Maritza Monserrat Ayala Orihuela
Expediente 724/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maritza Monserrat Ayala Orihuela
- Juez Segundo Civil de este partido judicial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió al presente juicio en apoyo a su informe justificado, consistentes copias certificadas del juicio sumarísimo civil 129/2017 por ser innecesaria su retención. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha autoridad que no resulta resulta factible que acuse recibo de dichas constancias, toda vez que con el sello de recibo es más que suficiente para acreditar la entrega y recepción de las mismas. Finalmente, para el caso de que la autoridad responsable en cita, se encuentre gozando el segundo periodo vacacional relativo al presente año, se reserva realizar el envío del oficio correspondiente, hasta en tanto reanude labores, mientras tanto quedará en resguardo del Actuario Judicial adscrito para su posterior entrega. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 724/2018, promovido por Maritza Montserrat Ayala Orihuela, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 4 y 5), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, Maritza Montserrat Ayala Orihuela, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:- El C. Juez Segundo Civil de este Partido Judicial, en cuanto autoridad ordenadora, y el C. Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, como autoridad ejecutora. IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad que señalo como ordenadora, reclamo la orden que tengo conocimiento ha dictado dentro del juicio sumarísimo civil 129/2017, ordenando constituirse al C. Actuario adscrito de dicho juzgado, en el domicilio de la suscrita que se ubica en la calle Paseo de los Eucaliptos número 343, fraccionamiento Balcones de Santa María de esta ciudad; y de la autoridad ejecutora reclamo el cumplimiento a la orden emitida por la autoridad ordenadora. (.).". Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 6 a 8), el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de amparo; otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; y, pidió el informe justificado a las autoridades responsables. El veintiséis de junio del año en curso el juez homólogo ordenó emplazar a los terceros interesados "EMN Emprendedores, Sociedad Anónima de Capital Variable", Octavio Rafael Ayala Orihuela y Marisela Orihuela Cruz, diligencia que se realizó por medio de lista publicada en lugar visible de ese juzgado el veintinueve del mes y año en comento (fojas 35 a 43). Posteriormente, en proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, estimó que el presente juicio de amparo debía turnarse a este juzgado, ya que previo a este juicio se tuvo conocimiento del diverso juicio radicado bajo el número 1020/2017, en el que el acto reclamado también derivó del juicio sumarísimo civil 129/2017, que sobre recisión de contrato de arrendamiento de inmueble y otras prestaciones promovió "EMN Emprendedores, Sociedad Anónima de Capital Variable", en contra de Octavio Rafael Ayala Orihuela y Marisela Orihuela Cruz. Atento lo anterior, en acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 98 a 101), este juzgado se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, se dio la intervención respectiva a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (reverso de la foja 101), se ordenó dar vista con los informes justificados de las autoridades responsables, se ordenó notificar a todas las partes y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano6s, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por Maritza Montserrat Ayala Orihuela, por su propio derecho, al Juez y al Actuario adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, consiste en: Los acuerdos de veintidós y treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitidos dentro del juicio sumarísimo civil 129/2017, promovido por "EMN Emprendedores, Sociedad Anónima de Capital Variable", en el que el juez responsable ordenó al actuario de su adscripción constituirse en el domicilio particular de la quejosa ubicado en la calle Paseo de los Eucaliptos, número 343, Fraccionamiento Balcones de Santa María de esta ciudad, para requerir a Octavio Rafael Ayala Orihuela y a Marisela Orihuela Cruz -parte demandada y condenada-, el pago de la cantidad de seiscientos veintinueve mil pesos moneda nacional, por concepto de pensiones de alquiler vencidas y no cubiertas. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez y el Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 27 y 28), aceptaron la existencia del acto reclamado por lo que hace a la tramitación del juicio sumarísimo civil 129/2017 y al requerimiento de pago de la cantidad de seiscientos veintinueve mil pesos moneda nacional, por concepto de pensiones de alquiler vencidas y no cubiertas. