Marissa Pazos Aguilera

Expediente 935/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
935/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Marissa Pazos Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se evidencia que el término siguiente en el que surtió efectos la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió para la parte quejosa del veintidós de febrero al cinco de marzo, ambos de dos mil veintiuno, sin que las partes interpusieran recurso de revisión y tomando en consideración que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en varios Circuitos Judiciales -siendo uno de ellos el Estado de Puebla- del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, salvo atención de casos urgentes; y, que mediante diversa circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, la referida Comisión declaró como días inhábiles pero laborables el dieciséis y diecisiete de febrero y levantó dicha suspensión a partir del dieciocho de febrero del año en curso. Reanuda procedimiento En consecuencia, se reanuda el procedimiento en el estado que se encontraba, se provee: Declaración de causa ejecutoria Ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II del citado Acuerdo General. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo 935/2020, promovido por..., por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla,..., por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se indican: Autoridades Responsables: .Director del Archivo General de Notarias. (foja 3 vuelta). Acto reclamado. que, a la fecha no ha dado contestación al oficio que le enviara el juez Civil de Teziutlán, Puebla; y que me fuera recepcionado (sic) por aquel el día veintiuno de febrero del dos mil veinte (foja 3 vuelta). SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. TERCERO. Se radicó y registró la demanda de amparo como 935/2020, y se previno a la parte quejosa para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Juez Civil y Penal de Teziutlán, Puebla, y el acto que le reclamaba; por lo que al no dar cumplimiento se admitió en los términos planteados; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se fijó día y hora para la audiencia que tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la quejosa, reclama: Autoridades responsables Actos reclamados Director del Archivo de Notarías en el Estado de Puebla. La omisión de dar contestación al oficio girado dentro del juicio sucesorio..., del índice del Juzgado Civil y Penal de Teziutlán, Puebla, por el cual se le requirió informara si... otorgó alguna disposición testamentaria. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director del Archivo de Notarías en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, no indica expresamente la existencia o inexistencia del acto reclamado; sin embargo, de su informe justificado, se advierte que realiza manifestaciones de certeza, por lo que debe tenerse por cierto (foja 24). Es aplicable, por las razones que la sustentan la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Volumen 91-96, tercera parte, séptima época, pagina 7; de rubro: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. CUARTO. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que de oficio advierta este Juzgado Federal, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, cualquiera que sea la instancia, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, este juzgado advierte que, respecto del acto que reclama la quejosa al Director del Archivo de Notarías, consistente en la omisión de dar contestación al oficio girado dentro del juicio sucesorio 1326/2019, del índice del Juzgado Civil y Penal de Teziutlán, Puebla, por el cual se le requirió informara si Domingo Pazos Reyes otorgó alguna disposición testamentaria; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo; la cual establece, que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; A fin de aclarar el contenido de la citada causal, es conveniente invocar el contenido del artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la lectura de dichos preceptos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otras razones, si el acto que se reclama, no afecta de forma real y actual la esfera jurídica del quejoso, por el contrario, el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de una ley. Bajo este esquema, se advierte quién puede acudir al juicio de amparo en calidad de parte quejosa, entre otros, quien: Aduzca ser titular de un derecho subjetivo De acuerdo con la doctrina jurisprudencial que ha establecido el Alto Tribunal Constitucional, el derecho subjetivo se concibe como la facultad de exigencia consignada en una norma objetiva de derecho, que puede imponerse coercitivamente a otras personas. En otras palabras, se trata de un derecho que supone la concurrencia de dos premisas fundamentales: una potestad de exigir y una obligación correlativa, traducida en el deber jurídico de cumplir con dicha exigencia. Bajo esa lógica, sólo puede estarse frente a un derecho subjetivo cuando la facultad regulada en la norma se encuentra revestida de un poder de exigencia imperativa, lo que permite diferenciarlo tanto de la regulación normativa de las meras actuaciones particulares, como de aquellos supuestos en que la norma no establece en favor de una persona determinada la facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación que puede aprovechar un sujeto o que puede ser benéfica para éste, pero cuya observancia no es susceptible de reclamarse por el beneficiado (interés simple). Que el titular de dicho derecho subjetivo alegue que el acto