Mariza Belen Mora Ruíz

Expediente 1612/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1612/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Mariza Belen Mora Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto dictado en ocho de diciembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Causales de improcedencia y sobreseimiento. En ese mismo orden de ideas, ténganse por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento que refiere, las cuales serán analizadas en párrafos que preceden. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión del acto reclamado. Omisión de acordar el escrito presentado el treinta de septiembre del año en curso, dentro del juicio laboral ***, de su índice. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado y al informe de cuenta, se aprecia que el dos de diciembre de dos mil veintidós, la junta responsable dictó acuerdo en el que proveyó sobre el escrito presentado por la parte actora -aquí quejosa- el treinta de septiembre del año en curso, determinación que fue notificada personalmente a la parte quejosa el seis del mismo mes y año, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar acuerdo respecto al escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós dentro del juicio laboral 01/215/16, ha cesado, pues el dos de diciembre del año en curso, dictó acuerdo en el que proveyó el escrito presentado por la parte actora en el juicio laboral de origen, determinación que le fue notificada personalmente el seis del mismo mes y año, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Justificación Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Conclusión En las condiciones anotadas con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Anotaciones en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Finalmente, se instruye a la oficial judicial "A" realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de realizar el registro de la cancelación de la audiencia constitucional antes señalada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio procedente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, del que se aprecia notificó a la parte actora el diverso de catorce de los actuales. En consecuencia, se tiene a la autoridad responsable acreditando las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, y por exhibidas las constancias allegadas para tal efecto; por lo que se deja sin efectos la medida de apremio con que se le conminó. En ese contexto, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable oficiante para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo recaído a la contestación que otorgue la parte actora en respuesta a la vista concedida en auto de catorce de noviembre del presente año, o bien, del proveído donde haga constar que transcurrió el plazo de la vista sin que se haya dado respuesta a la misma. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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