Maritza Belén Collí Turriza

Expediente 352/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
352/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Maritza Belén Collí Turriza

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con transcripción del proveído de trece de abril del año en curso, mediante el cual acusa de recibo del expediente original del juicio de amparo indirecto 352/2023-VI-B, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Encargado del Hospital Regional Mérida "Elvia Carrillo Puerto" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, con el cual rinde informe respecto a la suspensión de plano concedida en estos autos a la directa agraviada. De igual forma, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 148-E-II-AMP/2023, del índice de este Juzgado. Por tanto, dese de baja la referida comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, sin que sea necesario acusar recibo del exhorto de mérito, toda vez que la genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al respecto, visto el estado que guardan los autos que integran el presente cuadernillo de antecedentes, del que se advierte que mediante proveído de tres de abril de la presente anualidad, se tuvo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, informando que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del asunto; asimismo, solicita se remita el expediente original del juicio de amparo indirecto 352/2023-VI-B, en el que se actúa. Al respecto, REMÍTASE VÍA SISE el informe respecto de la suspensión de plano de cuenta, y el exhorto de cuenta, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, quien se avocó al conocimiento del presente asunto, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos la razón de cuenta, de la que se advierte que el Actuario de la adscripción, en acatamiento a lo ordenado en acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, envió al correo electrónico los oficios 4440/2023, 4441/2023 y 4442/2023 dirigidos, al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos con residencia en la Ciudad de México, sin embargo, tales comunicaciones fueron rechazadas en virtud de que el buzón de correo del destinario está lleno y no pueden aceptar mensajes por el momento. Ahora bien, tomando en consideración que lo que ahí se comunica es el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en estos autos; en ese sentido, si bien de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando los domicilios de las responsables se encuentren fuera del lugar del juicio, se les debe enviar oficios por correo en pieza certificada con acuse de recibo, ante la imposibilidad que le asiste al juzgado para realizar con certeza la notificación en el presente asunto, con el fin de atender los principios de celeridad y acceso efectivo a la justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, dado que el domicilio de las autoridades responsables se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, GÍRESE EXHORTO al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que en auxilio de este órgano de control constitucional, se sirva comisionar al personal que corresponda adscrito a su órgano jurisdiccional, para que realice la entrega de los oficios 4440/2023, 4441/2023 y 4442/2023 originados del presente juicio de amparo a las responsables Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos con residencia en la Ciudad de México, en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur, Número 1971, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01020 de la Ciudad de México. En ese mismo acto el funcionario judicial encargado, apercibirá a la persona con la que se entienda la diligencia, que de negarse a recibirlos u omitiere su recepción se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que éstas contengan; de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea el actual, pero lleven a cabo las funciones de las autoridades que señale. Lo que deberá asentar el actuario adscrito, en todo momento. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la entrega de los oficios de mérito; para ese efecto, se faculta a los actuarios que practiquen dicha diligencia, para que en el caso de que al constituirse en el domicilio antes precisado, no sea el correcto y fuere informado de que las autoridades buscadas puedan ser notificadas en uno diverso que se les proporcione, practiquen en dichos domicilios la diligencia encomendada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Se solicita al citado Juez exhortado, que una vez cumplimentado el presente exhorto, lo devuelva a este órgano de control constitucional a la brevedad posible. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés******************** Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida por ********************contra el acto que atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Clínica Hospital Regional Mérida, que hace consistir en: "IV******************** NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE AUTORIDAD SE RECLAME: 1******************** INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)******************** HOSPITAL REGIONAL MÉRIDA******************** a) La falta de servicio de salud eficaz y oportuno******************** b) La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato********************" Fórmese expediente y se registra en el Libro de Gobierno bajo el registro 352/2023-VI******************** Con fundamento en los artículos 9 y 10 del del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto******************** Supresión de impresión******************** En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso******************** Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente******************** Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto******************** PRONUNCIAMIENTO DE SUSPENSION DE PLANO Ahora bien, respecto al acto reclamado en la demanda de amparo, relativo a: la falta de servicio de salud eficaz y oportuno y la falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato********************" Conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Carta Magna, se estima, que el acto reclamado se ubica en aquellos que ponen en peligro la integridad física y salud de la parte quejosa, al establecer lo siguiente: "ARTÍCULO 4******************** .Toda persona tiene derecho a la protección de la salud." Al respecto, debe tenerse presente que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el citado artículo 4 de la Carta Magna, se elevó a rango constitucional y constituye una responsabilidad social, teniendo entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y dispone que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad******************** Es aplicable la jurisprudencia P********************/J********************136/2008, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página sesenta y uno, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168549, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "SALUD******************** EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o********************, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL******************** La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema******************** Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso"******************** Además, la tesis P******************** XVI/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintinueve, tomo XXXIV, agosto de dos mil once, tomo XXXIV, agosto de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161333, sobre el mismo tema, dice: "DERECHO A LA SALUD******************** IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN******************** Del artículo 4o******************** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia******************** El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado******************** Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él******************** Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho******************** Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concrtas******************** Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización******************** Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud"******************** De manera, que conforme a los artículos 1, párrafo tercero y 4 constitucionales, establecen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber, entre otros, de proteger todos