reclamado vulnera derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, y afecta su esfera jurídica de manera directa Ahora, además de la existencia de un derecho subjetivo, quien promueve debe combatir que el acto reclamado transgrede sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica de forma directa, a efecto de poder acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de la transgresión. De esa forma, en la lógica del interés jurídico, dado que el amparo únicamente protege bienes jurídicos reales y objetivos ?partiendo de la base de que se alega su vulneración directa?, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Consecuentemente, deben acreditarse de forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En ese sentido, al juicio de amparo puede acudir todo aquél gobernado, ya sea persona física o moral, que con el acto reclamado -norma, acto u omisión- sufre una violación a sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, con lo cual le produce una afectación real y actual en su esfera de derechos, ya sea que tenga un interés jurídico o legítimo individual o colectivo. Sin embargo, cuando se reclame un acto u omisión proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, el quejoso -titular de un derecho subjetivo- podrá promover el juicio de amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De tal suerte de que, si se trata del quejoso persona física, dicha persona tendrá la relación sustantiva o ad causam con las autoridades responsables; así también tendrá la relación procesal o ad processum con dichas responsables. Ahora bien, el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al oficio girado dentro del juicio sucesorio..., del índice del Juzgado Civil y Penal de Teziutlán, Puebla, por el cual se le requirió informara si Domingo Pazos Reyes otorgó alguna disposición testamentaria; reclamado al Director del Archivo General de Notarías, es un acto derivado de un procedimiento jurisdiccional y no autónomo. Asimismo, se advierte que la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que: Hago del conocimiento de la autoridad que el presente juicio de garantías lo promuevo por propio derecho y no en mi calidad de albacea provisional. Dicha manifestación constituye una confesión judicial expresa con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, cabe mencionar que en los juicios sucesorios, como del que deriva el acto reclamado, se prevé un representante denominado albacea, quien llevara actos de representación, al respecto el artículo 3421 del Código Civil para el Estado de Puebla, dispone: Artículo 3421 Los albaceas son: I. Ejecutores del testamento; II. Órganos representativos de la sucesión para actuar en nombre y por cuenta de ésta, en los siguientes casos: a) Administración de los bienes de la herencia; b) Defensa de esos bienes; y, c) Partición y adjudicación definitiva de los mismos. Asimismo, de los artículos 771 y 772 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se advierte: Artículo 771 Cumplidos los requisitos de la denuncia y exhibidos los documentos de justificación, el Juez: I. Declarará abierta la sucesión a partir de la hora y día del fallecimiento del autor de la herencia, o de la declaración de presunción de muerte del ausente; II. Ratificará el nombramiento de albacea testamentario o en su caso, designará albacea provisional; III. Citará a los presuntos herederos legítimos y en su caso a los herederos y legatarios instituidos y a quienes tuvieren un interés contrario a estos últimos, en el domicilio señalado, para que deduzcan sus derechos, de estimarlo conveniente, dentro de los diez días siguientes que se contarán a partir del día siguiente de la notificación; IV. Ordenará publicar un edicto, en el diario de mayor circulación en el lugar, convocando a quienes tengan interés contrario a la disposición testamentaria y en su caso, a todos los que se crean con derecho a la herencia legítima, para que comparezcan dentro del plazo de diez días, que se contará desde el día siguiente a la fecha de la publicación; V. Pedirá informe al Archivo General de Notarías sobre si el autor de la herencia dictó testamento o si otorgó como último testamento el exhibido; lo anterior, sin perjuicio de que pueda solicitarse el informe a cualquier otra dependencia que, con arreglo a la Ley, tenga facultades de control sobre la existencia de disposiciones testamentarias; VI. Pedirá informe al Registro Público de la Propiedad y del Comercio sobre los bienes inmuebles inscritos a nombre del autor de la sucesión, o de otros bienes o valores registrables, y VII. Decretará, en su caso, de conformidad con las reglas de este Código, las medidas de aseguramiento de los bienes, tendientes a preservar la masa hereditaria. Artículo 772 Son aplicables al albacea provisional las disposiciones siguientes: VI. Defenderá judicialmente los bienes de la sucesión, sin tener facultades de disposición y por consiguiente no podrá allanarse a las demandas que se intenten contra la sucesión, y... De los anteriores preceptos normativos, se advierte que una de las obligaciones del juez civil que conozca de la sucesión es solicitar informe al Archivo General de Notarias sobre si el autor de la herencia dictó testamento o si otorgó como último testamento el exhibido; asimismo, se advierte que designará un albacea provisional, el cual le corresponde defender judicialmente los bienes de la sucesión. Al respecto, la Primera Sala en la ejecutoria de la contradicción de tesis número 36/99, definió al albacea como la representación legal ejercida por una o varias personas que en