Maritza Gabriela Minchalo Duchi
Expediente 470/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 1 actuación registrada, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Maritza Gabriela Minchalo Duchi
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda promovida por Maritza Gabriela Minchalo Duci, y sus menores hijos de iniciales B.E.T.M., J.E.T.M., M.I.P.M. y M.G.G.M., mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de 22/04/23 10:17:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 2 Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 470/2023-VIII-B. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, lo siguiente: 1. La INCOMUNICACIÓN de la que están siendo objeto Maritza Gabriela Minchalo Duci, y sus menores hijos (sin precisar nombres o iniciales). 2. La detención sin haber llevado a cabo un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón del arresto, pues la misma fue llevada a cabo por elementos de la policía. 3. La retención en la OFICINA DE REPRESENTACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN o en cualquier otra estación o lugar de detención del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Berriozábal o en el Estado de Chiapas sin haber cometido ninguna acción delictiva. 4. El inminente traslado a cualquier Estación Migratoria fuera de la Ciudad de Berriozábal, Chiapas; 5. La inminente orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro. 6. La negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a que tienen derecho los quejosos Maritza Gabriela Minchalo Duci, y sus menores hijos (sin precisar nombres o iniciales), a fin de nombrar abogado o persona de su confianza. 7. La omisión de brindar o proporcionar información (de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra), de los detenidos Maritza Gabriela Minchalo Duci, y sus menores hijos (sin precisar nombres o iniciales). 8. La negativa de otorgar el oficio de salida del país por propios medios en términos del artículo 137, fracción III de la Ley de Migración, en relación con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración. 9. La negativa de hacer válido el derecho a solicitar y recibir asilo, el derecho a otorgar la condición de refugiado, autorizarles estancia de visitante por razones humanitarias; y, el derecho a tener representación y asistencia legal. 22/04/23 10:17:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 3 ??????????????? 10. El impedimento de transitar libremente por territorio nacional de los quejosos. 11. La omisión de hacer entrega de los documentos de identificación del quejoso, como pasaporte, el cual no existe razón legal para que este en poder de la Estación Migratoria. 12. El hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia se SARS COV2, previstas en el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. 13. La omisión de recibir la solicitud verbal de las quejosas de su reconocimiento como refugiadas. 14. La omisión de dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sobre la necesidad de registro y tramitación de la solicitud de la condición de refugiadas de las quejosas. 15. La inconvencionalidad de los artículos 101, 102 y 111 de la Ley de Migración. 16. La omisión de respetar los derechos de los niños migrantes reconocidas en la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley de Migración, pues entre los detenidos se encuentran los menores (sin precisar nombres o iniciales). 17. La OMISIÓN DE DEJAR EN INMEDIATA LIBERTAD A MARITZA GABRIELA MINCHALO DUCHI, y sus menores hijos (sin precisar nombres o iniciales), en relación al artículo 99 de la Ley de Migración, al albergar a los menores de edad y a su familia en la Estación Migratoria de Berriozábal, Chiapas, pues la autoridad debe a toda costa evitar la presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Desde luego, se demandan las consecuencias jurídicas y materiales derivadas y que pudieran derivarse de los actos reclamados. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de mantener al quejoso detenido, asegurados o alojado por más de treinta y seis horas, así como impedir la ejecución de cualquier orden para que la parte quejosa sea deportado, expulsado, retornado o repatriado a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, o bien, mantenerla incomunicada, en atención al respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. De igual forma, como de la demanda de amparo se desprende que la parte directa agraviada se encuentra alojada dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria de Berriozábal, Chiapas, por lo que, conforme al principio pro personae -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia-, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos a una protección especial. Sin embargo, éste órgano jurisdiccional no pasa inadvertido que en el Amparo en Revisión 388/2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el plazo máximo constitucionalmente valido para la detención y alojamiento en estaciones migratorias es de treinta y seis horas, luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. Por otra parte, resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De la interpretación correlacionada del articulado transcrito y el contenido de la Ley General de Migración, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, y como en la especie, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la deportación, retorno asistido o repatriación asistida de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la parte quejosa no sea detenida ni alojada en ninguna instalación migratoria por más de treinta y seis horas, y sea puesta en libertad con posterioridad a dicho plazo. En ese sentido, conforme el artículo 150 de la ley de la materia, la suspensión decretada no impide la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Por lo tanto, las autoridades responsables dictaran las medidas previstas legalmente en Ley de Migración y su Reglamento (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. De igual forma, las autoridades responsables deberán adoptar las medidas decretadas por las autoridades de salud para hacer frente a la pandemia generada por el virus Covid-19, como es la práctica de las pruebas relativas, así como las medidas de aislamiento y tratamientos correspondientes. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2022, respecto del juicio de amparo 349/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, relativo al tema. Apoya lo anterior, el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 183/2022, el cual se invoca como hecho notorio pues dicha ejecutoria se encuentra en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Así como la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2017123, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. En otro tenor, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que a la directa quejosa Martitza Gabriela Minchalo Duchi, la acompañan sus menores hijos de iniciales B.E.T.M., J.E.T.M., M.I.P.M. y M.G.G.M., se instruye a las autoridades responsables para que de ser cierto lo anterior, le otorguen todas las medidas y cuidados necesarios atendiendo a su interés superior. Lo anterior, en razón a que del artículo 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se desprende una serie de medidas que coadyuvan a priorizar el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no por familiares, detenidos en las estaciones migratorias, que se deben adoptar a la luz de los principios de separación y unidad familiar, respetando en todo momento el interés superior de la infancia, las cuales la persona juzgadora no puede soslayar. Por tanto, en el caso de que los menores quejosos se encuentren en las instalaciones señaladas, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria: 1. Los identifique e individualice; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si ha tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore su estado de salud, y si tienen necesidades específicas, en caso de que se trate de lactantes, por ejemplo; 