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio sumarísimo civil 129/2017, que adjuntó a su informe el juez responsable y obra en un tomo de prueba por separado, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En el caso, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no acredita el derecho que le asiste para intervenir como parte demandada en la contienda de origen, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...).". La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.).". Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación con derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.". Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio.". De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por la autoridad que emitió el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la parte quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000, con número de registro 918058, cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, por lo que ante su ausencia se impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. En el caso que nos ocupa la parte quejosa señala como acto reclamado los acuerdos de veintidós y treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitidos dentro del juicio sumarísimo civil 129/2017, promovido por "EMN Emprendedores, Sociedad Anónima de Capital Variable", en el que el juez responsable ordenó al actuario de su adscripción constituirse en el domicilio particular de la quejosa ubicado en la calle Paseo de los Eucaliptos, número 343, Fraccionamiento Balcones de Santa María de esta ciudad, para requerir a Octavio Rafael Ayala Orihuela y a Marisela Orihuela Cruz -parte demandada y condenada-, el pago de la cantidad de seiscientos veintinueve mil pesos moneda nacional, por concepto de pensiones de alquiler vencidas y no cubiertas. Asimismo, la peticionaria del amparo refiere que se vulneraron sus derechos de legalidad y seguridad jurídica tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, ordenó al actuario de su adscripción constituirse en su domicilio particular para requerir a la parte demandada el pago de las referidas prestaciones; lo anterior, sin que haya sido oída y vencida dentro de la controversia en comento. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio sumarísimo civil de origen se advierte que "EMN Emprendedores, Sociedad Anónima de Capital Variable", a través de sus apoderados, demandó a Octavio Rafael Ayala Orihuela -arrendatario- y a Marisela Orihuela Cruz -obligada solidaria-, la recisión de contrato de arrendamiento, la desocupación y entrega material del bien inmueble ubicado en Avenida Ventura Puente, número 1143, local 4, planta baja, de la colonia Del Empleado, así como el pago de rentas vencidas y no cubiertas, entre otras cosas (fojas 1 a 47 del tomo de pruebas). Seguido el trámite del juicio natural el siete de abril de dos mi diecisiete el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, emitió sentencia definitiva en la que esencialmente declaró procedente la acción que en la vía sumarísima civil sobre rescisión de contrato escrito de arrendamiento de bien inmueble y otras prestaciones ejercitó la parte actora y condenó a la parte demandada al cubrir el pago de las pensiones rentísticas vencidas y no cubiertas a partir del mes de marzo de dos mil doce al mes de febrero de dos mil diecisiete (fojas 81 a 104 del tomo de pruebas). Posteriormente, en acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecisiete el juez responsable declaró ejecutoriada la referida resolución, elevándola a categoría de cosa juzgada, condenando a las partes a estar y pasar por ella en todo tiempo y lugar por ser la verdad legal (foja 109 del tomo de pruebas). El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el juez responsable autorizó días y horas hábiles de despacho a fin de que personal del juzgado de su adscripción, debidamente integrado en audiencia pública de derecho por él mismo y el secretario de acuerdos, se constituyeran en legal y debida forma en el local comercial marcado con el número 4, planta baja, del Centro Comercial integrado por ocho locales y una terraza, ubicado sobre la Avenida Ventura Puente, número 1143, de la colonia Del Empleado de esta ciudad (foja 114 del tomo de pruebas). El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio de origen se dictó la sentencia interlocutoria correspondiente al incidente de liquidación por concepto de pago de suerte principal e intereses moratorios, en la que se declaró parcialmente procedente dicha cuestión accesoria y se condenó a Octavio Rafael Ayala Orihuela -arrendatario- y a Marisela Orihuela Cruz -obligada solidaria-, al pago de la cantidad de seiscientos treinta mil pesos moneda nacional, por concepto de pensiones de alquiler vencidas y no cubiertas (fojas 140 a 146 del tomo de pruebas). En proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se autorizó al actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, constituirse en legal y debida forma en el domicilio de la coaccionada Mariela Orihuela Cruz, ubicado en la calle Paseo de los Eucaliptos, número 343, Fraccionamiento