Maritza Acosta Aguilar

Expediente 1212/2016 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1212/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Maritza Acosta Aguilar
  • Juez Tercero de Primera Instancia en Matereia Civil en Zamora, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el quejoso JUAN CARLOS ACOSTA SEGURA, hizo manifestaciones en relación con las constancias remitidas por las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y Director de Tránsito y Vialidad de Jacona, Michoacán, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 182 a 198), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a JUAN CARLOS ACOSTA SEGURA, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, realizara lo siguiente: ". 1. Deje sin efectos el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en ese juicio, donde autorizó al actuario de su adscripción para que pusiera en posesión material de dicho vehículo, a la tercera interesada Marisa Leyton Cabrera, quien se lo adjudicó dentro de ese juicio ejecutivo mercantil 713/2015. 2. Como se advierte que ya fue detenido el vehículo de referencia, a fin de retrotraer las cosas al estado en que se encontraban y respetar los derechos de posesión que el quejoso JUAN CARLOS SEGURA ACOSTA detentaba sobre ese bien mueble, restituya al referido quejoso en la posesión del automotor marca Nissan, tipo Xtrail, color gris, modelo 2015, motor número QR25072242L, número de serie JN8BT27T8FW001743, esto es, con libertad de jurisdicción provea nuevamente lo correspondiente a efecto de que devuelva la posesión de ese vehículo al referido quejoso. 3. Se abstenga de realizar cualquier acto perturbatorio de la posesión de ese vehículo, con motivo de los actos reclamados y sus consecuencias [.] Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado al Director de Tránsito y Vialidad de Jacona, Michoacán, y que precisado quedó en el punto número 3) del considerando segundo, porque no fue reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia de los actos emitidos por el juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil número 713/2015.". 2) Determinación que en auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete causó ejecutoria (foja 206 y 207) y se solicitó el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y Director de Tránsito y Vialidad de Jacona, Michoacán, como lo dispone el artículo 192 de la Ley de la Materia. 3) El Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio número 2793/2017, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 278 a 287), remitió inserto el proveído de trece de septiembre de dos mil diecisiete, en el que dejó sin efectos el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en ese juicio, y ordenó a la actuaria de su adscripción para que: ".se constituyera en el domicilio de la citada Marisa Leyton Cabrera, ubicado en la calle Aeropuerto número 2 dos de la colonia el Fovissste de esta ciudad y le requiera de la entrega del vehículo marca Nissan tipo Xtrail, exclusive dos filas, color gris, modelo 2015, motor número QR25072242L, capacidad para 5 cinco personas, número de serie JN8BT27T8FW001743, a fin de restituir al quejoso Juan Carlos Segura Acosta la posesión de dicho automotor. [.] Por otra parte se ordena girar atento oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Departamento de Auto transportes Delegación Michoacán, a los Directores de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esta ciudad y de Jacona, Michoacán a efecto de que se sirvan realizar la búsqueda, localización y detención de dicho vehículo de referencia y hecho lo anterior informe a este tribunal para ponerlo en posesión del quejoso Juan Carlos Segura Acosta. De la misma manera, tomando en cuenta que con fecha 21 veintiuno de octubre del año pasado, se entregó a la accionante Marisa Leyton Cabrera factura judicial de propiedad del vehículo antes mencionado, virtud a la adjudicación del mismo, se ordena girar atento oficio al Administrador de Rentas de esta ciudad, para que reinscriba nuevamente a nombre del quejoso Juan Carlos Segura Acosta el vehículo antes mencionado, a efecto de que aparezca como propietario del mismo, para lo cual deberá realizar la cancelación respectiva.". Posteriormente, por escrito presentado el doce de enero pasado, los quejosos comparecieron a desistirse del presente juicio de amparo; empero, en auto de diecinueve de ese mismo mes y año, se proveyó improcedente ese desistimiento, por lo que se siguió con el requerimiento del cumplimiento del fallo protector. Así, por escrito presentado el veintidós de marzo del año en curso, la tercera interesada manifestó que dentro del juicio 422/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán (juicio de donde derivó el derecho de posesión del vehículo por el cual se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión), el ahora quejoso se dio por pagado de las prestaciones reclamadas, por lo que manifestó que ya no existe nada que reclamarle a la demandada. Luego, por escrito allegado a este órgano jurisdiccional, el cinco de junio pasado, los autorizados del quejoso señalaron que, en efecto, dentro del juicio 422/2012, celebraron un convenio en el que se dio por pagado de las prestaciones reclamadas, por lo que se advierte que en el presente juicio de amparo ocurrió un cambio de situación jurídica que trae la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pero que no es por contumacia de la autoridad responsable, sino por acuerdo de las partes en aquel juicio 422/2012. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable cumpla con la sentencia de amparo, pues las partes en el juicio ordinario civil número 422/2012, llegaron a un convenio, en el que la parte ejercitante de la acción, se dio por pagada de las prestaciones reclamadas, por lo que se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria, por imposibilidad legal para cumplirla. En ese contexto, no ha lugar a remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de que haga pronunciamiento al respecto, porque la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector, en efecto, no es por contumacia de la autoridad responsable, sino por el hecho de que la parte quejosa se dio por pagada de las prestaciones que reclamó en el juicio del cual obtuvo su derecho de posesión del vehículo en cuestión. Esto es, dado que no existe materia sobre la cual analizar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se declara que es de imposible cumplimiento el fallo protector; en consecuencia, comuníquese a la parte quejosa que tiene expedito su derecho para para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a.CXII/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1578, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o bien materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pormenorizado en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por lo tanto, con apoyo en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente juicio y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de depuración en virtud de que se ubica en la fracción III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, al no considerarse, a juicio del suscrito, de relevancia documental; en consecuencia dígase a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, la Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción, conjuntamente con el expediente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el quejoso JUAN CARLOS ACOSTA SEGURA, hizo manifestaciones en relación con las constancias remitidas por las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y Director de Tránsito y Vialidad de Jacona, Michoacán, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 182 a 198), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a JUAN CARLOS ACOSTA SEGURA, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, realizara lo siguiente: ". 1. Deje sin efectos el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en ese juicio, donde autorizó al actuario de su adscripción para que pusiera en posesión material de dicho vehículo, a la tercera interesada Marisa Leyton Cabrera, quien se lo adjudicó dentro de ese juicio ejecutivo mercantil 713/2015. 2. Como se advierte que ya fue detenido el vehículo de referencia, a fin de retrotraer las cosas al estado en que se encontraban y respetar los derechos de posesión que el quejoso JUAN CARLOS SEGURA ACOSTA detentaba sobre ese bien mueble, restituya al referido quejoso en la posesión del automotor marca Nissan, tipo Xtrail, color gris, modelo 2015, motor número QR25072242L, número de serie JN8BT27T8FW001743, esto es, con libertad de jurisdicción provea nuevamente lo correspondiente a efecto de que devuelva la posesión de ese vehículo al referido quejoso. 3. Se abstenga de realizar cualquier acto perturbatorio de la posesión de ese vehículo, con motivo de los actos reclamados y sus consecuencias [.] Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado al Director de Tránsito y Vialidad de Jacona, Michoacán, y que precisado quedó en el punto número 3) del considerando segundo, porque no fue reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia de los actos emitidos por el juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil número 713/2015.". 2) Determinación que en auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete causó ejecutoria (foja 206 y 207) y se solicitó el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y Director de Tránsito y Vialidad de Jacona, Michoacán, como lo dispone el artículo 192 de la Ley de la Materia. 3) El Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio número 2793/2017, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 278 a 287), remitió inserto el proveído de trece de septiembre de dos mil diecisiete, en el que dejó sin efectos el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en ese juicio, y ordenó a la actuaria de su adscripción para que: ".se constituyera en el domicilio de la citada Marisa Leyton Cabrera, ubicado en la calle Aeropuerto número 2 dos de la colonia el Fovissste de esta ciudad y le requiera de la entrega del vehículo marca Nissan tipo Xtrail, exclusive dos filas, color gris, modelo 2015, motor número QR25072242L, capacidad para 5 cinco personas, número de serie JN8BT27T8FW001743, a fin de restituir al quejoso Juan Carlos Segura Acosta la posesión de dicho automotor. [.] Por otra parte se ordena girar atento oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Departamento de Auto transportes Delegación Michoacán, a los Directores