relacionadas con el plazo razonable que debe observar el Estado para cumplir con su obligación de sustanciar y resolver las controversias judiciales que determinen derechos y obligaciones de las personas en un cierto límite temporal, es decir, prudente o justificado; precepto que debe ser acatado por el Estado Mexicano al haber signado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la propia Convención, de modo que se encuentra obligado a cumplir y respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Sustenta dicha afirmación la tesis de jurisprudencia número P./J. 21/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.". Sentadas las bases constitucional y convencional de referencia, cabe señalar que los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo, retoman la prerrogativa de acceso a la impartición de justicia a que se ha hecho alusión, estableciendo el primero de ellos que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato" y se precisa que las Juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso"; en tanto que, el segundo de dichos numerales, prevé que "el proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente ley". De esta manera, se tiene que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad y que en el caso particular no se ha respetado. Así, los preceptos antes mencionados, relativos todos a procurar el derecho fundamental de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que las Juntas, en el caso particular, la Junta responsable, no puede ni debe retardar indefinidamente su función de administrar justicia, atento a que, por el contrario, es una de sus obligaciones el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar resolver los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación aplicable, para el presente asunto tal y como lo señala el artículo 873-F, inciso V de la Ley Federal del Trabajo. De la interpretación literal de dicho artículo, se tiene que una vez recibido el escrito de demanda, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Tribunal fijará día y hora para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá efectuarse dentro del lapso de veinte días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo y en la que se llevará a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. En este orden de ideas, es obligación de la Junta responsable acatar los términos que para tal efecto se establecen en la propia Ley Federal del Trabajo y tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Al respecto, en el caso materia de estudio, el proceso laboral se encuentra en la etapa de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, pero la Junta responsable señaló a partir de las ******************** para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual se excede del término que prevé el artículo 873-F, inciso V de la Ley Federal del Trabajo. Por ello, la Junta responsable contraviene lo dispuesto en los artículos 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como lo previsto en los artículos 685, 686 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, en los que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad y que, como ya fue expuesto, en el caso particular no se ha respetado. Ello es así, ya que al señalar hasta el ********************para que tuviera verificativo la audiencia en comento, con ello se propicia retardar indefinidamente su función de administrar justicia, cuando una de sus obligaciones es la de impartirla en forma pronta y expedita, lo cual implica que deben procurar resolver los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación laboral. No pasa desapercibido para quien resuelve que la autoridad responsable haya argumentado en su informe con justificación que dicha determinación obedece a la carga de trabajo con la que cuenta la responsable; sin embargo, esa circunstancia no la releva de la responsabilidad que le asiste de resolver el proceso laboral dentro de los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo. También es ilustrativa la tesis número III.3o.C. J/12, de rubro siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.". Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número IV.3o.T. J/57, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En el presente caso, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, dentro del juicio laboral ******************** realice lo siguiente: Señale nueva fecha para el desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del plazo legal que la ley le constriñe. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y Sexto transitorio de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** respecto del acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos señalados en el similar séptimo de la presente resolución constitucional. Caro.
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