Maritza Monserrat González Vázquez

Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
334/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Maritza Monserrat González Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó el auto en que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con base en lo dispuesto en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, dado que se tuvo por no presentada la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no dio cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo establecido por los artículos 108 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento inserto y se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos del Juzgado Octavo Civil de Partido de esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; 108, fracción V, 112, 114, fracción I, y relativos de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda, PREVÉNGASE a la parte quejosa para que en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído y consciente de las penalidades en que pueda incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo: Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, narre de manera completa, clara y cronológica los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior resulta necesario para satisfacer la exigencia a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia y estar en posibilidad de resolver sobre la procedencia de la demanda, además de determinar que se encuentre debidamente integrada la litis constitucional en atención al artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado; y en su caso, la responsable pueda estar en aptitud de justificar la constitucionalidad del acto concreto que se le atribuye. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con lo requerido y de no acompañar, copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, cuatro, se tendrá por no presentada su demanda de amparo conforme a lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. Se hace saber a la parte quejosa de los delitos en los cuales incurren en caso de afirmar hechos falsos u omitir aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si la peticionaria incurre en falsedad, la hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito del quejoso es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por la parte quejosa, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS PARA MEJOR PROVEER. Solicítese al titular del Juzgado Octavo Civil de este partido, para que, de no tener inconveniente, informe el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen *** de su índice; entre lo que deberá estar, si la quejosa ha comparecido al procedimiento citado, la etapa en que se encuentra, así como las resoluciones más relevantes relacionadas con el acto reclamado y remita copia certificada de dicha determinación. Resulta aplicable, la jurisprudencia del rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto."

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