Balcones de Santa María de esta ciudad, para requerirle el pago de la cantidad de seiscientos veintinueve mil pesos moneda nacional, por el concepto en cita, toda vez que en diverso auto de cuatro de septiembre del año en curso se tuvo a la parte demanda pagando la cantidad de mil pesos moneda nacional (foja 223 del tomo de pruebas). Asimismo, en auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho se autorizó al ministro ejecutor adscrito al juzgado responsable constituirse en el referido domicilio para requerir al diverso demandado Octavio Rafael Ayala Orihuela, el pago de dicha condena (foja 228 del tomo de pruebas). A efecto de resolver la pretensión planteada en esta instancia constitucional, conviene traer a cuenta lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 257/2013, en la que señaló, principalmente, que la persona que se ostenta extraña al juicio de origen (como en la especie la quejosa) tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en la orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad; en virtud de que dicho acto afecta sus derechos de propiedad y de inviolabilidad de su domicilio, como parte del derecho a la privacidad. Para arribar a esa decisión, primeramente, hizo referencia a las instituciones jurídicas que consideró importantes para la solución de dicha contradicción de tesis, a saber: el interés jurídico; la persona extraña al juicio; y, la inviolabilidad al domicilio. Por lo que hace al interés jurídico, lo definió como la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente en sus derechos puede acudir al juicio de amparo. Además, señaló que el interés jurídico guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo. Indicó que el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho y que tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Por cuanto hace a la persona extraña al juicio indicó que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que se considera como tal a aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; además, que quedaba incluida en ese concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre esa base, que si la persona que se ostenta extraña al juicio estima que existe una afectación en su esfera jurídica por un acto de autoridad, debe demostrar su interés jurídico fehacientemente, es decir, que es titular del derecho subjetivo que estima afectado por el acto de autoridad, para hacer procedente el juicio biinstancial. Por lo que hace a la inviolabilidad del domicilio, la definió como el derecho fundamental que impide que se efectúe alguna entrada y registro en el domicilio salvo que exista una orden judicial en los términos previstos por el artículo 16 constitucional, o se actualice algún caso de excepción. Indicó que el acto de molestia domiciliaria, se debe limitar constitucionalmente como algo que merece ser inviolable a menos que se trate de actuaciones públicas realizadas bajo condiciones muy estrictas, en torno a un elemento muy claro: la intimidad o privacidad de las personas. Señaló que el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada; asimismo, que el domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico sino la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que el mismo representa. Asimismo, indicó que lo que protege la Constitución Federal es el acceso arbitrario o abusivo al domicilio del gobernado, como parte de la protección al derecho de privacidad de las personas. De igual forma, en la propia ejecutoria citó como casos concretos de ejemplo dos supuestos. El primero, en el que consideró que la orden de embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, con la finalidad de garantizar el adeudo contraído, constituye un acto que no causa afectación al quejoso (persona extraña al juicio), porque esa orden es clara en determinar a quién va dirigido ese acto de autoridad, esto es, al demandado quien es parte en el juicio de origen y a quien perjudicaría tal determinación, por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad. Por tanto, en este caso, concluyó, que el que se ostenta extraño al juicio carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de esa determinación judicial, al no existir afectación alguna en su esfera jurídica de derechos. El segundo supuesto que consiste en la materialización del apercibimiento consistente en el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras en el inmueble del que el quejoso (también tercero extraño a juicio) dice ser propietario y tener su domicilio, y que corresponde con aquel en que se habrá de llevar a cabo la diligencia de embargo sobre bienes del demandado, SÍ afecta a la persona que se ostenta extraña al juicio; ello, porque los derechos fundamentales que se vulneran con tal determinación judicial son, tanto el de la inviolabilidad del domicilio, como parte del derecho a la privacidad, de quien se ostenta extraño al juicio, como el derecho de propiedad. Es decir, que cuando se pretende llevar a cabo el acto de