Marjorie Cortez Díaz
Expediente 892/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Marjorie Cortez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinte de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por MARJORIE CORTEZ DÍAZ e IRVIN CESPEDES FLORES; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 892/2022-4, promovido por Marjorie Cortez Díaz e Irvin 4 de 22 Cespedes Flores, contra actos del Director de la Estación de Migración de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito recibido el ocho de junio de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y turnado a éste órgano jurisdiccional en esta misma fecha, Alma Victoria Compañ Ruiz a favor de Marjorie Cortez Díaz e Irvin Cespedes Flores, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La orden de detención, retención, alojo indebido, incomunicación emitida en su contra y su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES 5 de 22 Director de la Estación de Migración del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y ADMISIÓN. En proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 892/2022-4, se otorgó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible detención, retención y la privación de la libertad; y previa ratificación de la demanda por parte de los referidos impetrantes, en auto de esa misma fecha, se admitió la demanda de que se trata, se solicitaron informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución 6 de 22 Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia2 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 7 de 22 en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: a) La orden de incomunicación emitida en su contra y su ejecución. b) La orden de detención, retención, alojo indebido emitido en su contra y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA ORDEN DE INCOMUNICACIÓN Y SU EJECUCIÓN. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, 8 de 22 en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no es cierto el acto reclamado al Director, Subdirector (en su denominación correcta) y Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, todos de la Estación de Migración de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, consistente en la orden de incomunicación y su ejecución; pues la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado en nombre de las precitadas autoridades responsables específicamente negó su existencia. Por lo que al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Máxime que de las constancias que obran el presente juicio de amparo, se advierte que la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se constituyó ante la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, entrevistándose con los quejosos Marjorie Cortez Diaz e Irvin Céspedes Flores, quien en su humanidad dio fe del estado físico y de las condiciones en que se encuentra la parte quejosa, haciendo constar respecto a la primera de lo siguiente: 9 de 22 ".Seguidamente, le (s) pregunto al (los) quejoso (s) si ha(n) sido objeto de malos tratos, tortura física o psicológica por parte de la autoridad responsable a lo que manifiesta (n) que no, ante ello a través de mis sentidos, doy fe del estado físico y condiciones en que se encuentre (n) y advierto que: No presentan ningún tipo de lesión Física, lo que percibo a simple vista; además por así habérmelo manifestado el directo quejoso, que es todo lo que desea manifestar, sin recordar el día de su ingreso a la Estación". Asimismo, respecto al segundo de los mencionados la fedataria hizo constar lo siguiente: ".Seguidamente, le (s) pregunto al (los) quejoso (s) si ha(n) sido objeto de malos tratos, tortura física o psicológica por parte de la autoridad responsable a lo que manifiesta (n) que no, ante ello a través de mis sentidos, doy fe del estado físico y condiciones en que se encuentre (n) y advierto que: No presenta ningún tipo de Lesión Física, lo que percibo a simple vista; además por así habérmelo manifestado el directo quejoso, que es todo lo que desea manifestar, sin recordar el día de su ingreso a la Estación" De lo anterior, se desprende que la fedataria de la adscripción hizo constar que tuvo comunicación con los quejosos, sin que estos manifestaran que se encontraran incomunicados. Inspección judicial que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por el funcionario facultado para ello dentro del ámbito de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis con registro 235930, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 10 de 22 publicada en la página 28, Segunda Parte, Volumen 63, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "INSPECCION JUDICIAL PRACTICADA POR ACTUARIO DE JUZGADO DE DISTRITO. VALIDEZ.- Las diligencias de inspección judicial practicadas por los actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que los actuarios tienen la capacidad legal para practicarlas y el resultado de éstas tiene el valor de prueba plena, pues el actuario está investido por disposición de la ley de fe pública". Asimismo, de las copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, obran las constancias de ocho de junio de dos mil veintidós relativas a las llamadas telefónicas otorgadas a los quejosos Marjorie Cortez Diaz e Irvin Céspedes Flores, por las autoridades responsables para que se comunicaran con sus familiares para el efecto de contactar a sus representantes legales a efectos de enterarles de los requisitos para otorgarles su salida provisional de la Estación Migratoria donde se encontraban; así como la posterior, comparecencia de nueve del mismo mes y año realizada ante las responsables por Sofía Ruiz Lievano, de nacionalidad mexicana, en su carácter de persona de confianza de los referidos quejosos, quien se hizo cargo de la custodia de ellos; y, en consecuencia, se les concediera su salida provisional del lugar de su alojamiento. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. 11 de 22 En esa medida, por un parte, -contrario a lo alegado por los quejosos de mérito en su libelo de amparo- de la diligencia realizada por la fedataria de la adscripción se desprende que no han estado incomunicados; por lo que, resulta evidente que el citado acto atribuido a las autoridades responsables no existe. Aunado a lo anterior, el promovente no aportó prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de las documentales descritas, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento y que sustentó con las constancias que remitió la autoridad a su informe justificado. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2018533, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 256, Tomo I, de Diciembre de 2018, Libro 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.- Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades 12 de 22 responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores". En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta 13 de 22 negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, en representación del Director, Subdirector (en su denominación correcta) y Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, todos de la Estación de Migración de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, al rendir informe justificado admiten parcialmente los actos reclamados consistentes en la orden de detención, retención, alojo indebido emitido en su contra y su ejecución; sin embargo, de las constancias que anexó a su referido informe evidencia la certeza de los actos que se le reclama en virtud de las mismas se advierte que los quejosos el uno de junio de dos mil veintidós fueron trasladados de la Oficina de Representación de la Ciudad de México a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, a fin de que se ejecutara la resolución emitida previamente en la estación de procedencia. 14 de 22 Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: 15 de 22 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la 16 de 22 Federación y su Gaceta, con registro digital: 193758, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, 17 de 22 sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado se advierte lo siguiente: 1). El uno de junio de dos mil veintidós, fueron presentados los quejosos Marjorie Cortez Diaz e Irvin Céspedes Flores ante la autoridad migratoria ya fueron trasladados de la Oficina de Representación de la Ciudad de México a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, a fin de que se ejecutara la resolución emitida previamente en la estación de procedencia consistente en retorno asistido a su país de origen. 2) Mediante escrito de demanda recibido el ocho de junio del presente año, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, Marjorie Cortez Diaz e Irvin Céspedes Flores por conducto de Alma Victoria Compañ Ruiz, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3) Posteriormente, el nueve de junio de dos mil veintidós, se otorgó salida provisional de la estación migratoria a Marjorie Cortez Diaz e Irvin Céspedes Flores. 4) Finalmente, el veinticuatro de junio de la presente anualidad, se hizo constar la evasión del control migratorio de los quejosos Marjorie Cortez Diaz e Irvin Céspedes Flores; y en consecuencia, dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en la orden detención, retención, alojo indebido, incomunicación y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; y siendo que, como ya se precisó se les otorgó salida provisional de la estación migratoria a los aquí quejosos Marjorie Cortez Diaz e Irvin Céspedes Flores, y posteriormente, se hizo constar la evasión del control migratorio de los quejosos de mérito; y en consecuencia, dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso al quejoso en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de 19 de 22 improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la 20 de 22 Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marjorie Cortez Diaz e Irvin Céspedes Flores, contra actos de las autoridades señaladas 21 de 22 como responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del instituto Nacional de Migración, en representación de la SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias a nombre de los quejosos MARJORIE CORTEZ DÍAZ e IRVIN CESPEDES FLORES, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele informando que respecto de las autoridades denominadas Director, Subdirector de Operación y Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, todos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, la autoridad correcta y competente es la SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios en relación a lo mencionado en el párrafo que antecede. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Marcial Bautista Gómez, mediante el cual hace manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la responsable, con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector, las cuales se tomarán en consideración al momento de realizar el pronunciamiento correspondiente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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