Maritza Callejas Cortes

Expediente 310/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
310/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Misael Alarcón Domínguez
  • Maritza Callejas Cortes
  • MARITZA CALLEJAS CORTES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    a las nueve horas del tres de agosto de dos mil veintidós, quien suscribe, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicos Federales en el Estado de Baja California, hago constar que en virtud de que los autorizados de la parte quejosa no comparecieron en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado y notifico por lista fijada en los estrados del Edificio del Poder Judicial de la Federación, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a los autorizados de la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 310/2022-G, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificada del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS los autos del expediente 310/2022-G, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Maritza Callejas Cortes y Miguel Ángel Meneses Valle, por su propio derecho y en favor de Misael Alarcón Domínguez, contra actos de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, fue recibida por el Secretario de Guardia autorizado por este órgano jurisdiccional, la demanda de amparo promovida por Maritza Callejas Cortes y Miguel Ángel Meneses Valle, por su propio derecho y en favor de Misael Alarcón Domínguez, contra de las autoridades que a continuación se mencionan: Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Director del Centro Penitenciario de Tijuana, Baja California. Director del Centro Penitenciario I, II o III respectivamente del Hongo, en Tecate, B.C. Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 14, 16, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Auto inicial, admisión de demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo presentada por Maritza Callejas Cortes y Miguel Ángel Meneses Valle, por su propio derecho y en favor de Misael Alarcón Domínguez; y en el propio acuerdo, se decretó la suspensión de plano y se ordenó ratificar dicha demanda de amparo. Posteriormente, en esa misma data, se agregó la constancia de notificación personal, de la que se advierte que el quejoso Misael Alarcón Domínguez; ratificó la demanda de amparo promovida en su representación. De igual forma, en el propio acuerdo se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 13/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; por tratarse de un juicio de amparo, en el que se reclaman normas generales, cuya ejecución se alega, tendrá lugar en el territorio donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese contexto, leída en su integridad la demanda de amparo, y apartándonos de formalismos para más bien desentrañar en toda su extensión la pretensión jurídica, a fin de hacer posible el acceso al medio de defensa efectivo que en sí mismo constituye el juicio de amparo, se puede precisar que la parte quejosa reclama, a las autoridades responsables lo siguiente: La incomunicación, tortura física y moral, maltrato, y actos estrictamente prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese contexto, las autoridades responsables rindieron sus informes que le fueron requeridos en los siguientes términos: Orden Autoridad Responsable (en su denominación correcta) Sentido 1 Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California Niega 2 Director del Centro Penitenciario de Tijuana, Baja California Niega 3 Director del Centro Penitenciario El Hongo I, con residencia en Tecate, Baja California Niega 4 Director del Centro Penitenciario El Hongo II, con residencia en Tecate, Baja California Omisa En este contexto, las autoridades responsables manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin que, en el caso, los quejosos hayan aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar tal negativa, este órgano de control constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ante la inexistencia de éstos No pasa inadvertido que la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario "El Hongo II", con residencia en Tecate, Baja California, con residencia en Mexicali, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificada del requerimiento, de ahí que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se deban presumir ciertos los actos a ella atribuidos. Sin embargo a efecto de verificar la inexistencia del acto reclamado, se tiene a la vista el contenido del informe respecto al cumplimiento a la suspensión de plano decretada, rendido por dicha autoridad responsable, del cual se advierte que ésta negó los actos que se le reclaman; lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, suficiente para establecer la inexistencia de los actos combatidos por esta vía respecto a dicha autoridad; sin que el quejoso aportara medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar dicha negativa. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En mérito de lo anterior, al actualizar la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a dichas autoridades. Cuarto. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Atento a lo expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 74, 75, 76 y 78 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades y por los motivos precisados en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Tijuana, con residencia en esta ciudad. Asimismo, de autos se desprende que la parte quejosa Misael Alarcón Domínguez no fue notificada de los proveídos de cuatro de mayo de dos mil veintidós y veinte de mayo de dos mil veintidós, en virtud de que no se ordenó de forma personal la notificación de esos autos. En consecuencia; de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso Misael Alarcón Dominguez, y a sus autorizados los proveídos de cuatro y veinte de mayo de dos mil veintidós. Por ello, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Ahora bien, al considerar que el quejoso Misael Alarcón Domínguez se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California; y, atendiendo la situación social actual por el virus SARS-CoV-2, es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la presente contingencia. Es por ello que para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes, se estima necesario hacer uso de los sistemas electrónicos existentes en la actualidad; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII del acuerdo general 12/2020, artículo 2, fracciones X y XII, del acuerdo general 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifiquen personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente acuerdo, así como de los diversos de cuatro y veinte de mayo del año en curso, y constate que éste tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, deberá levantar constancia de ello. Notifíquese personalmente al quejoso y sus autorizados. Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

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