Maritza Grisel Hipólito Santiago
Expediente 200/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maritza Grisel Hipólito Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 200/2020, promovido por Maritza Grisel Hipólito Santiago, contra actos del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el trece de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito, Maritza Grisel Hipólito Santiago, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Subdelegado de Prestaciones, dependiente de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guerrero. Encargado del Departamento de Pensiones dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. IV.- ACTOS RECLAMADOS. "El ilegal e inconstitucional mandato de efectuar el pago de mi pensión de por vida, tomando como base para calcular el monto de dicha pensión la unidad de medida y actualización (U.M.A.), lo que deriva en un perjuicio económico lesivo a mi derecho como pensionado, situación que inicio a partir del día primero de febrero del año dos mil diecisiete y es un hecho continuo, hasta el día de la presentación de esta demanda. La ilegal e inminente orden de realizar el pago de mi pensión, tomando como parámetro la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) lo que equivale a posteriores actos de aplicación de la referida Ley. Constituyendo actos futuros de indudable realización, por parte de las autoridades responsable. La ilegal omisión de otorgar al quejoso los incrementos a mi pensión CONFORME A LA EVOLUCION ANUAL DEL SALARIO MINIMO, que es el parámetro que debe aplicarse para el cálculo de la cuota diaria de mi pensión, por ser una prestación de índole laboral, y no la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), como indebidamente lo viene realizando las responsables a partir del año 2017 y hasta la fecha de la presentación de esta demanda." SEGUNDO. Derechos Humanos Vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, y señaló como derechos fundamentales violados los contemplados en los artículos 1, 5, primer párrafo, 14, 16 y 23 apartado A fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de trece de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número de expediente 200/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclamó: La orden de efectuar el pago de pensión a la quejosa, tomando como base para calcular el monto, la Unidad de Medida y Actualización. La ilegal e inminente orden de realizar el pago de pensión, tomando como parámetro la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a posteriores actos de aplicación, constituyendo actos futuros de indudable realización. La ilegal omisión de otorgar a la quejosa, los incrementos a su pensión conforme a la evolución anual del salario mínimo, que es parámetro que debe aplicarse para el cálculo de la cuota diaria a su pensión, por ser una prestación de índole laboral, y no la Unidad de la Medida y Actualización (U.M.A.). CUARTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, el Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica de dicho Instituto, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y el Encargado del Departamento de Pensiones, ambos del mismo instituto, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin embargo, hacen manifestaciones que evidencia la existencia del mismo, de ahí que se les tenga por cierto el dicho acto. Certeza que además se fortalece con las copias certificadas que anexo a su demanda de amparo la quejosa, relativas a la concesión de pensión, con número de pensionado 1154109, otorgada el veintinueve de octubre de dos mil diez, y los comprobantes de pago de pensión de febrero de dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, y diciembre dos mil diecinueve, expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Estudio de causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio. En ese sentido, destaca que las autoridades responsables, Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y el Encargado del Departamento de Pensiones, dependientes de la Delegación Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado refirieron que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Empero, en atención a que el suscrito juzgador advierte que se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, en relación con el 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, las autoridades señaladas como responsables Delegado Estatal en Oaxaca, Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y el Encargado del departamento de Pensiones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio. Causal de improcedencia que únicamente serán objeto de análisis, pues a nada práctico conduciría pronunciarse de las restantes, si finalmente el sentido del fallo será el mismo. Respalda dicho aserto, la jurisprudencia 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Los citados numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, en relación con el 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, en lo conducente, establecen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.]II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acta que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis aislada P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Febrero de 1997, materia común, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª. CCIV/2001, página 39, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismo, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones del actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades: El pago de pensión, tomando como base para calcular el monto, la Unidad de Medida y Actualización. La ilegal e inminente orden de realizar el pago de pensión, tomando como parámetro la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a posteriores actos de aplicación, constituyendo actos futuros de indudable realización. La ilegal omisión de otorgar a la quejosa, los incrementos a su pensión conforme a la evolución anual del salario mínimo, que es parámetro que debe aplicarse para el cálculo de la cuota diaria a su pensión, por ser una prestación de índole laboral, y no la Unidad de la Medida y Actualización (U.M.A.). De igual forma, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en lo que ahora interesa, manifiesta: "Soy pensionado por jubilación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), lo anterior como consta de la CONCESIÓN DE PENSIÓN, con número de folio 20000081508501, misma que me fue otorgada por Antigüedad y tiempo de servicio con número pensión 1154109. Es el caso que, como se desprende del estudio de la concesión de pensión Antigüedad y Tiempo de servicio con número de folio 20000081508501, mediante el cual se me otorga dicha concesión de pensión con fecha 01 de Mayo del 2020, misma que dé inicio fue incrementada conforme al salario mínimo, hasta el año dos mil dieciséis y que al año siguiente de forma indebida, comenzó a calcularse con base a la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), hasta la fecha de la presentación de esta demanda. En las relatadas condiciones, hago la precisión que, por lo que respecta al pago de mi pensión por Antigüedad y tiempo de servicio se me venía otorgando tomando