Maritza Garcia Solano

Expediente 371/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
371/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Maritza Garcia Solano
  • Salvador Villanueva Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el el cinco de junio de dos mil diecinueve; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de garantías lo es la omisión de la autoridad responsable de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 535/2018 relativo al juicio de alimentos provisionales. Ahora bien, por oficio número 990, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, y recibido en este juzgado federal el día de ocho de mayo del año en curso, el JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, APIZACO, TLAXCALA, remitió a este juzgado copia certificada de la resolución que dictó con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, por la que resolvió LAS DILIGENCIAS DE ALIMENTOS PROVISIONALES, promovido por MARITZA GARCÍA SOLANO, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada L.S.V.G., dentro del expediente número 535/2018 de su índice, decretando alimentos provisionales a favor del niño de identidad reservada L.S.V.G. que debe proporcionar el señor SALVADOR VILLANUEVA ZAMORA, por la cantidad que resulte al equivalente al veinticinco por ciento (25%) del sueldo y demás prestaciones netas que percibe el deudor alimentario, a favor del quejoso; por el cual han cesado los efectos del acto reclamado. Ante tales condiciones, se advierte que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado el quejoso en su libelo de garantías la omisión de la autoridad responsable, de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 535/2018 relativo al juicio de alimentos provisionales, y durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad responsable informó a este juzgado que, con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, APIZACO, TLAXCALA, resolvió LAS DILIGENCIAS DE ALIMENTOS PROVISIONALES, promovido por MARITZA GARCÍA SOLANO, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada L.S.V.G. dentro del expediente número 535/2018 de su índice, decretando alimentos provisionales a favor del niño de identidad reservada L.S.V.G. que debe proporcionar el señor SALVADOR VILLANUEVA ZAMORA, por la cantidad que resulte al equivalente al veinticinco por ciento (25%) del sueldo y demás prestaciones netas que percibe el deudor alimentario, a favor del quejoso; por lo que es evidente que ocurre una cesación de efectos y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las nueve horas con diez minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Toda vez que el presente asunto, se ha sobreseído por cesación de efectos, este juzgador estima que no es necesario emplazar a juicio a la parte tercera interesada. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    ***Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de garantías lo es la omisión de la autoridad responsable de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 535/2018 relativo al juicio de alimentos provisionales. Ahora bien, por oficio número 990, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, y recibido en este juzgado federal el día de ocho de mayo del año en curso, el JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, APIZACO, TLAXCALA, remitió a este juzgado copia certificada de la resolución que dictó con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, por la que resolvió LAS DILIGENCIAS DE ALIMENTOS PROVISIONALES, promovido por MARITZA GARCÍA SOLANO, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada L.S.V.G., dentro del expediente número 535/2018 de su índice, decretando alimentos provisionales a favor del niño de identidad reservada L.S.V.G. que debe proporcionar el señor SALVADOR VILLANUEVA ZAMORA, por la cantidad que resulte al equivalente al veinticinco por ciento (25%) del sueldo y demás prestaciones netas que percibe el deudor alimentario, a favor del quejoso; por el cual han cesado los efectos del acto reclamado. Ante tales condiciones, se advierte que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado el quejoso en su libelo de garantías la omisión de la autoridad responsable, de dictar sentencia definitiva dentro del expediente 535/2018 relativo al juicio de alimentos provisionales, y durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad responsable informó a este juzgado que, con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, APIZACO, TLAXCALA, resolvió LAS DILIGENCIAS DE ALIMENTOS PROVISIONALES, promovido por MARITZA GARCÍA SOLANO, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada L.S.V.G. dentro del expediente número 535/2018 de su índice, decretando alimentos provisionales a favor del niño de identidad reservada L.S.V.G. que debe proporcionar el señor SALVADOR VILLANUEVA ZAMORA, por la cantidad que resulte al equivalente al veinticinco por ciento (25%) del sueldo y demás prestaciones netas que percibe el deudor alimentario, a favor del quejoso; por lo que es evidente que ocurre una cesación de efectos y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las nueve horas con diez minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Toda vez que el presente asunto, se ha sobreseído por cesación de efectos, este juzgador estima que no es necesario emplazar a juicio a la parte tercera interesada. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente se encuentra transcurriendo el término para que las partes, se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable. Para dar margen a lo anterior se DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J54/2000, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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