Marissa Martínez Paredes

Expediente 236/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
236/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Marissa Martínez Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla *** y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 236 2023. Así mismo, se provee: DESECHA Ahora bien, atento a que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama del Agente del Ministerio Público la falta de cumplimiento al oficio *** de nueve de septiembre de dos mil veintiuno y del establecimiento denominado "********************" la retención del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Hidalgo y número de serie ********************; en razón de haberse ordenado la devolución del citado vehículo. En ese sentido, debe decirse que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa mediante el cual el quejoso estaba en aptitud de acudir ante la autoridad judicial ordinaria a solicitar que se le restituyera en sus derechos de víctima, antes de promover el juicio de amparo, por lo que al no hacerlo se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el quejoso reclama la retención del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Hidalgo y número de serie ********************; en razón de haberse ordenado su devolución por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla *** responsable mediante el oficio ********************. Esto es, la quejosa plantea que la entrega del vehículo de referencia debió hacérsele, pues le reviste el carácter de víctima indirecta dentro de la carpeta de investigación ******************** relacionada con la causa penal ********************; por lo que a través de este juicio de amparo pretende que se ordene a la encargada de la moral "********************" se lo entregue, pues del oficio ******************** emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla ***, se advierte que se ordenó su devolución y que la encargada de esa negociación, se ha negado a hacerlo. Al respecto, el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en favor de las víctimas y de los ofendidos de los delitos, la posibilidad del restablecimiento de las cosas al estado previo, para lo cual, en cualquier etapa del procedimiento pueden solicitar al órgano jurisdiccional, como medida provisional y cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En congruencia con lo anterior, se observa que en términos del artículo 3, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al diverso 211, fracción I, inciso a), de esa misma codificación, el procedimiento penal comprende desde la investigación inicial, por lo que es indiscutible la intervención del juez de control desde que inicia la investigación, claro a petición de las partes. Por tanto, es innegable que el juez de control puede intervenir a ejercer control en la investigación, desde que ésta inicia; intervención que debe realizar con miras a proteger los derechos de las partes, entre ellos, de las víctimas y de los ofendidos, tal como expresamente está previsto en el artículo 134, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se robustece y corrobora con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación -inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de control, quienes resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Ejecutoria en la que en cuanto a la tarea que deben desempeñar los jueces de control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio, la Primera Sala identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera, dijo que el juez de control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. (.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial." 57.- Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 58.- A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. 59.- Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60.- En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos". Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer ante el juez de control, pues éste tiene la obligación de conocer de las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público para controlar la legalidad de éstas, al tiempo que tiene del deber de velar por los derechos de las partes procesales, entre ellos el las víctimas -como es la calidad de la quejosa, pues de lo que narra se advierte que el vehículo que defiende fue robado-, las que deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, pues en el caso en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé un medio de defensa que implica acudir ante la jurisdicción ordinaria a solicitar ante el juez de control que las cosas sean restituidas al estado en el que se encontraban. Esto es, a través del medio de defensa citado, la quejosa está en aptitud de lograr que el acto reclamado sea modificado y se determine la devolución del vehículo que defiende, control judicial que la parte quejosa debió solicitar antes de acudir al juicio de amparo, por lo que al no hacerlo, procede desechar la demanda de amparo que se analiza en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y con las restricciones que dicho numeral señala respecto de la diversa persona que cita. En virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido en párrafos que anteceden impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto del correo electrónico que cita para el fin que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte QUEJOSA por medio de la presente lista de acuerdos, del proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 236/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el AVISO que se le dejó con anticipación, dicho auto en lo conducente dice: Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla *** y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 236 2023. Así mismo, se provee: DESECHA Ahora bien, atento a que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama del Agente del Ministerio Público la falta de cumplimiento al oficio *** de nueve de septiembre de dos mil veintiuno y del establecimiento denominado "********************" la retención del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Hidalgo y número de serie ********************; en razón de haberse ordenado la devolución del citado vehículo. En ese sentido, debe decirse que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa mediante el cual el quejoso estaba en aptitud de acudir ante la autoridad judicial ordinaria a solicitar que se le restituyera en sus derechos de víctima, antes de promover el juicio de amparo, por lo que al no hacerlo se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el quejoso reclama la retención del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Hidalgo y número de serie ********************; en razón de haberse ordenado su devolución por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla *** responsable mediante el oficio ********************. Esto es, la quejosa plantea que la entrega del vehículo de referencia debió hacérsele, pues le reviste el carácter de víctima indirecta dentro de la carpeta de investigación ******************** relacionada con la causa penal ********************; por lo que a través de este juicio de amparo pretende que se ordene a la encargada de la moral "********************" se lo entregue, pues del oficio ******************** emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla ***, se advierte que se ordenó su devolución y que la encargada de esa negociación, se ha negado a hacerlo. Al respecto, el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en favor de las víctimas y de los ofendidos de los delitos, la posibilidad del restablecimiento de las cosas al estado previo, para lo cual, en cualquier etapa del procedimiento pueden solicitar al órgano jurisdiccional, como medida provisional y cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En congruencia con lo anterior, se observa que en términos del artículo 3, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al diverso 211, fracción I, inciso a), de esa misma codificación, el procedimiento penal comprende desde la investigación inicial, por lo que es indiscutible la intervención del juez de control desde que inicia la investigación, claro a petición de las partes. Por tanto, es innegable que el juez de control puede intervenir a ejercer control en la investigación, desde que ésta inicia; intervención que debe realizar con miras a proteger los derechos de las partes, entre ellos, de las víctimas y de los ofendidos, tal como expresamente está previsto en el artículo 134, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se robustece y corrobora con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación -inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de control, quienes resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Ejecutoria en la que en cuanto a la tarea que deben desempeñar los jueces de control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio, la Primera Sala identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera, dijo que el juez de control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. (.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial." 57.- Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 58.- A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. 59.- Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60.- En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos". Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer ante el juez de control, pues éste tiene la obligación de conocer de las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público para controlar la legalidad de éstas, al tiempo que tiene del deber de velar por los derechos de las partes procesales, entre ellos el las víctimas -como es la calidad de la quejosa, pues de lo que narra se advierte que el vehículo que defiende fue robado-, las que deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, pues en el caso en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé un medio de defensa que implica acudir ante la jurisdicción ordinaria a solicitar ante el juez de control que las cosas sean restituidas al estado en el que se encontraban. Esto es, a través del medio de defensa citado, la quejosa está en aptitud de lograr que el acto reclamado sea modificado y se determine la devolución del vehículo que defiende, control judicial que la parte quejosa debió solicitar antes de acudir al juicio de amparo, por lo que al no hacerlo, procede desechar la demanda de amparo que se analiza en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y con las restricciones que dicho numeral señala respecto de la diversa persona que cita. En virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido en párrafos que anteceden impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto del correo electrónico que cita para el fin que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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