autoridad en el domicilio de quien no es parte en el juicio, respecto del cual acredita ser el propietario y tener ahí su domicilio, constitucionalmente protegido, porque ahí es en donde desarrolla libremente su vida privada, es evidente que la posible fractura de cerraduras y la eventual intromisión a su espacio privado son susceptibles de generar alguna afectación a sus derechos fundamentales de propiedad y de inviolabilidad del domicilio, pues el hecho de que se quebranten las cerraduras de la casa en donde se pretende llevar a cabo la diligencia de embargo de bienes muebles del demandado y se ingrese a su domicilio para sustraer los bienes que se lleguen a embargar, dan cuenta de ello. Entonces que si la persona extraña al juicio aduce la afectación a sus derechos humanos en virtud de la intromisión al inmueble donde tiene su domicilio y que es de su propiedad, como consecuencia de la resolución en la que se hace efectivo el apercibimiento de la fractura de cerraduras y prueba que ese lugar es donde desarrolla libremente su vida privada y, además, demuestra ser propietario del bien, es inconcuso que tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto, pues existe una afectación en su esfera jurídica (su propiedad y su domicilio, como parte del derecho a la privacidad) por un acto de autoridad (la autorización de llevar a cabo la fractura de cerraduras y el uso de la fuerza pública) y que demostró ser el titular del derecho afectado por el acto de autoridad (propiedad e inviolabilidad de domicilio). Las anteriores consideraciones, dieron origen a la jurisprudencia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 581, registro 2005231, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho.". Sentado lo anterior, en el caso el suscrito considera que la quejosa carece de interés jurídico porque el acto respecto del cual las autoridades responsables aceptaron la existencia, consistente en la orden de requerimiento de pago de pensiones de alquiler vencidas y no cubiertas, en el domicilio que defiende la quejosa ubicado en la calle Paseo de los Eucaliptos, número 343, Fraccionamiento Balcones de Santa María de esta ciudad, no se encuentra dirigido a la peticionaria de amparo. En efecto, de acuerdo a lo resuelto en la citada ejecutoria por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclama la orden de embargo a ejecutarse en un domicilio del quejoso, que se ostenta tercero extraño a juicio, se considerará que éste tiene interés jurídico en el juicio de amparo indirecto, cuando dicha orden de embargo se encuentre autorizada del rompimiento de cerraduras; ya que en este caso, lo que se pondera es el derecho de propiedad, de inviolabilidad en el domicilio y de privacidad. En cambio, se considerará que no asiste interés jurídico al peticionario de amparo, cuando lo que reclame consista únicamente en el mandamiento que si bien ordena que se verifique en el domicilio que la quejosa (tercera extraña a juicio) defiende, dicho mandamiento se encuentre dirigido a persona distinta a ésta. En efecto, se considera que la quejosa carece de interés jurídico, en primer término, porque si bien es cierto que en autos quedó acreditada la existencia de un mandamiento de requerimiento de pago de rentas vencidas y no cubiertas, en el domicilio que defiende, más lo es, que el mismo no se encuentra dirigido a su persona, sino a sus copropietarios, quienes figuraron como demandados en la contienda natural. De modo que, atendiendo a las consideraciones anotadas anteriormente, sería a éstos a quienes, en todo caso, perjudicaría tal determinación, por ser quienes figuraron como parte en el juicio de origen y por tratarse de una afectación sobre el derecho personal de éstos. En segundo término, porque siguiendo las líneas establecidas en la ejecutoria señalada en los párrafos precedentes, en todo caso, la determinación que podría irrogar un perjuicio a la peticionaria de amparo, sería aquella que autorizara el rompimiento de cerraduras de la porción del inmueble que cohabita con los demandados, pues sólo hasta ese momento se podría establecer con entera certeza que pudiera ocasionarse una violación al domicilio y privacidad de la quejosa, en su carácter de tercera extraña al procedimiento; sin embargo, como de las constancias que remitió la autoridad no se advierte la existencia de determinación que autorice el empleo de dicho medio de apremio, se considera que la quejosa carece de interés jurídico. En conclusión, ya que Maritza Montserrat Ayala Orihuela no acreditó tener interés jurídico para reclamar el acto del que se duele; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la citada Ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Maritza Montserrat Ayala Orihuela, por propio derecho, contra el acto reclamado al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte QUEJOSA MARITZA MONSERRAT AYALA ORIHUELA por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo
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