de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esta ciudad y de Jacona, Michoacán a efecto de que se sirvan realizar la búsqueda, localización y detención de dicho vehículo de referencia y hecho lo anterior informe a este tribunal para ponerlo en posesión del quejoso Juan Carlos Segura Acosta. De la misma manera, tomando en cuenta que con fecha 21 veintiuno de octubre del año pasado, se entregó a la accionante Marisa Leyton Cabrera factura judicial de propiedad del vehículo antes mencionado, virtud a la adjudicación del mismo, se ordena girar atento oficio al Administrador de Rentas de esta ciudad, para que reinscriba nuevamente a nombre del quejoso Juan Carlos Segura Acosta el vehículo antes mencionado, a efecto de que aparezca como propietario del mismo, para lo cual deberá realizar la cancelación respectiva.". Posteriormente, por escrito presentado el doce de enero pasado, los quejosos comparecieron a desistirse del presente juicio de amparo; empero, en auto de diecinueve de ese mismo mes y año, se proveyó improcedente ese desistimiento, por lo que se siguió con el requerimiento del cumplimiento del fallo protector. Así, por escrito presentado el veintidós de marzo del año en curso, la tercera interesada manifestó que dentro del juicio 422/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán (juicio de donde derivó el derecho de posesión del vehículo por el cual se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión), el ahora quejoso se dio por pagado de las prestaciones reclamadas, por lo que manifestó que ya no existe nada que reclamarle a la demandada. Luego, por escrito allegado a este órgano jurisdiccional, el cinco de junio pasado, los autorizados del quejoso señalaron que, en efecto, dentro del juicio 422/2012, celebraron un convenio en el que se dio por pagado de las prestaciones reclamadas, por lo que se advierte que en el presente juicio de amparo ocurrió un cambio de situación jurídica que trae la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pero que no es por contumacia de la autoridad responsable, sino por acuerdo de las partes en aquel juicio 422/2012. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable cumpla con la sentencia de amparo, pues las partes en el juicio ordinario civil número 422/2012, llegaron a un convenio, en el que la parte ejercitante de la acción, se dio por pagada de las prestaciones reclamadas, por lo que se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria, por imposibilidad legal para cumplirla. En ese contexto, no ha lugar a remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de que haga pronunciamiento al respecto, porque la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector, en efecto, no es por contumacia de la autoridad responsable, sino por el hecho de que la parte quejosa se dio por pagada de las prestaciones que reclamó en el juicio del cual obtuvo su derecho de posesión del vehículo en cuestión. Esto es, dado que no existe materia sobre la cual analizar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se declara que es de imposible cumplimiento el fallo protector; en consecuencia, comuníquese a la parte quejosa que tiene expedito su derecho para para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a.CXII/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1578, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o bien materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pormenorizado en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por lo tanto, con apoyo en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente juicio y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de depuración en virtud de que se ubica en la fracción III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, al no considerarse, a juicio del suscrito, de relevancia documental; en consecuencia dígase a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, la Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción, conjuntamente con el expediente.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por LUIS HUMBERTO VELA CERVANTES, autorizado de los quejosos MARITZA MARIBEL ACOSTA AGUILAR y JUAN CARLOS SEGURA ACOSTA; atento a su contenido, se tienen hechas las manifestaciones a que se contrae en su ocurso de cuenta, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables y en atención a la petición realizada en el presente ocurso, así como en el diverso presentado el cinco de los actuales en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, en el sentido de que se proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, es decir, se declare la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, dígase que dicha manifestación será materia de estudio una vez que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el cumplimiento dado a la misma. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por LUIS HUMBERTO VELA CERVANTES, autorizado de los quejosos MARITZA MARIBEL ACOSTA AGUILAR y JUAN CARLOS SEGURA ACOSTA, así como por la tercera interesada MA. EUGENIA ÁLVAREZ ESQUIVEL; atento a su contenido, se tienen hechas las manifestaciones a que se contraen en su ocurso de cuenta, en relación a su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

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