los derechos humanos, entre los que destaca la salud de los gobernados******************** En esa medida, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, y atendiendo a que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de proporcionar atención médica de urgencia (particularmente ser intervenida quirúrgicamente con premura para un injerto óseo de fémur izquierdo), se estima que se actualiza la hipótesis para conceder a la directa quejosa ********************la suspensión de oficio y de plano, del acto controvertido, para el efecto de que la autoridad responsable dentro de su ámbito competencial, de inmediato proporcione la atención médica de urgencia que necesite, así como para que sea agendada a la brevedad posible, para la intervención quirúrgica que requiere la quejosa, en caso que, de acuerdo a sus conocimientos y diagnósticos, lo estime conveniente, asimismo, en caso de no contar con los elementos necesarios para realizar la operación quirúrgica que necesita la aquí quejosa, la canalice a otro hospital o subrogue la misma; lo anterior, en virtud que la solicitante de amparo quejosa, podría ver comprometida su vida y salud******************** Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, tomo III, Segunda Parte-2, Enero- Marzo de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA********************" Así como, la tesis, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1458, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente tenor: "SUSPENSIÓN DE PLANO******************** DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO"******************** Y, la jurisprudencia 08/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 63, febrero de dos mil diecinueve, tomo I, página 486, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD******************** DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL"******************** VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO******************** Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquesele a la autoridad responsable; y para que en el término de VEINTICUATRO HORAS informen por oficio el cumplimiento que haya dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262******************** Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III******************** No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra"******************** INCOMPETENCIA Ahora bien, cabe precisar, que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo******************** Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA******************** La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente"******************** A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado******************** Es aplicable al tema, la tesis 1a******************** II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU******************** En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable******************** Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto******************** Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto********************" Atento a lo anterior, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expondrá: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho******************** La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente******************** Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado******************** Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio******************** Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente******************** Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional******************** Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente******************** De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio******************** La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales******************** Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107 de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; y que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material******************** Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo******************** Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO******************** Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia"******************** En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, señaló que es atendida como derechohabiente en el Hospital Regional de Mérida, Yucatán; por lo que los actos reclamados tuvieron ejecución y continúan ejecutándose dentro de la jurisdicción que corresponde al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida******************** Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 1a********************/J******************** 52/2013 (10a********************), con registro digital 2004166, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN******************** SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE******************** Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida******************** Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio******************** De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia******************** Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa******************** Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables********************" Por ende, conforme artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de mismo ordenamiento reglamentario, resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se tienen ejecución los actos reclamados, esto es, en Mérida, Yucatán******************** No pasa inadvertido que la quejosa haya anexado a su demanda de amparo, credencial para votar, de la que se desprende un domicilio en el municipio de Calkini, Campeche, toda vez que ello resulta insuficiente para poder fincar competencia a este Órgano de Control Constitucional, toda vez que como ya se adelantó, la competencia planteada deviene al ser atendida en el hospital de Mérida, Yucatán******************** Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA******************** CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO******************** INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO******************** Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto******************** El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero)******************** De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo"******************** Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS******************** Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse"******************** En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito del Estado de Campeche, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo, razón por la cual se ordena remitir los autos del presente expediente al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, a fin de que se avoque al conocimiento correspondiente; y proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que lo informe a este Juzgado******************** Por ende, remítase vía electrónica el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, para que provea lo conducente******************** Téngase como domicilio del quejoso el señalado en el oficio que se provee y como autorizados en términos amplios que señala el artículo 12 de la ley de amparo, a ******************** NOTIFICACION A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CON RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN******************** Con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a ese ordenamiento legal por disposición expresa en su precepto 2, envíese exhorto vía SISE al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, por su conducto y agotando todos los medios y medidas de apremio a su alcance, instruya al Actuario Judicial adscrito a su juzgado para que haga entrega del oficio relativo a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Clínica Hospital Regional Mérida, que al efecto se adjunta******************** Con apoyo en la parte in fine del artículo 21 de la Ley de Amparo, y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a esa normatividad por disposición expresa en su ordinal 2, se habilitan días y horas inhábiles para las labores de este tribunal, para que el Actuario Judicial comisionado realice las notificaciones relativas a este asunto******************** Notifíquese personalmente********************

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