Maritza Mariano Marquez

Expediente 617/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
617/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Maritza Mariano Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que el acto que en esta vía se reclama se hace consistir en la falta de respuesta por parte de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en Estado de Veracruz, a las solicitudes realizadas por la aquí quejosa mediante escritos de quince de noviembre de dos mil diecisiete y veintiséis de marzo del presente año, de contenido siguiente: "LA QUE SUSCRIBE MARITZA MARIANO MARQUES MEXICANA, CASADA MAYOR DE EDAD VECINO DEL EJEIDO DE "EL NIGROMANTE, ANTES SANTA CECILIA" MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE, ESTADO DE VERACRUZ, SEÑALANDO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EN GUADALUPE VICTORIA NÚMERO09 COLONIA MORELOS, DE ESTA CIUDAD CAPITAL LE SOLICITO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO PARCELARIO RESPECTO DE LA SENTENCIA QUE ORDENA EL JUICIO AGRARIO 445/2017, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO EXHIBO EL PLANO RESPECTO DE LA SUPERFICIE DE 15-08-33.09 HECTÁREAS DE ACUERDO A SU OFICIO NÚMERO DEV/AJ/115/2018 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2018, POR EL QUE SE ME REQUIERE EXHIBA DICHO PLANO PARA ESTARN (SIC) EN CONDICIONES DE EXPEDIR DICHO DOCUMENTO QUE ORDENA LA SETENCIA (SIC), MOTIVO POR EL CUAL VENGO A DAR CUMPLIMIENTO EXHIBIENDO DICHO DOCUMENTO REQUERIDO, AUTORIZANDO PARA QUE EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PUEDA OÍR, RECIBIR E IMPONERSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DE LA L.F.P.A DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA AGRARIA ASI COMO EL ARTÍCULO 44 DEL C.C.F. COMO MANDATARIOS JUDICIALES A LOS CC LIC. JOSEPH VITALY ENRIQUEZ CARMONA, ANA LILIA HERNANDEZ TORRES, IVAN DE JESÚS RAMIREZ MOCTEZUMA." Ahora bien, de las constancias que remitió la responsable se advierte que por oficio DEV/AJ/115/2018, de dos de febrero de dos mil dieciocho, proveyó lo conducente respecto al escrito de quince de noviembre del año pasado, el cual dice: "Por este conducto y en atención a su solicitud de fecha 15 de noviembre de 2017, recibida en esta Delegación del Registro Agrario Nacional el día 01 de diciembre del mismo año, por medio del cual solicita, inscripción de sentencia del juicio agrario número 445/2017 y expedición de certificado parcelario. Sobre el particular en términos del artículo 8 Constitucional, me permito efectuar a usted las siguientes respuestas. La sentencia de fecha 10 de octubre del año dos mil diecisiete, del juicio agrario número 445/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, donde en su resolutivo SEGUNDO se ordena a esta Delegación de Registro Agrario Nacional, dar de baja al extinto FAUSTINO MARIANO CASTAÑEDA, como ejidatario y titular de los derechos parcelarios legalmente reconocidos mediante sentencia dictada en el diverso expediente 131/2004 (como consta en el oficio DEV/AJ/1766/2017), e inscriba en su lugar a MARITZA MARNIANO MARQUES, como nueva ejidataria por sucesión testamentaria a quien deberá expedir los documentos que la acredite con esa calidad y titularidad en el poblado El Nigromante, municipio de Playa Vicente, Ver., se inscribió en términos del artículo 191, fracción I, de la Ley Agraria el día 9 de noviembre de 2017. Sin embargo, de los antecedentes registrales que obran en esta Delegación, se deriva que en el juicio agrario número 131/2004 al C. FAUSTINO MARIANO CASTAÑEDA, se le reconoció el derecho de una superficie de 15-08-33.09 has. (Parcelas 437, 438, 439, 440, 441, 450 y 451), encontrándose una diferencia del plano individual que integra usted, donde se realiza como unidad topográfica las parcelas antes mencionadas, así como la parcela 449 dando una superficie total de 17-40-41.04 has, por tal motivo, es técnicamente improcedente expedir el documento que solicita. Lo anterior, para que, presente el plano con la superficie de 15-08-33.09 has., a la brevedad posible para la expedición del certificado parcelario correspondiente, en virtud de que a usted le corresponde realizar el trámite administrativo a fin de recibir el documento ordenado en el juicio agrario número 445/2017." (Lo subrayado es propio) Asimismo, la responsable remitió el oficio DEV/AJ/1627/2018, de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, proveyó lo conducente respecto al escrito de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el cual señala lo siguiente: "Por este conducto y en atención a su escrito de fecha 26 de marzo de 2018, recibido en esta Delegación del Registro Agrario Nacional en la misma fecha, por medio del cual, aporta un plano respecto de la superficie de 15-08-33.09 hectáreas, de acuerdo al oficio número DEV/AJ/115/2018. Sobre el particular, en términos del artículo8 Constitucional me permito manifestarle que es necesario que el plano de la superficie de 15-08-33.09 hectáreas del poblado denominado "El Nigromante" del municipio