Maritza Núñez Gaxiola

Expediente 1478/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1478/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
13/12/2018

Partes del expediente

  • Maritza Núñez Gaxiola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de nueve noviembre de dos mil dieciocho (fojas 87 a 98), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues el presente juicio de amparo por un lado se negó y por otro se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar de manera personal a la quejosa * el proveído de veintiuno de los cursantes, así como la sentencia pronunciada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, por las razones ahí expuestas. Luego, visto el estado de autos se advierte que el plazo de tres días concedido en proveído de tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 21 y 22) para que designaran domicilio en esta ciudad, transcurrió en exceso sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, con la finalidad de no retardar la secuela del presente juicio de garantías, practíquese la notificación de mérito, así como las subsecuentes por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, aun las de carácter personal, hasta que la parte en mención señale nuevo domicilio procesal, en términos del artículo 26, fracción lII, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once de octubre del año en curso (fojas 120 a 123), el Subdelegado de Prestaciones y la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de ese mismo mes y año (foja 124), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once del mes inmediato anterior (fojas 120 a 123), así como con el diverso comunicado y anexo presentados en este Juzgado Federal el cinco de octubre de este año (fojas 113 a 116), para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte agraviada el dieciséis siguiente (foja 125); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del dieciocho al veintidós de octubre del actual año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 46 a 60), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "En razón de lo anterior, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de la materia, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Héctor López Hernández, para el efecto de que las autoridades responsables denominadas Delegado Estatal, Subdelegado de Prestaciones y Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nayarit, con sede en esta ciudad, dejen sin efecto el acto reclamado consistente en la aplicación al promovente del amparo del ordinal 51, en relación con el numeral 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (abrogada) y como consecuencia, deberá percibir íntegramente las pensiones de viudez y jubilación que conforme a derecho le corresponden; de igual modo, deberán dejar sin efecto el oficio ISS.018.300.302.6.267/2017, de dos de marzo de dos mil diecisiete; y sus consecuencias. En esas condiciones, las responsables deberán girar las órdenes que sean necesarias a las áreas que legalmente proceda para acatar lo establecido en el párrafo anterior y para que en su caso se haga la devolución y entrega al quejoso referido, de los recursos que le hubieran sido descontados, con motivo de la aplicación del referido precepto declarado inconstitucional, a fin de que se dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria. En la inteligencia de que el derecho al disfrute de las pensiones por viudez y jubilación de manera conjunta, nació en la fecha que se otorgó al solicitante del amparo Héctor López Hernández, la pensión por viudez, toda vez que con anterioridad a esa fecha solo había disfrutado de la pensión directa por jubilación, por lo que es claro que la prestación derivada de la compatibilidad de pensiones se originó hasta que el aquí quejoso obtuvo la pensión por viudez por muerte de la pensionada." Determinación que fue confirmada mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión 671/2017, el treinta de agosto de dos mil dieciocho, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad (fojas 91 a 106), en los términos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Héctor López Hernández, contra el acto reclamado del Delegado Estatal, Subdelegado de Prestaciones y Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria." De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Permitir que el quejoso perciba íntegramente las pensiones de viudez y jubilación que conforme a derecho le corresponden; Dejar sin efecto el oficio ISS.018.300.302.6.267/2017 de dos de marzo de dos mil diecisiete; y Devolver y entregar al agraviado los recursos que le fueron descontados, con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. Luego, las autoridades responsables denominadas Subdelegado de Prestaciones y Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante oficio * de veintiocho de septiembre del año actual, dejaron insubsistente el diverso * de dos de marzo de dos mil diecisiete; además, informaron que a partir de diciembre de dos mil dieciocho se realizará al promovente del amparo el pago mensual íntegro de la Pensión por Viudez de su extinta esposa * (fojas 113 a 117). Posteriormente, las autoridades responsables dieron a conocer mediante comunicado y anexo recibidos en este Juzgado de Distrito, el once del mes próximo pasado, que se efectuó el pago retroactivo de los descuentos que se realizaron a la parte quejosa por el concepto 048 (compatibilidad de pensión) a partir del catorce de septiembre de dos mil dieciséis, y para ello adjuntaron copias certificadas de los recibos de pago * (fojas 120 a 123). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del Ordenamiento Legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello, en atención a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se confirmó la sentencia emitida por este Juzgado, misma que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, pues para los efectos del citado Acuerdo General, prevalece la sentencia dictada en segunda instancia, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta signado por ***, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que el fallo protector se encuentra cumplido, en virtud de que a la fecha ya no se realizó el descuento por concepto 53 del Fondo de Pensiones a la parte quejosa, y ya se le restuituyeron las cantidades descontadas por ese conceoto; en consecuencia, agréguense a sus autos para que obre como corresponda. Luego, toda vez que las responsables no han acreditado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como, al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, ambos con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, informen el cumplimiento manifestado por la autorizada de la parte quejosa, lo anterior para que este Juzgado Federal esté en condiciones de pronunicarse en cuanto al acatamiento de la sentencia concesoria. Apercibidos que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De otra parte, en cuanto a la petición de la compareciente, mediante el cual solicita copia del presente acuerdo, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su arábigo 2, se autoriza la expedición de lo indicado; lo anterior a su costa, previa toma de razón que de su entrega deje en autos la signante o su autorizada para tal efecto.

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