Maritza Lagunes Perez

Expediente 2072/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2072/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Maritza Lagunes Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Maritza Lagunés Pérez por sí, y representación de la menor de iniciales N. A. V. L.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, la copia certificada del expediente civil 501/2007, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 10 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 2072/2019-10, promovido por N.A.V.L (menor de identidad reservada), representada por el Lic. Daniel Santos Gómez López, Defensor Público Federal adscrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado de Tabasco. Acto seguido, el secretario da cuenta en este momento, con el escrito que en vía de alegatos presentó Abel Valencia García tercero interesado, registrado con el folio 2928. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, a saber: Cédula de notificación original de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, que contiene reproducción del auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 501/2007 relativo al Juicio de Divorcio Necesario del índice del Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco. Por su parte la autoridad responsable Jueza Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco, al rendir su informe con justificación, remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 501/2007, así como de los cuadernillos derivados de los autos principales, constantes de quince tomos, las cuales obran por cuerda separada debido a su voluminosidad. Además de las copias certificadas siguientes: Auto de siete de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente 501/2007. Acta defunción de la quejosa con número de folio A27 1724652 con fecha de registro de veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Escrito del tercero interesado Abel Valencia García de nueve de octubre de dos mil veinte con un anexo, con un anexo consistente en un acta levanta de nueve de octubre de dos mil veinte, por el Delegado Municipal de la Colonia Gaviotas Sur, Acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte dictado en el expediente 501/2007. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por el tercero interesado en sus escritos acordados el seis de enero de dos mil veinte, ocho de febrero de dos mil veintiuno y con el que se da cuenta en la presente audiencia constitucional, así como, con el escrito de la parte quejosa de veintiuno de febrero de dos mil veinte, respectivamente en este sumario constitucional. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que expresan las partes citadas en el párrafo que antecede, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal correspondiente; asimismo se tiene por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 2072/2019-10, promovido por Maritza Lagunés Pérez, contra actos de la Juez Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial del Centro de Tabasco y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el nueve siguiente, Maritza Lagunes Pérez por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS LA ORDEN Y MANDAMIENTO INDEBIDA E INCONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL PORCENTAJE DE PENSIÓN ALIMENTICIA DECRETADA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 501/2007 auto que modifica la pensión alimenticia data de fecha DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco. 2 Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco. 3 PROMO CONCEPTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diez de diciembre de dos mil diecinueve, se radicó la demanda con el expediente 2072/2019-3; se previno a la parte quejosa para el efecto de que aclarase la fecha del auto que constituye el acto reclamado y acompañase las copias de traslado correspondientes. Así, el trece de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda a trámite; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Fiscal del Ministerio Público de la adscripción; se tuvo a Abel Valencia García con calidad de tercero interesado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SE APERSONA TERCERO INTERESADO. El seis de enero de dos mil veinte se tuvo al tercero apersonándose en el juicio en que se actúa, así como por presentadas manifestaciones en vía de alegatos. CUARTO. RECURSO DE QUEJA. Por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se requirió a la quejosa para que proporcionase domicilio donde pudiese emplazarse a juicio a la autoridad responsable denominada PROMO CONCEPTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, o bien se desistiese del señalarla como responsable o acreditase su existencia, apercibida que de no hacer manifestación al respecto dentro del término indicado, se dejaría de tener la como tal y se indicarían sus actos como inexistentes. El tres de marzo de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento citado en el párrafo precedente. Inconforme con el acuerdo anterior la quejosa interpuso recurso de queja, del cual toco conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, quien mediante oficio 1568 [Foja 122] de siete de septiembre de dos mil veinte, informó a este Juzgado que radicó y admitió a trámite el