de Playa Vicente, Ver., lo aporte en coordenadas UTM, debido a que el que integra Usted, es en coordenadas arbitrarias, por lo tanto, afecta los derechos de los titulares de otras parcelas que no fueron partes del juicio agrario 131/2004, donde se reconocieron los derechos de la superficie mencionada al extinto Faustino Mariano Castañeda. Lo anteriormente expuesto, se deriva a que se solicitó a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica, para que brindara el apoyo a esta Delegación para al actualización del mosaico catastral en relación a la solicitud 30170026601 y para realizar dicha actualización es necesario se aclare tal situación." (Lo subrayado es propio). Asimismo, remitió el oficio DEV/AJ/1641/2018, de treinta de agosto de dos mil dieciocho, del que se desprende lo siguiente: "Sobre el particular, me permito informar lo siguiente; derivado a que el plano que aportó la quejosa a esta Delegación del Registro Agrario Nacional del estado de Veracruz, mediante el escrito de fecha 26 de marzo de 2018, está elaborado con coordenadas arbitrarias, afectando con esto derechos de terceras personas que no fueron oídas y vencidas en el juicio agrario número 131/2004, donde se le reconocieron derechos al extinto ejidatario FAUSTINO MARIANBO CASTAÑEDA. Por otro lado, y con la finalidad de contar con los elementos necesarios para el debido cumplimiento a la sentencia de fecha 10 de octubre de 2017, emitida en el juicio agrario número 445/2017 del índice de Tribunal Unitario Agrario del DTO 10, donde se reconoce a la C. Maritza Mariano Márquez, los derechos del extinto FAUSTINO MARIANBO CASTAÑEDA, MEDIANTE MI OFICIO DEV/AJ/1627/2018 de fecha veintiocho de agosto de 2018, se solicitó a la C. Maritza Mariano Márquez aporte un plano en coordenadas UTM. Toda vez que es necesario para la actualización del mosaico catastral (fusión de las parcelas 437, 438, 439, 440, 441, 450 y 451) del ejido denominado "El Nigromante" del Municipio de Playa Vicente, Ver. Oficio que se depositó en la Oficina de correos de México, en fecha 30 de agosto del presente año, para su notificación en términos del artículo 62, fracción II del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, y el dos de febrero y veintinueve de agosto del presente año, la responsable proveyó lo conducente respecto a los escritos de quince de noviembre de dos mil diecisiete y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, presentados por la aquí quejosa; por tanto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia hecha valer por la responsable, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" En otras palabras, si de lo que se dolía la quejosa era la a falta de respuesta por parte de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en Estado de Veracruz, a las solicitudes realizadas por la aquí quejosa mediante escritos de quince de noviembre de dos mil diecisiete y veintiséis de marzo del presente año y, acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dicha autoridad a efecto de que se pronunciara respecto a los citados escritos; luego, al existir constancia de que éstos fueron acordados, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. Ahora bien, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio, sino que también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, lo que no se advierte que haya hecho la autoridad responsable; sin embargo, este órgano jurisdiccional mediante proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dejó a vista de la parte quejosa la respuesta dada por la autoridad responsable a sus escritos, la cual fue notificada por lista de acuerdos el diez de septiembre siguiente, previo aviso que se le dejara en su domicilio, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con lo que se garantizó que tuviera conocimiento de la respuesta emitida con relación a su petición. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis: 2a./J. 36/99 de Jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". (Lo subrayado es propio). Ahora, si se toma en consideración que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio respuesta a la parte quejosa, respecto de la petición que le realizó mediante escritos de quince de noviembre de dos mil diecisiete y veintiséis de marzo del presente año, y que dicha respuesta le fue notificada por este juzgado federal con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Lo anterior es así, debido a que la actuación de la responsable en dar respuesta a lo peticionado por la parte quejosa y la notificación correspondiente, implica la desaparición total de la omisión reclamada, pues al hacerse de conocimiento de la parte quejosa la respuesta que se dio a los escritos de petición que formuló, la restituyó en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose la causal de improcedencia analizada. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que el acto que en esta vía se reclama se hace consistir en la falta de respuesta por parte de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en Estado de Veracruz, a las solicitudes realizadas por la aquí quejosa mediante escritos de quince de noviembre de dos mil diecisiete y veintiséis de marzo del presente año, de contenido siguiente: "LA QUE SUSCRIBE MARITZA MARIANO MARQUES MEXICANA, CASADA MAYOR DE EDAD VECINO DEL EJEIDO DE "EL NIGROMANTE, ANTES SANTA CECILIA" MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE, ESTADO DE VERACRUZ, SEÑALANDO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EN GUADALUPE VICTORIA NÚMERO09 COLONIA MORELOS, DE ESTA CIUDAD CAPITAL LE SOLICITO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO PARCELARIO RESPECTO DE LA SENTENCIA QUE ORDENA EL JUICIO AGRARIO 445/2017, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO EXHIBO EL PLANO RESPECTO DE LA SUPERFICIE DE 15-08-33.09 HECTÁREAS DE ACUERDO A SU OFICIO NÚMERO DEV/AJ/115/2018 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2018, POR EL QUE SE ME REQUIERE EXHIBA DICHO PLANO PARA ESTARN (SIC) EN CONDICIONES DE EXPEDIR DICHO DOCUMENTO QUE ORDENA LA SETENCIA (SIC), MOTIVO POR EL CUAL VENGO A DAR CUMPLIMIENTO EXHIBIENDO DICHO DOCUMENTO REQUERIDO, AUTORIZANDO PARA QUE EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PUEDA OÍR, RECIBIR E IMPONERSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DE LA L.F.P.A DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA AGRARIA ASI COMO EL ARTÍCULO 44 DEL C.C.F. COMO MANDATARIOS JUDICIALES A LOS CC LIC. JOSEPH VITALY ENRIQUEZ CARMONA, ANA LILIA HERNANDEZ TORRES, IVAN DE JESÚS RAMIREZ MOCTEZUMA." Ahora bien, de las constancias que remitió la responsable se advierte que por oficio DEV/AJ/115/2018, de dos de febrero de dos mil dieciocho, proveyó lo conducente respecto al escrito de quince de noviembre del año pasado, el cual dice: "Por este conducto y en atención a su solicitud de fecha 15 de noviembre de 2017, recibida en esta Delegación del Registro Agrario Nacional el día 01 de diciembre del mismo año, por medio del cual solicita, inscripción de sentencia del juicio agrario número 445/2017 y expedición de certificado parcelario. Sobre el particular en términos del artículo 8 Constitucional, me permito efectuar a usted las siguientes respuestas. La sentencia de fecha 10 de octubre del año dos mil diecisiete, del juicio agrario número 445/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, donde en su resolutivo SEGUNDO se ordena a esta Delegación de Registro Agrario Nacional, dar de baja al extinto FAUSTINO MARIANO CASTAÑEDA, como ejidatario y titular de los derechos parcelarios legalmente reconocidos mediante sentencia dictada en el diverso expediente 131/2004 (como consta en el oficio DEV/AJ/1766/2017), e inscriba en su lugar a MARITZA MARNIANO MARQUES, como nueva ejidataria por sucesión testamentaria a quien deberá expedir los documentos que la acredite con esa calidad y titularidad en el poblado El Nigromante, municipio de Playa Vicente, Ver., se inscribió en términos del artículo 191, fracción I, de la Ley Agraria el día 9 de noviembre de 2017. Sin embargo, de los antecedentes registrales que obran en esta Delegación, se deriva que en el juicio agrario número 131/2004 al C. FAUSTINO MARIANO CASTAÑEDA, se le reconoció el derecho de una superficie de 15-08-33.09 has. (Parcelas 437, 438, 439, 440, 441, 450 y 451), encontrándose una diferencia del plano individual que integra usted, donde se realiza como unidad topográfica las parcelas antes mencionadas, así como la parcela 449 dando una superficie total de 17-40-41.04 has, por tal motivo, es técnicamente improcedente expedir el documento que solicita. Lo anterior, para que, presente el plano con la superficie de 15-08-33.09 has., a la brevedad posible para la expedición del certificado parcelario correspondiente, en virtud de que a usted le corresponde realizar el trámite administrativo a fin de recibir el documento ordenado en el juicio agrario número 445/2017." (Lo subrayado es propio) Asimismo, la responsable remitió el oficio DEV/AJ/1627/2018, de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, proveyó lo conducente respecto al escrito de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el cual señala lo siguiente: "Por este conducto y en atención a su escrito de fecha 26 de marzo de 2018, recibido en esta Delegación del Registro Agrario Nacional en la misma fecha, por medio del cual, aporta un plano respecto de la superficie de 15-08-33.09 hectáreas, de acuerdo al oficio número DEV/AJ/115/2018. Sobre el particular, en términos del artículo8 Constitucional me permito manifestarle que es necesario que el plano de la superficie de 15-08-33.09 hectáreas del poblado denominado "El Nigromante" del municipio de Playa Vicente, Ver., lo aporte en coordenadas UTM, debido a que el que integra Usted, es en coordenadas arbitrarias, por lo tanto, afecta los derechos de los titulares de otras parcelas que no fueron partes del juicio agrario 131/2004, donde se reconocieron los derechos de la superficie mencionada al extinto Faustino Mariano Castañeda. Lo