el ejercicio de su cargo desarrollan la función de administrar los bienes del de cujus, de conformidad con las normas preestablecidas para tal efecto por el legislador, encargándose de la realización de todos los actos tendientes a la conservación, administración y adjudicación de los bienes del acervo hereditario, de conformidad con lo dispuesto en la disposición testamentaria existente, o bien, en términos de la acreditación de derechos hereditarios en tratándose de un juicio sucesorio intestamentario. En cuanto a su naturaleza jurídica, la Primera Sala, la calificó como una institución jurídica equiparada al mandato; esto es, la consideran como una relación jurídica de representación, puesto que el albaceazgo no puede constituir propiamente un mandato en razón de que esta clase de relación contractual es un acto que se celebra inter vivos, esto es, que se caracteriza por la coexistencia del mandante y del mandatario. Así, el albacea asume la representación legal del autor de la herencia y de los herederos, aceptando la existencia de una representación sui generis, ya que no existe el estatus jurídico de uno de los representados, como lo es, el de cujus; sin embargo, es frecuente en nuestro sistema jurídico, principalmente, en la rama del derecho privado, que el legislador acuda al mundo del deber ser para crear ficciones legales estableciendo instituciones jurídicas especiales que se dan y producen sus efectos en el mundo del ser, a fin de cubrir necesidades o dar soluciones a problemáticas reales, citando entre ellas, y a manera de ejemplo, la creación de las personas morales como entes que tienen personalidad jurídica propia, con derechos y obligaciones independientes de las personas físicas que las integran, así como también patrimonio propio, y otras cualidades jurídicas. Tal calidad -de administrador y representante legal, ha sido reconocida en nuestro derecho privado, así como en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A fin de dar cabal cumplimiento a su encomienda, los albaceas están obligados a cumplir una serie de requisitos, entre otros, el de otorgar caución, el de rendir cuentas sobre su administración, y el de responder de los daños y perjuicios causados; ello en virtud de que si bien en un principio podría considerarse que por ello tienen la facultad de disponer de esos bienes sin autorización de los herederos y legatarios, esta estimación es incorrecta, pues, realmente lo que se persigue por el legislador con el establecimiento de esas exigencias legales es el de proteger y conservar el acervo hereditario, así como también, los correlativos derechos y obligaciones de los herederos y legatarios a fin de evitar su pérdida, destrucción o dilapidación negligente o dolosa derivada de sus administraciones. Por otro lado, se ha definido que la herencia, entendida como la sucesión en los bienes del de cujus, los que con la muerte no se extinguen, una vez comenzado el procedimiento jurisdiccional respectivo (sucesorio), comprende tanto obligaciones a cargo de quien se designa albacea, como derechos de quienes son declarados herederos. Inclusive, la representación que aparece a cargo de dicho albacea, interesa tanto a la sucesión como al heredero instituido, pues es claro que dicho albacea desempeñará su función en el procedimiento que inste, a favor de quienes hayan sido reconocidos como herederos. Es así que si en el juicio sucesorio ya se ha designado el interventor o el albacea, sólo éstos se encuentran legitimados para promover o actuar en un juicio en el que se deduzcan los derechos de la masa hereditaria, ello en atención a que la ley prevé que el albacea es el representante de la sucesión, otorgándole facultades restringidas y obligaciones, entre otras, la de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra ella. Consecuentemente, el único legitimado para acudir al juicio constitucional es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus, salvo casos de excepción contemplados por la Ley, y toda vez que el acto reclamado, como se advirtió, deriva de las actividades del Juez de lo Civil dentro de un juicio sucesorio, es evidente que la contestación del referido oficio solo afecta a los bienes del autor de la sucesión dentro del expediente 1326/2019, del índice del Juzgado Civil y Penal de Teziutlán, Puebla, quien actúa solo a través de su representante (albacea). Dicho lo anterior, se llega a la conclusión del que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Sírvase de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 1a./J. 73/2018 (10a.); emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Décima Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 221; con rubro y texto siguientes: HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesió<n intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Lo anterior, sin que obste que haya manifestado en sus antecedentes de demanda que se le designó como albacea provisional dentro del citado juicio sucesorio, en atención a que no exhibió documento alguno que acreditara su dicho y expresamente solicitó se le tuviera instando el presente juicio por propio derecho y no como representante de la indicada masa hereditaria. