Maritza Hernández Huirache
Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maritza Hernández Huirache
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 28 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Causa ejecutoria resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, con el objeto de que pueda ser consultable por el público en general."
- Principal
Causa ejecutoria resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, con el objeto de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Cuenta. En diecinueve de enero de dos mil veintidós, el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, hago constar que la presente promoción, con número de registro 621, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 463/2021-III, promovido por Maritza Hernández Huirache, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Administración, Inversión y Finanzas del Estado de Guanajuato, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 8 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el ocho de junio de dos mil veintiuno, se presentó la demanda de amparo promovida por Maritza Hernández Huirache, por propio derecho, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado Federal; así, en auto de diez de junio de dos mil veintiuno, se registró con el número de expediente 463/2021-III, y se formuló prevención en los términos ahí precisados; posteriormente, en proveído de veintiocho del mismo mes y año, se requirió a la quejosa a efecto de que ratificara el escrito presentado el veinticuatro de junio pasado, con el que pretendió cumplir con la prevención que le fue formulada; una vez ratificada la firma, en auto de doce de julio de dos mil veintiuno, se determinó que subsistía la prevención en comento; enseguida, en auto de veintitrés de julio siguiente, en relación a lo manifestado por la quejosa al cumplir con lo reseñado, se formuló nueva prevención bajo los términos ahí apuntados, la cual subsistió en proveído de cinco de agosto del año en curso. Finalmente, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Así, previo diferimiento, la audiencia constitucional se desarrolló en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 35, 37, tercer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado versa sobre derecho de petición, el cual no tiene ejecución material y la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama: De la Secretaría de Administración, Inversión y Finanzas del Estado de Guanajuato: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el que la quejosa solicitó a dicha autoridad le precisara (1) el beneficio que se obtiene al hacer el canje de placas, (2) los elementos de seguridad que contienen tanto las placas, así como la tarjeta de circulación, (3) la vinculación entre las primeras y la segunda, y (4) a qué rubros se destinan los fondos obtenidos por dicho canje. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. A esa conclusión debe arribarse, pues si bien la autoridad señalada como responsable negó los actos atribuidos, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones realizadas en torno al acto reclamado, pues de su informe justificado se obtiene que adujo ". se ha dado contestación por escrito a la solicitud formulada por el quejoso, por lo que se ha cumplido en cuanto a fondo y forma con la garantía de petición consagrada en el artículo 8º Constitucional, pues mediante el oficio número SATEG-03-01-009152/2021, de 20 de junio de 2021, suscrito por el Director de Servicios al Contribuyente adscrito al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, el cual se notificó mediante correo certificado con acuse de recibo.". Por las razones jurídicas que la contienen, es aplicable por analogía la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391 del tomo XIV, julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que, además, se corrobora con las constancias relativas a la contestación dada a la ahora quejosa y su notificación, visibles a fojas 50 a 52 y 65 reverso. Documental pública a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de originales y copias certificadas de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, las cuales, con arreglo a la ley, tienen fe pública. En atención al informe rendido y a la plena eficacia de la documental exhibida, se encuentra demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido, según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia VI.2o. J/323, de la Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994, página 87, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente juicio constitucional se surte la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En primer lugar, debe tomarse en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa, o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Entonces, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando el mismo y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de los derechos fundamentales violados; en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En la especie, el director de lo contencioso, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado de Guanajuato, en representación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, en lo que interesa, exhibió: Copia del oficio SATEG-03-01-00-9152/2021, de fecha veinte de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual dio contestación al escrito recibido el veinte de mayo del mismo año, signado por Maritza Hernández Huirache (por el que solicitó a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, le precisara (1) el beneficio que se obtiene al hacer el canje de placas, (2) los elementos de seguridad que contienen tanto las placas, así como la tarjeta de circulación, (3) la vinculación entre las primeras y la segunda, y (4) a qué rubros se destinan los fondos obtenidos por dicho canje); y, Constancia correspondiente a una captura de pantalla del Servicio Postal Mexicano, de la que se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, vía correo certificado, a la quejosa se le notificó el contenido del oficio reseñado en el párrafo que antecede. Documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio con apoyo en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con las que la autoridad responsable demuestra que, posterior a la presentación de la demanda, notificó a la aquí quejosa la respuesta a su escrito de petición. Lo que provoca la actualización de la causal de improcedencia invocada, puesto que si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión de la autoridad responsable en darle respuesta a su escrito de petición presentado ante la responsable el veinte de mayo de dos mil veintiuno; al emitir oficio en el que responde dicha petición y notificarle el mismo, se pone de manifiesto la cesación de los efectos del acto reclamado. De tal forma que con tal proceder, la autoridad hace que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación al derecho fundamental de administración de justicia pronta y expedita, como si la protección de la Justicia Federal se hubiera concedido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia en principio invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXI, del ordinal 61, ambos de la Ley de Amparo. Por último, en relación con los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, resta señalar que éstos no forman parte de la litis, por lo que no existe obligación de dar respuesta a ellos. Sustenta tal consideración, la jurisprudencia 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante el licenciado José Luis Sánchez García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, hasta hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en la que lo permitieron las labores de este juzgado, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
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