medio de impugnación bajo el expediente 63/2020 de su índice, por lo que se suspendió el procedimiento. El once de diciembre de dos mil veinte, se recibió el oficio 383-PI de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito por medio del cual remitió la ejecutoria pronunciada por ese órgano colegiado en sesión de Pleno del tres de diciembre de dos mil veinte que declaró sin materia el recurso de queja, por lo que se señaló fecha y hora para la celebración de audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificado conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio de divorcio necesario 501/2007, por medio del cual la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco modificó el porcentaje de pensión alimenticia decretado en el punto SEGUNDO del proveído de diez de abril de dos mil ocho. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Tanto la Juez Familiar responsable como el Actuario de su adscripción, al rendir su informe con justificación manifestaron que es cierto el acto que por esta vía constitucional se le reclama [Foja 44 y 45]. Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de las constancias que integran el expediente relativo al juicio de divorcio necesario 501/2007 y así como de los cuadernillos derivados de los autos principales, constantes de quince tomos; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2. Resulta aplicable el criterio de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Apéndice de 1995, página 153, materia común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. ANTECEDENTES. Ahora, para la mejor comprensión de la decisión que se toma en el presente fallo, resulta necesario referir los antecedentes relevantes para la presente controversia constitucional: El nueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibida comunicación oficial de la Juez responsable, por la cual remitió copia certificada del acuerdo que dictó el siete de octubre de dos mil veinte, la Juez responsable, en el juicio familiar de origen, del que destaca que, tuvo acreditado el deceso de la actora -aquí quejosa- Maritza Lagunes Pérez, por lo que asignó la guarda y custodia de la menor de iniciales N. A. V. L. a su demandado -aquí tercero interesado- dado que es su padre; además, determinó dar por terminado ese procedimiento judicial y ordenó el archivo del expediente, así como la notificación a esta instancia de amparo. [Foja 131 a 134] Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, se recibió comunicación oficial del Tribunal Colegiado en Materia Civil, mediante la cual informa a este órgano de amparo, que el recurso de queja 63/2020 se declaró sin materia en sesión de Pleno de tres de diciembre anterior, por lo que se reanudó el procedimiento y se señaló fecha y hora la la celebración de la audiencia constitucional. [Foja 147 a 148] El ocho de febrero de dos mil veintiuno, visto el deceso de la quejosa y toda vez que el asunto es de orden familiar, este Juzgado de Distrito solicitó al Instituto Federal de Defensoría Pública designase defensor de oficio para que represente los intereses de la menor de iniciales N.A.V.L. [Foja 175 a 177] Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio DTAB/217/2021 signado por el Titular de la Delegación Tabasco del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio de cual informó la designación del licenciado Daniel Santos Gómez López, como asesor jurídico de la menor quejosa de iniciales iniciales N.A.V.L.; por lo que se instruyó la diligencia de protesta de cargo al referido defensor. [Foja 180 a 181] Mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se advirtió la constancia de protesta del cargo del licenciado Daniel Santos Gómez López como representante en este sumario de la menor quejosa de iniciales iniciales N.A.V.L. [Foja 183 y 184] Finalmente, mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a citado defensor público con el contenido de informe justificado de la Juez Familiar responsable, así como con las constancias que acompañó esa autoridad QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza por una parte la causal prevista en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo respecto de la quejosa Maritza Lagunes Pérez, mismo que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;" De tal suerte que la porción normativa inserta indica que el procedimiento constitucional no resulta procedente en los casos en que la persona impetrante fallezca durante la prosecución del juicio. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 328/2018-SS consideró que, en atención a los principios de instancia de parte y relatividad que rigen el juicio de amparo, la resolución sólo puede ocuparse de la persona que lo promovió, limitándose a protegerle contra los actos que el órgano de control constitucional estimó violatorios a sus prerrogativas fundamentales, con efecto de que se restituya el detrimento en su esfera jurídica, por lo que el supuesto de sobreseimiento previsto en la fracción III del artículo 63 de la ley de la materia, debe estimarse actualizado cuando aquél fallece durante el juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, pues carecería de lógica y sentido práctico analizarlos si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. De estudio