Marissa Heydi Belmonte Zequera

Expediente 481/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
481/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Marissa Heydi Belmonte Zequera
  • MARISSA HEYDI BELMONTE ZEQUERA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo Asimismo, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la interlocutoria de tres de junio del mismo año y el presente auto, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, del estado de autos se advierte que se encuentra en resguardo de esta secretaría un tomo de pruebas que la autoridad responsable juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, en virtud que resulta innecesaria la retención de dicha documental, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena devolver la misma a la autoridad señalada. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 481/2021 III-B, promovido por **, propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales F. C. B. Z., en contra de la audiencia de pruebas y alegatos, en autos del expediente 691/2019, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. I. ANTECEDENTES Por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común de Juzgados Civiles y Familiares, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ** demandó de **, el reconocimiento de paternidad en favor de la menor F.C.B.Z., entre otras prestaciones. Por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que por acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, radicó la demanda con el progresivo 691/2019, ordenó emplazar a la contraparte, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, y respecto a la prueba pericial en genética molecular ofrecida por el actor, se ordenó girar oficio al Director de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que gestionara ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, la designación de un perito en genética forense, para que intervenga en la toma de muestras de ácido desoxirribonucleico, que se llevarán a cabo entre la menor y el presunto progenitor; asimismo, se requirió a la parte demandada para que nombrara un perito de su parte, que tenga certificación ante la Secretaría de Salud. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el emplazamiento de la demandada. Por acuerdo de once del mes y año en cita, se tuvo a Marissa Heydi Belmonte Zequera, contestando la demanda entablada en su contra. En audiencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, las partes solicitaron el diferimiento al encontrarse en pláticas conciliatorias. Luego de diversos diferimientos, en audiencia de pruebas y alegatos de dieciséis de abril del presente año, entre otras cosas, indicó que no se había librado el oficio que se ordenó remitir en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, al Director de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por lo que ordenó librarlo y se señaló fecha para el desahogo de dicha probanza; asimismo, volvió a requerir a la demandada para que señalara un perito de su parte, apercibiéndola que de no hacerlo, se le tendría por conforme con el dictamen que emita el perito oficial. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Marissa Heydi Belmonte Zequera, propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales F. C. B. Z., presentó un escrito el treinta de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado de Distrito y se registró bajo el número 481/2021; una vez desahogada la prevención ordenada y ratificado dicho ocurso, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de tres de junio del presente año, se recibió el informe justificado que rindió la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y se ordenó emplazar como tercero interesado a Alvais Montaño Montaño. El nueve de junio posterior, se llevó a cabo el aludido emplazamiento. La audiencia constitucional tuvo verificativo el treinta de junio de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente: La audiencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 691/2019 del índice de la responsable, en la que se reiteró el proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve y se ordenó librar oficio al Director de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para efectos de desahogar la prueba pericial en genética molecular. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado. Lo anterior, en razón de que en la audiencia reclamada, la aquí quejosa manifestó que ya no se encontraba segura de que Alvais Montaño Montaño era el progenitor de su menor hija, no obstante que al contestar la demanda, haya indicado que una vez realizadas las pruebas correspondientes, estaba de acuerdo en que se modificara el acta de nacimiento de la menor De ahí que se tiene por probado plenamente el acto atribuido a dicha autoridad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas del expediente familiar 691/2019 que remitió la Juez responsable en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso respecto del acto que en esta vía se combate, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII, XIV y XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En este sentido, las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la ley adjetiva, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente, y la fracción XXIII se refiere a los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el artículo 217 señala que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la creada por los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgadores de Distrito y otras autoridades; por tanto, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos. En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; esto es, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Se cita la Jurisprudencia en la que se ha definido el criterio de que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley estima consentidos; criterio que se encuentra plasmado en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 12, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". Esto es, para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: a) Un acto previo que se repute como consentido; y, b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia legal, directa o forzosa del primero. El análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores a los reclamados y que tengan relación con éste, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido. En la especie, el primero de los requisitos establecidos se encuentra colmado, en razón de que