Maritza Orizel Rodríguez Espíritu
Expediente 1136/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Maritza Orizel Rodríguez Espíritu
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Mariza Orizel Rodríguez Espíritu y otro, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "Articulo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1º, 5, fracción II y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por Leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (. . .) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del análisis de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), ambas con residencia en esta ciudad, lo hacen consistir en: "La falta de pago por la cantidad que se nos adeuda por concepto de retroactivo de la pensión por viudez y orfandad que se solicitó a nuestro favor a través del oficio número SAATYDH/DGDH/STSS/1089/2015, de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, y recibido ante el Instituto de Seguridad Social de los Servidores del Estado de Guerrero (ISSSPEG), desde el cuatro de junio de dos mil quince, en alcance al diverso SAATyDH/STSS/0185/2015, suscritos y firmados por el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que comprende la fecha en que se generó tal derecho, o sea, desde el día del fallecimiento de ARNULFO MUNIVE JIMÉNEZ (08-mayo-2013), hasta el mes de noviembre-2016,ya que a partir del mes de diciembre del citado año, se nos comenzó a pagar la mensualidad de la pensión aludida, lo anterior, acorde a la resolución emitida al respecto a nuestro favor por dicho instituto a través del dictamen 169/2015 que emitió". Ahora bien, se advierte que bajo protesta de decir verdad la parte quejosa en su escrito de demanda, señalan que el trabajador fallecido Arnulfo Munive Jiménes tuvo la categoría de suboficial de la anteriormente llamada Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; lo que se robustece con la constancia de recibo de nómina que adjuntaron (foja 22), a la que se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de lo que, se advierte que a los quejosos los liga una relación laboral de inferior a superior jerárquico, con las autoridades responsables Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), ambas con residencia en esta ciudad; es decir, de trabajador y patrón, respectivamente, por lo que tales actos se equiparan a los de un particular, esto es así, pues como también lo alega Mariza Orizel rodríguez Espíritu, fue emitido el dictamen 169/2015 por parte de la autoridad responsable para el pago de una pensión por viudez y orfandad a su favor. En esas condiciones, los actos que reclama la parte quejosa no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º., fracción I, de la Ley de Amparo; pues como ya se dijo, el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), ambas con residencia en esta ciudad, no tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, al consistir el acto que de ellas se reclama en la falta de pago por la cantidad que dicen se les adeuda por concepto de retroactivo de la pensión por viudez y orfandad que se solicitó a su favor, a través del oficio número SAATYDH/DGDH/STSS/1089/2015, de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, lo cual significa que no fue realizado en ejercicio de facultades de autoridad frente a un gobernado, sino de superior jerárquico hacia un subordinado con derechos de pensión por viudez y orfandad; por lo que, el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), ambas con residencia en esta ciudad, como ya se dijo, actuaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral de la viuda y sus hijos, debido a la falta de pago por la cantidad que dicen los beneficiarios del trabajador fallecido se les adeuda por concepto de retroactivo de la pensión por viudez y orfandad, la cual deriva de una relación laboral. En este sentido, al Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), ambas con residencia en esta ciudad, no les resulta el carácter de autoridades responsables para la procedencia del presente juicio constitucional; en principio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dilucidado que para los efectos del juicio de amparo, debe emitir actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo. En un segundo término, porque se trata de un acto derivado de relaciones entre particulares, ello, atendiendo a la teoría general del derecho que hace de las relaciones jurídicas de Coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre éstas se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Lo distintivo de esas cuestiones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tanto que, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre los gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Ley Fundamental del País establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, al que dicho órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de acto de autoridad, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales del amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actué como superior, o si por el contrario, dicha relación se realiza como iguales en un plano de coordinación. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación se emitan el acto reclamado, el que deberá ser unilateral y crear, modificar o extinguir por sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni se precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí, la causa de improcedencia invocada se surte plenamente en este asunto, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la respuesta dada por la falta de pago por la cantidad que dicen se les adeuda por concepto de retroactivo de la pensión por viudez y orfandad que se solicitó a su favor, a través del oficio número SAATYDH/DGDH/STSS/1089/2015, de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince. Lo anterior es así, ya que cuando los trabajadores o como en el caso los beneficiarios del pago de la pensión aludida, solicitan el pago de la misma o del retroactivo, éste se encuentra en la relación jurídica de ente asegurador en perfecta coordinación con su contraparte, pues únicamente cumple con su obligación de garantizar el derecho a una pensión por viudez y orfandad de los beneficiarios a través de la celebración de actos jurídicos bilaterales, regulados por el derecho laboral. Por tanto, la petición que le dirige los beneficiarios asegurados para que le proporcionen el pago por la cantidad que dicen se les adeuda por concepto retroactivo de la pensión por viudez y orfandad, o cualquier otro aspecto que involucre los recursos respecto de los que el instituto figura como administrador y contratante, envuelve una relación de coordinación con el particular porque la respuesta otorgada (negativa a proporcionar el pago) no tiene el alcance de vincular por sí y ante sí la situación jurídica del gobernado, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos o de extinguir las obligaciones generadas, dado que dicho organismo público, como ente administrador de fondos de los pensionados y contratante, carece del carácter de autoridad porque no puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente respecto de los señalados recursos en perjuicio del trabajador y los aquí beneficiados, pues es a través del juicio laboral correspondiente donde puede ejercitarse la acción de exigir el pago, pues necesariamente implica la resolución las obligaciones contraídas con los efectos retroactivos que implica. En tal virtud, se colige que la relación jurídica entre el trabajador y/o sus beneficiarios frente al Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, respecto de la pensión por viudez y orfandad se da bajo el plano de coordinación, por lo cual no puede considerarse a dicho instituto como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Luego, si como se precisó, el acto reclamado lo constituye la falta de pago por la cantidad que dicen se les adeuda por concepto de retroactivo de la pensión por viudez y orfandad que se solicitó a su favor, a través del oficio número SAATYDH/DGDH/STSS/1089/2015, de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, es claro que ya existió una respuesta por parte de las autoridades responsables, por lo que, los beneficiarios en todo caso deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, pues la procedencia del juicio de amparo solo sería en el supuesto de la total omisión de responder a una solicitud en materia de pensiones, pues en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público de respuesta a la petición. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 66/2016, Tomo II, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en le Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, página 898, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En tales condiciones, es claro que la emisión de los actos reclamados no reúnen las notas distintivas que ha establecido la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2011; consultable en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro: 161133); que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación a las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En suma, conforme lo expuesto, se advierte que los actos reclamados derivaron de una relación jurídica de ente asegurador en perfecta coordinación con su contraparte, pues únicamente cumple con su obligación de garantizar el derecho a una pensión por viudez y orfandad de los beneficiarios a través de la celebración de actos jurídicos bilaterales, regulados por el derecho laboral entre las autoridades señaladas como responsables Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), ambas con residencia en esta ciudad; es decir, en un plano de coordinación, de ahí que, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Debe destacarse que es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañan (como en el caso que nos ocupa) y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que, los informes justificados que llegasen a rendir las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, ya que la resolución que se dicte será siempre en el mismo sentido y con motivo de la misma causal de improcedencia invocada. Así en el presente caso este Juzgado de Amparo, advierte la causal de improcedencia ya analizada, de manera manifiesta e indudable, al no resultarles el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo al Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) y Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), ambas con residencia en esta ciudad, ya que estas con los quejosos beneficiarios del desaparecido trabajador Arnulfo Munive Jiménes, se encuentran en un plano de coordinación, y no tienen el alcance de vincular por sí y ante sí la situación jurídica del gobernado, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos o de extinguir las obligaciones generadas, dado que dicho organismo público, como ente administrador de fondos de los pensionados y contratante, carece del carácter de autoridad porque no puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente respecto de los señalados recursos en perjuicio del trabajador y los aquí beneficiados. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a DESECHAR LA DEMANDA PLANTEADA por su notoria improcedencia.
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