anteriormente expuesto, se deriva a que se solicitó a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica, para que brindara el apoyo a esta Delegación para al actualización del mosaico catastral en relación a la solicitud 30170026601 y para realizar dicha actualización es necesario se aclare tal situación." (Lo subrayado es propio). Asimismo, remitió el oficio DEV/AJ/1641/2018, de treinta de agosto de dos mil dieciocho, del que se desprende lo siguiente: "Sobre el particular, me permito informar lo siguiente; derivado a que el plano que aportó la quejosa a esta Delegación del Registro Agrario Nacional del estado de Veracruz, mediante el escrito de fecha 26 de marzo de 2018, está elaborado con coordenadas arbitrarias, afectando con esto derechos de terceras personas que no fueron oídas y vencidas en el juicio agrario número 131/2004, donde se le reconocieron derechos al extinto ejidatario FAUSTINO MARIANBO CASTAÑEDA. Por otro lado, y con la finalidad de contar con los elementos necesarios para el debido cumplimiento a la sentencia de fecha 10 de octubre de 2017, emitida en el juicio agrario número 445/2017 del índice de Tribunal Unitario Agrario del DTO 10, donde se reconoce a la C. Maritza Mariano Márquez, los derechos del extinto FAUSTINO MARIANBO CASTAÑEDA, MEDIANTE MI OFICIO DEV/AJ/1627/2018 de fecha veintiocho de agosto de 2018, se solicitó a la C. Maritza Mariano Márquez aporte un plano en coordenadas UTM. Toda vez que es necesario para la actualización del mosaico catastral (fusión de las parcelas 437, 438, 439, 440, 441, 450 y 451) del ejido denominado "El Nigromante" del Municipio de Playa Vicente, Ver. Oficio que se depositó en la Oficina de correos de México, en fecha 30 de agosto del presente año, para su notificación en términos del artículo 62, fracción II del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, y el dos de febrero y veintinueve de agosto del presente año, la responsable proveyó lo conducente respecto a los escritos de quince de noviembre de dos mil diecisiete y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, presentados por la aquí quejosa; por tanto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia hecha valer por la responsable, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" En otras palabras, si de lo que se dolía la quejosa era la a falta de respuesta por parte de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en Estado de Veracruz, a las solicitudes realizadas por la aquí quejosa mediante escritos de quince de noviembre de dos mil diecisiete y veintiséis de marzo del presente año y, acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dicha autoridad a efecto de que se pronunciara respecto a los citados escritos; luego, al existir constancia de que éstos fueron acordados, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. Ahora bien, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio, sino que también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, lo que no se advierte que haya hecho la autoridad responsable; sin embargo, este órgano jurisdiccional mediante proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dejó a vista de la parte quejosa la respuesta dada por la autoridad responsable a sus escritos, la cual fue notificada por lista de acuerdos el diez de septiembre siguiente, previo aviso que se le dejara en su domicilio, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con lo que se garantizó que tuviera conocimiento de la respuesta emitida con relación a su petición. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis: 2a./J. 36/99 de Jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". (Lo subrayado es propio). Ahora, si se toma en consideración que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio respuesta a la parte quejosa, respecto de la petición que le realizó mediante escritos de quince de noviembre de dos mil diecisiete y veintiséis de marzo del presente año, y que dicha respuesta le fue notificada por este juzgado federal con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Lo anterior es así, debido a que la actuación de la responsable en dar respuesta a lo peticionado por la parte quejosa y la notificación correspondiente, implica la desaparición total de la omisión reclamada, pues al hacerse de conocimiento de la parte quejosa la respuesta que se dio a los escritos de petición que formuló, la restituyó en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose la causal de improcedencia analizada. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el que el término de ocho días que se le dio a las parte quejosa mediante proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, para que esté en oportunidad de conocer e imponerse del contenido de las constancias remitidas por la responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, transcurrirá del doce al veinticuatro de los cursantes; en consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes."

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