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Aunado a lo anterior, se advierte que la omisión de dar contestación al oficio girado dentro del juicio sucesorio..., del índice del Juzgado Civil y Penal de Teziutlán, Puebla, por el cual se le requirió informara si..., otorgó alguna disposición testamentaria; reclamado al Director del Archivo de Notarías, no es un acto que pueda ser considerados como actos de imposible reparación, por lo que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, ésta aplicada en sentido contrario, ambos numerales de la Ley de Amparo, los cuales disponen, que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo, será improcedente cuando el acto reclamado no tenga efectos de imposible reparación, esto es, que no afecten derechos sustantivos. Ahora, puesto que la omisión reclamada solo crea una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad ni la propiedad, debe decirse que el presente juico es improcedente. Ello es así, dado que la omisión reclamada deriva de un procedimiento jurisdiccional por el cual la autoridad responsable fungió solo como auxiliar del órgano judicial, y por tanto, su omisión no deja sin defensa a la parte quejosa, ni puede verse de forma autónoma sino que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tiene que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada por el Juzgado Civil y Penal de Teziutlán, Puebla. Esto es, por los medios indicados en el artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cual dispone, que: "Artículo 91 Los Tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear indistintamente, los medios de apremio siguientes: I. Multa por el equivalente a la cantidad de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; II. Cateo; III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. Orden de presentación ante el Tribunal, y V. Auxilio de la fuerza pública. Del anterior precepto, se advierte que el órgano jurisdiccional local cuenta con las medidas de apremio suficientes para hacer cumplir sus propias determinaciones; por tanto, la omisión reclamada no puede ser considerada como de imposible reparación ni de aquellas que dejen sin defensa a la parte quejosa. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sírvase de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia PC.III.C. J/20 K (10a.); emitida por los Plenos de Circuito; Décima Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo III, página 1408; con rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE PROVEER UNA PETICIÓN EN UN JUICIO CIVIL, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. La omisión de la autoridad de proveer una solicitud en un juicio civil, no es impugnable de forma autónoma como violación al derecho de petición garantizado por el artículo 8o. constitucional, pues el procedimiento se rige por las reglas fijadas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, así como por la ley secundaria respectiva, además porque esa omisión constituye, por regla general, una violación de carácter adjetivo, porque debe atenderse a las reglas expedidas por el legislador ordinario, a fin de que se obligue a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Sin embargo, el juzgador debe analizar cada caso, para establecer si la ley secundaria prevé un mecanismo eficaz para obtener respuesta a aquella solicitud, pues de no existir y de afectarse materialmente derechos sustantivos como consecuencia de esa omisión, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por excepción, contra dicha violación, procede el juicio de amparo indirecto. Conforme a lo expuesto, no se configura una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, cuando el acto reclamado consiste en la omisión de proveer una petición en un juicio civil, por no ser evidente, clara y fehaciente, ya que para determinar su actualización, se requiere de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva. En vista de lo anterior, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por..., por propio derecho, en términos del ultimo considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA VÍA ELECTRONICA.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos se hace del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la entonces Juez..., a partir del uno de diciembre de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales conducentes. En otro orden, visto el sobre cerrado que devuelve el Administrador de correos, que contiene el oficio 25174, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hueytlalpan, Puebla, correspondiente al proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, en el que se ordenó reexpedir el diverso oficio 21709, de veintiuno de octubre de este año, fecha en que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable. Ahora, tomando en consideración que del sobre de cuenta, se advierte únicamente la leyenda "NO RECLAMADA" y tomando en consideración que el domicilio al cual se envió el oficio de que se trata, si corresponde a la citada autoridad responsable, se provee: Reenvíese el oficio de 25174 al cual se encuentra agregado el diverso oficio 21709, a fin que la autoridad responsable de cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en autos en los términos previstos en el entendido que de no hacerlo se harán efectivos los apercibimientos correspondientes. Dése nueva cuenta en breve lapso de tiempo. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la entonces Juez..., a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese el oficio y anexos de cuenta, visto su contenido se provee: Se tiene al Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector de derechos. VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes, con el oficio de cuenta y sus anexos, así como con los oficios registrados como 13570 y 14254, por el término de tres días legalmente computados, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades. NOTIFÍQUESE.

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