4. Provea la designación de algún tutor o representante legal, o bien, traductor o intérprete para facilitar la comunicación; 5. Los canalice al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de Berriozábal, Chiapas; 6. Los ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que puedan acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado. CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTELAR Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos de su artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibidas que, si al rendir su respectivo informe expresan un hecho falso o niega la verdad, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de las autoridades responsables lo siguiente: Deberá informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberá remitir la información conducente, así como las constancias con las que acredite sus manifestaciones al correo electrónico 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. Lo anterior obedece al hecho a que si bien el Consejo de la Judicatura Federal limitó el horario de las labores presenciales de todos los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, incluyendo el que aquí provee; lo cierto es que tal circunstancia no implica que las autoridades responsables omitan dar cumplimiento a la suspensión de plano, ni mucho menos que dejen de informar -oportunamente- lo conducente. También se les informa a las referidas potestades que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA En otro orden de ideas, en principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis1 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas 1 Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 364278, visible a página 381, tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación, quinta época. autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente. A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis2 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve 2 Tesis 1a. II/92, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206167, página 94, tomo IX, mayo de 1992, Semanario Judicial de la Federación, octava época. una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Atento a lo anterior, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expondrá: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 03/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; y que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis3 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya 3 Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 316,005, página 119, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, quinta época. jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia. En el caso, se advierte que la parte quejosa solicita la protección de la Justicia Federal reclamando entre otras cosas la supuesta orden de deportación; y de la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que el promovente de amparo, bajo protesta de decir verdad señala que el quejoso se encuentra en la Estación Migratoria de Berriozábal, Chiapas; por lo que, de dicha narrativa se advierte que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción que corresponde a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, pues el promovente del amparo no atribuyó ningún acto que tenga ejecución en la jurisdicción de este Juzgado. Por ende, conforme artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de mismo ordenamiento reglamentario, resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se están ejecutando actualmente los actos reclamados, esto es, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. De ahí que, como la ejecución de los actos que reclama la parte quejosa tienen ejecución en una jurisdicción diferente al de esta resolutora; se estima que es competente el Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para conocer de la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época de rubro literal siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito del Estado de Chiapas, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo, razón por la cual se ordena remitir los autos del presente expediente al Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, a fin de que se avoque al conocimiento correspondiente; y proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que lo informe a este Juzgado. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES Con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a ese ordenamiento legal por disposición expresa en su precepto 2, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto vía SISE al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, por su conducto y agotando todos los medios y medidas de apremio a su alcance, para que: Primero. Instruya al Actuario Judicial adscrito a su juzgado para que se constituya en las instalaciones de la Estaciones Migratorias que se encuentren dentro de su Jurisdicción, en cualquier otro centro de detención de ese lugar, a fin de que localice a los directos quejosos y en caso de encontrarlos, les comunique esta determinación y los requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas; asimismo, de fe del estado físico en que se encuentran los directos quejosos, a efecto de verificar su seguridad personal. Segundo. Asimismo, se solicita al Juez exhortado que con la misma comunicación proceda a notificar la presente determinación a la autoridad responsable Centro de Migrantes en Berriozábal, Chiapas; mediante la entrega del respectivo oficio que para tal efecto se le remite. Sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo correspondiente en igual versión, toda vez que el propio sistema lo genera. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES QUEJOSOS Con fundamento en el artículo 8º de la Ley de Amparo, se designa como representante especial de los menores al diversa quejosa Martitza Gabriela Minchalo Duchi, pues del contexto de la demanda de amparo no se advierte un interés contrario con ellos, además deberá ser asistido con la promovente del amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arumi Arellano Magaña. Se tiene como medio de contacto no procesal el número telefónico y correo electrónico que señalan en la demanda de amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Aunado a ello, de la certificación de cuenta se desprende que se encontró registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, para que [SISE] del usuario "lic.arumiarellano", asociado al nombre de Arumi Arellano Magaña. Asimismo, solicita que las notificaciones se le realicen en términos de los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III4 de la Ley de Amparo, al usuario proporcionado. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las respectivas notificaciones, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, haciendo de su conocimiento que este acuerdo y los subsecuentes, le serán notificados vía electrónica. En ese sentido, se ordena dar de alta de inmediato en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre del usuario antes referido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17, de la Constitución 4 Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: [.] II.- Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas [.]. Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: [.] III. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para que el Juez exhortado pueda realizar la encomienda solicitada. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C5 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". 5 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes
- Marisol Garcia Morales1223/2016
- Marisol Roque Aguilar2290/2019
- Marisol Rosales Rodriguez1161/2019
- Marisol Solis Santoyo303/2021
- Marisyanis Martinez de la Paz510/2022
- Maritza Carralero Acosta1558/2023
- Maritza Ramirez Manzo1619/2019
- Maritza Rey Lavigne1318/2019
- Marivel Lopez Barrios660/2023
- Marjorie Diaz Suarez737/2022
- Marjorie Thalia Cabrera Ramon142/2023
- Marlem Hernandez Llaguno897/2022