Marizol Contreras Tejeda
Expediente 703/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/05/2019
Partes del expediente
- Marizol Contreras Tejeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
? Estado por no presentada. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de quince de abril de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó tenerla por no presentada, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo 107/2018-II, con una copia del escrito inicial de demanda y dos del escrito de ampliación, provéase lo conducente en el presente incidente de suspensión. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable Titular de la Administración Desconcentrada de recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Ciudad de Puebla "1", su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresará si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a la autoridad responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación; en la inteligencia de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se hace del conocimiento a las partes que se señalaron las diez horas con veinticinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia incidental. Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión de actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado esencialmente el siguiente: ? El titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Ciudad de Puebla "1", de quien reclama el cobro de la sanción económica por la cantidad de $46,176.88 (Cuarenta y Seis mil ciento setenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), emitida por el Titular del área de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos En ese contexto, conviene señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevé que en el juicio de amparo los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, por lo que el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. Concesión de la suspensión provisional respecto de la sanción económica Por otra parte, si bien el quejoso solicitó la suspensión de la ejecución del acto reclamado al Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Ciudad de Puebla "1", consistente en el cobro de la sanción económica que se le impuso por la cantidad de $46,176.88 (cuarenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), lo cierto es que no precisó los efectos específicos para los que pretende obtener la medida cautelar . En consecuencia, corresponde a este Juzgado de Distrito fijar sus efectos y alcances, a fin de lograr una tutela judicial efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." (Época: Décima Época, Registro: 2019200, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: P./J. 4/2019 (10a.)) Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 12, tomo 68, Agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones de la quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128, fracción II, 131, y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional respecto de los actos reclamados consistentes en a) el cobro de la sanción económica impuesta al quejoso por la cantidad de $46,176.88 (cuarenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Ahora bien, a efecto de analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es necesario examinar la naturaleza del acto reclamado, bajo los razonamientos que se exponen a continuación. Sobre el tema, como se explicó anteriormente, la medida cautelar se decretará siempre y cuando se reúnan los requisitos de exigencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otro lado, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los servidores públicos que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 serán sancionados -entre otros- con sanción económica. Por su parte, el diverso precepto 15 de la citada legislación, refiere que las sanciones administrativas tienen el carácter de aprovechamientos, los cuales son considerados como los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía. (Época: Novena Época, Registro: 168607, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 138/2008, Página: 445). En ese sentido, dicha circunstancia revela que la imposición de sanciones administrativas como consecuencia del actuar de un servidor público, constituyen un acto de difícil reparación de los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del mismo, por tanto, si se impugna el cobro de una sanción administrativa a través del juicio de amparo, es indudable que se deberá conceder la suspensión del acto reclamado, en el caso de que -como se dijo- se reúnan los requisitos señalados por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pero desde luego el Juez de Distrito deberá condicionar su efectividad a la circunstancia de que el quejoso garantice el interés del Estado o acredite haberlo garantizado ante la autoridad exactora o ante la Tesorería de la Federación. Ahora, cabe aclarar que si bien la sanción económica que reclama el quejoso no se trata de una contribución sino de un aprovechamiento, situación que en principio podría conducir a considerar que no es susceptible de constituirse como un crédito fiscal, lo cierto es que al ser sujeto a un procedimiento administrativo de ejecución, puede constituirse como tal, por lo que resulta procedente que el quejoso garantice el monto de la sanción económica que reclama en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo . Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia2a./J. 148/2005 sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época, de contenido siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." En ese sentido, respecto de los efectos que solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que no se lleve a cabo la ejecución de resolución administrativa de expediente 118/2017, esto es, no se proceda a la ejecución del cobro de la sanción económica impuesta al quejoso por la cantidad de $46,176.88 (cuarenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), lo anterior hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo que se resuelva al respecto en la suspensión definitiva. Lo anterior encuentra sustento, toda vez que se actualizan los requisitos del artículo 128, 131, segundo párrafo y 147 de la Ley de Amparo, consistentes en que: ? Existe petición de la parte quejosa. ? No se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público. Garantía. No obstante, dejará de surtir efectos si en el plazo de cinco días la parte quejosa no constituye o exhibe garantía por la cantidad de $46,176.88 (cuarenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, ante la autoridad exactora de conformidad con los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo vigente, circunstancia que deberá acreditar plenamente en el mismo término ante este Juzgado. Para lo cual, se ordena a la autoridad responsable que deberá tomar las medidas que estime conducentes a efecto de que no se ejecute el acto reclamado, esto es, no se proceda al cobro de la sanción impuesta a la parte quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Libro 26, enero de 2016, Décima Época, visible a página 2723, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS DESDE QUE SE DICTA EL ACUERDO RELATIVO CUANDO SE IMPUGNA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES, SIN QUE PARA SU EFECTIVIDAD SE REQUIERA LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo, que regulan tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, cuando en el juicio de amparo se impugnen actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de orden fiscal, podrá concederse aquélla, suspendiendo sus efectos y las consecuencias desde el momento en que se dicta el acuerdo relativo, esto es, de inmediato, y por un término de 5 días; plazo prudente para que el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal fijada por el órgano jurisdiccional, pues de lo contrario, es decir, de condicionar la efectividad de la medida hasta en tanto se garantice el interés fiscal, se incumpliría la finalidad que esta figura jurídica persigue, que es la de evitar el detrimento a los derechos del promovente del amparo; de ahí que si al vencimiento de dicho término el quejoso no exhibe la garantía correspondiente, la suspensión dejará de surtir efectos, y las responsables podrán ejecutar los actos reclamados." Domicilio y autorizados A este respecto ya se proveyó en el presente incidente, en proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve. Se habilitan días y horas inhábiles. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente a fin de que pueda practicar esta y las subsecuentes notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el artículo 3° y décimo primero transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada o confidencial. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Uso de medios electrónicos. A este respecto ya se proveyó en el presente incidente, en proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista al quejoso para el caso de que las autoridades responsables no existan con la denominación indicada. En caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que se indica en la demanda no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y no se les dirigirá comunicación procesal alguna; y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, lo anterior tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Finalmente, no obstante la manifestación del quejoso respecto a solicitar la suspensión de plano de la ejecución de la resolución, ésta autoridad advierte que no se trata de alguno de los supuestos que establece el artículo 126 de la Ley de Amparo . Notifíquese. |
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; sin que la parte disconforme desahogara el requerimiento precisado en el proveído de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo , de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades.. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia y se requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "VII. DECISIÓN 37. En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, proceda a dictar el acuerdo correspondiente en relación con la petición contenida en el escrito presentado el treinta de agosto del dos mil dieciocho por el quejoso y notifique su determinación a las partes." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización , y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico de la junta responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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