existe un acto previo consistente en el acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el cual la Juez responsable, para preparar la prueba pericial en genética molecular ofrecida por el actor, ordenó librar oficio al Director de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que gestionara ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, la designación de un perito para la toma de muestras de ácido desoxirribonucleico que se realizarán en la menor F.C.B.Z. Determinación que la parte quejosa consintió tácitamente al no reclamarla expresamente a través del recurso correspondiente, a pesar de haberse impuesto de él, ya que del juicio natural se advierte que compareció a contestar la demanda instaurada en su contra. En cuanto al segundo requisito, también se cumple, dada la existencia de un acto posterior que sí fue reclamado en esta vía constitucional, que consiste en la audiencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la que, entre otras cosas, se indicó que no se había librado el oficio ordenado en proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, por lo que se ordenó su expedición, se reiteraron las consideraciones expuestas en dicho auto y se señaló fecha para el desahogo de la probanza en comento. Esto es, la audiencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, específicamente en lo relativo al desahogo de la prueba pericial en genética molecular, es consecuencia directa del proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el que se admitió y ordenó dictar las providencias necesarias para su desahogo, acuerdo del cual la aquí quejosa tuvo pleno conocimiento y como se indicó, no fue reclamada en esta instancia constitucional. Máxime que en el caso, la suplencia de la deficiencia de la queja, no llega al grado de que el Juez de Distrito estudie la inconstitucionalidad del acto que no fue señalado como reclamado, por ser una obligación de la parte promovente del amparo, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo. Es así, ya que la audiencia tildada de inconstitucional, es una consecuencia necesaria del auto que admitió a trámite el juicio natural y ordenó el desahogo de la multicitada prueba pericial, por lo que el acto que ahora se reclama, constituye acto derivado de consentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.1° .A.11 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, página 582 del Tomo III, mayo de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Asimismo, cobra aplicación, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 139-144, Primera Parte, visible en la página 13, del tenor siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Así como la tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Tomo CXXV, visible en la página 11, del rubro y texto siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. Para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiera que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228, Primera Parte, visible en la página 9, del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Como complemento de lo anterior, es necesario precisar que, la funcionalidad de la causa de improcedencia que se viene comentando, lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular, no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió. En esta medida, existe un acto anterior, el cual no fue impugnado y que se tuvo por consentido tácitamente, el que materialmente es la fuente y origen de la audiencia ahora reclamada (en lo relativo a la prueba pericial de genética molecular). VII. DECISIÓN De acuerdo con lo expuesto, ha quedado acreditada la causal de improcedencia estudiada, circunstancia que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de acuerdo con la fracción V, del numeral 63, del propio ordenamiento. Por último, no es obstáculo a lo aquí resuelto, lo señalado por la parte quejosa, en el sentido de que los actos reclamados trastocan sus derechos humanos previstos en nuestra Carta Magna, ya que, dicha circunstancia no la exime de respetar los requisitos de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, de ahí que sus argumentos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 487, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Tampoco hay motivo para suplir la deficiencia de la queja, si el juicio de amparo resulta improcedente, ya que no es posible ignorar que incluso en los asuntos que intervienen menores de edad es indispensable verificar previamente la procedencia del juicio de amparo, para dar cumplimiento exacto a las normas que regulan el procedimiento del amparo, ya que la suplencia de la queja no puede llegar al extremo de generar una procedencia del juicio que conforme a la ley no se actualiza, pues las reglas de procedencia no pueden alterarse con motivo de tal suplencia, ya que ésta no tiene el alcance de hacer viable lo que conforme a la propia ley es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.68 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 563, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, cuyos rubro y texto establecen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA, TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que en materia de amparo, cuando los actos reclamados afectan derechos de menores de edad, debe suplirse la deficiencia de la queja en favor de éstos, sea cual fuere la parte litigante que lo promueva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo; sin embargo, tal suplencia obligada no puede llegar al extremo de que se tenga que analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos que deben impugnarse oportunamente a través de un amparo de distinta vía, esto es, que no pueden analizarse en amparo directo actos que deben atacarse en amparo indirecto." En ese orden de ideas, es innecesario analizar si en la especie se surte o no diversa causal de improcedencia, pues de cualquier forma el sentido de la sentencia sería el mismo, atento a la Jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, sin que lo anterior, represente un desacato por este juzgador, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado; se, RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **, propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales F. C. B. Z., respecto del acto reclamado y autoridad responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y de las constancias que remitió en apoyo al mismo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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