Maritza Núñez Gaxiola
Expediente 3579/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3579/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2018
Partes del expediente
- Maritza Núñez Gaxiola
Actuaciones
- Principal
*AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS DE ALERTA, SE ADMITEN Y DESAHOGAN... DESE VISTA A LAS PARTES... DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
AUTORIDAD REMITE OFICIO DIRIGIDO A LA DIVERSA AUTORIDAD, ATENTO A SU CONTENIDO, SE RESERVA PROVEER HASTA EN TANTO SE RESUELVA EL RECURSO DE QUEJA...
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: como está ordenado en el cuaderno principal del cual deriva este incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y cuerda separada, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2670/2018 promovido por Gas de Ojuelos, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal Rafael Flores Arenas, por su propio derecho, contra actos que reclama de las autoridades que denominó: Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía. Por estimarlos violatorios -en perjuicio de su representado- de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles para ese efecto copia simple de la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo podrán ser objeto de multa, de conformidad al artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. En el entendido de que las autoridades responsables se concretarán a expresar si es o no cierto el acto reclamado, además de que podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente, en su caso. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que se tenga como tercero interesado a persona alguna, pues atendiendo la naturaleza del acto reclamado, no se advierte que actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia. Del análisis acucioso de la demanda de amparo, se desprende que la peticionaria de amparo medularmente reclama: El acuerdo A/022/2018 y su anexo único, por el que la Comisión Reguladora de Energía, emite las disposiciones administrativas de carácter general que establecen el alcance y procedimiento general para el registro estadístico de las transacciones comerciales de gas licuado de petróleo y sus consecuencias jurídicas. La figura jurídica de la suspensión dentro del juicio de amparo tiene por objeto impedir la ejecución de los actos de autoridad que motivaron su interposición, es decir evitar lo que aún no acontece, por ello sólo puede obrar hacia el futuro y nunca sobre el pasado; además, la medida cautelar en comento también garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no pueden abordarse cuestiones atinentes al fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En esa tesitura, toda vez que la suspensión fue solicitada por actos a realizar en el futuro y por ende susceptible de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Pues bien, el primero de ellos que denota la instancia de parte agraviada principio rector del juicio de amparo, pues nadie mejor que el quejoso puede estimar hasta qué punto le perjudica dicha ejecución, por tanto a él compete el impulso procesal, se colmó plenamente toda vez que en su demanda solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues éstos deben tutelarse sí y sólo si no están en conflicto con la sociedad y el Estado. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador; sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3º.A.J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En el caso, la Ley de Hidrocarburos, establece en sus artículos 49, fracción III, 81, fracciones I y VIII, 84, fracciones VI, XV, XX y XXI, tanto la obligación que tienen los permisionarios que realizan actividades de transportación, almacenamiento, distribución, comercialización o expendio de gas licuado, de entregar la información que les requiera la Comisión Reguladora de Energía, para fines de supervisión y estadística, así como de la propia comisión de llevar a cabo la inspección y establecer los mecanismos necesarios para ello, a fin de comprobar que el producto energético haya sido adquirido de manera lícita. Por su parte, el diverso numeral 54, del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, dispone que la Comisión Reguladora de Energía, para regular las actividades relacionadas con transacciones de hidrocarburos, deberá expedir las disposiciones administrativas de carácter general para cada actividad permisionada. En base a ello el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, emitió el Acuerdo A/022/2018, que establece la metodología para el registro de transacciones comerciales de gas licuado de petróleo, con la finalidad de regular las obligaciones que tienen las empresas de almacenamiento, transporte, distribución y otras relacionadas con la comercialización del aludido producto energético, así como para verificar la adquisición lícita de dicho producto, pues mediante la metodología establecida en el acuerdo, se obliga a los entes que realizan las aludidas actividades comerciales a informar de manera constante diversos datos relacionados con la adquisición, venta y distribución del combustible. Es decir, el