Maritza Guadarrama Roman
Expediente 1905/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1905/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maritza Guadarrama Roman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1905/2017, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1905/2017-I-B promovido por Maritza Guadarrama Román, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, Maritza Guadarrama Román, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de veintinueve siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Luego, por auto de veintiocho de diciembre pasado se fijaron las diez horas con once minutos del diecinueve de enero del año en curso, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: La omisión de dictar laudo en el juicio 01/232/2016. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Si bien al rendir el informe justificado, el presidente del Tribunal aceptó la existencia del acto reclamado, éste es inexistente, por las razones que se dan a continuación. El acto reclamado consiste en la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el juicio 01/232/2016. La conducta imputada a la autoridad responsable, implica un hecho negativo, en concreto, un "no hacer". Respecto de los actos negativos, es criterio jurisprudencial que cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Así, por regla general, tratándose de actos de carácter negativo, corresponde a la autoridad responsable acreditar que no incurrió en la omisión o hecho negativo y, por tanto, es insuficiente su afirmación en el sentido de que no es cierto el acto reclamado, si no demuestra haber realizado lo que el quejoso afirma no ha hecho. Lo dicho en torno a la regla general de la carga de la prueba respecto de la existencia de los actos reclamados de carácter negativo, se apoya en estas tesis: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 238592 7 de 8 Segunda Sala Volumen 60, Tercera Parte Pag. 27 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 230855 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Pag. 50 Tesis Aislada(Administrativa) ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario. La excepción a la regla general opera cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable, requiere necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular que inste a aquélla (autoridad) a ejercer la facultad prevista en la ley, lo que implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca acreditar que realizó el trámite conducente para exigir la actuación de esta última. Los argumentos de la excepción se fundan en la siguiente tesis aislada: Tesis: 2a. CXLI/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197269 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 366 Tesis Aislada(Común) ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. La autoridad responsable negó la existencia de un acto negativo. Luego, toda vez que sólo puede ser demostrado aquello que existe (hecho positivo), mas no algo que no existe (hecho negativo sustancial), lo que la autoridad responsable negó no fue el "no hacer" que le imputó la parte quejosa, sino que lo que negó fue la existencia de la obligación, derivada de no estar en condición de dictar laudo porque el estado procesal del juicio de origen no lo permite. En la tesis aislada 1a. XXIV/98, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que la certeza o existencia de un acto de naturaleza omisiva, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que debe acudirse a las normas legales que regulan la actividad de la autoridad para comprobar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso, esto es, debe existir previamente la obligación correlativa determinada por la ley. Por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, con independencia de lo que afirme el quejoso, será cierto o inexistente en función de las obligaciones y facultades legales que ineludiblemente esté sujeta realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, de forma oficiosa por disposición de ley, sin que tenga como presupuesto una condición. En otras palabras, para considerar que se actualiza la omisión en que se dice incurre una autoridad y, por tanto, que efectivamente omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas con efectos en la esfera jurídica del quejoso, debe existir previamente a la instauración del amparo, la obligación de llevar a cabo, sea de forma oficiosa (por disposición de ley) o como consecuencia de un acto jurídico previo (acto desplegado por el particular, determinado por la propia autoridad o por diversa cuyas decisiones esté sujeta a obedecer, por citar algunos ejemplos), el acto cuya falta de realización se le demande y califique de violatorio de derechos. La tesis 1a. XXIV/98, dice a la letra: Tesis: 1a. XXIV/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196080 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 53 Tesis Aislada(Común, Administrativa) ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. El acto reclamado emana de un juicio burocrático seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es necesario precisar cuáles son sus fases, las cuales, se desprenden del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que lo rige en primer término y dice: "Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores." Conforme al precepto transcrito, por regla general, el procedimiento laboral se limita a una única audiencia, que a su vez, tiene estas etapas: 1) De conciliación; 2) De contestación a la demanda; 3) De admisión [o desechamiento] de pruebas; 4) De desahogo de pruebas; 5) De formulación de alegatos; y 6) De dictado de laudo. Se dice por "regla general", en virtud que el propio artículo 115 prevé como caso de excepción, que sea necesarias "diligencias posteriores". De acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, agotada la etapa de conciliación sin resultado favorable, se desahogarán las etapas de contestación a la demanda, admisión o desechamiento de pruebas, desahogo de pruebas, formulación de alegatos y, entonces, el Tribunal procederá a dictar laudo para resolver el litigio. El presidente del Tribunal exhibió como prueba, copia certificada de diversas constancias del expediente 01/232/2016 (fojas 22 y 23); las que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La documental aportada por la autoridad revela los siguientes hechos. El once de julio de dos mil dieciséis, el tribunal resolvió sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes (fojas 22 a 26). Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, con registro 3212, la parte actora solicitó el cierre de instrucción en el expediente y el subsecuente turno para laudo (foja 62). En acuerdo de treinta y uno de marzo pasado (foja 63), la autoridad proveyó, entre otras cosas, la promoción 3212. Al respecto, contestó a la parte actora que por el momento no era posible turnar el expediente al periodo de alegatos, porque no habían sido desahogadas todas las pruebas ofrecidas precisamente por ella; de hecho, ordenó el desahogo de una prueba de inspección y fijó para tal efecto, el diecisiete de junio de dos mil diecisiete. El tres de agosto de dos mil diecisiete, el tribunal fijó el veintiocho de septiembre pasado para desahogar la prueba de inspección ofrecida por la actora (foja 73). La parte actora solicitó, en la promoción presentada el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, registrada con el folio 5846, la regularización de la prueba de inspección que ella ofreció (foja 76). La autoridad acordó la promoción mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (foja 77). Respondió a la parte actora que por cuanto a la prueba, se estuviera a lo resuelto en auto de tres de agosto pasado. La actuaria del tribunal levantó el acta de inspección de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, relativa a la inspección ofrecida por la parte actora (fojas 78 a 81). En la promoción presentada el tres de octubre de dos mil diecisiete, con folio 10085, la parte actora pidió que el expediente fuera turnado para laudo (foja 83). En auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, el tribunal tuvo por recibida la promoción 10085. Sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad del auto de catorce de noviembre pasado, la autoridad nada dijo sobre la petición de turno del juicio para laudo, antes, ordenó girar oficio a Servicios de Salud de Morelos para que ésta rindiera informe dentro del término de tres días, con la finalidad de poder continuar la secuela normal del procedimiento (foja 84). Ahora bien, la quejosa manifestó en la demanda de amparo que el tres de octubre de dos mil diecisiete, fue cerrada la instrucción (foja cinco). Sin embargo, de las constancias que la autoridad aportó, no se desprende que el tres de octubre de dos mil diecisiete, hubiera efectuado el cierre de instrucción señalado por la quejosa y menos que hubiera turnado el juicio para laudo. De acuerdo con la referida documental, el siete de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal declaró cerrada la instrucción y turnó el juicio a proyecto de resolución en forma de laudo. El cierre de instrucción no está previsto como un acto procesal en el juicio burocrático; sin embargo, no se examina la legalidad o ilegalidad de su decreto por la autoridad responsable, porque no forma parte de la litis; antes, para efectos de esta sentencia, únicamente interesa que el siete de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad turnó el juicio para dictado de laudo. No se examina la legalidad o ilegalidad de ninguna actuación de la autoridad responsable que se advierta de las constancias que ofreció como prueba, en virtud de que la quejosa solo reclamó la omisión de dictar laudo. Por tanto, la exclusión de estudio no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), es del tenor literal siguiente: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Tal consideración se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La parte quejosa presentó la demanda de amparo el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Como quedó apuntado, por regla general, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, agotada la etapa de conciliación sin resultado favorable, se desahogarán las etapas de contestación a la demanda, admisión o desechamiento de pruebas, desahogo de pruebas, formulación de alegatos y, entonces, el Tribunal procederá a dictar laudo para resolver el litigio. Si bien la quejosa aseveró que el tres de octubre de dos mil diecisiete fue cerrada la instrucción, como se dijo, las constancias aportadas por el tribunal no demostraron que ello hubiera ocurrido y menos que el juicio hubiera sido turnado para laudo en esa fecha, ni en diversa anterior ni posterior a la presentación de la demanda de amparo. Así las cosas, a la fecha de instauración del juicio de amparo, el juicio burocrático 01/232/2016, no se encontraba en estado de resolución, porque el tribunal no lo había turnado para dictado de laudo. Por tanto, a la data en que la quejosa ejerció la acción de amparo, no había surgido la obligación de la autoridad responsable de dictar el laudo y, por ende, la omisión que le reclama es inexistente, porque a la fecha en que instauró el juicio de amparo, no se actualizaba la obligación correlativa para que el Tribunal emitiera el laudo. La obligación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo, deriva del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual, dispone que el dictado del laudo ocurrirá una vez que el juicio se turne para resolución, esto a continuación del desahogo de la etapa de alegatos. Entonces, ya que la certeza o existencia de un acto reclamado omisivo, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que debe atenderse a las normas legales que rigen la actividad de la autoridad para comprobar si a la data en que se ejerció la acción de amparo, existía o no la obligación de aquélla de actuar en el sentido que exige la parte quejosa para la salvaguarda de su derecho, es inconcuso que al veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en que la quejosa demandó el amparo contra la omisión del tribunal responsable de dictar laudo en el juicio 01/232/16, la obligación de éste de emitirlo no había surgido, porque el juicio burocrático no se encontraba en estado de resolución; máxime que a la presentación de la demanda de amparo, se advierte que está pendiente el desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo de Servicios de Salud de Morelos. Por lo expuesto, el acto reclamado es inexistente, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la violación al derecho debe ser actual, esto es, debe existir a la presentación de la demanda de amparo, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica y el concepto de "actual", se determina en función de la fecha de presentación de la demanda de amparo. El sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado cuando éste no existe a la presentación de la demanda de amparo, encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J.3/94 y 1a./J.36/98, ya citadas. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun cuando planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el sobreseimiento no permite estudiar cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los aludidos efectos del sobreseimiento se fundan en estas jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. A causa del sobreseimiento, este juzgador no puede ocuparse de examinar el concepto de violación formulado por la quejosa, en el sentido de que el juicio no ha sido resuelto en el plazo de seis meses que establece el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; pero además, tampoco es posible, a partir de éste, variar el acto reclamado para analizar la demora del tribunal en resolver el conflicto, porque la quejosa se limitó a reclamar la omisión de aquél de dictar laudo, partiendo del supuesto de que el tres de octubre de dos mil diecisiete, fue cerrada la instrucción en el litigio. CUARTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Maritza Guadarrama Román, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos aducidos en el considerando tercero. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MOELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DOS ONCE DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado JADILSON ALONSO NAVARRO, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/6345/2017 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, quien autoriza. Doy fe
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Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde: EL PRESIDENTE Y TERCER ÁRBITRO, ASÍ COMO LA SECRETARIA GENERAL, AMBOS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MOELOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. En relación con la prueba documental que ofrecen, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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