anterior surgió el criterio de jurisprudencia 2a./J. 34/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1086, Décima Época, materia común, registro 2019390, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral. Porotro lado, respecto de la menor quejosa de iniciales N.A.V.L. se invoca de manera oficiosa, la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esa misma lógica plásmo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 128/2007-SS, puesto que afirmó que tal motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado son destruidos por la autoridad de manera inmediata, absoluta e incondicional, lo que da lugar a la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional. Ahora, las causales improcedencia citadas tiene sustento en que, se advierte el deceso de la quejosa Maritza Lagunes Pérez; además que por acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte la Juez responsable asignó la guarda y custodia de la menor quejosa de iniciales N. A. V. L. a su padre -aquí tercero interesado- y dio por terminado el expediente 501/2007 relativo al juicio de divorcio necesario y ordenó el archivo del expediente. Con lo anterior queda de manifiesto que, si bien es cierto que el acto reclamado en el presente juicio lo constituyó el acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve dictado dentro del expediente 501/2007 del índice de la Juez responsable modificó el porcentaje de pensión alimenticia decretada el diez de abril de dos mil ocho dentro del mismo procedimiento familiar. También lo es, que al asignar la guarda y custodia de la menor quejosa a su progenitor, dar por concluido el procedimiento familiar y ordenar su archivo, la responsable erigió una situación jurídica definitiva que garantizó el ejercicio del derecho controvertido, en este caso los alimentos, con lo cual se destruye el motivo del amparo. Esto es así, puesto que al asignar resguardo de la menor quejosa a su padre, la responsable la restableció en la derecho controvertido, dado que la obligación de cuidado y alimentos quedó asignada en su favor, con lo cual se estima que los efectos del acto reclamado fueron efectivamente destruidos. No pasa inadvertido que, aunado a lo anterior, este juzgador garantizó en todo momento el derecho de defensa de la menor quejosa de iniciales N. A. V. L., pues se gestionó en su favor la asignación de un asesor jurídico en la presente contienda constitucional, a quien se le otorgó, en términos de ley, la oportunidad de analizar la cuestión sometida a jurisdicción a efecto de que velase por el interés de su representada. En consecuencia de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia aludida; con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al Actuario Judicial adscrito al Juzgado responsable, dado que de tal autoridad no se reclamó acto por vicio propio, sino que en su momento únicamente se indicó que fue quién comunicó el acuerdo reclamado a la parte quejosa. Es aplicable en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, Novena Época, Materias Común, registro 204875, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios. Tampoco, se soslaya que al día en que se resuelve el presente asunto no se haya llamado a juicio a la autoridad ejecutora PROMO CONCEPTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la presente sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no depara perjuicio alguno a las partes si se toma en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio a la menor quejosa derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por las partes, ya que si bien, este juzgador tiene la obligación de examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía la jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, décima época, materia común, con número de registro 2018276, de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Maritza Lagunes Pérez, por si en representación de la menor de inciales N. A. V. L. en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero y por las razones apuntadas en el considerando quinto. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Del estado de autos del presente sumario constitucional se advierte que, mediante acuerdo de diecinueve de febrero actual, se agregó la constancia levantada por la fedataria de la adscripción el dieciocho de los actuales, por medio de la cual se hace constar la diligencia de protesta y aceptación de cargo del licenciado Daniel Santos Gómez López, Defensor Público Federal adscrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado de Tabasco, para representar en el presente juicio a la menor de identidad reservada con iniciales N.A.V.L.. Ahora bien, y toda vez que por auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, se tuvo al Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco y al Actuario de su adscripción, rindiendo informe justificado y en el que además, anexó el primero de ellos, copia certificada del expediente civil 501/2007 de su índice; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de estos, dese vista al representante de la citada menor, para su conocimiento. Por tanto, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE Teo Eleacer Martínez Herrera Notifíquese.

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