como base para calcular su monto el salario mínimo por tratarse de una prestación laboral, sin embargo lo que constituyen el acto ilegal de la responsable es que calcular dicha pensión sustituye el salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), esto a partir del mes del primero de febrero del 2017." Así mismo y con la finalidad de dar una mejor ilustración y estar en condiciones de realizar la comparación que al caso en concreto que nos ocupa, acompaño al presente los talones de pago correspondientes al mes de febrero de los años dos mil quince y dos mil dieciséis, fechas en las que se calculaba la cuota diaria a mi pensión, con base al salario mínimo como corresponde y a partir del mes de febrero de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y diciembre de este último año y hasta la resolución de este Juicio constitucional, se comenzó aplicar en mi perjuicio la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), como base al cálculo diario del pago de mi pensión, sustituyendo indebidamente al salario mínimo, por tratarse de una cuestión de índole laboral." Asimismo, se adminicula con lo anterior, lo manifestado por las autoridades responsables Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y el Encargado del Departamento de Pensiones ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Oaxaca, al rendir su informe justificado, quienes bajo protesta de decir verdad, manifestaron que la quejosa con fecha dieciséis de diciembre de dos mil nueve se jubiló de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y cotizó para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual constituyen una confesión que hacen prueba plena, conforme a lo establecido por los artículo 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo. Por tanto, se estima que dichos actos no constituyen de autoridad, revestido del imperio de unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de una norma general, sino se considera que tiene sustento derivado de una relación laboral, por lo que, la aplicación incorrecta de Unidades de Medidas de Medidas de Actualización en el pago de la pensión, debe ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo, porque se está en presencia de una controversia surgida con motivo del pago de la pensión, no así de un acto de autoridad. Por ende, reitérese se estima que su reclamo está dirigido a un ente que carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, el Instituto es una dependencia que realiza funciones de autoridad administrativa, por lo que el acto reclamado es emitido en un plano de igualdad, consecuencia de una relación laboral, pues esa manera de actuar de parte de las autoridades responsables deben ser analizadas partiendo de lo determinado al momento de otorgarse la pensión de la parte quejosa, por haber laborado en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, de ahí, que se considera que el acto reclamado no va encaminada a las funciones que como autoridades tienen encomendadas, sino que aquéllas derivan de una relación en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. De lo que se colige que dicho ente, no cuenta con el poder público o facultades de imperio respecto de la parte impetrante del amparo para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues la aplicación de las Unidades de Medida y Actualización en el pago de su pensión, se realizó en su carácter de jubilada, que deriva de la relación de trabajador de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. De ahí que, lo que aduce la quejosa en su escrito de demanda se trata de un reclamo que tiene su origen en una relación de trabajo, toda vez que aquéllas quedan comprendidas en la relación patrón-empleado que la vínculo con la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Por tanto, se considera que en la especie, se está en presencia de un asunto laboral, en la que la parte patronal actúa en un plano de igualdad; de modo que, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate junto con sus organismos alternos, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. De ahí que, los conflictos o situaciones que se susciten entre la autoridad señalada como responsable, con la parte quejosa, de ser el caso, están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no ante el órgano de control constitucional, a partir de que la señalada como autoridad responsable, no actúa con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con la calidad de patrón. Reafirma lo anterior, lo establecido por el artículo 81, fracción I de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, que establece que los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados, conocerá la Junta de Arbitraje, que establece: "Artículo 81.- La Junta de Arbitraje será competente: Para conocer los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados." Asimismo, apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.T. J/28 (10ª.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia (s): Común, página 1956, que a la letra, dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTUA COMO PATRÓN. La demanda de amparo impuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente. Toda vez que el juicio de amaro sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representantes de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así como la tesis III.4º.TJ/3 (10), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la tesis, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." De ahí que el presente asunto en estudio, tiene lugar con motivo de la relación entre la institución y la particular, en un plano de coordinación, por lo que no es susceptible de dirimirse a través del juicio de amparo. SEXTO. Decisión. En mérito de lo expuesto, al evidenciarse plenamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto, y además con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Maritza Grisel Hipólito Santiago, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo se encuentra pendiente que el Delegado del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, remita las constancias que le fueron requeridas en el auto dictado el treinta de octubre de la presente anualidad, por lo que esa situación impide la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Delegado del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días remita copia certificada legible, ordenada y completa que acredite la negativa de los actos reclamados que sostuvo al rendir su informe justificado, es decir, las relativas a demostrar que se le ha pagado y aplicado los incrementos a la pensión que le fue otorgada a la quejosa en los años comprendidos de dos mil diecisiete a dos mil diecinueve conforme a la evolución anual del salario mínimo. Se apercibe a la citada responsable que de no cumplir con tal requerimiento o no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el acuerdo de treinta de octubre del año en curso, en el entendido de que subsiste la medida de apremio señalada en esa determinación. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para que tenga verificativo a las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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