registro tiende a que las empresas que realizan actividades de transportación, almacenamiento, distribución, comercialización o expendio de gas licuado, acrediten a la Comisión Reguladora de Energía, mediante una serie de registros estadísticos, que se encuentran prestando el servicio de manera eficiente, uniforme, regular y segura, así como los precios que tienen establecidos en la compra y venta del gas licuado y la demostración de que adquirieron el producto de manera lícita, bajo una serie de mecanismos de registro de estadística, que deberá rendirse ante la autoridad en un tiempo determinado a partir de la realización de cualquier transacción comercial de gas licuado de petróleo y a través de un sistema informático denominado "Siretrac GLP", para garantizar la eficiente comunicación entre el ente obligado y la autoridad. Por su parte, el Anexo Único del Acuerdo A/022/2018, que establece la metodología para el registro de transacciones comerciales de gas licuado de petróleo, constituye un instructivo que se pone a disposición del público a fin de facilitar la interpretación de cómo será la entrega de la información que se solicita y en el que se narra detalladamente la información que deberá ser proporcionada por los entes obligados a la autoridad. Una vez sentado lo anterior, se concluye que el acuerdo reclamado, en primer lugar, constituye una norma general y su observancia es por un lado obligatoria y por otra, otorga un beneficio para la colectividad, pues a esta interesa que las actividades comerciales relacionadas con la adquisición y venta al público del gas licuado, se realice de manera eficiente y lícita. En este contexto, debe destacarse que la observancia de las disposiciones reclamadas conlleva el deber social que tienen los entes que realizan actividades de transportación, almacenamiento, distribución, comercialización o expendio de gas licuado, de satisfacer las necesidades colectivas de consumo del producto y que este sea adquirido de manera lícita. Es así, pues las disposiciones establecidas en el Acuerdo A/022/2018, van encaminadas propiamente con el objeto de hacer más eficiente la regulación de la distribución del gas licuado, así como de obtener mediante el sistema informático implementado una mejor captación de la información que deban proporcionar los entes que realizan las actividades permisionadas. Por tanto, de conceder la suspensión para que no se cumplan cabalmente las disposiciones establecidas en el Acuerdo A/022/2018, emitido por la Comisión Reguladora de Energía, que establece la metodología para el registro de transacciones comerciales de gas licuado de petróleo, se afectaría el orden público y el interés social, pues las obligaciones que impone son con el propósito de regular el cumplimiento de las normativas previstas por las disposiciones aplicables de la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, relacionadas con actividades relacionadas con la comercialización de hidrocarburos, así como encaminadas a verificar la legal adquisición de ese producto energético. Lo anterior, pues con esas disposiciones se hace frente a una de las problemáticas actuales del país, relacionada con la obtención ilegal de energéticos; siendo que la sociedad está interesada en que no se lleve a cabo dicho ilícito, lo que puede reducirse vigilando que todos los sujetos pasivos que de alguna manera intervienen en los hechos adquieran los productos energéticos de manera lícita. Resulta aplicable por motivos que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 36/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2004, PORQUE SE PERMITIRÍA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO. El artículo 124, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, señala que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En ese sentido, tratándose de los actos de aplicación del artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2004, que establece la obligación para quienes enajenen gasolina, diesel, gas natural o licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público, de llevar un registro contable, consistente en instalar controles volumétricos acorde con los equipos que para tal efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, no procede conceder dicha medida cautelar, pues de hacerlo se permitiría la realización de una conducta ilícita sancionada en el artículo 111, fracción VII, del mencionado código, toda vez que se permitiría a los contribuyentes no instalar tales equipos, cuando dicha omisión está sancionada penalmente." En tal sentido, se considera que no procede el otorgamiento de la medida cautelar en contra de la ejecución del Acuerdo A/022/2018, emitido por la Comisión Reguladora de Energía, que establece la metodología para el registro de transacciones comerciales de gas licuado de petróleo, en virtud de que no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, relativo a que sólo se debe decretar la medida cautelar cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. SE niega a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada.
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